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La dimensión ética en la conducción de Instituciones Públicas

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Vincent
AutorJaime Rodríguez-Arana
Cargo del AutorCatedrático de Derecho Administrativo, Universidad de La Coruña
Páginas64-65

Page 64

El gobierno, la rectoría de los asuntos públicos en el Estado social y democrático de Derecho, está vinculado obviamente a la mejora de las condiciones de vida del pueblo, a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, de los habitantes. Así debe ser porque las decisiones de gobierno deben enmarcarse en la esencia de la democracia, que es, no podemos olvidarlo, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por eso, los gobernantes deben tener muy claro en sus actuaciones, que se deben al pueblo y que al pueblo deben explicar el sentido y la motivación de las medidas que adoptan. En efecto, el verdadero titular, el dominus, el dueño y el señor del poder público, de los tres poderes del Estado, es el pueblo. El soberano es el pueblo. El pueblo delega o encarga a sus representantes que ejerzan el poder en su nombre dándole cuentas permanentemente de cómo se administra, de cómo se gestiona. El gobierno, todos y cada uno de sus componentes, deben asumir, y practicar, una permanente rendición de cuentas desarrollando una acción pública transparente, eficaz y al servicio objetivo de los ciudadanos. Desde este punto de vista, vamos a referirnos brevemente a algunas de las características de un gobierno que pretenda resolver éticamente los problemas colectivos de los ciudadanos.

En primer lugar, ya lo hemos indicado, el gobierno debe comprometerse como su principal tarea en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos, de los que menos posibilidades tienen de desarrollar libre y solidariamente su personalidad en la sociedad. La mejora de las condiciones de vida se refiere a aspectos materiales e inmateriales. Desde el punto de vista material, cada vez está más asumido que los gobiernos democráticos enmarcados en el Estado social y democrático de Derecho han de garantizar un mínimo de ayuda social que permita a las personas desarrollarse como tales. Antes de tomar una decisión, el gobernante debe meditar acerca de si con esa medida se mejoran las condiciones de vida de los destinatarios de esa política pública porque de lo contrario habrá de rectificar y orientarse en función de la mejora permanente y constante de las condiciones de vida de las personas. En este tiempo de crisis, esta perspectiva, de notable dimensión ética, grava todavía más sobre la conciencia de los gobernantes, que deben imprimir a las políticas públicas un marchamo de sensibilidad social que hoy, afortunadamente, no es patrimonio o sello de una determinada ideología, sino característica común de cualquier política pública que pretenda ser profundamente humana.

En segundo término, la inserción del gobierno en el marco del Estado social y democrático de Derecho manifiesta la profunda y explícita vinculación que debe existir en el seno de un gobierno, y de cada uno de sus componentes, acerca de la realización del interés general...

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