Las posibilidades de la ética aplicada en las políticas europeas de CyT e I+D

Introducción

Los principios éticos básicos en las políticas de CyT e I+D expresan aspectos generales de la vida que deben ser respetados y protegidos. Conforme a la cultura y a la tradición europeas, principios tales como el respeto a la independencia y a la dignidad humanas, y el respeto a la integridad y a la vulnerabilidad de la vida tienen que respetarse con el fin de evitar todo abuso de los logros científicos. La dimensión ética de la ciencia exige normas legales y morales que puedan aplicarse a temas científicos específicos.

Principios tales como el respeto a la dignidad humana y a la integridad de la vida tienen que respetarse con el fin de evitar todo abuso de los logros científicos. La dimensión ética de la ciencia exige normas legales y morales que puedan aplicarse a temas científicos específicos

Se necesita un planteamiento a nivel de la UE sobre muchas decisiones políticas y normativas. Los gobiernos deben demostrar que sus métodos son coherentes, abiertos y transparentes para garantizar que la "buena ciencia" recibe una consideración plena para alcanzar una decisión. Este artículo examina el tema de la evaluación ética del asesoramiento científico, y revisa la experiencia europea reciente en esta área.

En muchos casos la confianza del público depende del uso efectivo de buena ciencia. El público espera que el gobierno aplique medidas que garanticen la integridad de la investigación que subvenciona y el asesoramiento científico que proporciona. El público no aceptará el provecho personal, los imperativos económicos y las ventajas políticas como motivos para hacer mal uso o ignorar hallazgos científicos creíbles. El público espera que se comunique información científica sobre la investigación emprendida de acuerdo con las tradiciones científicas (por ejemplo, revisión por pares, corrección y verificación mediante repetición, etc.) y los códigos de ética. Se espera que los gobiernos hagan uso de procedimientos de toma de decisiones abiertos y transparentes que demuestren qué resultados se están empleando para alcanzar una decisión y cómo. El abuso en la ciencia, el uso impropio de la información científica y la ausencia de procedimientos transparentes para alcanzar decisiones por parte del gobierno, pueden costarle caro a éste (tanto en términos económicos como en términos de confianza pública). Pueden también derivar en tremendos costes sociales. La intervención de los tribunales en casos legales basados en cuestiones científicas va probablemente a ejercer una presión aún mayor sobre los gobiernos para que demuestren que sus decisiones tienen plenamente en cuenta el asesoramiento científico.

El abuso en la ciencia, el uso impropio de la información científica y la ausencia de procedimientos transparentes para alcanzar decisiones por parte del gobierno pueden costarle caro a éste y a la sociedad. La intervención de los tribunales en casos legales basados en cuestiones científicas va probablemente a ejercer una presión aún mayor sobre los gobiernos para que demuestren que sus decisiones tienen plenamente en cuenta la información científica

Directamente relevante a este respecto es por consiguiente la cuestión de la buena práctica científica. Cada disciplina científica tiene sus propias características específicas, y las tradiciones y las prácticas varían entre las instituciones y los países. Trazar líneas de separación claras entre mala conducta en investigación y fraude científico no siempre es sencillo, pero corresponde a la comunidad científica establecer códigos de conducta y reglas de procedimiento apropiados para prevenir la mala práctica. En todas las disciplinas, la buena práctica científica debe estar basada en la ejecución de la investigación y en la presentación de resultados de forma consciente y precisa, en el conocimiento apropiado del trabajo previo y de los logros de otros, incluyendo la documentación exacta y adecuada de los datos. La responsabilidad de la prevención de la mala conducta y el fraude en la ciencia recae principalmente sobre los propios investigadores y es obligación de los directores de grupos de investigación y de las instituciones de investigación garantizar que se respetan las reglas y los códigos de práctica.

La evaluación científica: una cuestión de confianza

La empresa de investigación científica, como muchas otras actividades humanas, está construida sobre una base de confianza. Los científicos confían en que los resultados aportados por otros son válidos. La sociedad confía en que los resultados de la investigación reflejan un intento honrado de los científicos por describir el mundo con precisión y sin sesgos. El nivel de confianza que ha caracterizado a la ciencia y sus relaciones con la sociedad ha contribuido a un período de productividad científica sin parangón. Pero esta confianza perdurará únicamente si la propia comunidad científica se propone dar ejemplo y transmitir los valores asociados a una conducta científica ética. En el pasado, los jóvenes científicos aprendían la ética de la investigación sobre todo por medios informales- trabajando con científicos con experiencia y observando cómo ellos trataban las cuestiones éticas. Esa tradición es aún de importancia vital: pero la ciencia se ha hecho tan compleja y tan entrelazada con las necesidades de la sociedad que también se necesita una introducción más formal a la ética de la investigación y a las responsabilidades que estos compromisos implican1.

La confianza perdurará únicamente si la propia comunidad científica se preocupa por dar ejemplo y transmitir los valores asociados a una conducta científica ética. Hoy día se necesitan métodos para inculcar estos valores, más formales que en el pasado

Evaluación científica: una cuestión de responsabilidad

El alcance del progreso científico y técnico suscita cuestiones como qué responsabilidad debe ser asumida por la ciencia y la sociedad siempre que se presenten nuevas opciones para intervenir en la vida humana y en la naturaleza. La cuestión crucial es: ¿qué responsabilidad se debe tomar para la protección del medio ambiente, la protección de la dignidad humana y la salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales cuando están reconocidos en las constituciones de nuestros países y en los convenios del Consejo Europeo?

Se asume generalmente que, cuando se basan en la mejor evidencia científica disponible, las normas de seguridad pueden adquirir carácter universal. Sin embargo, el reciente debate sobre los temas genéticos arroja dudas sobre esta afirmación

Se asume generalmente que, cuando se basan en la mejor evidencia científica disponible, las normas de seguridad pueden adquirir carácter universal. Sin embargo, el reciente debate sobre los temas genéticos arroja dudas sobre esta afirmación- las normas éticas son aún menos susceptibles de generalización. Se sugiere que las diferentes concepciones sobre la vida, la muerte, la salud, la naturaleza, la libertad y el bienestar público están relacionadas con o basadas en valores. Además, se sugiere que nos enfrentamos a una pluralidad de valores diferentes y cambiantes. ¿Con qué concepto de valor estamos tratando? ¿Qué constituye su ambigüedad inherente? ¿Qué distinción hay que hacer entre los valores y su interpretación? El supuesto básico parece ser que la existencia de pluralismo y de diferencias en este campo (el campo moral, el campo de los valores) plantea un problema; por consiguiente nos preguntamos si esta pluralidad debería estar compensada por valores o normas universales, es decir, por un enfoque ético común. El concepto central en estos supuestos es el concepto de"pluralidad" y "diversidad", un concepto que está directamente relacionado con el proceso en marcha de la integración y la unificación de Europa.

La evaluación científica: ¿una cuestión de normas, estándares o principios?

Los avances en ciencia y tecnología en las últimas décadas han dado lugar a cuestiones éticas sin precedente. Para abordar estas cuestiones, ha surgido el tema de un marco legal para las prácticas científicas, pero aún no se ha resuelto. ¿Cómo debería la UE establecer directrices para las ciencias sin perturbar la libertad de la creación científica, que es reconocida como asimilable a un derecho constitucional?

El enfoque tomado por la Unión Europea busca ser esencialmente concreto y operativo. Aunque la Comunidad Europea no tiene autoridad legislativa directa alguna en cuestiones de ética, desarrolla directrices y normativas para actividades en muchos campos, como medio para definir los valores y las reglas (éticos) que deben respetarse en este campo. Los gobiernos de la UE tienen que abordar cuestiones que son cada vez más complejas y requieren decisiones que tienen impactos extensos y profundos. Muchas de estas decisiones implican evaluaciones de riesgos que despiertan la preocupación pública. Ejemplos recientes en Francia y en Japón indican una tremenda pérdida de la confianza pública en la gestión y en la seguridad de sus suministros públicos de sangre (como consecuencia de la contaminación con VIH); Escocia y Japón se han enfrentado a la preocupación pública relativa a la capacidad de sus sistemas de expertos asesores para tratar de las bacterias E.coli; y el Reino Unido se ha esforzado por solucionar la pérdida de confianza pública y económica resultante de su gestión de la EEB (enfermedad de las vacas locas). Esto da lugar a las siguientes cuestiones inmediatas: ¿Es posible definir principios éticos fundamentales comunes a Europa respetando al mismo tiempo la diversidad cultural y las identidades nacionales de los países que constituyen la Unión Europea? ¿Cómo elegir entre una prohibición total y una demanda de una mejor tecnología alternativa? ¿Cómo manejar la "precaución" de la manera más razonable posible? ¿Cómo puede la ciencia fijar una escala con la que evaluar los diferentes niveles de riesgo? ¿Es posible normalizar el uso de la ciencia y desarrollar un conjunto coherente, consistente y sólido de directrices o procedimientos?

Se han desarrollado varias directrices y principios internacionales sobre asesoramiento científico en la toma de decisiones del gobierno. Estos principios están recibiendo creciente aceptación y están siendo adoptados en países como el Reino Unido, EE.UU. y Nueva Zelanda

Se han desarrollado varias directrices y principios internacionales sobre asesoramiento científico en la toma de decisiones del gobierno. Estos principios están recibiendo creciente aceptación y están siendo adoptados en países como el Reino Unido, EE.UU. y Nueva Zelanda. En muchos casos, los paneles de expertos y los organismos asesores proporcionan los medios para garantizar la información científica y aportarla a cuestiones y problemas de preocupación pública.

Dentro de la Comunidad Europea, se conservan los sistemas específicos de toma de decisiones sobre la ciencia que se desarrollaron a nivel nacional. Las presiones para generar directrices sobre el uso de la ciencia dentro de la Comunidad no son diferentes de las que se producen en otras partes. Se trata de proteger a los responsables de las decisiones y al público a la vez. Su grado de éxito se verá en los tribunales y esto ejercerá una presión creciente sobre todas las naciones para evaluar la calidad de su ciencia para tomar decisiones frente a los estándares legales.

Se sabe que la presión por tales estándares o directrices procede de las demandas del público para que quienes toman decisiones acepten sus percepciones y sus temores y adopten medidas preventivas para eliminar el riesgo o limitarlo a un nivel manejable. En particular, consideran la necesidad de tomar decisiones antes de que estén disponibles todos los datos científicos necesarios, y que por consiguiente a menudo adoptan un enfoque basado en el "principio de precaución".

La evaluación científica: un tema para la Unión Europea

La Comisión Europea entiende el diálogo entre ciencia y ética como parte de las futuras cuestiones de política europea de CyT. En junio de 1999 la Comisión Europea organizó una conferencia titulada "Ética y Ciencia- El debate social, jurídico y filosófico". El objetivo de esta conferencia fue destacar los aspectos filosóficos, sociales, legales, económicos, culturales y políticos de las cuestiones éticas relativas a ciencia y tecnología en Europa. Antes de esta conferencia, en una resolución del Consejo de 13 de abril de 1999, se pidió a la Comisión que desarrollara directrices claras y efectivas para la aplicación de este principio, que tiene que invocarse cuando los efectos potencialmente peligrosos de un fenómeno, producto o proceso se han identificado mediante una evaluación científica y objetiva, y esta evaluación no permite determinar el riesgo con suficiente certeza.

Conforme a esta interpretación del principio de precaución2, la evaluación científica/ética de la I+D no debería entrar en conflicto con la exigencia de decisiones basadas científicamente. Abarcaría las incertidumbres, la ausencia de datos y conocimientos, y ofrecería protección al hombre y al medio ambiente dentro del marco del desarrollo sostenible.

La evaluación científica/ética de la I+D no debería entrar en conflicto con la exigencia de decisiones basadas científicamente. Abarcaría las incertidumbres, los conocimientos incompletos, y ofrecería protección para el hombre y para el medio ambiente

Con estas directrices, la Comisión Europea intenta abarcar casos en donde la evidencia científica es insuficiente, no concluyente o incierta y la evaluación científica preliminar indica que hay motivos razonables de preocupación de que los efectos potencialmente peligrosos puedan no ser congruentes con el alto nivel de protección determinado por la Unión Europea.

Las directrices establecidas en la comunicación antes mencionada proporcionarán una herramienta útil en el futuro para tomar decisiones políticas a este respecto y contribuirán a legitimar las decisiones tomadas cuando la ciencia es incapaz de valorar completamente el riesgo, más que permitir que esas decisiones estén basadas en miedos o percepciones irracionales. Así, uno de los objetivos de la Comunicación es describir claramente las situaciones en las que podría aplicarse el principio de precaución y determinar el alcance de las medidas tomadas a este respecto. Esto, por consiguiente, ayudará a garantizar el funcionamiento adecuado del Mercado Interno así como un alto nivel de protección y la posibilidad de predicción para los consumidores y operadores económicos localizados en la Unión Europea y en otras partes.

Conclusión

El asesoramiento científico y tecnológico constituye un aporte de conocimiento esencial para una política efectiva y creíble y para las decisiones normativas en muchas áreas. A los responsables de la política de la UE se les pide continuamente que examinen una serie de cuestiones. Ciertos sucesos recientes han minado la confianza de la opinión pública y de los consumidores porque las decisiones o la falta de las mismas no estaban apoyadas por una evidencia científica plena y la legitimidad de esas decisiones era cuestionable.

Es política de la Comisión tomar decisiones dirigidas a conseguir un alto nivel de protección sobre una base científica sólida y adecuada. Las medidas potenciales deben basarse en un examen de los posibles beneficios y costes de la acción o de la inacción y estar sujetas a revisión a la luz de los nuevos datos científicos. Deben, pues, mantenerse en tanto en cuanto los datos científicos sigan siendo incompletos, imprecisos o no concluyentes y mientras se considere que el riesgo es demasiado alto para imponerlo a la sociedad. Finalmente, pueden asignar la responsabilidad o la carga de la prueba para obtener la evidencia científica necesaria para una valoración del riesgo exhaustiva.

Sin embargo, esta cuestión de cómo y cuando utilizar el principio de precaución, dentro de la Unión Europea y a nivel internacional, ha dado lugar a muchos debates y a puntos de vista variados y a veces contradictorios. Cuando hay motivos razonables de preocupación por una falta de evaluación científica detallada, deberá aplicarse el principio de precaución, comenzando con una evaluación tan completa como sea posible, con el fin de identificar el grado de incertidumbre científica en cada etapa, cuando sea posible. Los responsables de las decisiones, sin embargo, necesitan ser conscientes del grado de incertidumbre asociado a los resultados de la evaluación de la información científica disponible.

El principio de precaución deberá proporcionar una base para la acción cuando la ciencia es incapaz de dar una respuesta clara. Pero aunque no debería ser ni una politización de la ciencia ni la aceptación de un criterio de riesgo cero, el juicio de lo que es un nivel de riesgo"aceptable" para la sociedad es una responsabilidad eminentemente política más que un asunto de valoración científica.

En vista de ello, a las instancias políticas se les asigna la tarea de promover la ciencia y la investigación, mientras a los científicos y a los investigadores se les encomienda la tarea de ayudar a encontrar soluciones a los problemas sociales. Deben por consiguiente promover estructuras dentro del sistema científico que les permitan identificar qué clase de responsabilidad debe asumir la ciencia y que les ayuden a hacer frente a estas responsabilidades. Puede por tanto llegar a ser importante ampliar el campo del debate sobre la aplicación del principio de precaución hacia una mejor práctica en cierto número de áreas. Estas áreas podrían incluir la revisión de procedimientos, incluyendo la evaluación por pares interna y externa; la función de los medios de comunicación y el periodismo; la elección del material (fuentes) y los métodos empleados en la investigación; el uso de la ciencia en la toma de decisiones equilibradas basadas en la evidencia (evaluación del riesgo); la transparencia de los procesos científicos y legislativos; la comunicación de los resultados y las consecuencias previsibles de los resultados científicos y tecnológicos.

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Palabras clave

ciencia y ética, política de I+D, evaluación del riesgo, evaluación científica, principio de precaución

Notas y Referencias

1. On Being A Scientist: Responsible Conduct In Research, http://www.nap.edu/readingroom/books/obas/

2. Comunicación de la Comisión de 2 de febrero de 2000 sobre el principio de precaución.

3. Buller, D. Europe Reshuffles its Scientific Committees following BSE Crisis, Nature, 385, 664, 1997.

4. Comisión Europea (DG24) Directrices sobre la aplicación del principio de precaución. Bruselas (borrador), 1998.

5. Foro Europeo de Ciencia y Tecnología 1994: Scientific Expertise in European Public Policy Debate. Londres, 1994.

Contacto

Dr. Matthias Braun, VDI-TZ

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Sobre el autor

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Matthias Braun se formó como biólogo y es doctor en Bioquímica por la Universidad de Düsseldorf. Trabaja en el Centro Tecnológico VDI, en la División de Tecnologías Futuras desde 1996 y dirige las actividades prospectivas. Sus principales campos de interés son el diseño y la metodología de procesos prospectivos.

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