Introducción

Autor:Carlos Salido Valle
Cargo del Autor:Doctor en Derecho
 
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El propósito perseguido con esta obra es proporcionar un medio de reflexión para los profesionales que tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, en particular para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Entre la amplia gama de funciones atribuidas a dichas Fuerzas y Cuerpos, el ordenamiento jurídico los faculta para la investigación de los delitos y el descubrimiento de los delincuentes. Más concretamente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación de la policía judicial -y los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad forman parte integrante de ella- de proceder a la detención de personas en determinadas circunstancias.

En este marco -la investigación de las infracciones penales, y la privación de libertad de quienes aparezcan como presuntos responsables de ellas- pueden verse afectados derechos individuales que la Constitución Española ha incluido entre los derechos fundamentales y las libertades públicas que, como es sabido, gozan de una especial protección. Entre aquellos derechos, además de la libertad y seguridad personales del artículo 17 de la Constitución, pueden resultar afectados el derecho a la vida y a la integridad física del artículo 15, el derecho a la intimidad personal del artículo 18 y el derecho a la defensa del artículo 24, todos ellos también de la Constitución.

El número e importancia de los derechos que resultan afectados por la privación de la libertad individual de una persona, nos impulsó a realizar un estudio que, en principio, iba a verse limitado a una de las manifestaciones del derecho a la defensa, cual es el derecho a la asistencia letrada que ostenta todo detenido. Era evidente que, con anterioridad a abordar específicamente dicha cuestión, se hacía necesario delimitar el concepto de «detención», de una manera precisa, analizando las disposiciones jurídicas en que se concretaba el principio de legalidad contenido en el número 1 del artículo 17 de la Constitución Española, no sólo desde el punto de vista de cuándo quedaba autorizada la privación de libertad, sino de los elementos que debían ser considerados y ponderados con referencia a Informa en que dicha privación de libertad debería llevarse a efecto.

Profundizar en estos estudios preliminares nos llevó a la conclusión de que la institución -la detención- precisaba una serie de modificaciones para adecuarla al sistema procesal penal vigente en...

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