Blanco Lozano, C. : El delito ecológico. Manual operativo. Ed. Montecorvo, Madrid, 1997, 156 págs.
| Autor | Cristina Álvarez Aceituno |
Se trata de un libro escrito de forma simple, con afán de claridad y, como ya se pone de manifiesto en el propio título, con una estructura propia de un manual, en el que CARLOS BLANCO demuestra una gran capacidad para detectar los problemas que plantea la regulación del delito ecológico.
Como nota general hay que destacar el carácter práctico de este libro; su metodología responde a un análisis de los problemas concretos que plantea el derecho positivo vigente relativo al delito ecológico en el Ordenamiento jurídico-penal ambiental.
El libro se estructura en cinco capítulos, precedidos de una importante introducción, a los que se añaden unas conclusiones, y una recopilación de bibliografía, de marcado valor práctico, sobre los delitos contra el medio ambiente. En cada uno de esos capítulos el autor entra a analizar los problemas que plantea la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad como elementos del delito ecológico, haciendo bastante más hincapié en los primeros.
Entrando ya en el contenido del libro, es preciso destacar la importancia de las reflexiones (que posteriormente el autor vuelve a poner de manifiesto a lo largo de los distintos capítulos) que se recogen en la introducción, donde el autor destaca la importancia de la tutela del medio ambiente, ya que las consecuencias del deterioro del medio ambiente afectan al entorno del ser humano y de una forma directa y grave a su propia salud, y en este sentido, esa tutela se erige como garantía para la salud y el bienestar humanos a corto, medio y largo plazo.
En la misma introducción el autor señala que lo que caracteriza al Derecho ambiental es la magnitud y diversidad de sus fines, de sus medios instrumentales, de sus fuentes, de sus ámbitos de aplicación, de sus destinatarios, de su problemática, de su evolución. Dentro de esta diversidad entra el Derecho penal; ahora bien, como muy bien destaca el autor, no todos los bienes y valores presentes en la sociedad son objeto de tutela jurídico-penal, sino sólo aquellos que el legislador considera más importantes y solamente, además, frente a las más graves agresiones a los mismos. Estos dos criterios que justifican la intervención del Derecho penal se pueden dar en el medio ambiente, puesto que ninguna persona hoy en día puede negar la importancia del medio ambiente en nuestra sociedad y además, ni que decir tiene, que muchos de los atentados contra el medio ambiente pueden ser calificados de muy graves.
Tras la introducción, donde se pone de manifiesto la importancia de analizar y tratar la problemática derivada de la tutela del medio ambiente, sobre todo de la tutela jurídico-penal, el autor analiza en el capítulo primero, titulado «Determinación de la sistemática legal: problemas y soluciones», la ubicación del Derecho penal ambiental en el Código Penal de 1995 y señala que con anterioridad al CP de 1995 cabían dos posibilidades:
- Optar por la dispersidad, es decir, que las normas sectoriales recogieran preceptos de carácer penal con sus ventajas (entre ellas la de evitar los problemas derivados de...
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