Una novedad de impacto: las inspecciones operativas de servicios
| Autor | Luis Fernando Crespo Montes |
| Páginas | 215-221 |
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Cuando Almunia recuerda en sus Memorias Políticas su etapa de Ministro para las Administraciones Públicas en un epígrafe titulado «De la teoría a la práctica», aclara que el equipo del Departamento no se dedicó sólo a la reflexión especulativa sobre los problemas de la Administración, sus posibles soluciones y las estrategias más adecuadas para su reforma. También rememora que se pusieron en marcha «las llamadas inspecciones operativas de servicios, especie de auditorías de gestión dirigidas a los organismos públicos».
Precisamente la propia denominación venía condicionada por una doble circunstancia. Por un lado, la de evitar duplicidades y los consiguientes recelos de la Intervención General de la Administración del Estado, que hacía tiempo había iniciado la realización de auditorías de gestión. Tenía, pues, la patente del invento. Y, por otro, encajar esta nueva actividad en una específica Dirección General del Ministerio, la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, que había empezado un profundo proceso de reconversión funcional desplazando la vigilancia rigurosa y casi obsesiva de la aplicación del régimen de incompatibilidades, que había sido la principal, y casi única, razón de su creación.
Esta nueva Dirección General había aparecido en diciembre de 1982, pocos días después de la formación del primer Gobierno socialista, como preludio de la intensa reforma de la Administración que se iba a desarrollar. Y más concretamente, sobre el régimen de incompatibilidades de los funcionarios, mediante la aplicación estricta, rigurosa y radical de una Ley aprobada en época de los Gobiernos centristas, en junio de 1980, con la que el Gobierno socialista no estaba de acuerdo por su lenidad material. Al margen de que tuviera como objetivo principal la preparación de un nuevo régimen propio sobre esta espinosa y delicada materia.
Como dijo un alto dirigente del PSOE, durante la primera Legislatura con mayoría absoluta se habían pisado demasiado callos en el ámbito de la Función Pública. Así que no es de extrañar que el nuevo Ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, quisiera dar otra orientación a una Dirección General que se había dedicado básicamente a descubrir posibles infracciones, pri-
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mero, del régimen centrista de incompatibilidades, y más tarde, del más riguroso del Gobierno de su propio partido.
Pues bien, el Ministro resumía las IOS -así fueron llamadas coloquialmente desde el primer momento- de la siguiente manera:
...después de analizar sobre el terreno la gestión de los servicios, recomendaban estrategias para mejorar el funcionamiento de las unidades administrativas, a la vez que nos proporcionaban una fuente de información para detectar fallos que requerían soluciones más generales
.
En esencia era en lo que consistían.
La labor de preparación fue importante e intensa. Lo primero que hubo que hacer fue reciclar a la plantilla de los doce inspectores (recordemos, todo ellos con nivel de subdirector general) para que estuvieran capacitados para realizar los trabajos que habían de integrar la metodología propia de las IOS. Paralelamente fue necesario conocer las más usuales técnicas usadas en las auditorías aplicadas al mundo empresarial, y que eran desarrolladas por consultoras privadas. Ello se hizo a través de cursos impartidos por Arthur Andersen en los que participaba la plantilla completa de inspectores. Y, posteriormente, mediante la realización de algunos trabajos específicos que se llevaron a cabo bajo la tutoría y supervisión de Peat Marwick.
Después vino el proceso de conversión o adaptación de las técnicas empleadas por ambas empresas, bastante similares, a los parámetros propios de la Administración del Estado, ya que los Ministerios iban a ser los potenciales clientes de esta nueva actividad. Y, por supuesto, siempre a su requerimiento. Pero la campaña de lanzamiento, como suele ser de rigor en estos casos, terminó por generar una amplia demanda de este nuevo producto, vamos a llamarlo así, que se ofrecía desde el nuevo Ministerio.
Tampoco se olvidó a las auditorías de gestión que, como se ha dicho, desarrollaba en solitario la Intervención General de la Administración del Estado. Prime-ro, para evitar suspicacias, pero también para soslayar, no sin cierta dificultad, actuaciones en paralelo. De todas formas, la irrupción de una Dirección General del Ministerio para las Administraciones Públicas...
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