La ley de residuos: una nueva regulación de los suelos contaminados.

AutorBernat Mullerat.
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Que duda cabe que el reciente desastre ecológico que ha afectado al Parque de Doñana ha sensibilizado a la opinión pública respecto de los peligros de la degradación del medio ambiente tanto en nuestro país como en la Unión Europea.

Parece una coincidencia que apenas cuatro días antes del citado incidente el legislador español aprobara una ley de gran trascendencia para la protección del medio ambiente en España, con particular incidencia en los suelos contaminados: la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

La Ley de Residuos

La Ley de Residuos viene a transponer la normativa comunitaria en esta materia. Se abandona pues la clasificación de los residuos en dos categorías (general y peligrosos), estableciendo un régimen jurídico común para todos ellos que puede ser completado con normas específicas para determinadas categorías de residuos. La propia Ley de Residuos contiene, además, disposiciones concretas sobre la producción, posesión y gestión de residuos urbanos y peligrosos.

Asimismo, la Ley de Residuos prevé que las Administraciones adopten medidas económicas, financieras y fiscales para fomentar la reducción y valorización de residuos así como la aplicación de tecnologías limpias, con especial atención a las necesidades de la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, el único compromiso firme al respecto es la creación, en el plazo de un año, de un impuesto para los aceites industriales y lubricantes para financiar la gestión de los aceites usados por parte de las Comunidades Autónomas. Se prevé también la creación de un sistema de devolución, depósito y retorno para las pilas usadas.

Regulación de los suelos contaminados

Una de las más notables novedades de la Ley de Residuos es la regulación de los suelos contaminados por la presencia de sustancias peligrosas, atendiendo a los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, se considerará suelo contaminado únicamente aquél que figure en un inventario creado por la respectiva Comunidad Autónoma con arreglo a los criterios y standards que determine el Gobierno.

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