Biotecnología agraria y alimentaria: problemas éticos subyacentes en las decisiones de la política de investigación

Introducción

Un problema importante, en la ciencia actual, es la tensión entre la política de investigación, que subraya el compromiso óptimo entre riesgo y beneficio, y la política que trata de satisfacer el criterio de un consentimiento con conocimiento de causa. Un segundo problema se refiere al papel de los organismos oficiales a la hora de adoptar opciones sobre investigación y a las cuestiones sobre responsabilidades en cuanto a las consecuencias, ya sean buscadas o imprevistas. Un tercer problema se refiere al papel adecuado de la incertidumbre y la precaución al evaluar y planificar la investigación. Y un cuarto concierne al impacto socioeconómico de la biotecnología agraria en la viabilidad de las explotaciones y de las comunidades rurales y en el proceso de globalización.

Las ciencias agrarias ofrecen un ejemplo interesante para estudiar los problemas éticos de la evaluación tecnológica, especialmente en lo que respecta a los productos obtenidos por transferencia de genes. A nivel mundial, la investigación agraria ha sido organizada y realizada, durante más de un siglo, por organismos públicos, tales como los centros de investigación nacionales e internacionales, y científicos universitarios, financiados por los gobiernos. Desde un principio, la investigación agraria ha sido eminentemente aplicada, orientada hacia descubrimientos y desarrollos tecnológicos que condujesen a la mejora de la producción de alimentos y fibras, así como de la calidad de la vida rural. Además, la tecnología agraria y sus efectos socioeconómicos han sido extensamente estudiados por los sociólogos durante muchas décadas. Aunque esta investigación no se haya realizado en el marco de actividades de evaluación de carácter oficial, sí se ha llevado a cabo en diversos entornos nacionales, ha utilizado muchos métodos de las ciencias sociales y ha examinado una amplia variedad de problemas.

Las ciencias agrarias constituyen un caso especialmente interesante para examinar los problemas éticos de la evaluación tecnológica, especialmente respecto a los productos obtenidos mediante transferencia de genes

Sobre la base de estos conocimientos, los gestores de la investigación han abordado el desarrollo de las nuevas tecnologías agrarias y alimentarias que utilizan técnicas de cartografía genética y de transferencia de genes de un organismo a otro, con una gran confianza en su capacidad para seleccionar temas de investigación adecuados. Dada la controversia y la confusión con que se ha acogido la aparición de los productos de la biotecnología agraria y alimentaria, es claro que esta confianza no estaba plenamente justificada. Una de las principales causas de este fracaso ha sido olvidar los problemas éticos, tanto en la evaluación de la investigación agraria como en la toma de decisiones políticas, que se basó en la bibliografía existente en los años 1980.

El impacto social de la ciencia y la tecnología agraria ha sido evaluado durante varias décadas, utilizando, sobre todo, modelos de simulación económica

Evaluación de la ciencia y la tecnología agrarias

Como se ha indicado, el impacto social de la ciencia y la tecnología agrarias se ha venido evaluando durante varias décadas. Este estudio se ha basado en modelos de simulación económica, desarrollados principalmente para examinar y predecir el comportamiento de precios y cantidades en el sector agrario, tanto en economías desarrolladas como en países en vías de desarrollo. Muchas tecnologías agrarias se prestan a la evaluación de su impacto sobre rendimientos de productos, y los datos sobre tasas de adopción por los agricultores y sobre rendimientos permiten incorporar estas estimaciones a los modelos sectoriales agrarios. A partir de los años 60, estos modelos básicos comenzaron a incorporar técnicas para evaluar las externalidades negativas atribuibles al impacto medioambiental y a la contestación social. Berardi y Geisler (1984) han recopilado un conjunto de trabajos clave publicados en la bibliografía.

La literatura sobre evaluación en ciencias agrarias es demasiado amplia para resumirla aquí. El libro de Vernon Ruttan Agricultural Research Policy (1985) ofrece un panorama general y el de Rossmiller Agricultural Sector Planning (1978) describe una metodología interdisciplinar para identificar las necesidades de investigación y poner en práctica un sistema participativo para la evaluación continua del impacto de la investigación. Publicaciones más recientes de Huffman y Evenson (1993) y del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de EE.UU. (1995) actualizan esta bibliografía. La obra de Johnson y Bonnen Social Science Agricultural Agendas and Strategies (1991) recoge trabajos de muchos de los principales investigadores mundiales en ciencias agrarias, resumiendo lo que se conoce y las necesidades que aún se han de abordar, en relación con la evaluación del rendimiento de los sistemas agrícolas y de alimentos.

Los modelos sectoriales agrarios existentes ofrecen diversos modelos a los analistas para desagregar las distintas influencias sobre el rendimiento de los sistemas, y para formular juicios defendibles sobre la influencia relativa de los distintos factores

Los modelos sectoriales agrarios existentes ofrecen diversas vías a los analistas para desagregar las distintas influencias sobre el rendimiento de los sistemas, y para formular juicios defendibles sobre la influencia relativa de los distintos factores, incluida la innovación científica y tecnológica. Admitiendo algunas hipótesis plausibles, los modelos diseñados para predecir el rendimiento del sector agrario, respecto a precios de productos y externalidades medioambientales, pueden servir de base para la evaluación tecnológica. En primer lugar, hay que asumir que, en situaciones de mercados competitivos, las ganancias para los productores agrícolas o para los consumidores de alimentos (en forma de precios más bajos de éstos) representan resultados beneficiosos. En segundo término, hay que asumir que es posible comparar tales resultados beneficiosos con los resultados negativos, de forma que se reflejen adecuadamente todos los parámetros relevantes para el proceso de evaluación. Pese a que estas hipótesis son, en principio, plausibles, la experiencia de la biotecnología agraria muestra varios puntos débiles.

Primero: los métodos económicos y sociológicos utilizados antes de 1980 se orientaban, casi exclusivamente, hacia un modelo utilitario y consecuencialista de la evaluación tecnológica, y apenas ofrecían una imagen sobre el modo en que la ciencia y la tecnología pueden suscitar problemas éticos sobre derechos y consentimiento. Este problema resulta especialmente evidente respecto al modo en que se olvidaron los intereses de los consumidores al evaluar el uso de las técnicas de ADN recombinante para producir alimentos modificados genéticamente. Segundo: estos métodos estaban tan centrados en los resultados que olvidaban cómo se pueden utilizar los motivos y el carácter moral de los actores para evaluar la aceptación de los productos y la credibilidad de la información relativa a la biotecnología.

Pese a su verosimilitud, los modelos diseñados para predecir el rendimiento del sector agrario presentan una serie de puntos débiles derivados, en particular, de su orientación exclusiva hacia un modelo utilitario o consecuencialista de la evaluación tecnológica

Un tercer punto débil se refiere a los riesgos medioambientales de los productos modificados genéticamente, y un cuarto al efecto de la ingeniería genética sobre la estructura socioeconómica de las comunidades agrarias y rurales. Estos dos puntos son sorprendentes, en tanto en cuanto la investigación sociológica sobre la innovación agraria ofrece muchas razones para suponer que el impacto medioambiental y las consecuencias sociales serían fuente de controversia. Se puede concluir que quienes toman las decisiones simplemente ignoraron las lecciones de las evaluaciones previas de la tecnología agraria. Por el contrario, sin embargo, respecto a las consecuencias medioambientales y sociales, la forma en que se conceptualizó la información sobre la evaluación puede presuponer una orientación ética determinada. La actual controversia social sobre biotecnología agraria puede reducirse a una forma un tanto más estrecha de comprender el significado ético del proceso de evaluación (Thompson, 1997a).

Optimización frente a consentimiento

Hasta 1980, la práctica totalidad de la investigación sociológica sobre evaluación de la investigación agraria tenía una orientación ética implícita hacia lo que los filósofos llamarían utilitarismo o consecuencialismo. En este modelo, la investigación científica y el desarrollo tecnológico se conciben implícitamente como agentes desencadenantes que dan lugar a una multiplicidad de efectos sobre la salud humana, animal y medioambiental y el bienestar de los individuos, así como sobre los indicadores socioeconómicos agregados, el PIB, la distribución de la renta, los presupuestos nacionales, la balanza de pagos, etc. (Thompson, Ellis y Stout, 1991). Como indica Barré (1999), los retos metodológicos que plantea la modelización de los complejos mecanismos sociales que intervienen y la medida de estos impactos, son enormes. En este contexto, sin embargo, es más importante destacar las presunciones normativas implicadas en esta conceptualización de la evaluación.

El utilitarismo o consecuencialismo considera la investigación científica y el desarrollo tecnológico como factores desencadenantes de una multiciplicidad de efectos, más o menos cuantificables

La idea clave es que cada impacto de la investigación, tal y como antes hemos definido, puede interpretarse como beneficioso o perjudicial para el bienestar social o individual. Las inversiones en ciencia y tecnología deberían favorecer los efectos beneficiosos. Dada la escasa probabilidad de que existan beneficios aislados, los gestores de la investigación deben asegurarse de que los beneficios sobrepasan a los perjuicios y deben considerar que la inversión en investigación es un proceso de búsqueda de la mejor relación posible entre resultados beneficiosos y resultados perjudiciales. Esta norma se expresa habitualmente como la búsqueda de la mejor tasa de beneficios frente a costes y deriva de la formulación de John Stuart Mills de la máxima utilitaria, según la cual la acción que está éticamente justificada es la que consigue "el mayor bien para el mayor número".

La premisa del utilitarismo es actuar de modo que se consiga el mayor bien para el mayor número. Desde este punto de vista, las inversiones en ciencia y tecnología deben favorecer los efectos beneficiosos y minimizar los negativos

La biotecnología agraria ha sido objeto de una abundante evaluación prospectiva, utilizando un modelo de decisión derivado de la máxima utilitaria. Milton Hallberg (1992) ha recopilado la extensa bibliografía sobre evaluación de un solo producto biotecnológico, la somatotropina bovina recombinante. Como quiera que los riesgos para el consumidor se consideraron muy pequeños y los beneficios, en forma de precios más bajos, se consideraron significativos, nunca se estimó que la aceptación de la tecnología por parte de los consumidores fuese un criterio importante en las evaluaciones ex ante. Ahora está claro, sin embargo, que incluso los consumidores que manifestaron su interés en probar alimentos modificados genéticamente se quejaban amargamente de un sistema de comercialización que les negaba la oportunidad de dar o retirar su consentimiento. Incluso quienes se consideraban a sí mismos como beneficiarios potenciales de esos alimentos insistían, sin embargo, en su derecho a decidir por sí mismos si comerlos o no (véase Durant, Bauer y Gaskell, 1998).

El modelo utilitario utilizado para conceptualizar el proceso de evaluación no consiguió prever la resistencia del público frente a la biotecnología agraria, a causa de sus fallos en los temas de coerción, consentimiento y derechos

Esto debe considerarse como un defecto ético, no en el sentido de que quienes hayan planificado y evaluado la investigación agraria hayan actuado de forma poco ética, sino porque la orientación utilitaria del modelo utilizado para conceptualizar el proceso de evaluación tiene fallos en los temas de coerción, consentimiento y derechos. Desde hace años se reconoce la debilidad del pensamiento utilitario respecto a estos temas. Aunque es posible adaptar los modelos sociológicos de evaluación de consecuencias para reflejar más exactamente la importancia del consentimiento y de los derechos, puede ser más fácil conceptualizar estos temas como elementos diferentes en el proceso de evaluación. Esto es, además de evaluar los efectos causales de un programa de investigación, los evaluadores deben preguntarse cómo esta investigación (o sus productos) puede afectar a los derechos detentados por las partes afectadas, antes de la puesta en práctica de una nueva tecnología. Si estos derechos se ven afectados, el reto para los gestores de la investigación consiste en esforzarse por asegurar la participación y el consentimiento de las partes afectadas, más que simplemente convencerse a sí mismos de que los beneficios esperados superan a los costes (véase Thompson 1997b; 2000).

Intenciones, intereses y motivos

Un segundo punto débil de la evaluación utilitaria estándar es que, al mirar tan intensamente hacia las consecuencias futuras de una actividad científica, tiende a olvidar el pasado. Sin embargo, en la valoración ética de las acciones humanas, todo lo que condujo a una acción puede ser más importante que las consecuencias que se siguen de ella. En particular, las intenciones, intereses y motivos de quienes realizan los actos pueden decidir si dichos actos son correctos o equivocados. Apretar un gatillo puede ser un acto heroico o perdonable en un caso, mientras que en otro puede ser un asesinato; y un análisis de las consecuencias en uno y otro caso puede no ser especialmente sensible a las diferencias entre los dos.

Un segundo punto débil de la evaluación utilitaria estándar es que no tiene en cuenta las intenciones, intereses y motivos y, por tanto, no logró prever el impacto negativo de la percepción, por parte del público, de que los actores principales buscaban controlar y dominar la investigación sobre semillas y tecnología agraria

Respecto a la tecnología agraria de los años 80 y 90, los actores principales parecen haber buscado posiciones para controlar y dominar la investigación sobre semillas y sobre tecnología agraria en el futuro. Ciertamente las empresas comerciales, como Monsanto, Novartis y Dupont, esperan obtener beneficios de sus actividades de investigación, pero también hay razones para creer que sus actividades van más allá de la simple búsqueda de beneficios, y tratan de controlar el sistema agrario y alimentario. Además, aunque es lógico que la investigación financiada por el sector privado deba obtener beneficios, las nuevas biotecnologías agrarias han venido acompañadas por un reconocimiento creciente del modo en que la búsqueda de beneficios puede afectar también a la política de investigación del sector público. Todo ello ha socavado la credibilidad de los actores clave en el campo de la biotecnología agraria.

Barré (1999) pide mayor atención hacia las redes de actores implicados en investigación y desarrollo, y la biotecnología agraria puede ser un buen ejemplo. Con pocas excepciones, la evaluación de la investigación agraria, realizada antes de 1980, prestó poca atención a los intereses, intenciones y motivos de los actores. E incluso cuando lo hizo, pocas veces se integraron en las evaluaciones prospectivas de la biotecnología agraria de un modo que hubiese podido ayudar a los gestores de la investigación a apreciar cómo la evolución de las relaciones científicas entre el sector público y la industria podría comprometer la aceptación de la tecnología en el futuro. Respecto al consentimiento, las razones de ello podrían encontrarse en las limitaciones debidas al sesgo utilitario de los instrumentos sociológicos primarios utilizados para realizar y comunicar la evaluación de la investigación agraria.

Riesgos medioambientales de la biotecnología agraria

Las consecuencias medioambientales de la biotecnología agraria vienen siendo fuertemente contestadas desde que se realizaron los primeros ensayos de campo de bacterias modificadas genéticamente, a principios de los años 80. Así pues, los gestores de la investigación, los planificadores y los evaluadores no deben olvidar la necesidad de evaluar el impacto medioambiental. Además, es ciertamente posible que el enfoque utilitario de la evaluación de la investigación incorpore la evaluación de dicho impacto. Aunque la especificación técnica del riesgo medioambiental puede ser bastante compleja, en la mayoría de los sistemas utilitarios o consecuenciales de evaluación el riesgo se trata como un valor esperado, los resultados perjudiciales se evalúan probabilísticamente y el riesgo de una tecnología se convierte en una función de probabilidad y grado de peligro.

Aunque el enfoque utilitario puede incorporar una evaluación del impacto medioambiental, el que los beneficios de reducir los riesgos medioambientales sean bienes públicos significa que los mercados no proporcionan incentivos para reducirlos

La interpretación del riesgo como valor esperado sugiere dos estrategias para enfrentarse con las consecuencias medioambientales no deseadas de la tecnología. Una consiste en tratar los riesgos conceptualmente como una forma de coste, sometiéndolos a una optimización de tipo coste-beneficio. En cierto sentido, no hay nada especial en las consecuencias medioambientales, ya que, en un análisis estándar coste-beneficio, prácticamente todos los costes y beneficios son probabilísticos por naturaleza y se modelizan en la evaluación como valores esperados. Sin embargo, se cree que los costes medioambientales poseen características que los distinguen de los costes directos, soportados directamente por productores y consumidores, en el sentido de que los beneficios de reducir los riesgos y costes medioambientales son bienes públicos. Como tales, los mercados no proporcionan incentivos para reducirlos.

La consecuencia es que, cuando los riesgos se interpretan como valores esperados, los efectos medioambientales no deseados se consideran como problemas de regulación. Los organismos oficiales de regulación evalúan el impacto medioambiental y regulan los mercados de modo que se obtengan los beneficios de una menor contaminación y daño medioambiental. Este enfoque general fue aceptado por los organismos de investigación, públicos y privados, que realizaban desarrollo de productos de biotecnología agraria en los años 80 y principios de los 90 (Bosin, 1990; Townsend, 1993). Sin embargo, la evaluación del riesgo medioambiental se conceptualizó también como una actividad esencialmente técnica, más que como una actividad en la que la ética juegue un papel. A este respecto, las hipótesis utilitarias del enfoque dominante en la investigación agraria y la evaluación tecnológica pueden haber inducido a error a quienes toman las decisiones. En 1999, la confianza del público en la capacidad de los organismos reguladores para hacer frente a los riesgos medioambientales de la biotecnología agraria había disminuido considerablemente (Durant, Bauer y Gaskell, 1998).

Al inclinarse hacia una caracterización del riesgo en términos de probabilidad y grado de perjuicio medioambiental, la orientación a los valores esperados adoptada por el modelo utilitario de evaluación va en contra de un sistema precautorio de toma de decisiones

El problema ético subyacente se refiere a cuál sea la norma adecuada para evaluar el posible impacto medioambiental. Al inclinarse hacia una caracterización del riesgo en términos de probabilidad y grado de perjuicio medioambiental, la orientación a los valores esperados adoptada por el modelo utilitario de evaluación va en contra de un sistema precautorio de toma de decisiones. En el modelo de precaución, la incertidumbre tiene prioridad sobre lo que se conoce acerca de posibles beneficios y costes; el riesgo medioambiental no se caracteriza en términos de resultados potenciales conocidos y la probabilidad de que ocurran. En comparación con la preferencia por elegir la relación óptima entre coste y beneficio, el modelo de precaución es considerablemente más abierto. Como aproximación a la evaluación, cuesta trabajo presentar la información sobre ésta de modo que no lleve a la audiencia a suponer que los riesgos conocidos deben ser la base para la decisión, más que los riesgos desconocidos. De este modo, se abre la posibilidad de que un criterio no comparativo y no optimizador para hacer frente al impacto medioambiental llegue a considerarse el adecuado para que quienes toman las decisiones lo utilicen en una situación determinada (Ticknor, 1999).

Consecuencias sociales de la biotecnología agraria

Basándose en sólidos estudios de las tecnologías agrarias anteriores, los sociólogos pronostican que la biotecnología agraria contribuirá a reestructurar la agricultura, al continuo declive de las pequeñas explotaciones familiares y a la concentración del poder económico en unas pocas empresas agrarias (Kalter, 1985; Kloppenburg, 1985; Kenny, 1986). Estos pronósticos dieron lugar a varios años de acaloradas discusiones en EE.UU., centradas, en su mayor parte, en las posibilidades de aceptación de las consecuencias sociales asociadas a la somatotropina bovina recombinante. Unos defendían que los beneficios para el consumidor compensaban los costes sociales en que incurrían los agricultores y las comunidades rurales (Tweeten, 1991). Otros pensaban que estas consecuencias sociales deberían regularse del mismo modo que la salud pública y el impacto medioambiental (Lacy y Busch, 1991). La cuestión quedó zanjada en EE.UU. al publicarse un informe oficial en 1994, según el cual "En ningún momento el gobierno federal ha evitado que se adopte una tecnología por motivos socioeconómicos" (Oficina Ejecutiva del Presidente de EE.UU., 1994, págs. 35-36).

Al dejar que el mercado decida la aceptación de una tecnología, el gobierno de EE.UU. permite que los recursos productivos se asignen de acuerdo con las fuerzas de mercado que regulan las inversiones de capital. El debate ético y político sobre la distribución de la riqueza en la sociedad se centra, por tanto, en la política fiscal redistributiva y en los programas de capacitación

En el enfoque del gobierno norteamericano sobre las consecuencias sociales hay una orientación ética implícita, y es que el debate sobre dichas consecuencias gira en torno a la distribución de los costes y beneficios de la biotecnología. Al no intervenir en los mecanismos del mercado que influyen sobre las decisiones de los productores para adoptar o rechazar una tecnología, el gobierno de EE.UU. permite que los recursos productivos se asignen de acuerdo con las fuerzas de mercado que regulan las inversiones de capital. Entonces, el debate ético y político sobre la distribución de la riqueza en la sociedad se centra en la política fiscal redistributiva y en los programas de capacitación. Es difícil que los organismos oficiales manipulen el complejo proceso de inversión y de toma de decisiones de los productores y, puesto que estas decisiones las toman las empresas privadas, el interés público en sus resultados puede no estar claro. En contraste, los impuestos y los programas de capacitación se discuten en un foro político que está más claramente relacionado con la justicia distributiva. Además, la preferencia de EE.UU. por el capitalismo, y no por la planificación centralizada en los sectores productivos de la economía, favorece fuertemente este enfoque.

El razonamiento sería convincente, si no fuese porque las innovaciones tecnológicas pueden dar lugar no sólo a una reestructuración que refleje la eficiencia de producción y la distribución de la riqueza, sino también a una transformación de las capacidades que equivale a redefinir derechos constitucionales básicos (Winner, 1983). El sistema de derechos de propiedad, en vigor en un momento determinado, refleja un consenso social y jurídico sobre reglas de acceso, control, intercambio y derecho a utilizar bienes, pero también refleja capacidades físicas y biológicas básicas respecto a esos bienes. El sistema legal de derechos de propiedad incluye el derecho a transportar bienes muebles, por ejemplo, pero no parcelas de terreno o masas de agua porque éstas son, por su propia naturaleza, características permanentes de un paisaje determinado. Sin embargo, las innovaciones biotecnológicas han desagregado ciertos rasgos (por ejemplo, características específicas de plantas o animales o, en el caso del llamado gen Terminator, la propia capacidad reproductora biológica) de forma tan radical que han viciado los derechos de propiedad que pudieran tener los agricultores sobre las semillas o sobre el ganado de cría. Es, pues, dudoso que el antiguo consenso social sobre las reglas de intercambio de la propiedad y de las inversiones de capital en la producción agraria pueda transponerse sin más a un mundo post-biotecnológico, sin ofrecer oportunidades para la renegociación y el debate político (véase Kloppenburg, 1988).

Es dudoso que el antiguo consenso social sobre las reglas de intercambio de la propiedad y de las inversiones de capital en la producción agraria pueda transponerse sin más a un mundo post-biotecnológico, sin ofrecer oportunidades para la renegociación y el debate político

Es claro que las cuestiones económicas, políticas y sociológicas que comporta ese debate son complejas, y toda discusión sobre ellas queda fuera de los límites de este trabajo. El punto importante es, simplemente, que la evaluación de las consecuencias socioeconómicas de la ciencia y la tecnología sería incompleta si no abordara la posibilidad de reestructuración a nivel constitucional. Este punto posiblemente se ha pasado por alto o se ha encubierto en las discusiones de la última década sobre las consecuencias sociales de la biotecnología agraria.

Conclusión

Quizás la necesidad más clara de que la ética intervenga en la evaluación del impacto socioeconómico de la investigación científica y la innovación tecnológica es, simplemente, que la integridad científica exige un proceso de evaluación honesto y verdadero. Para un observador casual, puede parecer que la evaluación ética exige poco más que rigor y honestidad por parte de los evaluadores. Sin embargo, el ejemplo de la biotecnología agraria indica que hay una serie de vías por las que el sesgo ético puede quedar oculto en la propia metodología de evaluación. Incluso los analistas que más se esfuerzan por ser objetivos pueden producir estudios de evaluación donde no se identifiquen cuestiones en las que los productos finales de la innovación científica crean problemas con respecto al consentimiento individual, o a las intenciones y conductas de los actores principales. Las metodologías que presuponen un enfoque determinado de la cuantificación de los riesgos pueden pasar por alto u ocultar problemas éticos que emergen cuando el enfoque de precaución se considera como una alternativa a la optimización de la relación riesgo-beneficio. Las metodologías de evaluación también pueden ocultar el significado más profundo de las consecuencias socioeconómicas, cuando se representan únicamente como elementos de la justicia distributiva.

--------------------------------------------------------------------------------

Palabras clave

biotecnología agraria y alimentaria, evaluación de la investigación, opciones de política científica, riesgo, impacto social

Referencias

Barré, R., Programas de investigación de financiación pública: Evaluación del impacto socioeconómico y necesidades de los usuarios. The IPTS Report 40 (Dic.):5-10, 1999.

Berardi, G. M., y Geisler, C.C., Eds.. The Social Consequences and Challenges of New Agricultural Technologies. Boulder, CO: Westview Press, 1985.

Bosin, M., Policymakers address biotechnology: Issues and responsibilities. In D. J. Webber, Ed. Biotechnology: Assessing Social Impacts and Policy Implications. Westport, CT: Greenwood Press, Pp 167-180, 1990.

Durant, J., Bauer, M.W., y Gaskell, G., Eds. Biotechnology in the Public Sphere: A European Sourcebook. London: The Science Museum, 1998.

Hallberg, M., Ed. Bovine Somatotropin and Emerging Issues. Boulder, CO: Westview Press, 1992.

Huffman, W. E., y Evenson, R., Science for Agriculture: A Long Term Perspective. Ames, IA: Iowa State University Press, 1993.

Johnson, Glenn L., y Bonnen, J.T., Social Science Agricultural Agendas and Strategies. East Lansing, MI: Michigan State University Press, 1991.

Kalter, R., The new biotech agriculture: unforeseen economic consequences, Issues in Science and Technology 13:125-133, 1985.

Kenny, M., Biotechnology: The University-Industrial Complex. New Haven, CT: Yale University Press, 1986.

Kloppenburg, J. Jr., The social impacts of biogenic technology in agriculture: Past and future, En G. M. Berardi y C. C. Geisler, Eds. The Social Consequences and Challenges of New Agricultural Technologies. Boulder, CO: Westview Press, Pp. 291-321, 1985.

Kloppenburg, J. Jr. First the Seed: The Political Economy of Plant Technology: 1492-2000. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Lacy, W., y Busch, L., The fourth criterion: Social and economic impacts of agricultural biotechnology, En J.F. MacDonald, Ed. Agricultural Biotechnology at the Crossroads: Biological, Social and Institutional Concerns. Ithaca, NY: National Agricultural Biotechnology Council, 1991.

Rossmiller, G. E., Agricultural Sector Planning , A General System Simulation Approach. East Lansing, MI: Michigan State University Press, 1978.

Ruttan, Vernon., Agricultural Research Policy. Minneapolis: U. Minnesota Press, 1985.

Thompson, Paul B., (1997a) Food Biotechnology in Ethical Perspective. London and New York: Chapman and Hall [Aspen Publishing], 1997.

Thompson, Paul B., (1997b). Food Biotechnology¿s Challenge to Cultural Integrity and Individual Consent, Hastings Center Report, 27(4): 1997, pp 34-38.

Thompson Paul B., Agricultural biotechnology, ethics, risk and individual consent, Encyclopedia of Ethical, Legal, and Policy Issues in Biotechnology, New York: Wiley, 2000.

Thompson, P. B., Lain Ellis, G., y Stout, B.A., Values in the agricultural laboratory, En P. B. Thompson y B. A. Stout, Eds. Beyond the Large Farm: Ethics and Research Goals for Agriculture Boulder, CO: Westview Press, 1991, pp. 3-32.

Ticknor, Joel A., A map toward precautionary decision making, En C. Raffensparger y J. Ticknor, Eds. Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle. Washington, DC: Island Press, 1999, pp 162-186.

Townsend, R., APHIS and agricultural research, En R. D. Weaver, Ed. U.S. Agricultural Research: Strategic Challenges and Opportunities. Bethesda, MD: Agricultural Research Institute, 1993, pp. 141-154.

Tweeten, L., The costs and benefits of bGH will be distributed fairly, The Journal of Agricultural and Environmental Ethics 4: 1991, pp108-120.

Departmento de Agricultura de Estados Unidos. Servicio de investigación económica. Agricultural Research and development: Public and private investments under alternative markets and institutions. Informe interno 9517. Washington, DC: USDA, 1995.

Oficina Ejecutiva del Presidente de Estados Unidos. Use of Bovine Somatotropin (BST) in the United States: Its Potential Effects + A Study Conducted by the Executive Branch of the Federal Government. Washington, DC: Government Printing Office, 1994.

Winner, L., Techné and politea: the technological constitution of society. En P. T. Durbin y F. Rapp, Eds. Philosophy and Technology Dordrecht: D. Reidel, 1983, pp. 97-111.

Contacto

Paul B. Thompson, Joyce and Edward E. Brewer Distinguished Professor, Department of Philosophy, Purdue University, West Lafayette, USA

Tel.: +1 765 494 42 95, fax: +1 765 496 16 16, correo electrónico: pault@herald.cc.purdue.edu

Sobre el autor

--------------------------------------------------------------------------------

Paul B. Thompson ocupa la cátedra Joyce and Edward E. Brewer de Ética Aplicada en la Purdue University, donde dicta cursos sobre filosofía de la tecnología. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre agricultura y biotecnología, como por ejemplo: The Spirit of the Soil: Agriculture and Environmental Ethics (1995) y Food Biotechnology in Ethical Perspective (1997).

"The IPTS Report, is the refereed techno-economic journal of the IPTS,

edited by D. Kyriakou, published monthly in English, French, German and

Spanish."