Sida y justicia social: industria farmacéutica y economía

AutorJosé López Guzmán
CargoDepartamento de Humanidades Biomédicas Universidad de Navarra Edificio Los Castaños Universidad de Navarra 31008 Pamplona 948 42 56 00 (ext. 6559) jlguzman@unav.es
Páginas564-574

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1. Introducción

En una primera lectura de las palabras clave del enunciado de este artículo -sida/justicia social/industria farmacéutica/economía-, la mayoría de los lectores las habrán relacionado de la siguiente forma: «con el tratamiento del sida se cometen numerosas injusticias, la mayoría de ellas perpetradas por el interés económico de la industria farmacéutica». Es cierto que la actividad de la industria farmacéutica puede ser cuestionada, en ciertas ocasiones, por sus abusos en el tercer mundo o por su falta de sensibilidad en el tratamiento del sida. Pero no es ético generalizar la actuación de unos miembros de un colectivo a todo su conjunto, ni basar la reflexión en el claro reduccionismo de pensar que el problema de la propagación del sida, en los países en vías de desarrollo, sólo compromete a las compañías farmacéuticas.

En este trabajo se va a intentar ofrecer una aproximación al amplio, y complicado, marco en el que se encuadran las Page 565 relaciones entre el denominado tercer mundo y las compañías farmacéuticas. Para introducir la cuestión que nos ocupa hay que hacer referencia a la pobreza de esos países, a su falta de educación sanitaria, a la carencia de las básicas condiciones higiénicas,...y, por supuesto, también a su deficiente acceso a los medicamentos. Es bien conocido que en el mundo todavía hay sectores desfavorecidos de la población que tienen problemas para cubrir sus necesidades alimentarias, o para acceder a una educación o a un sistema sanitario. Y, por supuesto, hay grupos de población que tienen muy difícil el acceso al medicamento. Un dato que puede servir para ilustrar la anterior afirmación es que el 14% de la población mundial (Norteamérica, Europa occidental y Japón) consumen el 80% de los medicamentos, mientras que más de un tercio de la humanidad no tiene acceso a fármacos esenciales.

Podríamos preguntarnos cuál es el grado de responsabilidad de las compañías farmacéuticas en la carestía de medicamentos en algunas zonas del planeta. Indudablemente, las empresas farmacéuticas deben colaborar facilitando, a los más desfavorecidos, el acceso a los medicamentos. Pero eso no quiere decir que sean esas compañías las que tengan la máxima responsabilidad en ese asunto, ni que sean las únicas que pueden solventar el problema. Esa visión sesgada del conflicto ha hecho que muchos otros agentes sociales, cuya colaboración sería tan deseable como la de la industria farmacéutica, se desentiendan del asunto. En este sentido, se ha llegado a afirmar que si las compañías de agua potable y las empresas panificadoras facilitaran sus productos al tercer mundo se salvarían numerosas vidas (en la actualidad, 1.100 millones de personas carecen de acceso al agua potable). Incluso, el impacto sería, en un principio, mayor al que se obtendría con el mejor acceso a los medicamentos. Por ejemplo, se ha evidenciado que, en muchas ocasiones, los tratamientos para SIDA en África no son eficaces porque los pacientes no comen lo suficiente1o porque los medicamentos no se han mantenido en las condiciones requeridas para su buena conservación2. Como bien indicó Medicus mundi3 «que el 20% de la población mundial viva por debajo del umbral de la pobreza extrema, significa que más de mil millones de personas están condenados a no dejar jamás de estar enfermos». En este mismo sentido hay que tener en consideración que los problemas de salud, de los países en vías de desarrollo, no son únicamente derivados del deficiente acceso a los medicamentos o de factores determinantes de salud4. Page 566 Aún teniendo suficientes medicamentos, éstos no son plenamente eficaces por la dificultad para asegurar la adherencia al tratamiento por falta de personal sanitario, o por el escaso grado de educación en Uso Racional del Medicamento5. Puede ilustrar la anterior afirmación conocer las cifras de médicos y enfermeros de distintos países. Por ejemplo, Mozambique cuenta con 2,6 médicos y 20 enfermeros por cada 100.000 habitantes; Malawi con 2 médicos y 56 enfermeros; Lesotho con 5 médicos y 63 enfermeros; Sudáfrica con 74,3 médicos y 393 enfermeros (gran parte de ellos en el sector privado); y USA con 247 doctores y 901 enfermeros6. A partir de estas premisas, habrá que preguntar por qué nadie responsabiliza a las empresas alimentarias, de ingeniería civil, etc. del hambre y de las patologías derivadas de la falta de agua potable en el tercer mundo y, sin embargo, continuamente se achaca a las empresas farmacéuticas su falta de solidaridad.

En cuanto al acceso al medicamento en los países en desarrollo hay otra cuestión que llama notablemente la atención. Me refiero a la de los impuestos, trabas burocráticas y sobornos, por parte de las autoridades de esos países a la entrada de medicamentos7. Es muy llamativo, y preocupante, que incluso se llegue a gravar las donaciones realizadas por la comunidad internacional. Esos impuestos son una forma de recaudar dinero (se calcula que ese gravamen oscila alrededor del 1% del presupuesto de sanidad en esos países). Una forma de incrementar las arcas del estado que, al mismo tiempo, dificulta el acceso a los medicamentos. Por lo tanto, habrá que preguntar por qué nadie responsabiliza a los gobiernos de los países en vías de desarrollo de poner obstáculos a la distribución de medicamentos, o a los organismos internacionales por no implicarse más en la desaparición de esas trabas burocráticas y, sin embargo, continuamente se achaca a las empresas farmacéuticas de su falta de complicidad en las necesidades de la población del «tercer mundo».

En los anteriores párrafos se ha intentado demostrar que la afirmación de que el problema de la falta de medicamentos la tienen únicamente -o prioritariamente- las compañías farmacéuticas no se ajusta a la realidad. Además, la citada aseveración obvia un hecho fundamental y que es la última premisa que quiero exponer en esta introducción. Se trata de la aseveración de que las compañías Page 567 farmacéuticas no son entidades caritativas8, sino que son empresas lucrativas con accionistas y resultados en bolsa. De ahí que sea de sumo interés social que esas compañías obtengan buenos dividendos. Ello permitirá que los accionistas -que arriesgan su dinero- alcancen sus objetivos y, de esa forma, se pueda seguir disponiendo de fondos para la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos9.

En conclusión, el problema del acceso a los medicamentos, por los ciudadanos de los países en vías de desarrollo, no depende únicamente de la actividad más o menos altruista de las compañías farmacéuticas. Dependerá de la acción conjunta y decidida de distintos agentes -entre ellos las citadas compañías- en un empeño común. Cada uno tiene su grado de responsabilidad en función de su configuración -empresa, ONG, organismo internacional, etc.- y su capacidad de obrar -económica, política, social, etc.-.

2. Los precios cómo límite para acceder al medicamento

Una de las primeras cuestiones que se suscitan cuando se hace referencia al acceso de los medicamentos, por los sectores desfavorecidos económicamente, es el de las patentes. La industria farmacéutica hace un enorme esfuerzo en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, con la esperanza de que los gastos sean retornados posteriormente con beneficios. Para ayudar a la empresa en su objetivo existe un periodo en el que se prima su esfuerzo mediante controles arbitrados por las patentes de los nuevos productos. La duración de las patentes suele ser de alrededor de 20 años a partir de la presentación de la solicitud en los organismos competentes. No obstante, «debido a que el proceso de desarrollo de los nuevos fármacos es largo como consecuencia de las cada día mayores exigencias normativas, y a que la duración del proceso de registro, que en total supone un periodo de tiempo de 12 a 14 años, el plazo efectivo de la patente se ha visto reducida a 6 u 8 años»10. En ese periodo, las compañías tienen que recuperar todo el gasto realizado en investigación y desarrollo. Además, se tiene que compensar no sólo lo invertido en esa molécula que ahora está en el mercado en forma de un medicamento, sino también todo lo invertido en aquellas otras moléculas que han sido desechadas en alguna de las etapas de síntesis, ensayo clínico, etc.

Desde distintos sectores se está realizando una decidida labor para que las patentes no se apliquen en países en vía de desarrollo o, al menos, que se adapten Page 568 a los requerimientos de esas zonas. Sin duda, es una pretensión loable que busca el bien común. No obstante, esas medidas, como se pondrá en evidencia más adelante, para ser eficaces tienen que alejarse de simples planteamientos «populistas» para abordar el tema con rigor y atendiendo a los medios empleados y a los sujetos destinatarios. En este sentido, Monge11 mantiene que «el sistema tradicional de patentes, imprescindible para el comercio y la difusión de la ciencia debe tomar en...

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