Política tecnológica: de la aceptación a la aceptabilidad

Política tecnológica orientada a la aceptación

La política tecnológica está hoy orientada con frecuencia hacia el nivel actual de aceptación de la tecnología o al que se supone en el futuro (véase por ejemplo, Todt y Lujan, 1998; Bröchler 1998). Muchos estudios sobre la aceptación de tecnologías clave o de tecnología en general se han llevado a cabo desde principios de los años ochenta. En algunos países se han establecido procedimientos de control para observar cualquier cambio en el nivel de aceptación entre la población.

En el sistema político han tenido lugar intensas discusiones, así como entre el público y en la industria ( ha sido así, en especial, en Alemania, donde se han debido a serios conflictos en relación con la tecnología, especialmente en los sectores de la energía nuclear y la biotecnología). Tanto los políticos como la industria están preocupados por la aparente disminución de la aceptación de la tecnología moderna, pues temen que los obstáculos a la introducción de nuevas tecnologías puedan conducir a una pérdida de competitividad en los mercados mundiales.

La política tecnológica orientada de tal modo que tenga en cuenta aspectos de aceptación puede diseñarse de dos maneras diferentes:

La actitud adaptativa: La experiencia de conflictos tecnológicos desde los años 70, en relación con ciertas tecnologías clave tales como la nuclear o la genética (que han llevado a veces a confrontaciones violentas en algunos países), ha suscitado la cuestión de si sería posible evitar tales conflictos antes de que surgieran. La idea que subyace en esta actitud es que los conflictos tecnológicos podrían evitarse teniendo en cuenta la presunta aceptación del desarrollo y el diseño tecnológicos, es decir desarrollando la tecnología de acuerdo con los valores y las preocupaciones del público.

La actitud formativa: en vez de considerar la aceptación pública existente como un rígido factor determinante para la política tecnológica, se han hecho intentos para influir en este nivel de aceptación para "construir" aceptación a través de la información, mayores inversiones en la "comprensión pública de la ciencia", en centros y museos científicos, ciertos tipos de educación relacionados con la tecnología y dando premios a inventos.

Ambas actitudes llevan consigo actividades que incluyen a las partes interesadas en el desarrollo tecnológico (consumidores, ciudadanos, partidos políticos, autoridades, movimientos sociales, todos ellos grupos o personas afectados por las decisiones de política tecnológica) en el proceso de toma de decisiones. El grado de implicación va desde la participación real en los procesos de toma de decisiones a la medida de los índices de aceptación mediante encuestas. La hipótesis es que si la gente interesada se involucra en el proceso de toma de decisiones, el resultado debería ser aceptable para ellos. Estos métodos, sin embargo, no pueden abordar adecuadamente todos los diferentes problemas que se presentan en la política tecnológica. De hecho, sobrevalorar la aceptación puede tener consecuencias inesperadas.

Limitaciones de una Política Tecnológica orientada a la Aceptación

La aceptación de la tecnología y de la política tecnológica es, desde luego, un factor importante al implantar la tecnología en la sociedad. Sin embargo, aunque sea razonable considerar la aceptación como norma directriz de la estrategia política, las políticas que descansan exclusivamente en la aceptación, o al menos que sobreestiman su importancia, son insuficientes para tratar los complejos problemas que conlleva. A continuación se enumeran algunos argumentos importantes que apoyan este punto de vista, revelando un profundo dilema en el campo de la política tecnológica (Grunwald 1999).

En primer lugar, el objetivo perseguido de evitar conflictos relacionados con la tecnología antes de que se planteen (véase más arriba) no puede garantizarse plenamente, puesto que sólo los niveles de aceptación actuales se pueden determinar. El grado de aceptación, sin embargo, puede disminuir y los procesos tecnológicos pueden, en el peor de los casos, perder totalmente la aceptación, incluso si ésta se produjo en un principio. Las predicciones del grado de aceptación son virtualmente imposibles porque la aceptación social puede ser altamente volátil. La aceptación está relacionada con la percepción de los beneficios y de los riesgos de las opciones tecnológicas. Esta percepción depende de muchos factores en una situación dada, tales como la sensibilidad subjetiva a los riesgos, las expectativas subjetivas de utilidad, la distancia temporal o espacial de los riesgos, si la situación peligrosa se ha elegido libre o forzadamente y si un accidente en el área de que se trate ha tenido lugar en un pasado reciente, etc. Las percepciones de riesgo pueden sufrir rápidos cambios debidos a hechos fortuitos (considérese el papel de los accidentes de la Isla de las Tres Millas y de Chernobyl en la disminución de la aceptación de la energía nuclear), introduciendo por tanto un elemento imprevisible en la aceptación de la tecnología en cuestión. Dado este hecho, centrarse en el factor de aceptación ni impide problemas de aceptación futuros ni previene conflictos tecnológicos.

En segundo lugar, el énfasis en la aceptación actual es fundamentalmente anti-innovador en el sentido de que se prefieren opciones repetitivas porque son más fáciles de aceptar que los saltos innovadores. Esto significa que se pueden ignorar opciones tecnológicas, si aparentemente no son suficientemente aceptables para el público en el momento en que se toma la decisión. Esta actitud puede tener la secuela perversa de que soluciones a ciertos problemas que son ideales desde un punto de vista tecnológico, económico, político o ético no estén incluidas en el conjunto de opciones que se planteen antes de tomar la decisión. Por tanto es difícil realizar evaluaciones claras y tomar decisiones sin sesgos.

En tercer lugar, la política tecnológica orientada a la aceptación lleva al bien conocido problema de que las demandas de las partes interesadas y el "bien común" pueden ser contradictorios (cualquiera que sea el significado en cada caso específico). Si la política tecnológica descansa principalmente en el factor de aceptación se presupone que la mera agregación de presuntas ventajas individuales -que, en muchos casos, influyen decisivamente sobre la aceptación automáticamente constituye el bien común. Sin embargo, es muy fácil encontrar ejemplos en donde esto no se cumple. La teoría de las decisiones colectivas ha mostrado que no es posible agregar preferencias individuales de un modo razonable para conseguir una función de bienestar común bien definida (cf. el teorema de Arrow). La aceptación factual no crea automáticamente el "bien común".

Estos argumentos muestran, por ejemplo, que un enfoque de la política tecnológica orientado a la aceptación no puede dar una orientación fiable a largo plazo. Sin embargo, esta clase de orientación es un factor estabilizador indispensable si se quiere dar a la tecnología un marco fiable en un mundo por otro lado cada vez más cambiante y flexible. La continuidad y una seguridad fiable, planificada a largo plazo con el fin de conseguir fines políticos específicos o permitir inversiones en futuras tecnologías, no pueden lograrse de un modo simplemente repetitivo. La política tecnológica se enfrenta, pues, con un dilema: sin ningún tipo de aceptación, las medidas y las decisiones están condenadas al fracaso en una sociedad democrática. Ahora bien, una política basada exclusivamente en la aceptación no puede garantizar la orientación a largo plazo requerida (Grunwald 1999). En resumen, además del factor aceptación, debe haber cierta clase de orientación política que no esté sólo basada en la aceptación. Esto lleva al concepto de capacidad de aceptación o "aceptabilidad".

De la aceptación a la aceptabilidad

La principal cuestión que emerge de las secciones precedentes es cómo tratar los problemas de aceptación a corto plazo en planificaciones a largo plazo. Con este fin, se necesita una base normativa para superar la falta de aceptación durante ciertas etapas del desarrollo de una tecnología. Pero ¿cómo debería establecerse esta base normativa? ¿Quién debería tener la facultad de decidir si los planes en cuestión deberían proseguirse a pesar de la baja aceptación pública en ciertos campos? ¿Qué debería hacerse para tomar en consideración la actitud del público en general sin caer en la trampa de centrarse exclusivamente en el factor de aceptación con las consiguientes desventajas mencionadas antes? Para llegar a una contestación es necesario referirse a algunas ideas filosóficas sobre racionalidad y sociedad (Rescher 1988, Grunwald 1999).

La vía que se sugiere consiste en cambiar el nivel de aceptación requerido: lo que un individuo está dispuesto a aceptar es sobre todo una decisión subjetiva según sus preferencia personales. Sin embargo, la cuestión de en qué medida es razonable esperar la aceptación pública de un desarrollo tecnológico determinado es de un interés político más amplio. La política tecnológica racional es una política formulada basándose en normas justificadas de aceptabilidad. La idea básica es que hay normas y presunciones implícitas aceptadas en la sociedad que pueden utilizarse para seleccionar criterios de aceptabilidad examinando los conceptos culturales de racionalidad existentes en la actualidad (Habermas 1991). La cuestión no es ya qué clase de tecnología se va a aceptar sino si es razonable solicitar la aceptación de esta o aquella clase de tecnología o de política tecnológica.

Por ejemplo, considérese el reto de definir normas medioambientales para algunas sustancias tóxicas. Parece muy difícil definir tales normas de acuerdo con la aceptación real. Por el contrario (como se plantea en Renn/Pinnkau 1988), es posible basar recomendaciones en este campo en normas de racionalidad cultural subyacentes, como demandas pragmáticas de coherencia, principios de justicia y análisis de riesgo/oportunidad que muestran que ciertas normas medioambientales deberían ser aceptables. Estas investigaciones pueden luego utilizarse para iniciar procesos de aprendizaje social que lleven consigo la participación (véase a continuación).

La ventaja de este enfoque es que, puesto que las bases culturales subyacentes son relativamente estables, el concepto de aceptabilidad, en contraste con la aceptación inmediata de la tecnología, no depende de los estados de ánimo transitorios de la sociedad o de acontecimientos ocasionales. El factor de aceptación puede por tanto tenerse en cuenta no sobre la base de una aceptación factual e inmediata de una cierta tecnología, sino estableciendo criterios justificados para ciertos procedimientos en el desarrollo tecnológico (Grunwald 1999).

Basar la política tecnológica no sencillamente en la aceptación factual sino en una base normativa para obtener criterios de aceptabilidad razonablemente justificados, suscita la cuestión de si podría haber un conflicto entre confiar en la aceptabilidad normativa y la idea de democracia. La respuesta a esta cuestión es negativa, porque una base normativa creada del modo que se ha mencionado antes, deriva de los conceptos de racionalidad inherentes en las prácticas sociales y manifestados por la propia gente. Tales conceptos de racionalidad no se imponen a la gente. Por el contrario, hay procedimientos aceptados democráticamente para tratar conflictos entre el "bien común" y los intereses individuales de los interesados (véase el ejemplo a continuación). El punto crucial es que los resultados de los procedimientos legitimados -y esto forma parte del consenso cultural subyacente sobre la democracia- deben ser aceptados incluso si no son bien recibidos. Por tanto la aceptación de los procedimientos significa aceptabilidad de los resultados subsiguientes.

Si esto ya no sucediese en un campo determinado, los procedimientos tendrían que cambiarse un proceso de aprendizaje en la sociedad tiene que establecerse con el resultado de procedimientos nuevos o modificados relegitimados. Por ejemplo, esto puede ocurrir si decisiones legitimadas en política tecnológica llevasen a un rechazo dramático por parte de la sociedad o si los procedimientos de toma de decisiones tuvieran que ser modificados por otras razones (por ejemplo, con el fin de mejorar las probabilidades de participación).

Por ejemplo, considérense los procedimientos que han de seguirse en la planificación de una autopista. Hay fases del procedimiento aceptadas, con la consecuencia de que si se siguen correctamente, el resultado ha de ser aceptado por la gente afectada. Procedimientos de este tipo son los medios que la sociedad utiliza para definir el "bien común" y para decidir en qué medida puede esperarse que el público acepte un desarrollo tecnológico determinado, después de considerar los intereses de la sociedad en su conjunto, sabiendo que ciertos grupos de la población pueden sentirse molestos con las consecuencias de tales decisiones. De este modo, la no aceptación parcial o los bajos niveles de aceptación de los resultados pueden ser superados por la pre-aceptación de los procedimientos legitimados empleados para lograrlos. Desde luego este enfoque está limitado a las situaciones no dramáticas en las que falte aceptación. De otro modo los procedimientos de toma de decisiones tendrían que cambiarse (como se aludía anteriormente).

Por tanto, no hay contradicción entre un enfoque normativo como se ha definido anteriormente y los procedimientos establecidos democráticamente. Por el contrario, el análisis presentado aquí se corresponde muy bien con la concepción democrática de la sociedad. Demuestra que los resultados de los procedimientos democráticos en política tecnológica pueden estar legitimados aún si no llevan a resultados ampliamente aceptados para el desarrollo de la tecnología.

Conclusiones

Inicialmente, la evaluación de la tecnología (ET) a nivel nacional estaba destinada a ayudar a las autoridades nacionales a gestionar el cambio tecnológico. El énfasis se ponía en tratar con los problemas de aceptación mejorando la predicción y la planificación; no se ocupaba para nada de los problemas que aseguraban la legitimidad. La cuestión de la legitimidad surgió porque el sistema se basaba simplemente en las opiniones de los expertos. Este tema ha llegado a ser una de las cuestiones más interesantes en el debate actual sobre ET (Todt y Lujan (1998) están totalmente en lo cierto al señalar esta cuestión).

Los enfoques recientes de la ET tienen en cuenta las opiniones de las partes interesadas para ampliar las perspectivas de modelar la tecnología y conseguir tecnologías mejor aceptadas. La idea de participación ha acompañado a la ET a lo largo de toda su historia. Este enfoque se aplicó primero en los países escandinavos y en Holanda. En la actualidad se utilizan en la práctica conceptos participativos de la ET en casi todos los países miembros de la EU y también en los no pertenecientes a la EU, aunque se implementan de diferentes maneras, dependiendo de su cultura política particular.

Los conceptos de ET que incluyen la participación (por ejemplo conferencias de consenso, ET constructiva e interactiva) tratan -entre otras cosas- la cuestión de cómo conseguir una política tecnológica legitimada. Sin embargo, no dan una respuesta satisfactoria sobre cómo deberían establecerse las bases normativas de la política tecnológica. La ET que descansa principalmente en la aceptación factual procesa exclusivamente los niveles de aceptación actuales y no permite la reflexión sobre desarrollos tecnológicos propuestos o planificados ni trata la cuestión de cómo queremos modelar el futuro de la sociedad mediante la tecnología (Grunwald 1999).

En vez de permitir que la aceptación existente gobierne las decisiones de política tecnológica, es más importante considerar las perspectivas de fijar metas y aspiraciones para la acción política, social y tecnológica, según las normas de racionalidad subyacentes de la sociedad. Habiendo establecido la finalidad, las metas y las aspiraciones del desarrollo tecnológico y del progreso social, la orientación normativa (por ejemplo, las normas de aceptabilidad) para decisiones reales puede conseguirse mediante "backcasting" (es decir prospección retrospectiva). En el contexto de este enfoque, la ET debería tener lugar, siempre que fuese posible, en las primeras etapas del desarrollo, cuando aún se pueden tomar medidas para que el aporte social tenga efecto sin serias consecuencias económicas. Esto incluye una búsqueda anticipante de decisiones alternativas y medidas preventivas para evitar inversiones ruinosas en política tecnológica. De este modo, la reflexión continua que acompaña al desarrollo tecnológico permite la evaluación de desarrollos a corto plazo frente a un fondo de constelaciones sociales relativamente estables y a largo plazo (Grunwald 1998).

Para la ET participativa, esto quiere decir que involucrar a las partes interesadas no debería limitarse a tener en cuenta su comportamiento de aceptación. La ET participativa debería -y algunos trabajos recientes sobre ET parecen ir en esta dirección (Grin et al. 1997)- producir y procesar criterios de aceptabilidad en vez de esforzarse por conseguir aceptación. En este sentido, la ET no debería abordar el problema de la aceptación ni mediante un enfoque adaptativo ni con un enfoque modelador, sino que debería establecer procesos de aprendizaje social. Generar aceptación o transformar aceptación en decisiones puede ser adecuado para situaciones muy especiales; pero, en muchos casos, la ET debe ir mucho más allá de estos esquemas sencillos. El grado de participación y su realización parecen depender del contexto. En general, la participación debe conducir a una comprensión común de lo que debe hacerse y de los criterios a aplicar para establecer el plan de acción apropiado, incluso en ausencia de una aceptación inmediata y completa. Debería implicar el aprendizaje colectivo en vez de simplemente mediar o comprometerse para lograr aceptación tecnológica.

Aprender implica discusión: cuestionar la propia posición y voluntad de adaptar esta posición en ciertas situaciones. También significa que los políticos, el hombre de la calle y los expertos, todos necesitan aprender unos de otros. Estos breves comentarios muestran las ventajas del enfoque propuesto así como sus problemas. La ventaja es que se trata de buscar la "mejor" solución disponible, consensuarla y que pueda mantenerse con el tiempo, y quizás adaptarla a las condiciones cambiantes. El problema es que la discusión y el aprendizaje son difíciles mucho más difíciles que descansar simplemente en la aceptación o en basar la política tecnológica sencillamente en un dictado autoritario. No obstante, ofrecen una visión atractiva de una parte de una evolución hacia una "sociedad que aprende".

Palabras clave

evaluación tecnológica, política tecnológica, aceptación, aceptabilidad, normas de racionalidad, percepción pública de riesgos

Agradecimientos

El autor quiere agradecer a John Grin, Peter Mambrey y Rob Reuzel sus comentarios y sugerencias durante la conferencia de Lisboa EASST’98 y posteriormente.

Referencias

Bröchler, St. A New Framework for Technology Assessment: Aspects of the Concept of Innovation-Oriented TA. En Proceedings of the 2nd International Conference on Technology Policy and Innovation, Lisboa 1998, págs. 25.1.1-25.1.8.

Grin, J., Graaf, H. van den y Hoppe, R. Technology Assessment through Interaction. Amsterdam 1997.

Grunwald, A. (ed.) Rationale Technikfolgenbeurteilung. Konzeption und methodische Grundlagen. Heidelberg, 1998.

Grunwald, A. Technology Policy Between Long-Term Planning Requirements and Short-Ranged Acceptance Problems. New Challenges for Technology Assessment. En John Grin y Armin Grunwald (eds.) Technology Assessment, Expectations and the 21st Century Society. Heidelberg 1999 (en prensa).

Habermas, J. Erläuterung zur Diskursethik. Frankfurt, 1991.

Renn, O. y Pinkau, K. (eds.) Environmental Standards. Scientific Foundations and Rational Procedures. Dordrecht, 1998.

Rescher, N. Rationality. Oxford 1988.

Todt, O. y Lujan, J.L. Pronóstico social de la tecnología: el caso de la ingeniería genética, The IPTS Report 26, 1998, págs. 28-33.

Contactos

Armin Grunwald, Academia Europea para el Estudio de las Consecuencias de los Avances Científicos y Tecnológicos

Tel.: +49 264 17 54 302, fax: +49 264 17 54 320, correo electrónico: armin.grunwald@dlr.de

Héctor Hernández, IPTS

Tel.: +34 95 448 82 92, fax: +34 95 448 83 26, correo electrónico: hector.hernandez@jrc.es

Sobre el autor

Armin Grunwald es licenciado en Física y en Filosofía. Desde 1996 ha sido vicedirector de la Academia Europea para el Estudio de las Consecuencias de los Avances Científicos y Tecnológicos en Bad Neuenahr-Ahrweiler (Alemania). Sus campos de interés son principalmente las cuestiones conceptuales y metodológicas de la evaluación tecnológica y la ética aplicada, en particular centradas en el papel de la ética para modelar la tecnología. También está trabajando en problemas de la teoría de la planificación y sus relaciones con la teoría y la metodología de las ciencias económicas y sociales.

The IPTS Report, is the refereed techno-economic journal of the IPTS,edited by D. Kyriakou, published monthly in English, French, German and Spanish.