La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
| Autor | Josefina García Pedroviejo |
| Cargo | Abogada del Área de Mercantil de Uría Menéndez (Madrid). |
| Páginas | 132-137 |
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Tras un largo proceso, pues fue anunciada en el Debate sobre el Estado de la Nación de 2009, el pasado 4 de marzo fue aprobada la denominada Ley de Economía Sostenible («LES»).
El objetivo declarado de esta Ley era modernizar la economía, fundamentalmente en tres sectores: financiero, empresarial y medioambiental. En palabras de la Vicepresidenta primera del Gobierno de aquel momento, «la Ley da un fuerte impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito privado, promueve una reforma de la desgravación por compra de vivienda, e incentiva la rehabilitación y el alquiler». En definitiva, que resultaba necesario fundamentar nuestra economía en otros sectores, evitando la dependencia del ladrillo existente hasta el momento de inicio de la crisis económica y financiera y, por ello también, favorecer la investigación (I+D+i) -hasta ahora insuficientede cara a la adopción de un nuevo modelo productivo.
La sostenibilidad de la que se habla lo es en tres sentidos: económicamente, esto es, asentada en la mejora de la competitividad, en la innovación y en la formación; ambientalmente, que haga de la imprescindible gestión racional de los medios naturales también una oportunidad para impulsar nuevas actividades y nuevos empleos; y sostenible socialmente, en cuanto promotor y garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social. Veinte disposiciones adicionales y cincuenta y ocho disposiciones finales, además del articulado de la norma, modifican la regulación existente en numerosos sectores. Aunque agrupadas en torno a una sola norma (Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, LES), su formato nos recuerda pasadas leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, que venían -sin orden ni concierto- a modificar, regular, incluir o rectificar normativas de muy distinto nivel y contenido.
La diferencia entre estas y la LES puede estar en la justificación que se da en la última: responde al reto de reforzar los elementos más sólidos y estables de nuestro modelo productivo, reduciendo la excesiva dependencia de unos pocos sectores sometidos a la coyuntura e impulsando las posibilidades abiertas por el avance de nuevas actividades que ofrecen una mayor estabilidad en su desarrollo.
En él se define su objeto, el concepto de economía sostenible y los principios de actuación de los poderes públicos, como el ahorro y la eficiencia energética, la promoción de las energías limpias y su I+D+i, la racionalización de la construcción residencial, la mejora de la competitividad o de la estabilidad en las finanzas.
La LES define la economía sostenible como un patrón de crecimiento que concilia el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.
El título primero de la LES se centra en reformas dentro del sector público que permitan la mejora del entorno económico. Concretamente, modifica
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el procedimiento administrativo común y dicta normas sobre ordenación general de la economía.
Lleno de buenas intenciones está el capítulo I, donde se recogen los principios a los que se han de adaptar las iniciativas normativas y cómo debe de ser la regulación vigente. El tiempo dirá si no es un mero brindis al sol.
- Entre los principios aplicables a las iniciativas normativas se encuentran los de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.
- Se impulsarán los instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas para garantizar que se tengan en cuenta los efectos de todo tipo que éstas produzcan.
- Se establecerán los mecanismos de consulta pública con los agentes implicados que estimulen su participación activa en el proceso de elaboración normativa. Para ello pondrán a su disposición todos los canales de comunicación necesarios, especialmente a través de medios telemáticos.
- Se evitará la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas al funcionamiento de los mercados.
- Se promoverá el desarrollo de procedimientos de evaluación a posteriori de su actuación normativa.
- Se crearán instrumentos de acceso sencillo y universal a la regulación vigente.
- Los poderes públicos procurarán el mantenimiento de un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible para los ciudadanos y agentes económicos.
- Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y a los objetivos de sostenibilidad recogidos en esta Ley, y publicarán un informe periódico.
El capítulo II trata de introducir por primera vez en nuestro ordenamiento un marco horizontal, común a todos los Organismos Reguladores, que intenta reafirmar su independencia frente al Gobierno y frente al sector correspondiente, y su actuación de acuerdo con principios de eficiencia y transparencia.
Los organismos reguladores están dotados de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Actúan en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional, plena independencia de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. Están sometidos al control parlamentario y judicial.
El marco jurídico común que establece la Ley prima sobre su legislación específica, en lo que no resulte afectado por ella y por sus estatutos, aprobados mediante el correspondiente Real Decreto. Como marco supletorio se añade la Ley del Régimen Jurídico de las...
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