La defensa de la competencia en la era de internet
| Autor | Juan Amadeo Petitbò |
(*) La conferencia ha sido organizada con la siguiente estructura: en primer lugar, haré referencia al impacto de Internet en las economías de mercado desarrolladas y a los cambios registrados en la economía española; en segundo lugar, me referiré a los principios inspiradores de la libre competencia y la desregulación haciendo mención a algunas resistencias procedentes de las administraciones públicas; en tercer lugar, relacionaré el derecho de la competencia con el análisis económico; en cuarto lugar, recordaré el desarrollo de la legislación de defensa de la competencia en España y su aplicación a determinadas conductas. Y, por último, efectuaré unas breves conclusiones.
Empiezo, pues, con el tema de Internet cuyo desarrollo está modificando el marco en el que tiene lugar la actividad económica. Y la extensión e intensidad de su uso contribuyen a explicar las diferencias entre las tasas de crecimiento de las economías norteamericana y europea. La fuerza transformadora del mouse y del .com, .net, .es, o de cualquier otro dominio de primer nivel o territorial, es incuestionable.
Internet contribuye a la globalización de los mercados y, al mismo tiempo, dicha globalización exige el empleo de Internet. La economía, ahora, se internacionaliza y se internetiza en un proceso retroalimentado. Además, Internet se está convirtiendo en un poderoso instrumento de difusión del progreso técnico y la innovación, y de fomento del cambio. Su papel recuerda el de las telecomunicaciones, el ferrocarril y la electricidad que, a finales del siglo XIX, contribuyeron a ampliar los mercados, aumentar la dimensión de las empresas, mejorar la productividad, reducir los costes medios y, en consecuencia, a acentuar la competencia entre unidades de producción. Internet contribuirá a fomentar la competencia a través de la mayor transparencia de los mercados y la ruptura del monopolio de la información. Pero también Internet puede contribuir a reducir la competencia, tanto en el propio sector como en el resto de los sectores, al extender a mercados conexos eventuales situaciones de posición de dominio o al facilitar el intercambio de información entre operadores económicos.
Todo ello tiene lugar en un momento en el que la economía española y las empresas se han abierto considerablemente al exterior, sus empresas públicas se han privatizado y sus mercados se han liberalizado o están en trance de ser liberalizados. Ahora el crecimiento de la economía española es compatible con una inflación que puede ser controlada y dicho crecimiento contribuye a la creación de puestos de trabajo y a fomentar la inversión y el gasto de las familias.
Además, hemos apostado por las reformas estructurales y por la eliminación de la regulación ineficiente. Los resultados alcanzados son inequívocamente positivos aunque el proceso no haya terminado y algunas resistencias hayan frenado la cadencia de la marcha. Se han dado pasos por la senda adecuada y la andadura debe seguir a un ritmo vivo y sin interrupciones.
Nuestros empresarios han modificado rápidamente y con eficiencia la forma de entender la dimensión y la dirección de las empresas. Hemos pasado de una actitud pasiva y dependiente del exterior a una actitud activa, impulsora de potencialidades. Ahora miramos al mundo como un objetivo y creemos que las nuevas tecnologías y la competencia libre y leal son las llaves del futuro. La inversión extranjera convive con nuestras inversiones en el exterior, nuestras empresas ocupan lugares de liderazgo en Latinoamérica, no se arredran cuando el destino de las inversiones es China, Suiza o Estados Unidos, y es frecuente que obtengan mayores ingresos fuera de España que en nuestro país.
En este marco de referencia, las cuestiones relacionadas con la promoción y defensa de la competencia ocupan un lugar destacado en los medios de comunicación y constituyen un ingrediente importante en las estrategias empresariales. Sin embargo, los avances también son testigos de conductas proteccionistas justificadas con insostenibles argumentos apoyados en la defensa de los intereses nacionales o en la teoría obsoleta de los 'campeones nacionales'. Tales conductas se traducen en barreras de entrada - afortunadamente frágiles- en perjuicio de unas empresas y en beneficio de otras. Telecom Italia/Deutsche Telekom, Champalimaud, Banco de Italia/BSCH/BBV, Vodafone/ Mannesmann, constituyen ejemplos inequívocos de que la libre y leal competencia todavía no es el criterio soberano que dirige el comportamiento de las empresas ni de todos los gobiernos.
Ahora bien, los argumentos favorables a la liberalización de los mercados son más poderosos que las citadas resistencias. Europa ha tomado conciencia de que en una economía globalizada no es aconsejable alejarse de la cabeza del grupo de países más desarrollados cuyo sector productivo opera con niveles de productividad superiores. Y en estos momentos nuestra referencia es Estados Unidos cuya economía se caracteriza por unas elevadas tasas de crecimiento económico sostenido acompañadas de un elevado nivel de empleo, de una inflación reducida y de un mayor dominio de las nuevas tecnologías.
La constatación de este hecho ha promovido una rápida reacción por parte de los países europeos cuya primera etapa ha sido la Cumbre de Lisboa. El resultado de la Cumbre se ha materializado en la elaboración de un programa de reformas -en general, fechadas- cuyo objetivo es la modernización de Europa y la reducción de las diferencias en relación con el Nuevo Continente, sin olvidar el objetivo de la cohesión social.
En mi opinión, del análisis de los resultados de la Cumbre debe destacarse que, a diferencia del pasado, ahora hemos sido impulsores del cambio. Los compromisos alcanzados se refieren al desarrollo inmediato de Internet, así como a la liberalización de las telecomunicaciones el próximo año. Pero el flujo liberalizador debe proseguir con la incorporación al proceso de los mercados del gas, la electricidad, los servicios postales y los transportes, junto a la reducción de barreras y otras medidas de calado, como las referidas a la formación y a la creación de empleo.
Con el telón de fondo de los compromisos de liberalización alcanzados en Lisboa, abordo ahora la segunda cuestión referida a los principios inspiradores de la defensa de la competencia y la desregulación. Se trata de una cuestión que cuenta ya con muchos años de historia.
Aristóteles se refirió al sabio Tales de Mileto cuyos conocimientos de economía le aconsejaron arrendar todos los molinos de aceite de Mileto y Quios ante las perspectivas de una buena cosecha, convirtiéndose en un monopolista consciente que, tras subarrendar los molinos después de la recolección, obtuvo pingües beneficios.
La conclusión de Aristóteles era muy sencilla: los sabios (monopolistas, añadiría, para precisar la cuestión) si quieren, pueden enriquecerse. En efecto, el monopolio abre las puertas a la posibilidad de obtener beneficios extraordinarios que no podrían ser conseguidos en ausencia de dicho poder.
Posteriormente, el análisis económico ha ido recogiendo los cambios promovidos por el desarrollo de las fuerzas productivas, y ha puesto de relieve que el mecanismo que coordina los objetivos de los productores y los consumidores es el sistema de precios. La 'mano invisible' de Adam Smith se cosifica y pierde su invisibilidad cuando sintetiza los deseos y la escasez a través de dicho sistema, de forma que los mercados de los bienes y servicios se equilibran en aquel punto en que coinciden la oferta y la demanda. Y en dicho punto todos aquéllos que intervienen en el mercado optimizan sus objetivos: los ciudadanos, su utilidad, y las empresas sus beneficios, alcanzándose el equilibrio competitivo y maximizándose los beneficios de la sociedad, de acuerdo con Adam Smith, o el 'dividendo nacional', de acuerdo con Pigou.
Sin embargo, el propio sistema de mercado genera incentivos para que los agentes económicos elaboren estrategias dirigidas a incidir sobre el sistema de precios mediante acuerdos colusivos o explotando su posición de dominio. Y la falta de competencia, igual que la regulación ineficiente, genera costes evitables y precios que pueden ser reducidos mediante la liberalización y la supresión o modificación de dicha regulación.
En efecto, la OCDE ha estimado, sobre la base de los datos correspondientes a la economía española en 1990, que los efectos potenciales, directos e indirectos, de la eliminación de la regulación ineficiente suponían, en aquellos momentos, y sobre la base de un análisis estático que minusvaloraba los resultados, entre el 4 y el 5 por ciento del PIB.
Las conclusiones de la OCDE, aplicadas a distintos sectores de varios países, permiten sostener que la eliminación de la regulación ineficiente se traduce en efectos beneficiosos para la economía, las empresas eficientes y los ciudadanos dado que, al igual que la competencia, contribuye a reducir los precios, de manera que facilita el control de la inflación; también contribuye a incrementar la inversión, la producción y la tasa de crecimiento, a mejorar la productividad, a incrementar los salarios reales y a reducir los beneficios extraordinarios derivados de la posibilidad de fijar los precios por encima de los correspondientes al nivel de competencia. Por último, fomenta la mejora de la innovación y la calidad de...
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