La Ejecución Conjunta desde una perspectiva europea
| Autor | Hendriks, A. Zwick, A. Soria, F. Peeters |
Asunto: El concepto de Ejecución Conjunta implica un acuerdo bilateral o multilateral, mediante el cual los países que se enfrentan a unos grandes costes para la reducción de la contaminación invierten en países con menores costes, y se atribuyen la reducción de la emisión de gas invernadero resultante. En 1995 la Conferencia de las Partes decidió establecer una fase piloto, durante la cual los firmantes del Acuerdo Marco sobre Cambio Climático pueden participar voluntariamente en proyectos de Ejecución Conjunta, sin acumular méritos por las reducciones de gas invernadero conseguidas.
Relevancia: Tan pronto como las Partes asuman compromisos vinculantes sobre la reducción de los gases invernadero el próximo diciembre en Kyoto, los países deberán traducirlos en políticas nacionales. La cuestión de principio será cómo conseguir los objetivos de reducción. Entre las opciones debatidas se encuentra la Ejecución Conjunta, cuyas ventajas y desventajas deben ser evaluadas cuidadosamente para conseguir su aplicación con éxito.
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Análisis
Introducción
Ya están en marcha los preparativos para la Conferencia de las Partes (CoP-3), donde se negociarán los objetivos de reducción de emisiones de gas invernadero. Una vez alcanzado el acuerdo, se necesitarán diversas políticas y medidas para lograr los objetivos de reducción establecidos. Estas irán desde políticas de "no-arrepentimiento" hasta medidas activas y cautelares. La reducción de las emisiones de GHG (gas invernadero) en los procesos de producción puede conseguirse mediante una (mayor) mejora de la eficiencia energética, una eliminación del CO2 y una sustitución a gran escala de los combustibles fósiles por fuentes de energía alternativas. Los instrumentos basados en el mercado se han identificado como herramientas útiles para la introducción de medidas de reducción de las emisiones de GHG. Estas incluyen acuerdos voluntarios, impuestos sobre el carbono/energía, permisos de emisión para la industria, sistemas de devolución de depósitos, prohibición de productos subvencionados, y Ejecución Conjunta. Este último método se ha adoptado en el artículo 4.2 (a) del "Convenio Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas". La primera fase de su implementación incluye únicamente los países del Anexo I, pero se han hecho previsiones para los países no incluidos en el Anexo I con el fin de incluirlos en una fase posterior.
La idea de los instrumentos de política medioambiental, conceptualmente comparable con la JI (Joint Implementation o Ejecución Conjunta), se está difundiendo ampliamente y ya se han hecho previsiones en acuerdos internacionales tales como el "Protocolo de Montreal", "El Segundo Protocolo sobre el Azufre" y el "Tratado sobre las Sales del Rin".
Este artículo considera dos cuestiones. En primer lugar, si la implementación de la JI es o no factible, y, en segundo lugar, si la JI acelerará o no la implementación de las medidas de reducción de GHG y hasta qué punto afectará al necesario desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente en los países inversores. Asimismo, se revisa la posición actual de algunos actores importantes en el ámbito de la JI, y se discute más específicamente la posición de la UE.
Ejecución Conjunta: beneficios
La fuerza motora que respalda la JI es obvia: permite establecer medidas para reducir las emisiones de GHG allí donde son menos costosas, a nivel mundial. Esto se adapta a la naturaleza de los gases invernadero, cuyo impacto en el clima mundial es el mismo, independientemente de dónde se emitan. La JI puede inducir flujos de capital significativos procedentes de inversores privados de los países de la OCDE hacia sus homólogos en los países en desarrollo, además de los flujos de capital oficiales, existentes o futuros, entre gobiernos. Una condición para fomentar la participación del sector privado puede ser la exención fiscal o la aplicación de un sistema de cuotas.
La Ejecución Conjunta permite una participación amplia, y esto puede evitar la "pérdida" de potencial reductor que puede ocurrir bajo ciertos regímenes fiscales (las actividades sometidas a impuestos pueden desplazarse hacia otros países, fuera del acuerdo, donde las emisiones de GHG pueden consecuentemente crecer). Por lo tanto, los objetivos de emisión podrían ser incluso más ambiciosos que las obligaciones contraídas bajo cualquier acuerdo.
Para el país anfitrión la aceptación de los proyectos de JI dependerá fundamentalmente de la valoración económica que hagan tanto del capital que reciben como de la transferencia de tecnología. Además, una reducción de las emisiones de SOx, NOx y polvo mediante una mejora de la tecnología, o una reducción de la erosión en el caso de la reforestación, causaría un beneficio medioambiental secundario. Esto y los efectos indirectos de la tecnología innovadora en el país podría proporcionar importantes incentivos para la participación de los países en desarrollo. La difusión de nuevas tecnologías podría ser, en algunos casos, incluso más crucial que la expansión de las tecnologías existentes (Cuadro 1)
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Cuadro 1: Electrificación rural en países en desarrollo
Un próximo artículo de Císcar Martínez (IPTS Report: próxima publicación) sobre la electrificación de áreas rurales remotas mediante sistemas solares domésticos en países en desarrollo, ilustra el potencial de la Ejecución Conjunta. La expansión de la red eléctrica nacional a estas zonas y su consiguiente mantenimiento puede suponer un coste total mayor que el de la electrificación mediante energía solar. Para satisfacer las necesidades energéticas en un futuro próximo en el mundo rural, las energías renovables podrían ser más favorables que la sencilla opción de instalar motores diesel en cada casa. La financiación de estos proyectos de energías renovables mediante JI podría evitar emisiones de gas invernadero y además fomentar la difusión de las energías renovables a través del mercado. Asimismo, podrían satisfacerse los intereses tanto de los países en desarrollo como de los desarrollados, ya que la JI consigue al mismo tiempo una reducción de las emisiones más barata en el país en desarrollo que en el país desarrollado y la deseada electrificación para mejorar el nivel de vida en ciertas áreas rurales.
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La JI puede también acelerar el desarrollo de tecnologías integradas respetuosas con el medio ambiente, las cuales habitualmente se desarrollan e introducen más despacio que las denominadas tecnologías "end-of-pipe". Esta aplicación previsora de la Ejecución Conjunta podría crear un camino para soluciones más "sostenibles".
La JI se considera factible, por ejemplo, para proyectos en el sector forestal, en la producción de energía y eficiencia energética o gestión de la demanda, servicios y mantenimiento de redes de tuberías, energías renovables, agricultura, residuos y sistemas de tráfico modernos.
Ejecución conjunta: problemas
Lo primero y más importante, la JI suscita una cuestión ética. Dado que el objetivo del Convenio sobre el Clima es mitigar el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gas invernadero, puede no parecer lógico que las naciones no reduzcan las emisiones dentro de su propio territorio, sino que traten de rebajarlas en otros lugares. En este contexto, puede cuestionarse hasta qué punto - en contra de la "solución sostenible" mencionada anteriormente - la JI podría promover la dependencia de las actuales tecnologías de los combustibles fósiles en los países inversores y podría reducir los incentivos para mayores progresos en términos de futuras tecnologías alternativas.
Otro de los problemas principales se refiere a la participación de los países no incluidos en el Anexo I. Uno de los principales objetivos para la JI son los países del Este de Europa incluidos en el Anexo I. Sin embargo, el Panorama Energético Internacional 1997 prevé que en el 2015, las emisiones mundiales anuales serán de 9.700 millones de toneladas de carbono (GtC), siendo alrededor del 45% de estas emisiones procedentes del Tercer Mundo (EIA, 1997). Estas cifras están basadas en los incrementos previstos en la demanda mundial de energía por parte del marco de "referencia" de la EIA, que indica que el Tercer Mundo, particularmente Asia y China, será responsable de más del sesenta por ciento del crecimiento de las emisiones entre 1995 y 2015. Esto reclama un mayor nivel de introducción de fuentes de energía más limpias en los países no incluidos en el Anexo I: sería prudente responder a tiempo a su futura demanda de energía de una forma razonable desde los puntos de vista medioambiental y económico. A este respecto, la JI podría proporcionar también una vía de transferencia de tecnología. Debe subrayarse que en el caso de la JI entre un país inversor comprometido y un país anfitrión sin compromiso, tal como se prevé para la fase inicial de la JI, la emisión debe contabilizarse sólo a nivel de proyecto. Una verificación adicional de los resultados de la reducción de emisiones conseguidos a nivel nacional no sería posible.
Este no es el único problema de contabilización/definición a tener en cuenta cuando se considera la JI y otros esfuerzos para la reducción de emisiones. Otro problema para la implementación de la JI es la definición de la base, es decir, cuál es la cantidad de emisiones de GHG que podrían haberse emitido de otro modo. La reducción de emisiones bajo la JI debe ser "genuina", es decir, los países no deberían ser premiados por la reducción de emisiones que habría ocurrido de todos modos. Por esta razón, hay quien defiende que la JI puede establecerse únicamente entre países del Anexo I, con emisiones, años base y objetivos de emisión bien definidos. Normalmente este no es el caso para los países en desarrollo, por lo que también se ha argumentado que la cuestión de base puede abordarse únicamente a nivel micro (de proyecto).
La cuestión de la equidad debe también tenerse en cuenta: ¿cómo puede el sistema garantizar que los beneficios netos sean compartidos equitativamente entre el país inversor y el anfitrión?. (Esto pone de manifiesto un problema intrínseco al mecanismo de "compromiso", no JI per se). La situación difiere dependiendo de que el acuerdo sea con otro país del Anexo I o con un país no incluido en este Anexo (sin compromiso), ya que estos últimos no están interesados en conseguir una reducción de las emisiones basada en compromisos nacionales. En el último caso la cantidad total reducida podría atribuirse al país inversor. Tan pronto como el país sin compromiso ingrese en el grupo de países con compromiso, sus emisiones ya serán menores de lo que habrían sido sin JI, lo cual nos lleva de nuevo al tema de la definición de la base mencionado anteriormente. En cualquier caso el país anfitrión negociará para obtener el máximo de este "acuerdo".
En general, los proyectos de Ejecución Conjunta pueden agruparse en dos grandes grupos: JI basada en la tecnología y JI basada en el medio ambiente. La silvicultura, por ejemplo, puede incluirse dentro de las actividades basadas en el medio ambiente, las cuales han sido prioritarias en la fase piloto de las actividades ejecutadas conjuntamente. Una de las principales diferencias con las actividades basadas en la tecnología es que una vez un bosque está maduro, se absorberá poco o ningún CO2 adicional, y permanece la posibilidad de que el CO2 absorbido sea devuelto a la atmósfera en caso de que se tale el bosque. Las actividades basadas en la tecnología, tales como la mejora de la eficiencia energética o el desarrollo de energías renovables, no son fácilmente reversibles porque las emisiones evitadas no se almacenan, y por tanto no pueden volver a emitirse más tarde. Además, una vez se adapta la tecnología mejorada, no es probable que se vuelva a la anterior tecnología. El progreso tecnológico es un tema bastante crítico. Hay quienes son escépticos sobre la repoblación forestal en el contexto de la JI porque podría retrasar el necesario desarrollo sostenible, debido a que la inversión es desviada del proceso de innovación tecnológica del país inversor.
Aparte de los problemas generales mencionados anteriormente, la JI puede también estar sometida a algunas cuestiones específicas que afectan tanto a los países anfitriones como a los inversores. La Tabla 1 proporciona una panorámica de las ventajas y desventajas (asumidas) para los países inversores y para los países anfitriones.
Tabla 1: Panorámica de las ventajas y desventajas para los países inversores y los países anfitriones.
size=2>Pros
size=2>Contras
progresos tecnológicos
size=2>Anfitrión
el rápido desarrollo tecnológico
locales y para la mejora del potencial futuro
contaminantes locales como NOx, SO2, etc.)
Ejecución Conjunta: implicaciones institucionales
Los temas discutidos anteriormente dejan claro que los proyectos de JI necesitan aprobación y evaluación previa antes de que pueda atribuirse el crédito a las partes involucradas. Estas dos tareas específicas de la JI deben realizarse, en cualquier caso, por instituciones independientes autorizadas, y reclaman la creación de una estructura, la definición de criterios y procedimientos de evaluación, así como de la necesaria capacidad técnica. Uno de los principales asuntos a resolver es el del nivel de la base. La definición del nivel de base requiere una revisión del estado actual de la cuestión bien fundada, que puede utilizarse como punto de referencia, teniendo en cuenta la planificación futura. Si la empresa o país ya ha planeado instalar tecnología más eficiente energéticamente, la evaluación de la base debe tenerlo en cuenta. La eficiencia en la conversión de energía de las centrales eléctricas de carbón sirve como ejemplo. La misma es alrededor del 36% en los países de la OCDE, pero sólo un 20-22% en algunos países en desarrollo. En el caso de que ya esté planeada una nueva central de alta eficiencia, debe concederse menos crédito a la reducción de emisiones conseguida. De otro modo, se pueden producir situaciones de usuario gratuito, en las que mediante el cual se financien actividades que se habrían ejecutado de todos modos. En este caso la reducción de emisiones podría atribuirse inadecuadamente al país inversor. Tales situaciones sólo pueden reducirse si los criterios son definidos claramente por una institución internacional en la cual participen tantos países como sea posible.
Para reunir información y obtener experiencia en la JI, se han establecido programas de AIJ (Actividades Ejecutadas Conjuntamente) en unos 20 países en todo el mundo (JIQ, 1997). Algunos de ellos ya tienen un organismo nacional para la JI y han obtenido experiencia relevante con el sistema. La secretaría de la FCCC en Bonn está resolviendo actualmente aspectos técnicos de la JI. En el cuadro 2, se describe la situación actual de la JI en EE.UU., Japón y Europa, mientras que la Figura 1 presenta una panorámica de los proyectos de AIJ en marcha, indicando los países inversores y los anfitriones.
Figura 1: Proyectos de AIJ en desarrollo o en curso en todo el mundo, indicando los países inversores y anfitriones, junto con el número de proyectos (JIQ, 1997)
(Mapa Omitido)
Cuadro 2: Experiencia internacional en Ejecución Conjunta
EE.UU.
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EE.UU. estableció la Iniciativa Estadounidense sobre Ejecución conjunta (USIJI), que empezó a trabajar en otoño de 1994 y actualmente es el programa de JI más desarrollado y experimentado en el mundo. La estructura de la USIJI es tal que la responsabilidad sobre los criterios de las políticas y los proyectos, la aprobación definitiva de los proyectos y el trabajo diario recae por separado en el Interagency Working Group, el Panel de Evaluación y la Secretaría, respectivamente. De acuerdo con la decisión 5/CP.1 del CoP-1, la USIJI estableció nueve criterios para aprobación de proyectos. La USIJI no sólo controla y verifica las reducciones de emisiones conseguidas por los proyectos aceptados, sino que también proporciona asistencia técnica a los proyectos de JI inicialmente rechazados, pero potencialmente valiosos. Además de proporcionar apoyo, la USIJI realiza una serie de actividades de promoción, incluyendo: establecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países para facilitar la cooperación en proyectos de JI, organización de talleres tanto en EE.UU. como internacionales y suministro de servicios de información. Hasta el momento la USIJI ha aprobado 23 proyectos, que van desde la reforestación y las energías renovables a las mejoras de los sistemas de calefacción a nivel regional y la captura de emisiones de metano que escapan de los oleoductos. Estos proyectos han cubierto las siguientes regiones geográficas: Europa del Este, Asia, Pacífico Sur, Federación Rusa, Latinoamérica y África. EE.UU. ha anunciado recientemente la inversión de 0,9 MECU adicionales en el desarrollo de proyectos de JI.
Japón
El "Programa Japonés de AIJ en Fase Piloto" fue establecido en noviembre de 1995. Para este programa el gobierno japonés creó un Comité de Coordinación Interministerial de AIJ para facilitar la comunicación entre los ministerios relacionados con la JI (en Japón cada ministerio es responsable de la aprobación de los proyectos de JI que se le presentan). Los criterios para la aprobación de proyectos de JI en Japón son básicamente los del CoP-1, de acuerdo con su decisión 5/CP.1. Hasta ahora, once proyectos han sido seleccionados como potenciales proyectos de AIJ y se encuentran actualmente en desarrollo (estos proyectos no han sido comunicados oficialmente a la FCCC y por tanto no han sido reconocidos todavía). Seis de estos proyectos son proyectos de reforestación y cinco se refieren a eficiencia energética y energías renovables. Están localizados en Asia y África. Japón ha decidido recientemente invertir 1.4 MECU en el desarrollo de proyectos de JI.
Europa
Actualmente, Holanda, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia tienen programas de AIJ. Más específicamente, en Abril de 1997 Holanda inició una campaña de JI dirigida a su industria, a la cual dedicó 40 millones de ECUs para el apoyo a proyectos de AIJ. En el programa holandés de JI se estableció una política por un Organismo Consultivo y un Comité Director ad hoc, mientras que la ejecución práctica (selección y aprobación de proyectos) es realizada por los ministerios de Medio Ambiente (responsable político de la JI), Economía, Asuntos Exteriores y Cooperación para el Desarrollo. De nuevo, los criterios son básicamente los del CoP-1. El estudio de la base, el seguimiento, la evaluación y el registro de los proyectos son realizados por el Centro de Registro de JI.
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La siguiente estructura, basada en la experiencia adquirida, (Fig. 2) puede ser un punto de partida apropiado. A nivel internacional, podría establecerse un Cámara de Compensación. Esta institución se ocuparía de la ratificación formal de proyectos, basada en las propuestas de los institutos nacionales.
Los institutos nacionales deberían ocuparse de la credibilidad de un proyecto de JI y servir como puntos focales nacionales para la identificación de proyectos, así como proporcionar información sobre los aspectos financieros. Deberían también establecer una especie de boletín de noticias en el cual pudieran identificarse fácilmente los proyectos potenciales de JI. De este modo, se preservan los intereses de los países en desarrollo, asegurándose la equidad nacional. Además, estos institutos pueden entrar en conflicto con los intereses del sector privado a la hora de fijar objetivos (p. ej. establecer ciertos niveles de reducción de emisiones de GHG), que pueden ser de poco interés para el sector privado.
Otro aspecto que sin duda necesita clarificarse es la financiación de los proyectos de JI. Los criterios de adicionalidad financiera (CoP-1) exigen que los proyectos de JI contengan compromisos financieros aparte de la ayuda oficial al desarrollo de las partes, incluyendo la financiación de la Global Environment Facility (GEF). Para estimular la participación de los agentes privados habrán de buscarse o crearse otros recursos y especialmente durante la fase piloto de la AIJ, que ofrece pocos beneficios a los inversores. Esto es especialmente importante porque la consecución de una promesa de JI depende en gran medida de la participación del sector privado en los países en desarrollo, teniendo en cuenta la coyuntura actual de reducción de los presupuestos estatales. Los institutos nacionales deberían por tanto proporcionar una panorámica de los mecanismos financieros para la JI nuevos y existentes, y establecer dossieres que pudieran atraer potenciales inversores, que de otro modo no se comprometerían.
Para garantizar la credibilidad de la JI, cada país involucrado en proyectos de JI debería realizar un seguimiento de las reducciones de emisiones realizadas cada año, y esto debería continuar durante toda la vida de un proyecto. Esta evaluación requiere la recogida y tratamiento de datos, el desarrollo de metodologías y capacidades técnicas, y podría ser realizada de forma óptima por expertos independientes altamente especializados procedentes, por ejemplo, de institutos de investigación, universidades u ONG, en el contexto de un "instituto de seguimiento de JI". Además debe asegurarse la verificación internacional.
Figura 2: Posible estructura de un sistema de verificación institucional de JI basado en consideraciones teóricas, en la experiencia disponible y en los problemas internacionales (modificado del Wuppertal Institut, 1996)
(Gráfico Omitido)
Hacia una aproximación europea
A la luz de una propuesta de negociación común de la UE en Kyoto para cumplir los objetivos de emisión, es natural que los estados miembros de la UE busquen enfoques comunes o coordinados para poner en práctica los objetivos comprometidos. Ello supone que la JI puede conllevar tanto beneficios medioambientales como económicos. Una cuidadosa evaluación de la fase piloto es necesaria tal y como han mostrado los problemas e implicaciones institucionales. La verificabilidad y eficiencia de los proyectos de AIJ actuales en términos de reducción de emisiones debe ser evaluada por los estados miembros individualmente y por la Unión Europea como autoridad supranacional. La JI necesita obtener más experiencia de los proyectos de AIJ en fase piloto para establecer un buen régimen de trabajo de JI en un futuro próximo.
Hasta ahora no ha existido un enfoque común de la JI en la UE. La iniciativas de JI se han desarrollado principalmente en los estados miembros del norte, y todavía no por los países del sur de la UE. Las pautas actuales muestran la evolución de numerosas iniciativas diferentes, que se desarrollan a distinta velocidad, implicando diferentes estructuras, reglas y criterios, y cada una con una cierta influencia en el foro internacional. En esta etapa la UE podría desempeñar un papel importante en la difusión de la JI coordinando aquellas tareas que de otro modo deberían realizarse separadamente por cada estado miembro, tales como establecer criterios y desarrollar una metodología de evaluación única. La UE podría también proporcionar y poner a punto nueva financiación durante la fase piloto y regular los criterios para subvenciones (la financiación de la JI podría ser considerada como subvención encubierta a la exportación) con el fin de evitar conflictos entre los estados miembros. Esto resalta la importancia de una Cámara de Compensación supranacional a nivel de la UE.
Otro punto importante es que una dirección política bien definida podría proporcionar una base sólida para la inversión industrial en tecnologías respetuosas con el medio ambiente, y de esta forma podría ser no solo un instrumento importante para la reducción de las emisiones de GHG, sino también incrementar la competitividad de las empresas europeas en esta área.
Conclusión
Europa probablemente acordará reducir sus emisiones de gas invernadero. La cuestión ahora es cómo poner en práctica este objetivo. La JI podría ser una vía entre muchas, pero no existe todavía suficiente experiencia en los mecanismos de JI como para anticipar todos los problemas y tomar decisiones finales a nivel internacional. La realización de la JI supone una delicada delimitación de criterios. Hay varios aspectos institucionales no comprendidos todavía en su totalidad, aunque puede encontrarse una cierta estructura común para la JI y los programas de AIJ (basada principalmente en los criterios CoP-1) en varios países ya activos en el campo de la JI. Por tanto, la fase piloto de la AIJ constituye un momento crucial para la identificación del tipo adecuado de proyectos, y una buena base legal, y debería recibir la necesaria atención para crear el ambiente adecuado para un régimen de JI en un futuro próximo.
Deberían crearse incentivos a nivel nacional para estimular la participación de las empresas privadas. Los gobiernos podrían estimular a la comunidad de empresarios, estableciendo pactos o créditos nacionales, por ejemplo la exención fiscal o medidas similares. Deberían realizarse esfuerzos para difundir información sobre la JI, para proporcionar oportunidades de investigación en JI y para fomentar la discusión sobre JI a nivel internacional. Esto podría conseguirse a través de una plataforma para el intercambio de información sobre proyectos potenciales de JI, para reducir los costes administrativos. Es necesaria una mayor participación de todos los países para evitar comportamientos de usuario gratuito a gran escala y para crear un consenso común sobre imparcialidad en los compromisos bilaterales.
La JI puede iniciarse en el mundo industrializado, pero para ser efectiva requiere la participación de los países en desarrollo. La Unión Europea podría jugar un papel de liderazgo estableciendo una política dirigida a los países en desarrollo y ayudándoles a desarrollar una política de JI que refleje sus prioridades nacionales. Una JI basada en la tecnología podría favorecer la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
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Palabras clave
Conferencia de las Partes, CoP, Ejecución Conjunta, JI, AIJ, transferencia de tecnología, reducción del CO2, desarrollo sostenible.
Contactos
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Referencias
Adams, D., Joint Implementation, Opportunities for business under the UN-FCCC, Financial Times Energy Publishing, Londres, 1996.
JIQ, Joint Implementation Quarterly, Groningen, Holanda, vol. 3, nº 1, Abril 1977.
Controlling Carbon and Sulphur, International Investment and Trading Initiatives.
Jepma, C.J. (ed.), The Feasibility of Joint Implementation, Kluwer Academic Publisher, 1995.
Watt, E,.Sathaye, J., The Institutional Needs of Joint Implementation Projects, Informe preparado para la US EPA. Contrato nº DE-AC03-76SF00098, Octubre 1995.
Wuppertal Insitut für Klima, Umwelt, Energie GmbH (1996): Simulation von Joint Implementation innerhalb der Klimarahmenkonvention anhand ausgewählter Projekte. Endbericht 23. Diciembre 1996, Forschungvorhaben 104 01 101.
EIA (1997): International energy outlook 1997. Energy Information Administration, US Department of Energy, Washington DC, DOE/EIA-0484(97), Distribution Category UC-950.
Císcar Martínez, J.C. (1997): Photovoltaic technology and rural electrification in developing countries: the socio-economic dimension. De próxima publicación en The IPTS Report.
Agradecimientos
Los autores quieren expresar su agradecimiento a las siguientes personas por sus comentarios:
W. Floyd (Forward Studies Unit, EC), T. Jackson (Universidad de Surrey, Reino Unido), C. Jepma y W. Van der Gaast (Universidad de Groningen, Holanda), P. Riemers (IEA, Programa GHG).
Sobre los autores
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Chris Hendriks es Doctor en "Eliminación de Dióxido de Carbono de Centrales Eléctricas de Carbón" por la Universidad de Utrecht. Ha trabajado como Asesor para institutos, empresas, el gobierno holandés y la Comisión Europea, sobre energía y asuntos relacionados con el medio ambiente. Dentro del IPTS sus principales áreas de interés son: "Mejores Técnicas Disponibles" (Best Available Techniques, BATs) en el marco de las actividades de apoyo a la "Directiva para la Prevención y Control Integrados de la Contaminación" de la DGXI, y un estudio internacional sobre "Evaluación de los Instrumentos Políticos para Estrategias Efectivas sobre la Reducción del Ozono en Europa"
Antonio Soria (ver número anterior)
Astrid Zwick estudió Geología / Paleontología en la Universidad Ludwigs-Maximilian de Munich, Alemania. Realizó su doctorado en la Universidad de Weihenstephan, Freising, Alemania, en el campo de la Paleoclimatología. Su trabajo en el IPTS incluye la coordinación de las actividades del instituto sobre el cambio climático, incluyendo el seguimiento y la evaluación de los resultados de investigación y el análisis de las opciones políticas en el debate sobre el cambio climático.
Frank Peeters es licenciado en Ingeniería Mecánica. Trabajó durante cuatro años como investigador en la Universidad de Bruselas en el campo de la energía y el medio ambiente. Desde septiembre de 1996 trabaja en el Instituto Flamenco para la Investigación Tecnológica (VITO) en Bélgica, donde es responsable de proyectos en el campo de la optimización de procesos industriales para reducir las emisiones y el consumo de energía y agua, y también coordina dos proyectos piloto sobre Actividades Ejecutadas Conjuntamente en colaboración con un gran grupo cervecero belga.
