El euskera en los medios de comunicación social: una aproximación

Las^* libertades de expresión e información constituyen uno de los componentes fundamentales de una democracia. Su existencia es un requisito de la propia democracia que, como tal, no puede formarse ni desarrollarse si no existe el derecho a expresarse y comunicarse. Una opinión pública libre, que permita el desenvolvimiento de diferentes opciones políticas, requiere para su formación un sistema político y una organización de la sociedad y de los poderes públicos que garantice el desarrollo de un proceso democrático y libre de discusión pública.¹ Las libertades o derechos de in-Page 118formación y comunicación, la libertad de expresión, se vinculan en su interpretación con la idea de democracia y con el derecho de asociación, comprendido el derecho de creación de partidos políticos. Tal como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la creación de partidos políticos es una forma específica de la libertad de expresión.

Según la época en la que se hayan elaborado los textos que recogen estas libertades, su contenido tiene una extensión mayor o menor. Lo mismo sucede con las normas reguladoras de los diferentes sectores que afectan a estos derechos, como es la televisión, la radio, la prensa, etc. El ordenamiento jurídico ha recogido el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones.² También ha establecido el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz.³ En otros ordenamientos esta regulación suele ser más parca, lo que no ha impedido que en su desarrollo se le haya reconocido al derecho una serie de virtualidades que superan su mera dicción literal. No se va a entrar en el análisis de las diferencias existentes entre información y opinión. A pesar de que son cosas diferentes la información y la opinión, la diferenciación no da lugar a resultados divergentes en relación con el derecho, ya que los elementos comunes caracterizadores de los derechos son de tal amplitud que dejan sin sentido la diferenciación.⁴

Si la diferencia entre informaciones y opiniones no da lugar a grandes peculiaridades, sí es importante sin embargo diferenciar entre el derecho a comunicar información u opiniones y el derecho a recibir información. El elemento o parte activa del derecho han recibido un tratamiento doctrinal y jurisprudencial que no se ha dado en relación con el derecho a recibir información. Esto no quiere decir que la interpretación del alcance de ambos derechos sea totalmente autónoma. El derecho a comunicar información y opiniones se interpreta a la luz de las consecuencias y de la necesidad de realizar esa información, especialmente desde la perspectiva del sistema democrático. Es decir, desde el punto de mira de quienes reciben la información.

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Podrían considerarse dos perspectivas del derecho. Una activa, de ejercicio de la libertad de expresión y comunicación, que consiste en la transmisión de esas informaciones y opiniones. Esta vertiente activa es la clásica en el análisis del derecho y los pronunciamientos jurisprudenciales en esta materia han sido muy numerosos. También las elaboraciones doctrinales. A esta vertiente activa del derecho se prestará atención, para posteriormente analizar la vertiente pasiva o derecho a recibir información.

El derecho a comunicar informaciones y opiniones, conocido en términos amplios como libertad de expresión, surge con las primeras constituciones, aunque con un carácter censitario, con su contenido determinado por la ley y una naturaleza jurídica meramente defensiva.⁵ En la época actual, los últimos 20 años, el estudio de este derecho ha provocado la superación de las concepciones clásicas de los derechos fundamentales, como derechos de defensa frente a la intervención de los poderes públicos, para pasar a considerar el componente social de este derecho, su posible alcance prestacional, que se expresa parcialmente en el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de los grupos sociales y políticos significativos.⁶ Al mismo tiempo se hace una incidencia especial en el componente social del derecho o, dicho de otra forma, en las consecuencias derivadas de la existencia del derecho. El derecho a comunicar información y opiniones es un requisito ineludible para la existencia de una opinión pública libre, base necesaria de todo sistema democrático. Este componente social se vincula al carácter prestacional, en el sentido de suscitar la cuestión de si los poderes públicos estarían obligados a intervenir para garantizar la pluralidad de la libertad de comunicar. Uno de los aspectos de esa pluralidad está precisamente en el conocido como derecho de acceso.⁷

El derecho a comunicar información y opiniones tiene otros componentes dignos de ser resaltados como la propia diferencia entre informaciones y opiniones, de importancia menor, el problema de la veracidad como requisito o exigencia de la información y sus consecuencias, el as-Page 120pecto negativo del derecho, característicos de otros derechos y que gráficamente podría definirse como el derecho a no expresarse. El derecho a la creación de medios de comunicación y la regulación a la que puede estar sometida según las características técnicas del medio. Las garantías de este derecho que lo particularizan de los demás como la prohibición de censura previa⁸ o del secuestro administrativo.⁹ La exigencia de intervención judicial en este último caso tampoco parece un instrumento que sin más sea suficiente. El juez penal está dotado de unos poderes tan excepcionales que su utilización inadecuada puede poner en peligro la misma libertad. Las normas penales, en especial el artículo 129 del Código Penal,¹⁰ permiten una intervención del juez, de carácter cautelar en algunos casos, que llega a la decisión del cierre de periódicos. Intervención de gran dureza y que se adopta sin analizar la posibilidad de medidas de menor gravedad y también menor afectación al ejercicio del derecho. El principio de proporcionalidad se olvida con frecuencia al adoptar este tipo de decisiones, incumpliendo en este caso con la interpretación que de estas cuestiones ha realizado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El derecho a comunicar requiere que lo transmitido sea veraz, para poder hablar propiamente de la existencia del derecho. Si la información no es veraz, no está protegida por este derecho. La veracidad no tiene el mismo alcance en relación con las informaciones y con las opiniones. La vera-Page 121cidad de las informaciones no puede ser entendida de la misma manera que la veracidad de las opiniones. Es más, la propia idea de veracidad es una categoría de difícil definición. Los Tribunales han vinculado frecuentemente la idea de veracidad con la diligencia exigible a quien da la información. Esta concepción puede ser suficiente, y sólo parcialmente, en relación con las informaciones, pero más difícilmente lo será con las opiniones. Ciertamente la diligencia en comprobar la veracidad de las informaciones no impide que no se den otras informaciones, de tal manera que se haga buena esa consideración que gráficamente se ha llamado la CNN realidad.¹¹ En ciertas cuestiones, especialmente de política internacional, el silencio de los medios produce la inexistencia de la noticia o del hecho. La realidad existe y se moldea según la acogida que reciba en uno o determinados medios. Este hecho se da, con las peculiaridades propias de cada caso, en el ámbito internacional o en el más local, aunque en este último la posibilidad de existencia de medios alternativos de información es siempre más factible y acentuada. La veracidad de las informaciones no puede afectar por tanto solamente a lo que se emite, sino que exige también tener en cuenta lo que se olvida y no accede a los medios. La veracidad así entendida supera esa vinculación con la idea de diligencia para pasar a caracterizarse por el principio del pluralismo. La información veraz es por tanto aquella que garantiza el pluralismo de la sociedad.

Si se traslada la idea de veracidad a las opiniones la perspectiva cambia. Las opiniones no pueden entenderse de la misma manera que las informaciones. En este caso la veracidad exige claramente respeto al pluralismo. Estas consideraciones sobre el derecho a comunicar permiten una aproximación al derecho a recibir información. Si el derecho a comunicar supera la concepción defensiva de los derechos de libertad y adquiere un contenido institucional y prestacional, esto permite acercarse al derecho a recibir información, que tiene elementos comunes con el derecho a comunicar, difiriendo fundamentalmente en el sujeto que actúa, en el contenido del derecho que se quiere actuar y en la determinación de sus posibles titulares.

El ordenamiento jurídico ha considerado recientemente y desde ópticas muy diversas el derecho a recibir información. Sin información difícilmente se puede participar en los procesos políticos o en las decisiones de la Administración. De ahí que, desde una perspectiva general, se haya tratado de la información en el ámbito parlamentario,¹² en el administrativo¹³ yPage 122en el judicial.¹⁴ La publicidad de las actuaciones públicas, los procesos en los que se ha debatido sobre los derechos de información de los parlamentarios, el principio de transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos, que afecta especialmente a la Administración, el derecho de información de los ciudadanos, con manifestaciones específicas en el campo ambiental por ejemplo, la publicidad de las decisiones públicas, necesaria para conocer la actuación de los poderes públicos, son cuestiones que están de plena actualidad, recibiendo una gran atención doctrinal y produciendo también importantes pronunciamientos judiciales.

En este contexto el derecho a recibir información adquiere una trascendencia especial y pone de manifiesto la debilidad del tratamiento doctrinal de este derecho, debilidad que va pareja a su dificultad. El derecho a recibir información es un derecho novedoso, cuyo contenido y titularidad presenta problemas interpretativos importantes. A su vez, el derecho a recibir información tiene una relación estrecha con el derecho de acceso a los medios, entendiendo este derecho de acceso como el hecho de ser objeto de información.

El contenido del derecho a recibir información tiene un efecto reflejo en el emisor, ya que sirve para evitar que el emisor pueda ver impedido su derecho a emitir. Este contenido, con todo, no es el más innovador y complejo. El problema en la determinación del derecho a recibir información se sitúa en la pretensión de que se satisfaga ese derecho por los poderes públicos. En otros términos, y dicho de forma gráfica, en la pretensión de exigir a los poderes públicos que presten un servicio de información que garantice el derecho a recibir información. Sería el otorgamiento al derecho a recibir información de un alcance similar al derecho a la prestación de determinados servicios públicos que se encuentra regulado en el régimen local.¹⁵ También se ha dicho que el derecho a recibir información obliga a los poderes públicos a garantizar el pluralismo interviniendo en el mercado, así como estableciendo medios de defensa frente a la información no veraz.¹⁶

Entrando al detalle de estas dos últimas consideraciones, la garantía del pluralismo interviniendo en el mercado ha previsto algunos mecanismos que no dejan de ser manifiestamente débiles. Las medidas adoptadas contra la concentración de medios han podido impedir que el control de determinados medios especialmente significativos caiga en las mismas manos.

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Este hecho no permite sin embargo afirmar que el pluralismo en la información sea mayor. Si un medio de comunicación o varios dominantes imponen una determinada lectura del acontecer social, no habrá posibilidad de defender el derecho a recibir información conceptuado como pluralismo de informaciones y opiniones. En Euskal Herria hay ejemplos muy próximos en el tiempo. Las elecciones del año 2000 se vieron precedidas por un ataque de los medios de comunicación estatales dirigido contra las opciones políticas de carácter vasquista o abertzale. Después de su celebración, y habrá que decir también que tras su resultado, algún destacado periodista puso de manifiesto este hecho. La prensa estatal evidencia también un tratamiento de las cuestiones relacionadas con Euskal Herria difícilmente entendible desde el pluralismo y desde la idea del derecho a recibir información. Cualquier observador percibe sin esfuerzo la cada vez mayor uniformidad de los mensajes políticos en algunas materias o la ocultación de determinadas noticias o informaciones. En otros casos la propia forma de dar la noticia, el lugar, la hora, el momento, puede tener unas consecuencias u otras. La tecnificación que se ha producido en la utilización de la información permite utilizaciones muy variadas que persiguen finalidades muy diversas. En esta clave hablar del derecho a recibir información no deja de provocar una cierta perplejidad. Quien trabaja desde una perspectiva jurídica no puede dejar de afirmar que el derecho a recibir información es un derecho que exige el pluralismo en la información, pero sin precisar los instrumentos jurídicos que permiten hacer realidad esa pretensión. Es más, el progreso tecnológico parece avanzar hacia una mayor concentración.¹⁷

Por otra parte la intervención de los poderes públicos en el mercado ha ido en algún caso dirigida en sentido contrario al pluralismo. Para ello no hay nada más que recordar la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena al pago en concepto de indemnización a los promotores de una cadena de televisión digital vía satélite por los problemas que para su puesta en funcionamiento le provocaron ya no solamente la Administración central propiamente, sino también entes como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,¹⁸ definida como autoridad independien-Page 124te, pero cuyo comportamiento en este caso impidió a una empresa salir al mercado.¹⁹ El hecho de que pasen estas cosas con un Gobierno que reniega del intervencionismo y se presenta como adalid del libre mercado, y con un organismo creado para evitar interferencias políticas en el mercado, pone de manifiesto la debilidad del sistema.

La defensa de los ciudadanos ante la información no veraz también es compleja. Los autores que se manifiestan favorables a la búsqueda de mecanismos en este sentido no los encuentran. Se enuncia la idea pero no se determina la forma de llevarla a cabo.²⁰ En este sentido hay que poner de manifiesto que a pesar del transcurso del tiempo y el momento ya lejano en el que se comenzó a hablar de estas cuestiones, los progresos doctrinales parecen más bien escasos. Desde una perspectiva práctica se han producido algunos hechos que pueden evidenciar la funcionalidad democrática de la categoría. Así sucede con la impugnación realizada por un sindicato del seguimiento realizado por una cadena pública estatal²¹ de la huelga general convocada por los sindicatos.²² El derecho de rectificación y las sanciones imponibles por el incumplimiento de las obligaciones correspondientes al derecho a recibir información tampoco son instrumentos suficientes para garantizar el pluralismo.

El derecho a ser informado puede considerarse de forma global, aplicándose a todos los medios y realizando una consideración global de la situación de la información. También se puede considerar en relación con cada medio o tipo de medio. Así el derecho a ser informado se puede entender en relación con la televisión o con la radio o con la prensa escrita. Según las situaciones, el derecho a ser informado puede requerir tanto conPage 125sideraciones globales como pretensiones vinculadas exclusivamente a algunos medios de comunicación solamente.

El derecho a recibir información tiene estos contornos tan etéreos, que se trasladan a su vez a la importante cuestión del titular de esos derechos. Al definir quién puede ser titular de ese derecho se ha señalado que la legitimación para reclamarlo no es individual. Más en concreto se ha escrito que las personas individualmente consideradas no estarían legitimadas para exigir judicialmente el derecho a que la información sea veraz. La razón no es otra que la falta de afectación directa, que solamente se produce cuando las personas son objeto del mensaje o resultan de alguna forma aludidas por el mismo.²³ De aquí que se estime el derecho a recibir información como un derecho que pueden únicamente utilizar algunos colectivos.²⁴ Este planteamiento no deja de ser contradictorio. Si se afirma inicialmente que el derecho a recibir información es un derecho, no se puede luego decir que no hay ningún legitimado para actuarlo, excepto cuando uno mismo se vea afectado por la noticia en cuestión. Para esto no hace falta el derecho a la información. Sería suficiente con el derecho de rectificación o con los derechos a la intimidad, el honor o la propia imagen. Por otra parte el derecho a ser informado plantea otra cuestión de interés como es la relativa a los obligados a satisfacer el derecho. Si están obligados únicamente los poderes públicos y los medios que dependen de ellos o, por el contrario, si es posible que esas exigencias puedan articularse también frente a los medios de comunicación propiedad de particulares. La respuesta no es en ningún caso fácil y requiere, para un análisis correcto, ser referida a cada uno de los medios.

Como puede deducirse de lo hasta ahora dicho, el derecho a recibir información es un derecho de difícil y compleja interpretación. La consideración sobre el mismo exige avanzar en la regulación que los derechos a comunicar y recibir información han tenido en el ordenamiento jurídico vasco.

El reconocimiento de derechos en los textos constitucionales viene completado por el alcance que se dé a cada uno de esos derechos en los tex-Page 126tos legales. En algunas materias esas normas de desarrollo son las que realmente configuran el derecho. Así sucede con la enseñanza y también con los derechos de los particulares en los diferentes sectores regulados por la normativa como televisión, radio, etc. En el caso vasco se dispone de una competencia importante para la regulación de los medios de comunicación social, sin perder de vista la existencia de una normativa estatal básica. De la misma forma que en la regulación, existen televisiones estatales que emiten para todo el territorio del Estado y radios del mismo carácter, según la forma en que se realice la emisión. El estudio de cada de uno de estos sectores y sus particularidades se realizará posteriormente. Ahora se va a hacer una breve consideración sobre el sistema de reparto de competencias.

El reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas se realiza mediante dos preceptos muy relacionados entre sí y de difícil diferenciación en muchos casos. El primero es el que reconoce al Estado competencias en materia de telecomunicaciones.²⁵ El segundo le reconoce una competencia para dictar las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión, y, en general, de los medios de comunicación social.²⁶ La diferenciación entre telecomunicaciones y medios de comunicación social es difícil, y cada vez será mayor. Los avances tecnológicos son de tal calibre que es difícil imaginar los problemas que puedan producirse en un futuro próximo. Piénsese en la posibilidad de transmitir por la red eléctrica o en la utilización de ondas para facilitar el acceso a ciertos servicios. Recientemente la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha dictaminado la ilegalidad de que los ayuntamientos faciliten el acceso a Internet mediante un sistema de ondas.

La jurisprudencia constitucional pone de manifiesto algunos conflictos producidos entre Estado y comunidades autónomas,²⁷ siendo el más relevante en la problemática que se acaba de reseñar la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/1993, donde el Tribunal Constitucional avisa del peligro de no diferenciar entre telecomunicaciones y televisión, pudiendo la primera superponerse y eliminar la segunda. Por esta razón el otorgamiento de concesiones para emitir por radio es una decisión que por su finalidad encuentra un acomodo natural y específico en la materia de medios de comunicación social.²⁸

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Junto a las normas que regulen cada uno de los sectores, habrá que tener en cuenta las consecuencias que la normativa en cuanto a lengua va a tener en esta materia. La regulación jurídica de la lengua, al igual que la misma existencia de varias lenguas en contacto, sean estas oficiales o no, tienen una serie de consecuencias sobre el contenido de los derechos a recibir y a comunicar informaciones y opiniones. A este tema se dedicará el apartado siguiente.

Las consecuencias que, en los derechos considerados fundamentales en las sociedades democráticas, tiene la oficialidad de la lengua son muy importantes aunque con frecuencia pasen desapercibidas. Las personas ejercen continuamente derechos sin ser conscientes de que su actuar está protegido por una norma jurídica. Cuando una persona se traslada de un lugar a otro no está pensando que ejerce su libertad de desplazamiento. Cuando alguien se dirige en París o en Berlín a una oficina pública y pregunta en francés o en alemán y le contestan entregándole, en su caso, un impreso en alguno de esos idiomas, no es consciente de que el ejercicio de su derecho tiene un contenido lingüístico. En estos casos de monolingüismo, que en algunos supuestos ha escondido una clara política colonialista y de opresión lingüística, la literatura jurídica no ha atendido a la cuestión. No parecía necesario ni tenía demasiada utilidad. ¿Qué sentido tiene que un alemán se pregunte el contenido lingüístico de su derecho a dirigirse a su administración con una petición concreta escrita o dicha en alemán? En situaciones tan claras el alcance del derecho no es objeto de atención. Si hay varias cadenas de televisión emitirán en alemán. Si lo hacen en otros idiomas será de forma anecdótica e irrelevante tanto desde una perspectiva cultural como jurídica.

La situación se complica cuando hay numerosos trabajadores o emigrantes en general que no hablan la lengua del lugar en el que residen. El alcance del contenido lingüístico de sus derechos presenta ya algunos problemas y en diferentes ámbitos, por ejemplo el educativo. En este sentido sería interesante recordar que se ha planteado el reconocimiento de valor legal a determinados lenguajes como el de los ciegos. Como puede observarse la problemática de la oficialidad de las lenguas es de una gran complejidad jurídica. No es la finalidad de este apartado enfrentarse a esa dificultad. Más humildemente sólo se pretende, y ya es bastante, ver la repercusión que la oficialidad del euskera y las normas específicas conteni-Page 128das en la Ley de normalización del uso del euskera tienen en el contenido del derecho a ser informado.

En principio la cooficialidad de dos lenguas, más allá de la forma concreta en que se regule, significa que el ejercicio de los derechos de las personas se podrá realizar en cualquiera de ambas lenguas. La cooficialidad significa que una persona puede dirigirse en cualquiera de las lenguas a la Administración o que el sistema educativo garantizará el conocimiento de ambas lenguas, entre otras cosas. El hecho de que el euskera sea oficial junto con el castellano en la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene así unas consecuencias directas en el contenido de los derechos. El contenido solamente en castellano, hasta hace poco, de los derechos pasa ahora a tener también un contenido en euskera. Si es posible presentar un escrito en castellano, si existe un servicio público de televisión en castellano y si hay un sistema educativo en castellano, todas esas actividades, de la misma manera, deben poder hacerse en euskera. Ésa es la consecuencia directa que la cooficialidad tiene en los derechos. Esta afirmación no quiere decir que el contenido lingüístico de los derechos sea idéntico. Es posible que existan sistemas lingüísticos en los que las personas no tengan los mismos derechos en ambas lenguas oficiales. Pero ésta es otra cuestión que no es objeto de estas páginas.

La oficialidad del euskera se regula en el Estatuto de la Comunidad Autónoma del País Vasco,²⁹ donde se establece que el euskera y el castellano serán lenguas oficiales en Euskadi. Posteriormente entra en vigor la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera. En esta Ley se reconoce a los ciudadanos una serie de derechos lingüísticos, interesando en este momento hacer referencia al apartado c del artículo 5.2 de la Ley de normalización del uso del euskera que reconoce el «derecho a recibir en euskera publicaciones periódicas, programaciones de radio y televisión y de otros medios de comunicación». Este precepto de la Ley de normalización del uso del euskera plantea algunos problemas interpretativos importantes. Parece que la Ley solamente recogiese derechos en relación con el euskera pero no con el castellano. La impresión se modifica cuando se acude a los artículos de la Ley de normalización del uso del euskera que regulan el uso del euskera en los medios de comunicación. En su artículo cabecera se comienza reconociendo a todos los ciudadanos el derecho a ser informados por los medios de comunicación social tanto en euskera como en castellano.³⁰ Este derecho plantea el problema de su al-Page 129cance concreto. Una vez que entra en vigor la Ley de normalización del uso del euskera, ¿es posible exigir desde el primer momento el reconocimiento y garantía de estos derechos en relación con todos los medios?

El legislador es consciente de este problema, razón por la cual introduce un párrafo que concreta el alcance de la obligación pública. Dice el precepto que «a tal efecto, el Gobierno adoptará las medidas conducentes a aumentar la presencia del euskera en los medios de comunicación social, tendiendo a la equiparación progresiva en el uso de ambas lenguas oficiales».³¹ Más tarde añade que «el Gobierno, a fin de garantizar de forma progresiva el derecho reconocido en el artículo 22, adoptará las medidas encaminadas a la promoción y protección del uso del euskera potenciando en todo caso su difusión y posibilidades de utilización efectiva en: la radiodifusión; la prensa y publicaciones; la cinematografía; teatro y espectáculos, y medios de reproducción de imagen y sonido. A tal efecto se desarrollará el oportuno título dentro de las leyes que contemplen y regulen los anteriores puntos».³²

Junto a los preceptos anteriores no habría que olvidar la obligación del Gobierno de promover «el empleo preferente del euskera en los medios de comunicación de la comunidad autónoma, a fin de garantizar la equiparación de ambas lenguas establecida en el artículo anterior».³³ En relación con los medios estatales dice la Ley que el Gobierno «impulsará la normalización lingüística en los centros emisores de Radio Televisión Española a fin de asegurar una adecuada presencia del euskera como lengua propia del País Vasco».³⁴

El análisis del régimen jurídico del pluralismo lingüístico en los distintos medios de comunicación existentes (televisión, radio, prensa escrita, etc.) ha de partir de la premisa de que ni en el ordenamiento jurídico español ni en el autonómico vasco existe una ley general en materia de medios de comunicación que aborde esta cuestión de una manera unitaria. La legislación sobre los distintos medios de comunicación resulta dispersa, entendible solamente en función del momento temporal en que se dicta, terriblemente sectorializada y condicionada por la evolución tecnológica y, en algunos casos, como en lo relativo a la prensa escrita, incluso de carácter preconstitucional. Un entendimiento coherente de toda esta normativa exigiría una interpretación integral del ordenamiento jurídico de la infor-Page 130mación en su conjunto, algo que, a todas luces, sobrepasa el objeto de esta ponencia.

Aún así, algunos criterios fundamentales pueden ser afirmados como presupuestos básicos de este análisis. Lo primero que ha de señalarse es la distinta concepción que el derecho positivo otorga, en principio, a los medios audiovisuales (televisiones y radios) frente a los medios escritos. Los primeros, con algunas excepciones, están jurídicamente configurados bajo la técnica del servicio público, algo que no ocurre con los escritos. Esto significa, en la práctica, que la legislación puede incidir de manera más intensa sobre los medios calificados como servicio público que sobre los restantes, sobre todo teniendo en cuenta que la libre creación de medios de comunicación sería, en principio aunque con limitaciones en algunos casos, un derecho fundamental protegido por el artículo 20.1.d ce.

De esta forma, en los medios catalogados como servicio público la lengua, el respeto al pluralismo lingüístico, puede ser uno de los factores a considerar a la hora de establecer normativamente el desarrollo y la gestión de su actividad. En el caso de los medios escritos la intervención administrativa destinada a proteger el pluralismo lingüístico va a quedar reducida, por contra, a la mera adopción de medidas de fomento o apoyo al uso de la lengua minorizada.

Tratándose, en el caso de la televisión o la radio, de un servicio público, la legislación suele determinar qué entidades públicas pueden gestionar los servicios correspondientes, de qué forma, con qué alcance territorial y estableciendo algunas limitaciones particulares (en función de la necesaria coordinación entre cadenas, del respeto de obligaciones internacionales, de derechos de los usuarios, de la planificación tecnológica, etc.), mientras que, en relación con las entidades privadas que deseen participar como gestores indirectos de ese servicio público, habitualmente fija el título habilitante (normalmente una concesión administrativa), a quién corresponde otorgarla y supervisarla, el número de concesionarios, el plazo de duración del título otorgado y la posibilidad o no de su renovación, así como una serie de requisitos tanto internos de las entidades concesionarias como relativos al cumplimiento de ciertas obligaciones de programación, controlables, en su caso, por la Administración otorgante del título habilitante.

Toda esta regulación no es neutral desde un punto de vista lingüístico. Es fácil comprobar esto a la hora de valorar decisiones legislativas que fijan los ámbitos territoriales de emisión, la posibilidad de coberturas de programación descentralizadas o, incluso, el número de canales permitido. Acertadamente se ha señalado,³⁵ en referencia a la televisión, que «las decisiones fundamentales se relacionan no sólo con la programación, sino pri-Page 131mariamente con el ámbito territorial y la lengua o lenguas de emisión». Se trataría, a su juicio, «no (sólo ni quizás fundamentalmente) del control político y democrático de los contenidos de la programación sino de la infraestructura cultural y territorial del poder y que luego permitirá discutir sobre su carácter democrático y plural: aquellas que definen su capacidad de comunicación —la lengua— y su ámbito físico de acción —el territorio».³⁶

De una interpretación sistemática de estos preceptos pueden extraerse una serie de consideraciones en relación con la interpretación del alcance del derecho a recibir información en euskera, que son las siguientes:

1. El derecho a recibir información en euskera tiene una regulación legal que precisa su alcance, sin estar solamente determinado por la interpretación deducible de la regulación constitucional. Los problemas interpretativos que podrían derivarse de una consideración aislada del artículo 20.1.d de la ce encuentran ayuda para su concreción en la Ley de normalización del uso del euskera y, especialmente, en los preceptos reseñados en los apartados anteriores.

2. El derecho a recibir información en euskera es un derecho de prestación, que tiene unas peculiaridades necesitadas de concreción. El derecho es exigible si no encuentra satisfacción por otros medios. En el caso de que existiese un sistema de organización de los medios de comunicación que garantizase el derecho a recibir información en euskera no sería necesaria su prestación por los poderes públicos vascos.

3. El derecho a recibir información puede satisfacerse por la prestación directa del mismo por los poderes públicos o por el sometimiento de los títulos habilitadores para la prestación del servicio a condiciones lingüísticas. Según cual sea el régimen jurídico del medio en cuestión, es posible que la mera existencia de ayudas pueda considerarse suficiente para satisfacer la pretensión del particular de recibir información en euskera.

4. El derecho a recibir información puede estar condicionado temporalmente, ya que no podría exigirse desde un primer momento. La Ley de normalización del uso del euskera se refiere a la satisfacción progresiva del derecho. Esto quiere decir que inicialmente no se podría exigir una satisfacción del derecho que no se correspondiese con el transcurso de un plazo de tiempo suficiente para permitir a los poderes públicos hacerlos operativos.

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5. El derecho reconocido obliga tanto a los poderes públicos vascos como a los estatales que actúan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Ley de normalización del uso del euskera es oficial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, obligando por tanto a todos los poderes públicos sitos en la comunidad autónoma. El Gobierno vasco no puede sin embargo condicionar la actuación de la televisión española ya que depende de las autoridades del Estado. De ahí que al referirse a Radio Televisión Española haga referencia a impulsar la utilización del euskera.

6. Al tratar de los medios de comunicación de la Comunidad Autónoma del País Vasco establece el principio de promoción preferente del euskera, preferencia que persigue el objetivo de garantizar la equiparación en el uso de ambas lenguas en los medios de comunicación social. Este principio debe servir para interpretar el resto de la regulación y de los derechos lingüísticos.

El respeto al pluralismo de la sociedad, en especial al lingüístico, es una de las garantías a las que alude el artículo 20.3 ce, refiriéndose a los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público. Este precepto plantea, en principio, dos problemas. En primer término, su ámbito de aplicación. El artículo en cuestión menciona solamente los medios de comunicación públicos (todos ellos: incluso los escritos que pudieran existir), obviando toda alusión a la posible relación entre el pluralismo lingüístico y los medios de información privados. Bastantes autores se han pronunciado en el sentido de que la relación entre este artículo 20.3 ce y el artículo 3 ce implicaría que el mandato promocional destinado a los poderes públicos en ellos contenido afectaría no sólo a los medios de su titularidad sino también a los privados.³⁷ Por otra parte, tradicionalmente se ha entendido que el artículo 20.3 ce no establece un derecho fundamental accionable directamente por el sujeto al que afecta (elPage 133grupo lingüístico como grupo social significativo), sujeto que, según ese mismo precepto, tendría que tener garantizado su derecho de acceso a los medios de comunicación públicos.³⁸ A lo sumo, en una interpretación más generosa, se trataría de un derecho sólo parcialmente perfecto, que resulta únicamente exigible en los términos fijados por el legislador que desarrolle el precepto en cuestión, el cual, en ningún caso, podría obviarlo.³⁹

La abundante y dispersa legislación audiovisual ha proclamado el «respeto al pluralismo político, social, cultural y lingüístico» como uno de los principios de carácter general de la actividad de los más diversos medios de comunicación audiovisuales, y no sólo de los públicos como a priori parecía derivarse del artículo 20.3 ce. La referencia al pluralismo lingüístico como principio de obligado cumplimiento se acogió, en primer lugar, como criterio inspirador de la actividad de todos los medios de comunicación social del Estado (tanto televisiones como radios, sea cual fuere la modalidad técnica de emisión) en La Ley orgánica 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la radio y la televisión.⁴⁰ En un principio su influjo se habría de proyectar, en exclusiva, a la actividad desplegada por el ente público Radio Televisión Española.

Con posterioridad este principio pasará a afectar también expresamente al llamado cuarto canal vasco de televisión y a las radios dependientes del ente Euskal Irrati Telebista (art. 3.c, Ley 5/1982, de 20 de mayo); a los terceros canales autonómicos de televisión (art. 5.c, Ley 46/1983, de 26 de diciembre); a la totalidad de las radios públicas autonómicas (en la legislación autonómica correspondiente); a las televisiones privadas que emitan por ondas para todo el territorio del Estado (art. 3, Ley 10/1988, de 3 de mayo); a todas las televisiones locales, públicas o privadas, por ondas (art. 6, Ley 41/1995, de 22 de diciembre); a las emisoras privadas de televisión digital terrenal (base 25.2 del Pliego de Bases aprobado por Resolución de 11 de enero de 1999); a todos los servicios de difusión de televisión por satélite, sean o no emisiones codificadas (disposición adicional séptima de la Ley 37/1995, de 12 de diciembre, en redacción dada por la Ley 22/1999), y a las emisoras municipales de radio en frecuencia modulada (art. 2.c, Ley 11/1991, de 8 de abril). Hay que decir, no obstante, que esta recepción del principio del pluralismo lingüístico se ha producido más como una simple cláusula de estilo a la hora de reglamentar las diferentes normativas sectoriales de los medios que como la manifestación de una clara expresión dePage 134voluntad en tal sentido. El artículo 4 del Estatuto de la radio y la televisión regula cuestiones de fundamental importancia para los medios (la objetividad, veracidad e imparcialidad informativas; la separación entre informaciones y opiniones; el respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural; el respeto al honor, a la vida privada y a los demás derechos constitucionales; el respeto a la igualdad; la protección de la juventud y de la infancia; etc.) y, entre ellas, se encuentra el pluralismo lingüístico. La referencia normativa al mismo puede producir, en ciertos casos, importantes consecuencias jurídicas.

De todo el panorama audiovisual sólo quedarían, en principio, exentas del ámbito de aplicación del artículo 4 del Estatuto de la radio y la televisión las cadenas privadas de radio en onda media y frecuencia modulada, las emisoras privadas de radiodifusión terrenal digital; las emisiones llevadas a cabo por parte de los llamados programadores independientes (privados) a través de las redes del cable, y todos los servicios audiovisuales (si así se pueden denominar) que entidades privadas pudieran desplegar a través de Internet. Las exigencias de respeto al pluralismo lingüístico por parte de estas emisoras solamente vendrían derivadas, en su caso, de una norma específica, estatal o autonómica, que lo estableciera.

¿En qué se ha de concretar el principio fijado en el artículo 4.c del Estatuto de la radio y la televisión? Fundamentalmente lo que se establece en el mismo es un principio de programación. La programación, en los diversos sectores mediáticos referidos bajo su ámbito de aplicación, no puede ignorar la presencia de este principio, que tiene así un claro valor jurídico. Pero su aplicabilidad y control plantea diversos problemas.

El primero es la dificultad de señalar el grado de intensidad en que dicho principio debe ser cumplido: ¿afecta a la oferta particular de cada medio o a la oferta global? ¿Cómo se determinan, en su caso, ambas? ¿Cuál es su proyección temporal en relación con el porcentaje de la programación total?¿En qué periodo debemos fijarnos para verificar o no su cumplimiento?¿Es necesario cumplir con esta exigencia en toda la programación o solamente en las emisiones que se destinen a las comunidades autónomas con diversidad de lenguas cooficiales? Ninguna de estas cuestiones está resuelta con claridad ni en la legislación positiva, ni en la jurisprudencia en la materia.

Por otro lado, tratándose de medios de comunicación públicos, el control de la aplicación del principio del pluralismo lingüístico en las directrices de programación se antoja complicado. En principio, porque éstas se adoptan sobre la base del reparto de funciones y competencias entre los diversos órganos del ente público que gestiona el servicio, como meros crite-Page 135rios funcionales de programación, de carácter meramente indicativo, sin que alcancen nunca el valor de norma jurídica susceptible de impugnación.⁴¹ Nunca se ha planteado la posibilidad de impugnar esas directrices de programación, ni los actos de aplicación de las mismas para configurar la parrilla de programación en los medios públicos, aunque quizás habría que explorar esta posible vía «pro futuro», pues el artículo 4.c del Estatuto de la radio y la televisión es una norma jurídica que ha de producir efectos en las actuaciones de los medios audiovisuales públicos mencionados, sin que se considere adecuado que los órganos de dichos medios puedan adoptar criterios, decisiones o actos en relación con la programación que vulneren directamente tal principio.

En el caso de los medios audiovisuales de comunicación privados afectados por el artículo 4.c del Estatuto de la radio y la televisión, la aplicabilidad del principio a su actividad informativa resulta más fácil de explicar en términos jurídicos, aunque en la práctica determinados elementos fácticos la condicionen. Cuando la normativa sectorial sobre los medios audiovisuales privados fija las obligaciones que han de cumplir, la referencia al artículo 4 del Estatuto de la radio y la televisión es, como se ha dicho, casi constante. Y, además, a diferencia de lo que sucede con los medios audiovisuales públicos, el incumplimiento de estos principios es habitualmente considerado como infracción administrativa muy grave, que permitiría abrir a la Administración competente un procedimiento sancionador. Dicho de una manera más explícita y por referirnos a casos dispares, si, por ejemplo, Antena 3 Televisión o Telebilbao emitieran íntegramente y en todo su ámbito territorial de difusión toda su programación exclusivamente en castellano, resultaría claro que estarían incumpliendo el principio del pluralismo lingüístico. Podría dudarse de si un mínimo de emisión en la lengua cooficial diferente del castellano es suficiente para considerar cumplida esa obligación, pero es evidente que cuando ese porcentaje es cero el incumplimiento es manifiesto y ha de provocar la apertura del correspondiente expediente sancionador. Y si esto resulta tan claro en términos jurídicos, ¿cuál es la razón de que no se lleve a la práctica? Pues existen variadas razones.

En primer lugar, porque no siempre se corresponden la Administración habilitada para la apertura del procedimiento sancionador con la Administración interesada en que se salvaguarde el principio del pluralismo lingüístico. Pensemos en el caso de Antena 3 Televisión. Dejando de ladoPage 136el hipotético supuesto, que posteriormente analizaremos, de las emisiones descentralizadas que esa cadena de televisión pudiera realizar, la apertura de un expediente sancionador por el hecho de que su programación global para todo el Estado incumpla el principio del pluralismo lingüístico corresponde al Gobierno estatal. Y no sólo por el ámbito territorial supraautonómico de las emisiones, sino porque ese mismo órgano es el que ha otorgado a la cadena el título habilitante para poder emitir (la concesión administrativa oportuna) y es, por tanto, a quien corresponde el control y la inspección del cumplimiento de sus obligaciones como concesionario del servicio público de televisión.

Por otra parte, un segundo elemento que incide en el escaso control ejercido sobre los medios audiovisuales privados que incumplen el principio del pluralismo lingüístico es, sin duda alguna, la dificultad que entraña la imposición de una sanción a un medio privado por una conducta que, si fuera desplegada por un medio público, carecería de efectos sancionadores. No hay en toda la legislación audiovisual ninguna referencia a la posibilidad de sancionar administrativamente a los medios audiovisuales públicos que no respeten el pluralismo lingüístico. Por ello, sobre la base del principio de libre competencia informativa que debe existir entre medios públicos y privados, no parece de recibo que a estos últimos proceda imponer unas sanciones por conductas que realizadas por medios públicos carecerían de toda consecuencia. Una posible solución al problema podría ser extender al campo de los medios audiovisuales públicos el catálogo de infracciones y sanciones que existen para los privados. Y aunque ello pudiera suscitar alguna perplejidad bastante bien fundamentada (¿quién pagaría en último término una multa impuesta a una televisión pública por incumplir el pluralismo lingüístico?), es éste el régimen que se ha impuesto, por ejemplo, en materia de publicidad o patrocinio televisivos o en materia de protección de menores frente a la programación televisiva.

Un último factor jurídico-normativo que influye en esta regulación del pluralismo lingüístico, aunque ya sólo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es lo regulado por la Ley de normalización del uso del euskera. En la misma, como ya se ha indicado, «se reconoce a todos los ciudadanos el derecho a ser informados por los medios de comunicación social tanto en euskera como en castellano».⁴² Como se ha señalado,⁴³ laPage 137eficacia plena del derecho a la información ha de producirse en el propio idioma en el que los ciudadanos piensan, luego los preceptos que defienden el derecho a la información exigen una tutela de la expresión no solamente de la individual sino también de la colectiva manifestada en el idioma. A tal efecto la Ley de normalización del uso del euskera, como sabemos, propugna que el Gobierno vasco adopte «las medidas conducentes a aumentar la presencia del euskara en los medios de comunicación social, tendiendo a la equiparación progresiva en el uso de ambas lenguas oficiales»⁴⁴. Aunque la regulación de la Ley de normalización del uso del euskera tenga notables insuficiencias (la remisión a la ley posterior es, simplemente, una ingenuidad: el legislador vasco puede aceptar estos principios de la Ley de normalización del uso del euskera o ignorarlos, en tanto en cuanto no vulnere lo previsto en el bloque de la constitucionalidad), sobre la base de esta normativa resultaría plenamente constitucional que la Comunidad Autónoma del País Vasco dictase normas de protección de la lengua propia consistentes en cuotas lingüísticas para las emisiones en su ámbito territorial a realizar por los medios de comunicación públicos y, incluso, privados. En este último supuesto sobre todo cuando a ciertas emisoras de radio y televisión se exige una concesión administrativa autonómica para poder emitir.⁴⁵ Así se ha hecho, por ejemplo, en la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística de Cataluña⁴⁶ a la que posteriormente nos referiremos en varias ocasiones.

La legislación existente en materia televisiva plantea un evidente problema de falta de sistematicidad. En efecto, a la hora de clasificar las televisiones existentes y su régimen jurídico podríamos seguir, en teoría, diversos criterios clasificatorios: el ámbito territorial de las emisiones (de cobertura internacional, estatal, autonómica o local), la titularidad de las emisoras (privadas y públicas, y —dentro de estas últimas— de titularidad estatal, autonómica o municipal), la modalidad técnica de emisión (por ondas hertzianas terrenales, por satélite o por cable), aunque una nueva divi-Page 138sión técnica, afectante a todas ellas, se ha operado en los últimos años al diferenciarse, incluso normativamente, las emisiones analógicas de las digitalizadas, estando las primeras destinadas a desaparecer. Pues bien, la dispersa legislación estatal en materia de televisión (al menos diez leyes) no sigue en exclusiva ninguno de estos criterios clasificatorios, sino que más bien los utiliza de manera asistemática, parcial y con notables solapamientos. Por eso el mejor criterio expositivo al abordar el panorama legislativo de la televisión suele ser el establecido cronológicamente por las propias leyes que se han ido dictando. Ello obliga a hacer una breve referencia, en primer lugar y de manera muy sucinta, a qué tipo de emisiones televisivas se refiere cada ley y cómo las regula en sus aspectos fundamentales, para proceder a continuación a tratar cuál es la regulación de la lengua en esa normativa concreta.

La Ley 31/1987, de ordenación de las telecomunicaciones (lot), es la norma que acomete, en su artículo 26, la regulación global de la radio. Los servicios de radio en onda corta y en onda larga sólo pueden ser explotados directamente por el Estado o sus entes públicos. No se permite, por tanto, las emisiones de radio en este tipo de ondas ni a las comunidades autónomas, ni a particulares. Los servicios de radio en onda media podrán ser explotados concurrente y simultáneamente, bien por gestión directa del Estado o de sus entes públicos (rtve), bien por gestión indirecta mediante concesión administrativa que el propio Gobierno del Estado otorgue a personas físicas o jurídicas. Aunque, en principio, parece que no se admitía la gestión en onda media por emisoras propias de titularidad autonómica, el Tribunal Constitucional ha señalado que «nada impide que las comunidades autónomas, o entes públicos creados por éstas, o sociedades en cuyo capital participen, puedan ser concesionarias de este servicio en las mismas condiciones que las emisoras privadas y en la medida en que la planificación técnica y el número de frecuencias y emisoras lo hagan posible».⁸⁴ En todo caso el otorgamiento de la concesión de radio en onda media al ente público correspondiente de las comunidades autónomas se hace por el Gobierno estatal.⁸⁵

Los servicios de radiodifusión sonora en frecuencia modulada podránPage 161ser explotados por cualesquiera de las siguientes modalidades: bien directamente por el Estado y las comunidades autónomas o sus entes públicos (rtve, eitb, etc.), bien indirectamente mediante concesión administrativa que se otorgue a los ayuntamientos o a personas físicas o jurídicas. Las concesiones administrativas, en este caso, se otorgarán por el Gobierno de las comunidades autónomas.⁸⁶

El análisis del pluralismo lingüístico en la actividad radiodifusora ha de ser discriminado en función, sobre todo, de los sujetos titulares de las emisoras. Pero ha de señalarse, no obstante, el influjo potencial que en este sector puede tener, como modelo a seguir en el futuro, la normativa lingüística adoptada por Cataluña, algunos de cuyos aspectos en relación con la televisión ya han sido comentados. La Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, después de afirmar que en los medios de radiodifusión y de televisión gestionados por la Generalidad y por las corporaciones locales de Cataluña la lengua normalmente empleada ha de ser la catalana (art. 25.1), establece un perfilado sistema de cuotas para la radio. Las emisoras de radiodifusión cuya concesión se otorgase por la Generalidad han de garantizar que, como mínimo, el 50% del tiempo de emisión sea en lengua catalana, aunque el Gobierno, teniendo en cuenta las características de la audiencia, puede modificar por reglamento este porcentaje (art. 26.3). Además, el Gobierno ha de incluir el uso de la lengua catalana en porcentajes superiores a los mínimos establecidos como uno de los criterios de adjudicación de las concesiones a las emisoras (art. 26.4). Y las emisoras de radio (y de televisión) han de garantizar que en la programación de música cantada haya una presencia adecuada de canciones producida por artistas catalanes y que, como mínimo, el 25% fueran canciones interpretadas en lengua catalana o en aranés (art. 26.5).

El sector de la prensa escrita es un sector que, en el momento presente, cuenta con un muy limitado grado de intervencionismo administrativo. Desaparecidos los controles sobre el ejercicio de la actividad previstos en la Ley de prensa de 18 de marzo de1966 (claramente contrarios a la ce) y extinguido el sistema de ayudas públicas a la prensa (fundamentalmente, al consumo de papel), el único papel a jugar por la Administración pública en este sector es el control formal de las publicaciones (a través de figuras como el depósito legal o el issn) y las variadas medidas de fomento que pueden existir (para publicaciones juveniles, científicas, etc.).⁸⁹

Dentro de estas últimas hay que hacer una consideración especial de las ayudas o subvenciones que el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco otorga para la consolidación y el afianzamiento del uso del euskera en los medios de comunicación o para facilitar la viabilidad de los proyectos de los medios de comunicación en euskera⁹⁰ o para publicaciones periódicas privadas no diarias en euskera.⁹¹ Por ejemplo, en la primera de las órdenes mencionadas se subvencionan: la prensa diaria y publicaciones periódicas que publiquen en serie continua e ininterrumpidamente con el mismo nombre y que los ejemplares de la serie lleven una numeración consecutiva o en el caso de las revistas que estén fechadas; las empresas radiofónicas que emitan durante todo el año programas televisivos en euskera con una duración mínima de veinticinco horas semanales, y las empresas de televisión locales que emitan durante todo el año programas televisivos en euskera con una duración mínima de diez horas semanales. Hay, además, un gran número de publicaciones excluidas de estas ayudas: las de en-Page 167tidades mercantiles públicas; escolares; guías de espectáculos; las de partidos, sindicatos, colegios profesionales, etc.

No puede finalizarse esta referencia a la prensa escrita sin hacer, al menos, una breve alusión al desafortunado cierre de Egunkaria. La suspensión cautelar de actividades del periódico, adoptada en sede judicial en aplicación del artículo 129 del Código Penal, además de las notables dudas jurídico-penales y constitucionales que plantea,⁹² no deja de ser, en cierta medida, una desproporcionada limitación del derecho a recibir información en euskera a través de la prensa escrita. El hecho de ser el único diario en euskera debería haber obligado al juez a valorar, de manera más intensa, la proporcionalidad de la medida adoptada. Eran posibles alternativas judiciales⁹³ más respetuosas tanto con los derechos lingüísticos como con las libertades de expresión y de información, pues, en este caso, sin duda alguna, ambas se han puesto en cuestión de una manera sumamente arriesgada.

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^* Este trabajo se presentó en unas Jornadas celebradas en Donosti-San Sebastián, en julio de 2003, y será publicado en las correspondientes actas de las Jornadas.

[1] Una de las consideraciones actuales sobre este tema es la realizada por Bastida Freijedo, Francisco J., «Pluralismo y medios de comunicación audiovisuales» en Tornos Mas, Joaquín (coord.), Democracia y medios de comunicación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 65-85. Sigue siendo un clásico en esta cuestión el trabajo de Habermas, Jürgen, Historia y crítica de la opinión pública, gg., Barcelona, 1994, 4ª edición. Sobre el concepto de opinión pública y su repercusión en el ámbito de los medios de ámbito infraestatal, véase Lasagabaster Herrarte, Iñaki, «Las televisiones, el audiovisual en el Estado de cultura», Autonomies, núm. 26, 2000, p. 28-31.

[2] Art. 20.1.a ce.

[3] Art. 20.1.d ce.

[4] Escobar Roca, Guillermo, Estatuto de los periodistas. Régimen normativo de la profesión y organización de las empresas de comunicación, Madrid, Tecnos, 2002, p. 35.

[5] Sobre los orígenes de la libertad de expresión en las constituciones del siglo xix véase especialmente Gomez-Reino y Carnota, Enrique, Aproximación histórica al derecho de la imprenta y de la prensa en España (1480-1966), Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1977.

[6] Art. 20.3 ce.

[7] Sobre este tema véase un trabajo que a pesar de la fecha de edición sigue teniendo interés: Esteve Pardo, José, Régimen jurídico administrativo de la Televisión, inap, Madrid, 1984; sobre el derecho de acceso en el sistema holandés y las peculiaridades de su organización, véanse las p. 57 y s.; sobre el derecho de acceso en el régimen jurídico del Estado español, véase la p. 142.

[8] Art. 20.2 ce.

[9] Art. 20.5 ce.

[10] «Art. 129. 1. El juez o tribunal, en los supuestos previstos en este Código, y previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales, podrá imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias: a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de cinco años. b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación. c) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años. d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquéllos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años. e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario sin que exceda de un plazo máximo de cinco años. 2. La clausura temporal prevista en el subapartado a y la suspensión señalada en el subapartado c del apartado anterior, podrán ser acordados por el juez instructor también durante la tramitación de la causa. 3. Las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma.»

[11] Lasagabaster Herrarte, Iñaki, «Las televisiones....», op. cit., p. 30.

[12] Art. 80 ce.

[13] Art. 105 ce.

[14] Art. 120 ce.

[15] Véase el art. 18.g lbrl.

[16] Escobar, op. cit., p. 54 y 55.

[17] Fernández-Beaumont, José, «Configuración del sector audiovisual en España» en Tornos Mas, Joaquín (coord.), Democracia y..., op. cit., p. 17 y s. Algunos de los datos que utiliza este autor pueden sin embargo estar superados por la rapidez de los cambios accionariales producidos en las últimas fechas.

[18] Véase el trabajo de Tornos Mas, Joaquín, «Pluralismo y entidades de regulación» en Tornos Mas, Joaquín (coord.), Democracia..., op. cit., p. 213-230, en especial 226-230, donde analiza la singularidad del Consell Audiovisual de Cataluña; Carrillo, Marc, «Los medios públicos de comunicación» en Tornos Mas, Joaquín (coord.), Democracia y..., op. cit., p. 117-149, en especial las páginas 124-133 donde plantea la necesidad de las autoridades independientes de control y sus formas de operatividad.

[19] Por la prensa se ha tenido conocimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2003 en virtud de la cual se condena al Gobierno del Estado a pagar 26.000.000 de euros a Canal Satélite, como consecuencia del Decreto dictado por el Gobierno, y contrario al derecho comunitario, Decreto que perseguía obstaculizar el funcionamiento de Canal Satélite, mientras se desarrollaba otra empresa competidora, que era Vía Digital. El Tribunal señala la obligación de la Administración de indemnizar con más de 26.000.000 de euros.

[20] Escobar, op. cit., p. 54 y 55.

[21] En concreto, el canal 1 de rtve y el programa informativo dirigido por el periodista señor Urdaci.

[22] Huelga que tuvo lugar el día 19 de abril de 2002 en Euskal Herria y el 20 de abril en España.

[23] Escobar, op. cit., p. 56.

[24] Escobar, op. cit., p. 56.

[25] Art. 149.1.21 ce.

[26] Art. 149.1.27 ce.

[27] Véanse las sentencias del Tribunal Constitucional 10/1982, 26/1982, 44/1982, 154/1989 y 168/1993.

[28] stc 168/1993, fj 4.

[29] Art. 6 eapv.

[30] Art. 22 lnue.

[31] Art. 22 lnue.

[32] Art. 25 lnue.

[33] Art. 23 lnue.

[34] Art. 24 lnue.

[35] Salvador Coderch, Pablo, «Debate», en aavv, El régimen jurídico de la televisión, cec, Madrid, 1995, p. 58.

[36] Salvador Coderch, Pablo, op. cit. (la cursiva es del autor).

[37] Barceló i Serramalera, Mercè, «El respeto al pluralismo lingüístico en los medios de comunicación social», en Freixes, Teresa (coord.), Anuario 1990. Libertad de Expresión, ppu, Barcelona, 1991, p. 161 y 162; Rallo Lombarte, Artemi, Pluralismo informativo y Constitución, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 190.

[38] Rallo Lombarte, op. cit., p. 190.

[39] Rallo Lombarte, op. cit., p. 186.

[40] Art. 4.c del Estatuto de la radio y la televisión vasca.

[41] González Navarro, Francisco, Televisión pública y televisión privada, Cívitas, Madrid, 1982, p. 119.

[42] Art. 22 lnue.

[43] Desantes Guanter, José María, «El derecho a la información en las diversas lenguas españolas», en aavv, Jornadas de estudio sobre el título preliminar de la Constitución, vol. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1988, p. 1130.

[44] Art. 22 lnue.

[45] Rallo Lombarte, op. cit., p. 190.

[46] Carrillo, Marc, «La normativa lingüística y los medios de comunicación», en aavv, Estudios jurídicos sobre la Ley de política lingüística, Instituto de Estudios Autonómicos-Marcial Pons, Barcelona-Madrid, 1999.

[47] tve 1 y tve 2.

[48] A través de tve Internacional.

[49] Dos programas en un canal: art. 2 de la Orden de 9 de octubre de 1998.

[50] Incluyendo en lo relativo a su programación.

[51] Souviron Morenilla, José María, Derecho público de los medios audiovisuales: radiodifusión y televisión, Comares, Granada, 1999, p. 47.

[52] Por ejemplo, Telenorte en el País Vasco.

[53] sts de 9 de noviembre de 1988, art. 8678.

[54] La 1, la 2 y la realizada exclusivamente para Cataluña.

[55] Muñoz Machado, Santiago, Derecho Público de las Comunidades Autónomas, vol. I, Civitas, Madrid, 1982, p. 613 y 1998b, 46; Esteve Pardo, op. cit., p. 164 y s; Moderne, Frank, «Radio et Televisión en Espagne», en Debbasch, Charles (dir.), Radio et Télevision en Europe, cnrs, París, 1985, p. 244; Chinchilla Marín, Carmen, La radiotelevisión como servicio público esencial, Tecnos, Madrid, 1988, p. 160 y s.; Lazcano Brotons, Iñigo, «Medios de comunicación social y competencias de la Comunidad Autónoma Vasca», en aavv, Estudios sobre el Estatuto de autonomía del País Vasco, vol. ii, ivap, Oñati, 1990, p. 796-805; Laguna de Paz, José Carlos, Régimen jurídico de la televisión privada, Marcial Pons, Madrid, 1994, p. 167; Carrillo, Marc, «Unión Europea, comunidades autónomas y televisión», en Cremades, Javier (coord.), Derecho de las Telecomunicaciones, La Ley-Actualidad / Ministerio de Fomento, Madrid, 1997, p. 313; Gay Fuentes, Celeste, «La gestión autonómica de la televisión», en Cremades, Javier (coord.), Derecho de las telecomunicaciones, La Ley-Actualidad / Ministerio de Fomento, Madrid, 1997, p. 471; y Souviron Morenilla, op. cit., p. 67. En contra se pronuncian: Bastida Freijedo, Francisco J., «Las televisiones regionales en España», Autonomies. Revista Catalana de Derecho Público, 1987, 7, p. 59-61; Fernández Farreres, Germán, El paisaje televisivo en España. Características e insuficiencias del ordenamiento de la televisión, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 45.

[56] Decreto 157/1982, de 19 de julio.

[57] Ley 4/1996, de 11 de octubre y Ley 8/1998, de 27 de marzo.

[58] Como sucedía hasta la creación de etb 2.

[59] Lasagabaster Herrarte, I., El euskera y los medios de comunicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Jornadas sobre el Régimen Jurídico del Euskera, ivap, Oñati, 1990, p. 216 y 217.

[60] Art. 2.2 ertv.

[61] Entre ellas la previa aprobación de una ley autonómica que regulara la organización y el control parlamentario de ese canal que se concedía.

[62] Disposición adicional primera de la Ley 22/1999, de 7 de junio.

[63] En cuyo ámbito se encuentra indudablemente la contratación de programas.

[64] El proveedor de programas o titular de derechos sobre eventos.

[65] Distribuidores de películas, ligas deportivas, asociaciones deportivas internacionales, etc.

[66] Porque sería ingenuo pensar que la sociedad italiana tuviera, además, que admitir una oferta económica menor en virtud de lo que prescribe el ordenamiento español.

[67] Entre ellos la retransmisión de determinados partidos de la Liga de Fútbol Profesional, adquiridos a quien obtuvo en previo concurso tales derechos, adquisición declarada ilegal por una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

[68] Aprobado por rd 1362/19888, de 11 de noviembre.

[69] Incluyendo las eventuales referencias lingüísticas, aunque esto pueda resultar en el momento actual una reflexión un tanto ingenua.

[70] Art. 6.g ltlo.

[71] Con independencia de que luego obtengan o no concesión y se adapten a lo establecido en la Ley.

[72] Salvo en el escaso margen temporal que permite la Ley para una emisión en cadena.

[73] Si es simplemente un mérito o un requisito preceptivo de las emisiones que genera obligaciones al concesionario.

[74] Milian i Massana, Antoni, «Comentarios en torno de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística», Revista de Administración Pública, 2002, 157, p. 358.

[75] Aunque en este caso se reabre la cuestión de quién asume en el fondo esa responsabilidad pecuniaria.

[76] Algo que, a fecha de hoy, al menos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, resulta discutible en materia de televisión.

[77] Que incluye el establecimiento de una red de cable, su gestión, las relaciones con proveedores de servicios y usuarios, las interconexiones con otras redes de telecomunicaciones, etc.

[78] Aunque la Ley general de telecomunicaciones de 1998 reconoce transitoriamente los títulos otorgados con anterioridad a la misma, que deberán ser transformados, y reconoce también la posibilidad de operar en el sector a Telefónica.

[79] Quadra-Salcedo, Tomas de la, «El sistema de transición de los derechos especiales o exclusivos a un escenario de competencia y la filosofía de la liberalización», redeti, 1998, p. 236; Escobar, op. cit., p. 139.

[80] A veces como parte del paquete de la programación de una televisión vía satélite digital de acceso condicional.

[81] Hasta 2012, año en el que se producirá el llamado apagón analógico.

[82] En primer lugar a Quiero tv para la emisión de catorce programas y el segundo, el año 2002, a dos empresas —Veo tv y tv Net— para la emisión de un programa cada una, cuyas emisiones aún no han comenzado.

[83] Sólo las comunidades autónomas de Madrid y La Rioja han impulsado su creación, pero nada se puede decir en tal caso respecto del pluralismo lingüístico.

[84] stc 168/1993, de 27 de mayo.

[85] Estableciéndose así algo similar a lo que sucede en el caso de los terceros canales autonómicos de televisión.

[86] Por todas, puesto que hoy en día todas tienen competencia en la materia.

[87] Art. 3.h de la Ley 5/1982.

[88] Que ha de resultar proporcional a la relación entre los hablantes de esas lenguas, señala el Tribunal Supremo.

[89] Lazcano Brotons, op. cit., p. 850 y s.

[90] Por ejemplo, la Orden de 26 de junio de 2002.

[91] Así, la Orden de 2 de septiembre de 1996.

[92] Por la falta previa de audiencia, por la extensión de la responsabilidad a todo el colectivo, por la debilidad de las pruebas que han trascendido a la opinión pública, por la falta de proporcionalidad de una medida judicial que de facto suspende el derecho a emitir y recibir libremente información, recogido en la ce, de una gran multitud de personas que nada tiene que ver con los hechos que se imputan, existiendo la posibilidad de alternativas menos gravosas.

[93] La intervención judicial de la empresa, por ejemplo.