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José Muñoz Castillo: Viviendas de protección oficial. El procedimiento administrativo.

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AutorJosé Luís Blasco Díaz

José Muñoz Castillo: Viviendas de protección oficial. El procedimiento administrativo. Generalitat Valenciana-Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, 205 págs.

  1. El espectacular aumento de los precios de la vivienda que se viene produciendo desde la mitad de la década anterior, ha puesto el acceso a su propiedad en unas cotas casi inalcanzables para buena parte de la población. Frente a esta coyuntura, el artículo 47 de nuestra Constitución dispone que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, debiendo promover los poderes públicos las condiciones y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. El carácter finalista de este mandato exige una conducta activa de aquéllos para hacerlo factible, razón por la que el mercado debe ser intervenido con el fin de facilitar en lo posible el acceso a la vivienda a quien no pueda hacerlo sin ayudas. En este contexto, son las viviendas de protección oficial las que deben resolver los problemas de un alto sector de la población.

    En cumplimiento de tal previsión se ha dictado una abundante legislación, siendo una de sus principales características, además de los importantes condicionamientos económicos y técnicos, la posibilidad de que Comunidades Autónomas asuman en exclusiva competencias en la materia. Todas han dictado al efecto normas de diverso rango, reglamentarias principalmente, estableciendo variadas exigencias de carácter fundamentalmente económico -dirigidas tanto al particular adquirente de la vivienda protegida o arrendatario de la misma, como a su promoción y construcción- para superar en la medida de lo posible los obstáculos que impiden el acceso a una vivienda digna y adecuada. Junto a esta legislación autonómica, y por el carácter finalista de la disposición constitucional, el Estado elaboró el Plan de Vivienda 1992/1995, en cuyo desarrollo se dictaron varios Reales Decretos, al que ha sucedido el Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999, vigente en la actualidad, destinado a reducir el esfuerzo económico que tienen que realizar tanto promotores como adquirentes.

    Todo el conjunto de normas reguladoras de la vivienda protegida que se derivan de la situación descrita convierte en especialmente complejo el conocimiento de sus diversos ámbitos jurídicos, alcanzando incluso a uno de tanta relevancia práctica como su procedimiento administrativo, dificultad acrecentada por la ausencia de bibliografía referida al sector, como apunta el profesor GARCIA MACHO en el Prólogo del libro. Es precisamente el objeto de la presente obra, señala expresamente el autor, tratar del «orden...

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