Reforma fiscal y control del territorio: El Catastro de Ensenada o la confusión de Babel en Galicia

Autor:Pegerto Saavedra
Páginas:771-844
RESUMEN

I. Introducción. II. Una fuente muy usada por la historiografía gallega. III. La realización de las primeras operaciones. 1. Las actuaciones del intendente Avilés en Betanzos. 2. Los nuevos comisarios: Francisco Javier Serón y Juan Felipe Castaños. IV. Valoración de las fuentes resultantes de las primeras operaciones del catastro. V. Otros... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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    Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Invetigación HUM2005-06645/HIST, financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.


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I Introducción

En un extenso, vigoroso y argumentado informe fechado el 19 de marzo de 1751, que le valdría ser apartado de la dirección de las operaciones conducentes al establecimiento de la Única Contribución, el intendente de Galicia don Miguel Avilés Itúrbide concluía con desencanto que tal vez la reforma fiscal pudiese implantarse, pero en ese caso «no le faltarán las tragedias y sucesos que a el Catastro de Cataluña, ni también pleitos y quimeras en los pueblos». Y si la Real Junta constituida al efecto no daba otras reglas «más fáciles, más breves, más comprensibles, más seguras, más justificadas (...), será todo un desbarato y un desconcierto, después de tantos gastos, trabajo y pérdida de tiempo»1. Es bien sabido que al final la Única Contribución no llegó a ponerse en práctica, pero lo que realmente sorprende al historiador no radica tanto en este hecho como en el que la administración de Fernando VI lograse catastrar la corona de Castilla -salvo los territorios forales-, y dentro de ella el Reino de Galicia, cuyas operaciones supusieron confeccionar más de quince mil libros y registrar, entre otras variables, unos 29 millones de parcelas. EstoPage 772 es lo que en verdad asombra a quien se acerca al Catastro de Ensenada, tanto a la fuente en sí como al proceso complejo y trabajosísimo de su elaboración2.

A lo largo de la época moderna no son insólitas las fuentes creadas para llevar a cabo reformas fiscales que no pasaron de proyectos; un buen ejemplo lo constituye en la corona de Castilla el llamado «vecindario de la Sal», realizado en 1631 a instancias de Olivares para subrogar en ese producto estancado el importe de los servicios de millones cuya renovación era necesario negociar pacientemente con las Cortes3. Pero dentro del acervo documental fruto de propósitos innovadores que al final no pudieron materializarse en medidas político-fiscales concretas, el Catastro de Ensenada ocupa, a no dudarlo, un lugar de privilegio. Desde que se realizaran las primeras averiguaciones por vía de ensayo en la provincia de Guadalajara hasta el abandono del propósito de establecer la Única Contribución transcurrió en torno a un tercio de siglo, durante el cual se realizaron millones de operaciones tanto de acopio de una múltiple información como de elaboración y revisión de las diversas variables asentadas en los diferentes libros y estadillos confeccionados para cada parroquia o pueblo, a un nivel superior para las provincias y reinos, y finalmente para toda la corona de Castilla. La información reunida es tan abundante, detallada y diversa que no se exagera mucho afirmando que no resulta fácil acometer un trabajo de investigación sobre el siglo XVIII castellano sin toparse, antes o después, con el Catastro de Ensenada. Si costó trabajo ingente realizarlo, también lo ha dado después a los historiadores, y continuará haciéndolo, pues mucha de su documentación no ha sido aún consultada a fondo, y la que sí lo ha sido admite nuevas lecturas y tratamientos.

El recurso casi obligado a la fuente en cuestión, su enorme volumen y la variedad de información que contiene dificultan seriamente la tarea de realizar valoraciones críticas. De un lado porque, a la vista del tiempo y esfuerzo que numerosos modernistas -entre los que me cuento- han dedicado a la consulta de los diversos libros y legajos del Catastro para llevar a término investigaciones que, aparecidas bajo la forma de libros, artículos o colaboraciones varias, se cuentan por miles, a uno le invade un justificado temor a acercarse al abismo, esto es, a concluir que la fuente carece de la fiabilidad mínima necesaria, lo que, por lógica consecuencia, llevaría a poner en duda la validez dePage 773 muchos resultados obtenidos trabajosamente. Aunque, de llegar a tal extremo, la situación cabría calificarla de desalentadora o penosa, pero no de insólita, pues no faltan ejemplos de fuentes muy empleadas en su momento y luego consideradas inválidas. Ya se sabe al respecto que el trabajo histórico avanza sobre cadáveres, por decirlo de un modo rudo. Pero aparte de estos condicionamientos, que tienen que ver con la propia trayectoria personal en cuanto a investigación se refiere, está también el hecho de la propia magnitud de la información del Catastro y de su diversidad, circunstancias que hacen pensar de entrada que la fiabilidad de la documentación ha de ser desigual, dependiendo del tipo de datos que contenga y también del territorio del que procedan.

En el último aspecto, Galicia presentaba, a la hora de realizar el Catastro, dificultades particulares que quedaron de manifiesto en la correspondencia de los principales responsables de las operaciones, en la lentitud con que éstas se llevaron a cabo y en algunos de los resultados finales. Y nada de ello ha de extrañar, pues en principio la decisión de hacer un catastro significa que el poder monárquico tenía no sólo la voluntad de avanzar en la uniformidad del territorio y de reducir privilegios fiscales de tipo estamental, mediante la elaboración de un instrumento objetivo que tomaba en cuenta los bienes antes que la calidad de las personas y que se orientaba a la equidad, sino también la resolución de controlar el espacio sobre el que se ejercía el poder; de medirlo, de cartografiarlo, de valorar su producción utilizando criterios homogéneos -valoración en dinero-, de asignar los derechos de propiedad de las diferentes parcelas. En tales proyectos radicaba la novedad, y menos en recontar familias, personas, ganados, oficios..., entre otras cosas4.

La realización del Catastro requería, por ello, que la administración monárquica contase con una infraestructura de personal con suficiente preparación técnica para medir, cartografiar, valorar. Pero el proyecto no era sólo, ni siquiera principalmente, un asunto técnico, sino de poder político. Un poder político expansivo que había de luchar contra los estamentos privilegiados -en particular con la Iglesia- y con las propias comunidades de vecinos, ajenas muchas veces al mundo oficial, con el que se relacionaban por medio de intermediarios y que se defendían de intromisiones externas valiéndose muchas veces de su «invencible ignorancia». Contra estos muros habían de batirse comisarios, oficiales, geómetras..., pues los avances en los conocimientos técnicos tenían que ponerse precisamente al servicio del poder monárquico para que ninguna persona ni rincón escapasen a su control5.

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Conviene insistir por tanto en que el proyecto de conocer y controlar el territorio mediante la obtención de una información exhaustiva y homogénea es el fruto de un poder político que se fortalece frente a un entramado de privilegios estamentales y locales. Como ha escrito atinadamente M. Berengo, «pocos documentos públicos son tan profundamente «políticos» -es decir, hacen tan explícita la huella de las decisiones que ha tomado un gobierno, de las fuerzas que lo sostienen o contrarrestan- como los catastros»6. Sin embargo no bastaba con querer; había que disponer de los medios personales y técnicos suficientes para reconocer cada parcela por minúscula y retirada que estuviese, medirla, trazar su plano y valorar su producción media anual. Así se hicieron los catastros del siglo XVIII, primero en Saboya y después en Lombardía. Se trata, en especial en el caso lombardo, que sirvió de modelo a muchos políticos reformistas, de un catastro geométrico-parcelario, acompañado de mapas, y que se diferencia radicalmente de los instrumentos descriptivos para valorar la riqueza que en algunos territorios abundan desde la Baja Edad Media. Por eso no es correcto calificar de «catastro» cualquier evaluación de naturaleza fiscal de la riqueza de las familias de una comunidad, ya se trate de los campoix franceses, de las estimaciones existentes para la corona de Aragón o de las averiguaciones que para la renovación de los encabezamientos ordenó realizar Felipe II para los años 1557-61, 1579-84 y 1590-97, por más que para llevarlas a efecto la administración fiscal del Prudente elaboró e imprimió cuestionarios de varias preguntas a las que debían ajustarse las respuestas de las localidades averiguadas, algo que debe ser destacado como novedad porque revela el propósito de la monarquía de obtener una información homogénea. Cosa distinta es que el resultado final de tales averiguaciones variase enormemente de unos pueblos y partidos a otros, por haberse cumplimentado los formularios de muy diverso modo7. Incluso en Italia, en donde los «catasti» abundan desde la plena Edad Media, el catastro milanés representa una gran novedad, por el aparato cartográfico de que se acompaña, por la precisión en el registro de los patrimonios, por la forma de evaluarlos (no la «renta» o la «riqueza» en general, sino la producción de cada parcela o de cada actividad) y porque detrás de la nueva concepción de la fuente estaba también -sólo así se explica su génesis- el propósito de cambiar el sistema fiscal, que los reformistas querían más uniforme y equitativo8.

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Adelantamos ya que el Catastro de Ensenada supone un gran avance con respecto a anteriores estimaciones, tanto en precisión como por el territorio que abarca y por incluir la riqueza de los estamentos privilegiados, pero no alcanza el nivel del de...

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