Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica
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Fuente: Boletín Oficial del Estado número 111, de 9 de mayo de 1965. Se publica incorporando la corrección de errores contenida en el B.O.E. de 15 de mayo de 1985.
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Desde su toma de posesión, el Gobierno de la Nación se ha propuesto sentar las bases para un crecimiento estable y duradero de la economía española como condición necesaria para crear empleo. Dentro de esta estrategia de medio plazo, el Gobierno ha ido adoptando tanto las medidas de política coyuntural como las reformas estructurales necesarias. Los grandes ejes de la política macroeconómica han sido una política monetaria a la que se le han fijado objetivos antiinflacionistas y una política fiscal enfocada a la reducción del déficit público, así como la recomendación a los interlocutores sociales en favor de la moderación en los Convenios Colectivos. Las reformas estructurales e institucionales han producido transformaciones tales como la supresión de serios Obstáculos a la contratación laboral, la reducción de pérdidas en las Empresas públicas, la adaptación a las normas comunitarias del funcionamiento de los mercados agrarios, la reconversión industrial, la reordenación del sector energético y tantas otras que, destinadas a mejorar la asignación de los recursos, permitirán un mayor crecimiento de la economía española. Los resultados obtenidos en la corrección de los desequilibrios, especialmente en lo que se refiere a la reducción del déficit público, la mejora de la balanza de pagos y la disminución de la tasa de inflación han hecho posible que, tanto en el Acuerdo Económico y Social como en la presentación de los Presupuestos para 1985, se decidiera mantener, en los próximos años, el poder adquisitivo de los salarios con el fin de compensar con una mayor demanda interna una previsible desaceleración de la demanda externa. Seis meses después de la presentación de los Presupuestos de 1985, se hace evidente la necesidad de adoptar más medidas en el sentido de potenciar la demanda interna, por cuanto la desaceleración de la economía internacional está siendo más profunda de lo esperado. Por ello, el Gobierno ha decidido adoptar un conjunto de medidas destinadas a estimular el consumo privado y la Inversión, a fomentar el empleo y a impulsar el sector de la construcción. Por otra parte, la confirmación de la proximidad del ingreso de España en las Comunidades Europeas aconseja acelerar algunas reformas institucionales que permitan, al dotar de una mayor flexibilidad a las empresas españolas, ajustarse a un entorno más competitivo con menores costes sociales.
Así, con el fin de concentrar la inversión privada en 1985 y 1986, se concede el importante estímulo fiscal de la libertad de amortización a las inversiones que comiencen en dichos años.
La deducción por creación de empleo en la cuota del Impuesto de Sociedades, contemplada en el Acuerdo Económico y Social, podrá aplicarse, a partir de ahora, sin límite alguno hasta consumir la totalidad de la cuota del impuesto.
Otras dos medidas, que tendrán su mayor impacto en las pequeñas y medianas empresas, son la reducción del coste de constitución de Sociedades, que irá acompañada de una simplificación en los trámites de registro, y la posibilidad que se concede a los empleados de participar en el capital de sus empresas, aprovechándose de los beneficios fiscales que se concedían hasta ahora a quienes suscribieran acciones cotizadas en Bolsa. Con el mismo propósito de facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas, progresando en la línea de lo ya dispuesto por el Decreto...
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