La nueva Ley de gobiernos corporativos chilena
| Autor | José María Albero Jové |
| Cargo | Abogado destacado en la Oficina de Santiago de Chile. |
| Páginas | 120-124 |
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Con el objetivo de alcanzar los más altos estándares internacionales de gobierno corporativo y, a su vez, cumplir los compromisos adquiridos por Chile en el proceso de integración a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con fecha 1 de enero de 2010 entró en vigor la Ley N.º 20.382, de 20 de octubre de 2009, que establece perfeccionamientos a la normativa sobre gobiernos corporativos de las empresas («Ley 20.382»).
La práctica totalidad de las modificaciones que introduce la Ley 20.382 en las tres normas que enmienda (esto es, la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Sociedades Anónimas y el Código de Comercio chilenos) tienen por objeto aumentar la información que deben entregar las sociedades tanto a sus propios accionistas como al regulador que las fiscaliza, asegurar una adecuada supervisión de los mercados, permitir que en éstos las operaciones sean más fluidas y proteger a los accionistas minoritarios. Todo lo anterior con el fin de aumentar los niveles de transparencia de los mercados y, en consecuencia, la confianza de los inversores.
Tal como se establecía en el mensaje presidencial con el que se inició el proyecto de ley del que surgió finalmente la Ley 20.382, cuatro son los principios fundamentales que han inspirado la promulgación de la norma:
Se pretende incrementar el flujo de información al mercado, permitiendo a los accionistas y al regulador local, la Superintendencia de Valores y Seguros («SVS»), una mejor supervisión y evaluación de las sociedades.
Por otra parte, y habida cuenta de que el deber de velar para que no se abuse de la información privilegiada no puede quedar solamente en manos de las autoridades, se prevé que el órgano de ad -ministración tenga un papel determinante en la definición de políticas que promuevan la transparencia.
Los accionistas minoritarios no tienen, en general, incentivos suficientes para recabar la información, ni pueden coordinarse fácilmente para hacer valer sus derechos, situación que genera graves problemas de agencia y riesgos de abuso por parte de quienes gozan de ventajas de información y coordinación. Por ello, se genera reticencia a invertir por parte de pequeños inversores, lo que, en definitiva, deriva en una menor profundidad y desarrollo de los mercados. En consideración a lo anterior, la Ley 20.382 propone mecanismos tendentes a que los accionistas y el público obtengan acceso a información completa y oportuna, disminuyendo los problemas de asimetría de información, agencia y riesgos de abuso.
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En concordancia con lo anterior, y como forma de resolver los referidos problemas que afectan negativamente a los accionistas minoritarios y al mercado, la Ley 20.382 ha creado la figura del consejero independiente como el mecanismo idóneo para la defensa de dichos actores. El consejero independiente, actuando a través del comité de directores, se configura como la herramienta más eficaz para proteger a los accionistas minoritarios y mejorar el flujo de información al mercado, sin privar de sus legítimos derechos a los accionistas que ostentan el control.
En la medida de lo posible, los accionistas, por medio de la junta o del consejo, deben tomar las decisiones claves acerca de cómo proceder en casos individuales, atendiendo a las circunstancias particulares de cada sociedad y sus preferencias.
En definitiva, los principios básicos en que se sustenta la Ley 20.382 aseguran una adecuada y oportuna divulgación de información, evitando las asimetrías que generan distorsiones y, a su vez, permitiendo que los accionistas puedan adoptar las mejores decisiones en cada caso, según la realidad de cada sociedad.
A continuación se recoge una reseña de las más importantes modificaciones introducidas por la Ley 20.382 en la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Sociedades Anónimas y el Código de Comercio chilenos.
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