Instituciones del Estado

La Ley orgánica 1/2000 modifica el art.

33 de la Ley orgánica del Tribunal Consti-

tucional (LOTC), añadiendo dos nuevos

apartados. Esta modificación permite am-

pliar el plazo para interponer recurso de

inconstitucionalidad de tres meses a nue-

ve meses, en relación con los recursos in-

terpuestos por el presidente del Gobierno

y los órganos colegiados ejecutivos de las

comunidades autónomas, siempre que se

cumplan los requisitos previstos en el nue-

vo apartado segundo del art. 33.

La vocación de la Ley al ampliar el plazo

para interponer recurso de inconstitucio-

nalidad es la de tratar de evitar que este

procedimiento de declaración de incons-

titucionalidad sea la única vía para que

Estado y comunidades autónomas solu-

cionen sus conflictos competenciales cuan-

do la norma que presuntamente vulnere

el orden competencial sea una ley, una

disposición o un acto con fuerza de ley.

En este sentido, la Ley, tal y como se

pone de manifiesto en la exposición de

motivos, pretende que el principio de co-

laboración que debe guiar las relaciones

entre Estado y comunidades autónomas

esté también presente en el ámbito de los

conflictos competenciales que deban ser

tramitados mediante la vía del recurso de

inconstitucionalidad. El objetivo final es,

por lo tanto, establecer un mecanismo

que permita disminuir la conflictividad

competencial entre Estado y comunida-

des autónomas, posibilitando que se lle-

gue a un acuerdo que haga innecesario el

planteamiento del recurso de inconstitu-

cionalidad. De esta manera se permite

trasladar la posible solución del conflicto

a las partes implicadas.

En cuanto a los requisitos para poder

alargar hasta nueve meses el plazo de in-

terposición de los recursos de inconstitu-

cionalidad planteados por el presidente

del Gobierno o por los órganos colegia-

dos ejecutivos de las comunidades autó-

nomas, el artículo único de la Ley orgá-

nica 1/2000 dispone que se tienen que

cumplir los requisitos siguientes:

1. Se tiene que reunir la Comisión Bi-

lateral de Cooperación entre la Adminis-

tración general del Estado y la respectiva

comunidad autónoma, y pueden solici-

tar su convocatoria cualquiera de las dos

administraciones. (La figura de las comi-

siones bilaterales de cooperación está pre-

vista en el art. 5.2 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de régimen jurídico

de las administraciones públicas y del

procedimiento administrativo común.)

2. La Comisión Bilateral de Coopera-

ción debe adoptar un acuerdo sobre ini-

ciación de negociaciones para resolver las

discrepancias, siendo posible que se inste

la modificación del texto normativo. El

1. INSTITUCIONES DEL ESTADO

1.1. ACTIVIDAD LEGISLATIVA ESTATAL

A cargo de Francesc de Carreras y Juan Carlos Gavara

Ley orgánica 1/2000, de 7 de enero, de modificación de la Ley orgánica 2/1979, de

3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 8, de 10 de enero).

Autonomies, núm. 27, diciembre de 2001, Barcelona.

acuerdo podrá hacer referencia a la invo-

cación o no de la suspensión de la norma

en el supuesto de presentarse el recurso en

el plazo previsto en el art. 33.2 LOTC.

3. El acuerdo debe ser comunicado al

Tribunal Constitucional en el plazo de

los tres meses siguientes a la publicación

de la norma, y se debe inserir en el BOE

y en el diario oficial de la comunidad

autónoma correspondiente.

De acuerdo con este procedimiento,

hay que destacar que se han publicado

los acuerdos siguientes de las comisiones

bilaterales:

a) Acuerdo de 29 de marzo de 2000

(BOE núm. 84, de 7 de abril) de la Comi-

sión Bilateral de Cooperación de la Ad-

ministración del Estado y la Comunidad

Autónoma de Canarias de inicio de nego-

ciaciones en relación con la Ley 3/2000,

de 7 de enero, de régimen jurídico de pro-

tección de las obtenciones vegetales.

b) Acuerdo de 3 de octubre de 2000

(BOE núm. 239, de 5 de octubre) de la

Comisión Bilateral de Cooperación de

la Administración del Estado y la Co-

munidad Autónoma de Madrid de ini-

cio de negociaciones en relación con la

Ley 9/2000, de 30 de junio, de mutuali-

dades de previsión social.

c) Acuerdo de 4 de octubre de 2001

(BOE núm. 242, de 9 de octubre) de la

Comisión Bilateral de Cooperación de

la Administración general del Estado y

la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha de inicio de negociaciones

en relación con la Ley de Castilla-La

Mancha 8/2001, de 28 de junio, para la

ordenación de las instalaciones de radio-

comunicación de Castilla-La Mancha.

d) Acuerdo de 10 de octubre de 2001

(BOE núm. 251, de 19 de octubre) de

la Comisión Bilateral de Cooperación

de la Administración general del Estado

y la Comunidad Autónoma de Catalu-

ña de inicio de negociaciones en rela-

ción con la Ley catalana 10/2001, de 13

de julio, de archivos y documentos.

e) Acuerdo de 25 de febrero de 2002

(BOE núm. 56, de 6 de marzo) de la

Comisión Bilateral de Cooperación de

la Administración general del Estado y

la Comunidad Foral de Navarra, por el

cual se llega a un acuerdo sobre las dis-

crepancias relativas a la Ley foral

18/2001, de 5 de julio, por la cual se re-

gula la actividad audiovisual en Navarra

y se crea el Consejo Audiovisual de Na-

varra (el inicio de las negociaciones se

acordó el 8 de octubre de 2001, BOE

núm. 248, de 16 de octubre de 2001).

f ) Acuerdo de 12 de marzo de 2002

(BOE núm. 63, de 14 de marzo) de la Co-

misión Bilateral de Cooperación de la Ad-

ministración general del Estado y la Co-

munidad Autónoma de Andalucía de

inicio de negociaciones en relación con la

Ley andaluza 13/2001, de 11 de diciem-

bre, de coordinación de las policías locales.

Marta Fernández de Frutos

AUTONOMIES · 27

96

Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extran-

jeros en España y su integración social (BOE núm. 10, de 12 de enero);

Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la anterior (BOE

núm. 307, de 23 de diciembre).

Estas dos leyes orgánicas son un expo-

nente claro, a nivel legislativo, del tema estrella de debate durante el año 2000:

la inmigración y su trato por parte de las

instituciones públicas. La primera nor-

ma (Ley orgánica 4/2000) refleja una

postura más igualitarista que preconiza

para los extranjeros un trato casi equipa-

rado al de los ciudadanos españoles. In-

cluso no configura un estatus jurídico

excesivamente diferenciado para los ex-

tranjeros que residen legalmente en el

país y para los que se encuentran en una

situación irregular. La Ley parece partir

de la base de que la titularidad de los

derechos se basa mucho más en la con-

dición humana que en la posesión de

los correspondientes permisos de resi-

dencia y de trabajo. Así, se establece el

principio general de igualdad de dere-

chos entre extranjeros y nacionales (art.

3.1), se reconocen a todos los extranje-

ros los derechos de reunión (art. 7), de

asociación, el derecho a la educación

(art. 9), al trabajo (art. 10), a la sindica-

ción y a la huelga (art. 11), a la asisten-

cia sanitaria de urgencia y en los supues-

tos de maternidad (art. 12.2 y 3), a la

tutela judicial efectiva (art. 18) y el dere-

cho a la asistencia jurídica gratuita en

aquellos procedimientos que pudieran

llevar a su expulsión o salida obligatoria

del territorio español (art. 20.1), que-

dando sólo reservados a los extranjeros

que residen legalmente en el país los de-

rechos relativos a las ayudas en materia

de vivienda (art. 14), a la Seguridad So-

cial y otros servicios sociales (art. 14) y a

la asistencia jurídica gratuita en condi-

ciones de igualdad con los nacionales

(art. 20.2). La Ley establecía también

una tercera categoría entre extranjeros

regulares e irregulares, la de extranjeros

empadronados, categoría a la cual perte-

necían los que también disfrutaban de

un estatus distinto al de los miembros

de los otros dos grupos (tenían los dere-

chos de los irregulares más el de partici-

pación política a nivel municipal, de

manera que pueden elegir unos repre-

sentantes de su grupo social –art. 6.2–,

de asistencia sanitaria –12.1– y, como

los extranjeros residentes, de asistencia

jurídica gratuita en condiciones de

igualdad con los nacionales –20.3).

Por otro lado, esta Ley establecía un

procedimiento para la concesión de vi-

sados y permisos de entrada, permanen-

cia, residencia y trabajo bastante claro y

tasado en comparación con la situación

previa de amplia discrecionalidad admi-

nistrativa, incluyendo mecanismos rela-

tivamente asequibles de regularización

periódica de extranjeros en situación

irregular (art. 29.3). La Ley también in-

cluía medidas contra la contratación ile-

gal de trabajadores extranjeros y el tráfi-

co ilegal de inmigrantes que penalizaba

a los traficantes, a los empresarios in-

fractores, e intentaba respetar los dere-

chos del trabajador inmigrante engaña-

do u objeto del fraude (art. 33.3 y 55).

Finalmente, la Ley suprimía la expul-

sión como sanción aplicable a las infrac-

ciones en materia de extranjería.

Una vez aprobada esta Ley, el Grupo

Parlamentario Popular, que daba apoyo

al Gobierno y que quedó en minoría en

contra del texto final, en su programa

electoral incluyó su reforma. La mayoría

absoluta obtenida en las elecciones del

mes de marzo de 2000 facilitó el inicio

del procedimiento de reforma. Dos de los

argumentos básicos del grupo en el Go-

bierno para promover esta reforma eran

que la Ley aprobada favorecía el efecto

“llamada” al ser excesivamente favorable

a los derechos de los extranjeros y, en se-

gundo lugar, que iba contra los acuerdos

suscritos en la cumbre europea de Tam-

pere, celebrada el mes de octubre del

año 1999, acuerdos a cuyo cumplimien-

to el Gobierno español estaba obligado.

En consecuencia, la reforma de la Ley

significó un endurecimiento del estatus

ofrecido a los extranjeros, endureci-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 97

AUTONOMIES · 27

98

miento que se manifestó básicamente

en tres puntos:

a) Diferenciación clara entre extran-

jeros que residen legalmente y extranjeros

irregulares, excluyendo a estos últimos

de los derechos de reunión, manifesta-

ción (art. 7), asociación (art. 8), del de-

recho a la educación de carácter no obli-

gatorio (art. 9.3), al trabajo (art. 10), a la

sindicación y huelga (art. 11). Los ex-

tranjeros empadronados continúan te-

niendo derecho a la asistencia jurídica

gratuita (art. 12), pero pierden el de par-

ticipación política para elegir a sus repre-

sentantes a nivel municipal (art. 6.2).

b) Reintroducción de un alto nivel

de discrecionalidad gubernativa y admi-

nistrativa en todo el proceso de conce-

sión y renovación de permisos de entra-

da, permanencia, residencia y trabajo de

ciudadanos extranjeros (título II). Así,

por ejemplo, hay un incremento de las

remisiones a reglamentos que regulan o

regularán los distintos procedimientos

(por ejemplo, los cuatro primeros apar-

tados del artículo 31 remiten a la regula-

ción reglamentaria aspectos relaciona-

dos con los permisos de residencia

temporal; el reglamento de ejecución de

la Ley ha sido aprobado por el Real de-

creto 864/2001, de 20 de julio).

c)Reintroduce la expulsión como

sanción alternativa a la multa para los su-

puestos de infracciones tipificadas por la

misma Ley como muy graves o algunas

de las graves y cometidas por extranjeros

(art. 57.1). Estas expulsiones pueden ser

objeto, en algunos casos, de un procedi-

miento administrativo preferente de un

período teórico de duración de 48 horas

(en la práctica algunas más) (vid. art. 63).

La Ley ha mantenido las sanciones

para los traficantes de mano de obra ile-

gal y los empresarios que incumplan la

normativa de contratación de trabaja-

dores extranjeros, y también el respeto

por los derechos de los extranjeros en es-

tas situaciones (vid. art. 36.3 y 59) y ha

introducido obligaciones específicas

para los transportistas (art. 66), que bá-

sicamente son reflejo de obligaciones

preexistentes en otros textos legales.

En cuanto a las competencias de las

comunidades autónomas, es evidente

que esta Ley les afecta de una manera cla-

ra. La mayoría de los derechos que esta

Ley reconoce (básicamente los relaciona-

dos con la sanidad, la educación, la cultu-

ra y los servicios sociales) deben ser ejecu-

tados por las comunidades autónomas,

ya que se trata de ámbitos materiales que

han sido total o parcialmente transferi-

dos al plano autonómico. Es, por ello,

deseable el establecimiento de mecanis-

mos que permitan a las comunidades au-

tónomas participar en el diseño de las po-

líticas migratorias. En este punto la

reforma ha incrementado los supuestos

de participación de las comunidades au-

tónomas en este ámbito. Así, la Ley orgá-

nica 4/2000 preveía básicamente tres

ámbitos de intervención autonómica:

a) La planificación en materia de ins-

pección laboral para comprobar el cum-

plimiento del principio de igualdad y

no discriminación de trabajadores ex-

tranjeros (art. 60.3) (en realidad se trata

de un recordatorio de una competencia

que, por ejemplo, en el caso de Cataluña

ha sido plenamente asumida en el Esta-

tuto –vid. art. 11.2 EAC).

b) El Consejo Superior de Política de

Inmigración. Este es un órgano que tie-

ne como función establecer las bases y

los criterios sobre los cuales se asentará

una política global en materia de inte-

gración social y laboral de los inmigran-

tes y estará integrado por representantes

del Estado, de las comunidades autóno-

mas y de los municipios (vid. art. 61)

(posteriormente ha sido creado formal-

mente y regulado por el Real decreto

344/2001, de 4 de abril).

c) El Foro para la Inmigración. Este

órgano preexistente (había sido creado

por el Real decreto 490/1995, de 7 de

abril, y posteriormente reformado por el

Real decreto 367/2001, de 4 de abril)

tiene funciones de consulta, informa-

ción y asesoramiento en materia de in-

migración. Está integrado por represen-

tantes de las administraciones públicas

(central, autonómicas y locales), de las

asociaciones de inmigrantes y de las or-

ganizaciones sociales de apoyo (vid. art.

63 de la Ley orgánica 4/2000).

La Ley orgánica 8/2000 mantiene es-

tos ámbitos de participación (vid. art.

67.3, 68 y 70) y establece un nuevo ám-

bito de participación de las comunidades

autónomas: la presentación de propues-

tas al Gobierno de cara a la fijación del

contingente de trabajadores extranjeros

que, anualmente y siempre que exista ne-

cesidad de mano de obra, fijará el núme-

ro y las características de las ofertas de tra-

bajo para ciudadanos extranjeros que no

se hallen ni residan en España (art. 39).

Además, a nivel bilateral, la Ley establece

la posibilidad de crear subcomisiones so-

bre inmigración en las comisiones bilate-

rales entre el Estado y las comunidades

autónomas (vid. disposición adicional se-

gunda). Habrá que ver si este es un pri-

mer paso para una participación más in-

tensa de las comunidades autónomas en

el marco de la inmigración, ya que son,

conjuntamente con los ayuntamientos,

las responsables de la gestión.

Finalmente, hay que tener presente que

la Ley orgánica 8/2000 no ha traído el

consenso político, sino que ha mantenido

el enfrentamiento. Como prueba de estas

diferencias, la Ley 8/2000 ha sido objeto

de recurso ante el Tribunal Constitucio-

nal por parte de 50 diputados del Grupo

Parlamentario Socialista, los parlamentos

de Asturias, Andalucía, Castilla-La Man-

cha, Extremadura, Navarra, Aragón, Islas

Baleares y el Gobierno vasco.

Francesc Guillen

ACTIVIDAD NORMATIVA... 99

Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de

los menores (BOE núm. 11, de 13 de enero);

Ley orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley orgánica

10/1995, del Código penal y de la Ley 5/2000, reguladora de la responsabi-

lidad penal de los menores en relación con los delitos de terrorismo (BOE

núm. 307, de 23 de diciembre).

La aprobación de esta Ley orgánica

responde a la situación normativa crea-

da a partir de la Sentencia del Tribunal

Constitucional 36/1991, de 14 de fe-

brero, que declaraba inconstitucional el

artículo 15 de la Ley de tribunales tute-

lares de menores, texto refundido de 11

de junio de 1948 y que provocó la apro-

bación de la Ley orgánica 4/1992, de 5

de junio, sobre reforma de la Ley regula-

dora de la competencia y el procedi-

miento de los juzgados de menores. Esta

última ya reconocía de manera expresa

en su propio texto la necesidad de la

adopción de medidas legislativas poste-

riores en materia de menores que se

adaptasen tanto al art. 19 del Código

penal vigente, que fija la mayoría de

edad penal en los dieciocho años y exige

la regulación expresa de la responsabili-

dad penal de los menores de esa edad en

una ley independiente, como la Con-

vención de los derechos del niño de

1989, ratificada por España.

De la nueva Ley hay que destacar el

paso de la mayoría de edad penal de los

16 a los 18 años y el aumento de la edad

de inimputabilidad de los 14 a los 16,

basándose en la convicción del legislador

de que las infracciones cometidas por los

niños menores de esa edad son, general-

mente, irrelevantes y que, en aquellos es-

casos supuestos en los que aquellas in-

fracciones pudieran producir alarma

social, el ámbito familiar y la asistencia

civil son suficientes para darles una res-

puesta adecuada sin necesidad de tener

que recurrir al aparato judicial sanciona-

dor del Estado. La Ley adopta el criterio

de que el interés del menor debe ser

atendido por especialistas en las áreas de

educación y la formación que pertenez-

can a esferas de mayor inmediatez del

Estado. En este sentido el juez, a instan-

cia de las partes y escuchados los equipos

técnicos del propio juzgado y de la enti-

dad pública de la comunidad autónoma

correspondiente, dispondrá de amplias

facultades para suspender o sustituir por

otras las medidas impuestas, o permitir

la participación de los padres del menor

en la aplicación y las consecuencias que

produzcan, sin que resulten vulneradas

las debidas garantías procesales.

Esta Ley tiene un impacto evidente so-

bre las comunidades autónomas en la me-

dida en que afecta a su competencia exclu-

siva en materia de protección y tutela de

menores (el art. 9.28 del Estatuto de auto-

nomía de Cataluña establece la competen-

cia exclusiva de la Generalidad en materia

de instituciones públicas de protección y

tutela de menores, respetando, en todo

caso, la legislación civil, penal y peniten-

ciaria). Este efecto es detectado por la mis-

ma Ley orgánica, y prevé de forma expresa

la competencia autonómica para dar cum-

plimiento y hacer efectivas aquellas deci-

siones que los jueces de menores determi-

nen. En este sentido el artículo 45 de la

Ley, relativo a la competencia administra-

tiva para la ejecución de las medidas adop-

tadas por los juzgados de menores en sen-

tencias firmes, prevé expresamente que

esta es competencia exclusiva de las comu-

nidades autónomas y de las ciudades de

Ceuta y Melilla. Estas entidades deberán

aprobar sus respectivas normas de organi-

zación para proceder a la creación, direc-

ción, organización y gestión de los servi-

cios, las instituciones y los programas

adecuados para garantizar la ejecución co-

rrecta de las medidas previstas en la Ley (el

mandato del legislador estatal a las comu-

nidades autónomas con competencias so-

bre la materia está previsto expresamente

en la disposición final séptima de la misma

Ley orgánica). Muchas de las previsiones

legislativas condicionan la actividad orga-

nizativa autonómica, en especial en todo

lo relativo a los derechos del menor (dere-

cho a que la entidad pública de la que de-

pende el centro vele por su vida, su integri-

dad física y su salud, sin que puedan ser

sometidos a tratos degradantes o a malos

tratos de palabra o de obra; derecho a reci-

bir educación y formación integral; dere-

cho a que se preserve su dignidad e intimi-

dad; derecho a estar en el centro más

próximo a su domicilio y a no ser trasla-

dado fuera de su comunidad autónoma;

derecho a recorrer las resoluciones sancio-

nadoras o el derecho a comunicarse libre-

mente con sus padres, representantes le-

gales o familiares); a la dotación de los

juzgados de menores, y a la creación de sa-

las de menores en los tribunales superio-

res de justicia de las comunidades autóno-

mas. Cabe destacar que la Ley prevé un

período de vacatio legis de un año.

AUTONOMIES · 27

100

Específicamente para el caso de Catalu-

ña, esta ley provocó la aprobación de la

Ley 27/2001, de 31 de diciembre, de jus-

ticia juvenil, por parte del Parlamento de

Cataluña (DOGC núm. 3580, de 21 de

febrero de 2002). Ésta tiene por objeto re-

gular las funciones que tiene que cumplir

la Administración de la Generalidad en

ejecución de las previsiones de la Ley orgá-

nica 5/2000, y en el desarrollo de progra-

mas destinados a dar apoyo a los procesos

de reinserción, mediante el organismo que

tenga atribuida la competencia, así como

establecer el régimen de participación y

colaboración de entidades públicas y pri-

vadas en el ejercicio de estas funciones.

Casi un año después de la aprobación

de la Ley orgánica 5/2000, pero cuando

esta aún no había entrado en vigor (re-

cordemos que había prevista una vacatio

legis de un año), se aprueba esta Ley or-

gánica, de modificación de la primera y

de algunos preceptos del Código penal

que tiene como principales objetivos la

introducción de nuevos tipos penales,

como la exaltación del terrorismo, así

como el endurecimiento de las penas

que se imponen a los menores como

consecuencia de la comisión de delitos

de terrorismo. La Ley pretende dar una

respuesta específica a la comisión de

aquellos delitos terroristas llamados de

baja intensidad, que suponen un que-

brantamiento del orden público, del or-

den y la paz social, y que habitualmente

son cometidos por menores.

La Ley afecta al ámbito competencial

autonómico igual que lo hacía la Ley or-

gánica 5/2000, en todo lo relativo a la

ejecución de las medidas judiciales diri-

gidas a los autores de estos delitos, dis-

tinguiendo el trato judicial que se les de-

berá dar dependiendo de si son mayores

de dieciocho años o de si tienen una

edad comprendida entre los dieciséis y

los dieciocho.

Francesc Vallès

ACTIVIDAD NORMATIVA... 101

La Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil,

deroga la anterior Ley de enjuiciamien-

to civil de 1881, con las excepciones

previstas en la disposición derogatoria

única.

La Ley se dicta con la voluntad de in-

troducir un nuevo código procesal civil

que haga posible el derecho a la tutela ju-

dicial efectiva expresado en el art. 24 de la

Constitución, dado que la antigua nor-

mativa, y las modificaciones correspon-

dientes que la misma ha sufrido, se han

manifestado insuficientes para dar res-

puesta a los problemas que se plantean en

el ámbito de la justicia civil. La Ley trata

de garantizar una justicia más ágil y más

inmediata, y por ello se establecen un

conjunto de instrumentos dirigidos a po-

sibilitar una disminución del tiempo ne-

cesario para obtener una resolución judi-

cial, y mecanismos que hagan posible

que cada asunto sea seguido y conocido

por el tribunal que tenga que resolver.

El título competencial en el que se

ampara el Estado para aprobar esta Ley,

como dispone la disposición adicional

primera de la Ley, es el del art. 149.1.6

CE, que atribuye al Estado la compe-

tencia exclusiva sobre legislación proce-

sal, sin perjuicio de las necesarias espe-

cialidades que en este orden se deriven

de las particularidades del derecho sus-

tantivo de las comunidades autónomas.

(Así, ha de tenerse en cuenta que el art.

9.3 del Estatuto de autonomía de Ca-

taluña dispone que la Generalidad de

Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (BOE núm. 7, de 8 de enero).

Cataluña tiene competencia exclusiva

sobre normas procesales y de procedi-

miento administrativo que se deriven de

las particularidades del derecho sustan-

tivo de Cataluña o de las especialidades

de la organización de la Generalidad.)

Los términos en los que hay que entender

la atribución al Estado de la competencia

exclusiva sobre legislación procesal ha

sido objeto de atención en diferentes sen-

tencias del Tribunal Constitucional en las

que se ha delimitado cómo hay que con-

jugar la atribución de la competencia al

Estado con la posible existencia de com-

petencias autonómicas sobre esta materia

(entre otras STC 83/1986, 123/1988,

121/1992, 146/1996, 147/1998).

La disposición adicional tercera prevé

que en el plazo de un año desde la aproba-

ción de la Ley, el Gobierno de la Nación y

los consejos ejecutivos de las comunida-

des autónomas que tengan transferidas las

competencias adoptarán las medidas ne-

cesarias para que los juzgados dispongan

de los medios materiales y de los recursos

humanos precisos para la constancia de las

actuaciones orales conforme a lo que dis-

pone el art. 147 de la Ley (este artículo

establece que las actuaciones orales en vis-

tas y comparecencias se registrarán en

soporte apto para la grabación y repro-

ducción del sonido y de la imagen). La

Comunidad Autónoma de Cataluña tie-

ne transferida por Real decreto 966/1990,

de 20 de julio, la competencia para ejercer

determinadas funciones y servicios para la

provisión de los medios materiales y eco-

nómicos necesarios para el funcionamien-

to de la Administración de justicia, entre

las que se encuentran la adquisición y la

gestión de patrimonio mobiliario, inmo-

biliario y efectos para los órganos judicia-

les con sede en Cataluña, y la promoción

y la utilización de bienes informáticos des-

tinados a los servicios administrativos

propios de los juzgados y tribunales.

En cuanto a la posibilidad de utilizar

en las actuaciones judiciales, además de

la lengua oficial del Estado, la lengua ofi-

cial de la comunidad autónoma, el art.

142.2 establece que los jueces, magistra-

dos, secretarios judiciales, fiscales y otros

funcionarios de juzgados y tribunales

podrán utilizar la lengua oficial propia

de la comunidad autónoma, siempre

que ninguna de las partes se oponga a

ello alegando desconocimiento que pu-

diera producir indefensión. El art. 142.3

dispone que las partes, sus procuradores

y abogados, así como los testigos y peri-

tos, podrán utilizar la lengua que sea ofi-

cial en la comunidad autónoma donde

tengan lugar las actuaciones judiciales,

tanto en manifestaciones orales como es-

critas. Por su parte, el art. 142.4 prevé

que las actuaciones judiciales realizadas y

los documentos presentados en el idio-

ma oficial de una comunidad autónoma

tendrán, sin necesidad de traducción al

castellano, plena validez y eficacia, pero

se procederá de oficio a su traducción

cuando hayan de tener efecto fuera de la

jurisdicción de los órganos judiciales si-

tuados en la comunidad autónoma, ex-

cepto si se trata de comunidades autóno-

mas con la misma lengua oficial propia.

También se hará la traducción cuando

así lo dispongan las leyes o a instancia de

parte que alegue indefensión.

En cuanto al sistema de recursos, cabe

destacar que la Ley, en el art. 468, atri-

buye a las salas de lo civil y penal de los

tribunales superiores de justicia el cono-

cimiento de los recursos por infracción

procesal contra sentencias y autos dicta-

dos por las audiencias provinciales que

pongan fin a la segunda instancia. Asi-

mismo corresponde, de acuerdo con los

art. 477 y 478, a los tribunales superio-

res de justicia conocer de los recursos de

casación contra resoluciones de los tri-

bunales civiles con sede en la comuni-

AUTONOMIES · 27

102

dad autónoma siempre que el recurso se

fundamente, exclusivamente o junto

con otros motivos, en la infracción de

normas del derecho civil, foral o espe-

cial propio de la comunidad, y cuando

el estatuto de autonomía correspon-

diente así lo establezca (el art. 20.1.a

del Estatuto de autonomía de Cataluña

establece que la competencia de los ór-

ganos jurisdiccionales en Cataluña se

extiende en el orden civil a todas las ins-

tancias y grados, incluidos los recursos

de casación y de revisión en las materias

de derecho civil catalán). Concreta-

mente, como dispone el art. 477, para

interponer el recurso se tendrá que ale-

gar que la sentencia objeto de recurso se

opone a la doctrina jurisprudencial o

que no existe doctrina del Tribunal Su-

perior sobre normas de derecho especial

de la comunidad autónoma correspon-

diente.

Marta Fernández de Frutos

ACTIVIDAD NORMATIVA... 103

Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el

año 2001.

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de or-

den social.

Real decreto ley 2/2000, de 23 de junio, de modificación del régimen econó-

mico y fiscal de Canarias y otras normas tributarias.

En principio, si se acoge el jurista a la

idea de que cada ente territorial, entre los

que se distribuye el poder político, posee

la capacidad de ingresar y de gastar de

acuerdo con su régimen jurídico, puede

concluir que cada uno de ellos organizará

de forma autónoma aquella última dise-

ñando sus propias normas presupuesta-

rias. En este sentido resulta que el Estado

regulará su actividad de gasto mediante

sus leyes de presupuestos al igual que las

comunidades autónomas, mientras que

los entes locales realizarán sus respectivas

ordenanzas presupuestarias.

Podría considerarse que estas normas

son promulgadas estableciendo una re-

gulación sobre campos propios que no

se relacionan. Sin embargo, a poco que

se examine la normativa estatal dedica-

da a regular los presupuestos podemos

matizar la conclusión puesto que influ-

ye en el régimen jurídico de la actividad

financiera de los otros entes. Concreta-

mente, la normativa sobre presupuestos

estatal influye en la actividad económica

de las comunidades autónomas de for-

ma directa e indirecta.

La influencia directa se pone en evi-

dencia en el título VII de la Ley de presu-

puestos, cuyo capítulo II recoge la parti-

cipación de las comunidades autónomas

en los ingresos del Estado aplicable a par-

tir del 1 de enero de 2001. El art. 79 re-

gula la participación de las comunidades

autónomas en los presupuestos generales

del Estado de forma que se asigna a cada

comunidad de régimen común de finan-

ciación el porcentaje de su participación

en la recaudación por IRPF y otro por-

centaje sobre el resto de ingresos estata-

les. Se ha de añadir que esta diferencia-

ción en dos tramos es fruto del sistema

de financiación para el quinquenio de

1997-2001. Los art. 80 y 81 regulan el

sistema de entregas a cuenta de la partici-

pación que pertenece a cada comunidad

autónoma y que ha de efectuar el Estado

y las fórmulas para realizar la liquidación

definitiva de la participación regulada.

En este capítulo, el art. 82 se dedica a re-

gular la participación de las comunidades

autónomas a las que no se aplica el siste-

ma de financiación para el quinquenio

1997-2001 remitiéndose al sistema que

regía en el quinquenio 1992-1996.

Los art. 83 y 84 regulan los créditos

presupuestarios dedicados a liquidar de

forma definitiva la participación de las

comunidades autónomas en los presu-

puestos de ejercicios anteriores y a dotar

las transferencias necesarias para la asun-

ción de nuevos servicios por parte de las

comunidades autónomas.

Finalmente, los art. 85 y 86 están de-

dicados a regular los fondos de garantía

y de compensación. El primero supone

un montante que tiene su partida de na-

cimiento en el sistema de financiación

para el quinquenio de 1997-2001. Es

una dotación presupuestaria dedicada a

compensar a las comunidades autóno-

mas que asumen el sistema financiación

para el quinquenio citado y experimen-

tan algún tipo de descenso en la recau-

dación prevista por el tramo cedido de

IRPF y por la participación en otros in-

gresos del Estado. Por su parte, el art. 86

recoge la dotación al Fondo de Com-

pensación Interterritorial que, siendo

manifestación del principio de solidari-

dad, implica una redistribución de la

renta entre comunidades autónomas

siendo algunas de ellas sus beneficiarias.

En definitiva, se advierte cómo con base

en determinados conceptos es necesario

disponer partidas presupuestarias a fa-

vor de las comunidades autónomas.

La influencia indirecta se pone de ma-

nifiesto cuando a través de leyes de pre-

supuestos se regulan aspectos de tributos

que están cedidos parcial o totalmente a

las comunidades autónomas, puesto que

los posibles cambios pueden influir en

la recaudación de esas exacciones. Sin

embargo, no es tanto en la Ley de presu-

puestos generales del Estado donde se

encuentra esta cuestión como en la Ley

de medidas, también conocida como

“Ley de acompañamiento”.

En esta última Ley, el art. 1 establece

modificaciones para el IRPF que inciden

en las exenciones o en la base imponible

del tributo lo que, indirectamente, en el

primer supuesto (pues añade otro con-

cepto de renta que no es gravable), o di-

rectamente, en el segundo supuesto

(pues implica alteraciones en un concep-

to en el que se aplica la tarifa autonómi-

ca) puede afectarse la recaudación auto-

nómica a obtener por este recurso. Igual

consideración cabe realizar en relación

con el art. 6 de la misma Ley de medidas

que modifica el régimen del impuesto

sobre transmisiones patrimoniales y ac-

tos jurídicos documentados cuando en-

tiende como objeto de liquidación la

ampliación de derechos reales, incluye

una exención relativa a las primeras co-

pias de cancelación de hipotecas y regula

un supuesto de devolución de ingresos

indebidos lo que, en conjunto, viene a

alterar el régimen jurídico de un tributo

cuya recaudación está totalmente cedida

a las comunidades autónomas.

En la línea de atender a cómo influye

la actividad legislativa estatal en la fi-

nanciación de las comunidades autóno-

mas están tanto el art. 8 de la Ley de me-

didas como el Real decreto ley 2/2000

ya que vienen a incidir en el régimen

económico y fiscal de Canarias. El pri-

mer artículo hace incidencia sobre el

impuesto general indirecto canario re-

gulando diversos de sus aspectos. El se-

gundo texto normativo, en cambio, tie-

ne como objeto modificar el régimen de

la zona especial canaria entendiendo

que se crea dentro del Estado español

una zona con un régimen económico es-

pecial caracterizado por un régimen fis-

cal favorable para determinadas activi-

dades. En este sentido se concreta qué

AUTONOMIES · 27

104

extensión tiene la zona especial y se mo-

difican el impuesto de sociedades y el

IRPF rebajando los tipos aplicables a ac-

tividades empresariales, a lo que se aña-

den exenciones en el impuesto sobre la

renta de no residentes, en el impuesto

sobre transmisiones patrimoniales y ac-

tos jurídicos documentados y en el im-

puesto general indirecto canario.

Con este sumario repaso a las normas

que se han relacionado aquí se puede ex-

traer una conclusión: el Estado posee una

capacidad de incidencia sobre otros entes

territoriales a través de sus leyes de presu-

puestos en concreto o de otras leyes de fi-

nanciación en general. Esta posibilidad,

no obstante, no es producto del azar sino

que ha de ser vista con el fundamento

constitucional que supone el art. 156.1

de la CE, donde el principio de coordina-

ción es límite para la autonomía financie-

ra de las comunidades autónomas.

Juan Antonio Fernández Amor

ACTIVIDAD NORMATIVA... 105

El Real decreto legislativo 2/2000 es

dictado por el Gobierno en virtud de la

autorización para dictar un texto refun-

dido de la Ley de contratos de las admi-

nistraciones públicas, prevista en la dis-

posición final única, apartado 2, de la

Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por

la que se modifica la Ley 13/1995, de 18

de mayo, de contratos de las administra-

ciones públicas. Además, el Real decreto

incorpora las modificaciones que de

acuerdo con la Decisión de la Comuni-

dad Europea (1999/C 379/08) se deben

producir en la Ley de contratos de las

administraciones públicas para sustituir

las cifras que constan por las cifras co-

rrespondientes en euros, derechos espe-

ciales de giro y pesetas.

El Real decreto legislativo consta de

un artículo único por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley de contratos

de las administraciones públicas y de

una disposición derogatoria única que

establece la derogación de todas las dis-

posiciones que se relacionan expresa-

mente en la misma.

En cuanto al texto refundido cabe de-

cir que su disposición final primera,

apartado primero, dispone que la Ley

tiene el carácter de legislación básica dic-

tada al amparo del art. 149.1.18 CE, que

establece que el Estado tiene competen-

cia exclusiva, entre otras materias, res-

pecto a las bases del régimen jurídico de

las administraciones públicas y a la legis-

lación básica sobre contratos y concesio-

nes administrativas. En consecuencia, la

Ley es de aplicación general a todas las

administraciones públicas incluidas en el

art. 1 de la Ley (el art. 1 dispone qué se

entiende por administraciones públicas

a los efectos de la Ley: la Administración

general del Estado; las administraciones

de las comunidades autónomas; y las

entidades que integran la Administra-

ción local), excepto en lo referente a los

artículos que constan de forma expresa

en la disposición final primera y que no

tienen el carácter de básicos. La disposi-

ción final primera, apartado segundo,

establece que los mismos efectos previstos

en el apartado primero tendrán el carác-

ter de máximos determinados plazos

y cuantías que consten expresamente en

Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas (BOE

núm. 148, de 21 de junio).

dicha disposición. Por su parte, el apar-

tado tercero dispone que las exigencias

establecidas en el art. 56 para los contra-

tos menores tendrán la consideración de

mínimas a los mismos efectos.

La disposición final tercera prevé que

las normas que en desarrollo de la Ley

promulgue la Administración general del

Estado podrán tener carácter de básicas

cuando sean un complemento necesario

respecto de los preceptos que tienen este

carácter, de acuerdo con la disposición fi-

nal primera de la Ley y siempre que así se

disponga en la norma de desarrollo.

En relación con el posible desarrollo

por las comunidades autónomas de la

normativa básica del Estado sobre con-

tratos de las administraciones públicas,

hay que tener presente que el art. 10 del

Estatuto de autonomía de Cataluña dis-

pone que en el marco de la legislación

básica del Estado y, en su caso, en los te-

mas que aquella legislación establezca,

corresponde a Generalidad el desarrollo

legislativo y la ejecución de las materias

relativas a expropiación forzosa, contra-

tos y concesiones administrativas en el

ámbito de competencias de la Genera-

lidad.

En cuanto al contenido del texto re-

fundido de la Ley respecto de las referen-

cias expresas a la posible intervención de

las comunidades autónomas en el ámbito

de la contratación de las administracio-

nes públicas cabe destacar, entre otros,

los siguientes preceptos. El art. 10.3 pre-

vé la posibilidad de que las comunidades

autónomas creen juntas consultivas de

contratación administrativa con compe-

tencias en sus respectivos ámbitos territo-

riales. Los art. 28 y 33 determinan la

competencia para la clasificación de em-

presas, revisión de la clasificación y sus-

pensión de las clasificaciones, y prevén

que respecto a las empresas domiciliadas

en el territorio de una comunidad autó-

noma, los órganos de la correspondiente

comunidad podrán adoptar acuerdos so-

bre clasificaciones en relación con los

contratos que celebren con estas empre-

sas. El art. 34 posibilita la creación por

parte de las comunidades autónomas de

registros oficiales de empresas clasifica-

das. El art. 48 permite a las comunidades

autónomas aprobar pliegos de cláusulas

administrativas generales, previo dicta-

men del Consejo de Estado o del órgano

consultivo equivalente de la comunidad

autónoma. El art. 118 prevé la existencia

de un Registro público de contratos lle-

vado por la Junta Consultiva de Contra-

tación Administrativa del Ministerio de

Hacienda y de registros públicos de con-

tratos en las demás administraciones pú-

blicas, que habrán de estar debidamente

coordinados.

Marta Fernández de Frutos

AUTONOMIES · 27

106

Real decreto ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención

del gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de los medica-

mentos (BOE núm. 151, de 24 de junio).

En virtud de la competencia exclusiva

estatal sobre la determinación de las ba-

ses, la coordinación general de la sani-

dad y de legislación sobre productos far-

macéuticos prevista en el art. 149.1.16

CE, el Gobierno central dicta este Real

decreto ley de medidas urgentes para li-

mitar la partida presupuestaria en gasto

farmacéutico para reducir la partida sa-

nitaria total. En este sentido, el objetivo

de esta disposición gubernamental que

adopta el carácter de urgencia consiste

en conseguir un mejor aprovechamien-

to de los recursos existentes apostando

por una reducción y contención del gas-

to farmacéutico y por una promoción

del uso racional de los medicamentos.

Con carácter general, el Real decreto

ley afecta directamente a los márgenes de

beneficios sobre la venta de medicamen-

tos correspondientes tanto a las oficinas

de farmacia para suministro y venta al

público de productos farmacéuticos,

como al de la distribución que hagan los

almacenes farmacéuticos. Asimismo,

también hay que destacar la voluntad de

adoptar determinadas medidas destina-

das a fomentar el uso de los llamados

medicamentos “genéricos”, que se com-

pletan, entre otros mecanismos, en la

previsión de un mandato expreso al le-

gislador para que modifique (en un pla-

zo relativamente breve) la normativa re-

lativa a aquellos medicamentos para el

consumo humano calificados de “publi-

citarios”, mediante la adopción de políti-

cas flexibilizadoras de las que se puedan

derivar beneficios para los usuarios que

se traducirán en la reducción de los pre-

cios de estos productos.

La disposición afecta y modifica di-

versas normas estatales: la Ley 25/1990,

de 20 de diciembre, del medicamento;

el Real decreto 165/1997, de 7 de febre-

ro, por el cual se establecen los márgenes

de los establecimientos de farmacia co-

rrespondientes a la dispensa al público

de productos farmacéuticos; el Real de-

creto 164/1997, de 7 de febrero, corres-

pondiente a los márgenes correspon-

dientes a los almacenes mayoristas para

la distribución de especialidades farma-

céuticas; y el Real decreto 1416/1994,

de 25 de junio, por el que se regula la

publicidad de los medicamentos de uso

humano.

Francesc Vallès

ACTIVIDAD NORMATIVA... 107

Real decreto ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensifica-

ción de la competencia de mercados de bienes y servicios (BOE núm. 151,

de 24 de junio).*

El Real decreto ley 6/2000 tiene

como objetivo regular un conjunto de

medidas que se integran en un paquete

global de medidas de liberalización de la

economía española, que estableció el

Gobierno mediante distintos reales de-

cretos leyes aprobados durante el mes

de junio del año 2000, con la finalidad

de incrementar la capacidad de creci-

miento potencial y la productividad

de la economía, como bases del proceso

de convergencia de los niveles de em-

pleo y renta con el resto de los países

de la Unión Europea. A tal efecto esta

norma contiene varias previsiones que

inciden en un conjunto heterogéneo de

sectores y que el Estado dicta al amparo

de distintos títulos competenciales que

enumera en la disposición final segunda

de este Real decreto ley. Así, se prevén

medidas de carácter básico dirigidas a

profundizar en la liberalización de los

* Convalidado por Resolución del Congreso de los Diputados, de 29 de junio de 2000 (BOE de 7

de julio). Corrección de erratas publicada en el BOE núm.154, de 28 de junio de 2000. Este Real de-

creto ley 6/2000 ha sido objeto de dos dictámenes del Consejo Consultivo, de 13 y 14 de julio de 2000.

AUTONOMIES · 27

108

mercados energéticos de los hidrocarbu-

ros, del gas natural y del sector eléctrico,

sobre la base del artículo 149.1.13 y 25

CE (título I: art. 1 a 28); medidas de

aplicación general en materia de defensa

de la competencia y, más concretamen-

te, en el control de las concentraciones,

al amparo del artículo 149.1.6 y 13 CE

(título II: art. 29 a 34); medidas de apli-

cación general en el ámbito de la activi-

dad de la fe pública, donde se introdu-

cen el principio de competencia para

posibilitar rebajas en los aranceles de

notarios y registradores, en virtud de los

títulos competenciales del artículo

149.1.6 y 8 CE (título III: art. 35 a 37);

y, finalmente, previsiones de carácter ge-

neral o básico sobre ámbitos materiales

tan variados como la educación, los co-

legios profesionales, el mercado finan-

ciero, el mercado del tabaco o el comer-

cio interior, apoyadas en el artículo

149.1, apartados 1, 7, 11, 13, 18, 14 y

17 CE (título IV: art. 38 a 44).

Un tema que plantea de entrada esta

regulación estatal es si un real decreto

ley es el instrumento jurídico adecuado

para efectuar todas las modificaciones e

innovaciones legislativas que se han

enumerado anteriormente. Sobre eso se

debería analizar si concurren los requisi-

tos que exige el artículo 86 CE y que

justificarían su adopción, y en este sen-

tido la exposición de motivos del Real

decreto ley 6/2000 intenta fundamentar

la circunstancia de extraordinaria y ur-

gente necesidad, principalmente con

dos argumentos: que las medidas de po-

lítica económica que se establecen en la

norma tienen carácter de urgente, dado

el fuerte incremento de la actividad eco-

nómica experimentado y la necesidad

de garantizar la permanencia en el tiem-

po de esta fuente de expansión econó-

mica, y que estas medidas forman parte

de un conjunto más amplio de acciones

normativas, que debe ser todo él opera-

tivo con prontitud por las razones antes

mencionadas de coyuntura económica.

Para llevar a cabo este análisis hay que

tener también presente la jurispruden-

cia constitucional, elaborada en sentido

bastante amplio, sobre el alcance de este

supuesto fáctico habilitante del artículo

86.1 CE y lo que sobre este tema ha di-

cho el Consejo Consultivo, en sus dictá-

menes de 13 y 14 de julio de 2000.

Entre otras cuestiones que plantea el

Real decreto ley 6/2000, hay que men-

cionar, por su evidente interés, la regula-

ción que establece su artículo 43 sobre

horarios comerciales, que puede afectar

a las competencias exclusivas que sobre

comercio interior corresponden a la Ge-

neralidad ex artículo 12.1.5 EAC y que

el Estado dicta al amparo de los títulos

competenciales del artículo 149.1.1 y

13 CE. Esta regulación tiene como

principal innovación el establecimiento

del régimen de libertad absoluta de ho-

rarios y de determinación de los días de

apertura para todos los comerciantes del

Estado. A pesar de ello, la aplicación de

este régimen como regla general se pos-

pone en el tiempo, de manera que no

podrá tener lugar antes del 1 de enero de

2005, y se condiciona también a una

decisión conjunta del Gobierno y de

cada una de las comunidades autóno-

mas, para sus respectivos territorios.

Mientras, y hasta que no llegue la fecha

señalada (que puede posponerse volun-

tariamente), este mismo precepto prevé

un régimen de carácter transitorio, que

consiste básicamente en los siguientes

principios generales: a) ampliar el míni-

mo hasta ahora vigente de limitación

del horario global, de 72 a 90 horas se-

manales; b) establecer un mínimo de

domingos y días festivos en que podrán

abrir al público los comercios (con un

horario mínimo de 12 horas al día), de

acuerdo con una escala que pasa de 9

días festivos el año 2001 a 12 el año

2004; c) ampliar el régimen de libertad

absoluta para determinar los días y ho-

ras de apertura y cierre en todo el terri-

torio estatal para el pequeño comercio o

establecimientos de venta al público de

menos de 300 metros cuadrados, siem-

pre que no pertenezcan a grupos de dis-

tribución u operen bajo el mismo nom-

bre comercial (según la Ley orgánica

2/1996, de 15 de enero, complementa-

ria de la ordenación del comercio mino-

rista, algunos establecimientos específi-

cos y las zonas turísticas ya disfrutaban

de este régimen de libertad plena).

En cuanto a las competencias autonó-

micas sobre la regulación de los horarios

para la apertura y cierre de los locales

comerciales en los territorios respecti-

vos, el art. 43 mencionado dispone que

se deberán ajustar a los principios gene-

rales que se contienen en el mismo.

Concretamente, de acuerdo con este

precepto y respetando los mínimos esta-

blecidos, corresponde a las comunida-

des autónomas: establecer el máximo de

horas laborables semanales; determinar

las zonas turísticas y los períodos del año

en los que habrá régimen de libertad ab-

soluta de horarios y establecer el régi-

men sancionador aplicable a las infrac-

ciones y a la normativa que dicten en

relación con los calendarios y horarios

comerciales. La duda que plantea la nor-

mativa estatal expuesta sobre horarios

comerciales es si realmente puede incar-

dinarse en las competencias estatales so-

bre la regulación de las condiciones bá-

sicas que garanticen la igualdad de los

españoles en el ejercicio del derecho a la

libertad de empresa (art. 149.1.1 CE) y

sobre la planificación general de la acti-

vidad económica (art. 149.1.13 CE) o

bien es una materia de comercio interior

y corresponde, por tanto, regularla a las

comunidades autónomas. Sobre este as-

pecto competencial se puede consultar

la jurisprudencia constitucional (STC

225/1993, de 8 de julio, y STC 227, 264

y 284, del mismo año) así como tam-

bién los dictámenes del Consejo Con-

sultivo, antes citados.

Por último, la regulación de los hora-

rios comerciales a través de un real de-

creto ley, desde el momento en que mo-

difica parcialmente las previsiones de la

Ley orgánica 2/1996, de 15 de enero,

complementaria de la ordenación del

comercio minorista, podría plantear el

tema de cuál es el alcance orgánico de

los preceptos de esta Ley y en qué extre-

mos puede ser modificada por el Real

decreto ley 6/2000.

M. Àngels Arróniz

ACTIVIDAD NORMATIVA... 109

Real decreto ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes en el sector de las

telecomunicaciones (BOE núm. 151, de 24 de junio).*

El Real decreto ley 7/2000, que se in-

siere en un bloque de medidas de libera-

lización económica adoptadas por el

Gobierno en el mes de junio de 2000,

afecta principalmente a dos sectores: el

de las telecomunicaciones (capítulo I,

* Convalidado por Resolución del Congreso de los Diputados, de 29 de junio de 2000 (BOE núm.

162, de 7 de julio). Corrección de erratas publicada en el BOE núm.154, de 28 de junio de 2000. Este

Real decreto ley 7/2000 ha sido objeto de dos dictámenes del Consejo Consultivo, de 13 de julio de 2000.

art. 1 a 6) y el de la inspección técnica de

vehículos (art. 7). De acuerdo con la

disposición final segunda de esta norma

legal, sus disposiciones tienen carácter

de disposiciones de aplicación general y

se dictan al amparo de los títulos com-

petenciales del artículo 149.1.13 y 21

CE. En cuanto al presupuesto fáctico

habilitante de necesidad urgente y ex-

traordinaria, que permite al Gobierno

dictar esta disposición legislativa provi-

sional ex artículo 86.1 CE, la exposición

de motivos del Real decreto ley 7/2000,

entre otras razones, justifica la urgencia

porque la liberalización impulsada des-

de la Comisión Europea en el ámbi-

to de las telecomunicaciones exige in-

corporar al ordenamiento jurídico las

recientes orientaciones comunitarias,

algunas de las cuales han de regularse

con urgencia. Asimismo, como en el

caso del Real decreto ley 6/2000, se

dice que estas medidas forman parte de

un conjunto más amplio de acciones

normativas, que ha de ser todo él opera-

tivo con prontitud por razones de co-

yuntura económica.

De entre las previsiones de liberaliza-

ción en el sector de las telecomunicacio-

nes, se puede destacar la reducción a

corto plazo del coste de las llamadas me-

tropolitanas y, a medio plazo, la instau-

ración de la libre competencia en el ám-

bito de la telefonía local, mediante la

apertura del bucle del abonado. Tam-

bién en las comunicaciones de Internet

se establece la tarifa plana, y en el ámbi-

to de la telefonía móvil se prevé analizar

las diferentes alternativas para ampliar el

número de operadores en el mercado e

intensificar la competencia.

Desde un punto de vista competen-

cial, merecen especial atención las pres-

cripciones dirigidas a la liberalización de

la inspección técnica de vehículos, que

se dictan al amparo de las competencias

estatales sobre tráfico y circulación de

vehículos a motor (art. 149.1.21 CE) y

sobre planificación general de la activi-

dad económica (art. 149.1.13 CE) y

que pueden incidir en competencias de

la Generalidad sobre industria (art.

12.1.2 EAC). Así, se prevé que la ejecu-

ción material de las inspecciones pueda

ser efectuada por las comunidades autó-

nomas o la Administración competente

directamente o a través de sociedades de

economía mixta en el capital de las cua-

les participen, o por particulares. En los

dos últimos supuestos se requiere una

autorización administrativa previa, cuya

concesión corresponde a las comunida-

des autónomas o a la administración

competente. El Real decreto ley 7/2000

incorpora también las sanciones que

proceden en caso de incumplimiento de

las condiciones técnicas que han de reu-

nir las estaciones de inspección técnica

de vehículos (multa o revocación de la

autorización según la gravedad de la in-

fracción), si bien en el caso de la multa

establece un límite máximo que puede

ser graduado por las comunidades autó-

nomas. Seguidamente, declara que la

competencia para instruir los expedien-

tes sancionadores e imponer las sancio-

nes corresponde a los órganos compe-

tentes de las comunidades autónomas o

a la Administración competente en cada

caso. Y, por último, regula el régimen

transitorio de las autorizaciones otorga-

das conforme a la normativa anterior al

Real decreto ley 7/2000 y subsistentes

en el momento de su entrada en vigor.

Esta normativa declarada básica sobre la

inspección técnica de vehículos conlleva

que las comunidades autónomas ten-

drán que organizar su actividad ejecuti-

va en este ámbito a partir de un régimen

de autorizaciones; autorizaciones que

tendrán que cumplir los requisitos téc-

nicos que determine la Administración

AUTONOMIES · 27

110

del Estado para todo el territorio nacio-

nal. Sobre esto hay que destacar que el

régimen de autorizaciones que prevé el

Real decreto ley 7/2000 difiere del siste-

ma de adjudicación del servicio de ins-

pección técnica de vehículos que, a par-

tir de la fórmula concesionaria, utilizaba

la Generalidad, según lo previsto en su

Reglamento sobre organización y régi-

men jurídico del Servicio de Inspección

Técnica de Vehículos (Orden de 21 de

junio de 1982, modi-ficada por órdenes

de 28 de diciembre de 1999, 30 de no-

viembre de 1998, 29 de septiembre de

1993 y 9 de julio de 1982). A la vista

de esto, se podría producir una colisión

entre la competencia estatal para dictar

las normas de aplicación general sobre

circulación de vehículos de motor (in-

cluida la instalación y funcionamiento de

las estaciones de ITV) y la competencia

autonómica de carácter ejecutivo en

materia de industria (art. 12.1.2 EAC),

en cuanto al cum-plimiento de las con-

diciones básicas establecidas por el Esta-

do a través de la inspección. Finalmente,

hay que indicar que el Real decreto ley

7/2000 prevé que corresponde a las co-

munidades autónomas establecer las ta-

rifas máximas de la inspección técnica

de vehículos, así como también su ac-

tualización periódica.

M. Àngels Arróniz

ACTIVIDAD NORMATIVA... 111

Disposiciones diversas 2000

Real decreto 1969/1999, de 23 de di-

ciembre, por el que se regula la expedi-

ción de la tarjeta de investigador para la

consulta en los archivos de titularidad

estatal y en los adheridos al sistema ar-

chivístico español (BOE núm. 11, de 13

de enero).

Real decreto 1971/1999, de 23 de di-

ciembre, de procedimiento para el reco-

nocimiento, declaración y calificación

del grado de minusvalía (BOE núm. 22,

de 26 de enero).

Real decreto 2071/1999, de 30 de di-

ciembre, por el que se establecen las

normas internas de aplicación de regla-

mentos comunitarios sobre el sistema

de etiquetado de la carne de vacuno

(BOE núm. 12, de 14 de enero).

Real decreto 2072/1999, de 30 de di-

ciembre, sobre transferencias recíprocas

de derechos entre el sistema de previsión

social del personal de las Comunidades

Europeas y los regímenes públicos de

previsión social españoles (BOE núm.

15, de 18 de enero).

Real decreto 2073/1999, de 30 de di-

ciembre, por el que se modifica el Regla-

mento del Registro central de personal

y las normas de coordinación con los de

las restantes administraciones públicas

(BOE núm. 15, de 18 de enero).

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

medidas para la reforma de la función

pública, regula en su artículo 13 el Re-

gistro central de personal en el que ha de

inscribirse todo el personal al servicio de

la Administración del Estado. En desa-

rrollo de este precepto se dictó el Real

decreto 1405/1986, de 6 de junio, por

el que se aprobó el Reglamento del Re-

gistro central de personal y las normas

de coordinación con los de las restantes

administraciones públicas.

El Registro central de personal se ha

consolidado en la Administración gene-

ral del Estado como una garantía para el

personal inscrito en el mismo y como

un instrumento útil para la gestión y la

planificación de sus recursos humanos.

No obstante, con el paso del tiempo han

ido apareciendo una serie de factores

que han puesto de manifiesto la necesi-

dad de abordar una revisión del sistema

registral, como son la evolución experi-

mentada por la Administración general

del Estado y las restantes administracio-

nes públicas, la evolución de la normati-

va sobre personal, la progresiva obsoles-

cencia tecnológica y conceptual del

sistema de información que da soporte

al Registro y la propia experiencia de

funcionamiento acumulada a lo largo

de este dilatado período de tiempo.

Por otra parte, la disposición final

cuarta de la Ley 13/1996, de 30 de di-

ciembre, de medidas fiscales, adminis-

1.2. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

A cargo de Joan Manuel Trayter

Autonomies, núm. 27, diciembre de 2001, Barcelona.

trativas y del orden social, introdujo una

modificación que añade una nueva di-

mensión a la naturaleza del Registro,

dando el mandato de que se modificase

su Reglamento regulador a fin de que

pudiera disponer de la información ne-

cesaria en materia de recursos humanos

del sector público estatal.

Por todo ello, el presente Real decreto

cumple con el mandato de la Ley

13/1996 y da respuesta a las necesidades

puestas de manifiesto a lo largo de los

años, en el ámbito del Registro central

de personal de la Administración gene-

ral del Estado, manteniéndose en vigor

los contenidos mínimos homogenei-

zadores que tienen carácter básico para

todos los registros de personal determi-

nados en el Real decreto 1405/-1986,

hasta tanto se proceda a su modificación.

En conclusión, el objetivo de este Re-

glamento es establecer un sistema que

sea capaz de dar pleno cumplimiento a

las necesidades actuales de la Adminis-

tración general del Estado en materia

registral, de gestión y de información

sobre recursos humanos, que esté fun-

damentado sobre bases técnicas adecua-

das y que tenga flexibilidad para adap-

tarse a los cambios futuros.

Real decreto 2062/1999, de 30 de di-

ciembre, por el que se regula el nivel mí-

nimo de formación en profesiones marí-

timas (BOE núm. 18, de 21 de enero).

Real decreto 21/2000, de 14 de enero,

sobre competencias, funciones, compo-

sición y organización del Consejo de

Cooperación al Desarrollo (BOE núm.

13, de 15 de enero).

Real decreto 22/2000, de 14 de enero,

por el que se regula la composición,

competencias, organización y funciones

de la Comisión Interterritorial de Coo-

peración para el Desarrollo (BOE núm.

13, de 15 de enero).

Real decreto 23/2000, de 14 de enero, so-

bre competencias, funciones, composi-

ción y organización de la Comisión Inter-

ministerial de Cooperación Internacional

(BOE núm. 13, de 15 de enero).

Real decreto 24/2000, de 14 de enero,

sobre el fondo para la concesión de mi-

crocréditos para proyectos de desarrollo

social básico en el exterior (BOE núm.

13, de 15 de enero).

Real decreto 25/2000, de 14 de enero, por

el que se concretan los requisitos y condi-

ciones de las participaciones en entidades

para la aplicación de las excepciones co-

rrespondientes en el impuesto sobre el pa-

trimonio (BOE núm. 13, de 15 de enero).

Real decreto 26/2000, de 14 de enero,

sobre revalorización y complementos de

pensiones para el año 2000 (BOE núm.

13, de 15 de enero).

Real decreto 27/2000, de 14 de enero, por

el que se establecen las medidas alternati-

vas de carácter excepcional al cumpli-

miento de la cuota de reserva del 2 por

100 a favor de trabajadores discapacita-

dos en empresas de 50 o más trabajadores

(BOE núm. 22, de 26 de enero).

Real decreto 29/2000, de 14 de enero,

sobre nuevas formas de gestión de cen-

tros y servicios sanitarios (BOE núm.

21, de 25 de enero).

Real decreto 64/2000, de 17 de enero, de

disolución del Congreso de los Diputa-

dos y del Senado y convocatoria de elec-

ciones (BOE núm. 15, de 18 de enero).

Real decreto 69/2000, de 21 de enero,

por el que se regulan los procedimientos

de selección para el ingreso en los cen-

tros universitarios de los estudiantes que

reúnan los requisitos legales necesarios

AUTONOMIES · 27

114

para el acceso a la universidad (BOE

núm. 19, de 22 de enero).

El Real decreto 704/1999, de 30 de

abril, por el que se regulan los procedi-

mientos de selección para el ingreso en

los centros universitarios de los estudian-

tes que reúnan los requisitos legales nece-

sarios para el acceso a la universidad, dic-

tado en aplicación de las previsiones del

artículo 26.1 de la Ley orgánica 11/1983,

de 25 de agosto, de reforma universitaria,

continuando en la línea iniciada por el

anterior Real decreto 1005/1991, de 14

de junio (que deroga), ha adoptado nue-

vas medidas favorecedoras de la movili-

dad de los estudiantes, con la idea de

avanzar hacia el objetivo de que todos los

estudiantes puedan seguir los estudios de

su preferencia y en la universidad de su

elección, de acuerdo con el artículo 25 de

la Ley orgánica 11/1983, citada.

El presente Real decreto pretende ir

más allá en la consecución del objetivo

antes apuntado estableciendo el deno-

minado distrito abierto, en cuya virtud

todos los estudiantes que reúnan las exi-

gencias legales podrán solicitar plaza, en

la universidad de su elección, para cursar

primeros ciclos de estudios universita-

rios que conduzcan a la obtención de tí-

tulos oficiales y con validez en todo el te-

rritorio nacional, con independencia de

la universidad en la que hayan superado

la correspondiente prueba de acceso.

Con esta medida, se favorecen tanto la

movilidad estudiantil, como el acceso a

las enseñanzas por las que los estudiantes

se sientan vocacionalmente inclinados; se

ofrecen a dichos estudiantes iguales opor-

tunidades, en función de su capacidad y

no, como hasta ahora, de su procedencia

geográfica, y se estimula la adecuada com-

petencia entre las universidades.

Real decreto 70/2000, de 21 de enero, por

el que se modifica parcialmente el Real de-

creto 898/1985, de 30 de abril, sobre régi-

men del profesorado universitario, modi-

ficado por los reales decretos 1200/1986,

de 13 de junio, y 554/1991, de 12 de abril

(BOE núm. 19, de 22 de enero).

El Real decreto 898/1985, de 30 de

abril, sobre régimen del profesorado

universitario, en la redacción dada por

el Real decreto 1200/1986, de 15 de ju-

nio, establece que los contratos de pro-

fesores asociados a tiempo completo no

podrán extenderse por un tiempo supe-

rior a tres años, prorrogables únicamen-

te en el caso de que el profesor pase al ré-

gimen de dedicación a tiempo parcial.

Sin embargo, en un debate llevado a

cabo en el Consejo de Universidades se

planteó la necesidad de efectuar modifi-

caciones en la normativa que confluye

en la regulación del profesorado univer-

sitario a causa de la profunda reforma de

las enseñanzas universitarias, que empe-

zó a llevarse a cabo en 1990, con la apro-

bación de numerosos reales decretos

que establecían, en muchos casos, nue-

vas titulaciones oficiales y, en todos

ellos, nuevas directrices generales pro-

pias de los diversos planes de estudio,

que tenían una gran incidencia en la

configuración de las plantillas del profe-

sorado de las universidades.

Entre tanto se llevan a cabo las indica-

das modificaciones normativas, y ante la

necesidad de evitar distorsiones en la ac-

tividad académica de las universidades

durante el tiempo que transcurra hasta

que se culmine la nueva y necesaria regu-

lación jurídica del personal docente de

las mismas, se han venido dictando una

serie de reales decretos, en cuya virtud se

ha autorizado a las universidades para

que, de conformidad con la normativa

vigente, pudiesen contratar profesores

asociados con dedicación a tiempo com-

pleto, de entre aquellos profesores cuyos

contratos finalizasen su vigencia con

ACTIVIDAD NORMATIVA... 115

dicha dedicación, en el curso académi-

co correspondiente, evitando así que

tuviesen que pasar, obligatoriamente, al

régimen de dedicación a tiempo par-

cial, como prevé el citado Real decreto

898/1985, de 30 de abril.

Al mismo tiempo, se establece que,

para la adaptación por los claustros, en su

caso, de los estatutos a las previsiones del

presente Real decreto y la adopción, por

parte de las juntas de gobierno de las uni-

versidades, de una regulación transitoria

que posibilite la contratación del perso-

nal docente, en tanto aquella adaptación

se produce, se estará a las previsiones de

la disposición transitoria cuarta del Real

decreto 898/1985, de 30 de abril, que se

modifica por el presente Real decreto.

Real decreto 73/2000, de 21 de enero,

por el que se modifica el apartado 4 del

artículo 3 del Real decreto 5/1997, de 10

de enero, que regula el subsidio por de-

sempleo a favor de los trabajadores even-

tuales incluidos en el régimen especial

agrario de la Seguridad Social y prorroga

la vigencia de sus disposiciones transito-

rias (BOE núm. 19, de 22 de enero).

Real decreto 74/2000, de 21 de enero, por

el que se modifica parcialmente el Real

decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de

retribuciones del profesorado universita-

rio (BOE núm. 19, de 22 de enero).

Real decreto 111/2000, de 28 de enero,

por el que se modifican determinados

artículos del Reglamento general de re-

caudación, aprobado por Real decreto

1684/1990, de 20 de diciembre, en ma-

teria de ingresos correspondientes a de-

claraciones presentadas por vía telemáti-

ca (BOE núm. 25, de 29 de enero).

El presente Real decreto modifica, en

artículo único, los artículos 76 y 79 del

Reglamento general de recaudación, apro-

bado por Real decreto 1684/1990, de 20

de diciembre, relativos a los ingresos reali-

zados a través de las entidades de depósito

que prestan el servicio de caja en las dele-

gaciones y administraciones de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria y a

los ingresos realizados a través de las enti-

dades colaboradoras en la gestión recauda-

toria, con objeto de adaptar dichos pre-

ceptos a los supuestos en que la normativa

vigente exige la presentación de declara-

ciones-liquidaciones o autoliquidaciones

por vía telemática y, por consiguiente, la

realización, en su caso, del correspondien-

te ingreso, por el mismo sistema.

Por ello, la modificación que se intro-

duce en los citados preceptos se limita a

precisar que no será obligatorio que el

ingreso se efectúe a través de la entidad

que preste el servicio de caja cuando la

normativa vigente obligue a presentar la

autoliquidación por vía telemática; de

este modo, se posibilita que el ingreso se

realice, al igual que la presentación de la

autoliquidación, por vía telemática.

Real decreto 112/2000, de 28 de enero,

por el que se crea la Comisión Nacional

para la Protección de la Salud del Depor-

tista (BOE núm. 31, de 5 de febrero).

Real decreto 113/2000, de 28 de enero,

por el que se modifica el Real decreto

1637/1986, de 13 de junio, que declara

de obligado cumplimiento las especifi-

caciones técnicas de productos de fibra

de vidrio utilizados como aislantes tér-

micos y su homologación por el Minis-

terio de Industria y Energía, adaptando

la terminología a «lana de vidrio» (BOE

núm. 34, de 9 de febrero).

Real decreto 114/2000, de 28 de enero,

por el que se crea y regula la Comisión

Interministerial para actuar contra las

actividades vulneradoras de los derechos

de propiedad intelectual e industrial

(BOE núm. 33, de 8 de febrero).

AUTONOMIES · 27

116

Real decreto 117/2000, de 28 de enero,

por el que se aprueba la oferta de em-

pleo público para el año 2000 (BOE

núm. 25, de 29 de enero).

Real decreto 136/2000, de 4 de febrero,

por el que se desarrolla parcialmente la

Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos

y garantías de los contribuyentes, en lo re-

lativo al reembolso del coste de las garan-

tías prestadas para suspender la ejecución

de las deudas tributarias y al régimen de

actuaciones de la inspección, y adapta a las

previsiones de dicha Ley el procedimiento

para la realización de devoluciones de in-

gresos indebidos de naturaleza tributaria

(BOE núm. 40, de 16 de febrero).

Real decreto 137/2000, de 4 de febrero,

por el que se modifica el Reglamento de

procedimiento sancionador en materia

de tráfico, circulación de vehículos a

motor y seguridad vial, aprobado por

Real decreto 320/1994, de 25 de febre-

ro (BOE núm. 42, de 18 de febrero).

El Reglamento de procedimiento san-

cionador en materia de tráfico, circulación

de vehículos a motor y seguridad vial,

aprobado por Real decreto 320/1994, de

25 de febrero, adecuó este procedimiento

administrativo a la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de régimen jurídico de las ad-

ministraciones públicas y del procedi-

miento administrativo común. La modifi-

cación de esta última por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, repercute necesariamente

en algunos aspectos del procedimiento

sancionador en materia de tráfico que es

preciso ajustar a la nueva normativa.

La nueva regulación, que se contiene en

el artículo 44.2 de la citada Ley, exige mo-

dificar, en el Reglamento citado, el plazo

en que se produce la caducidad regulada

en el artículo 16, desde el momento en

que surte sus efectos en los procedimien-

tos sancionadores la falta de resolución ex-

presa en el plazo establecido. De otra par-

te, la supresión de la prohibición de dele-

gación de la potestad sancionadora, que se

establecía en el antiguo artículo 127.2 de

la Ley 30/1992, aconseja que se prevea ex-

presamente esta posibilidad fijando regla-

mentariamente las autoridades delegadas

en el artículo 15. Al propio tiempo, es pre-

ciso introducir algunas modificaciones en

este artículo al haber desaparecido la figu-

ra de los gobernadores civiles.

Por último, se modifica el artículo

13.2 en el sentido de precisar más níti-

damente la distinción entre el trámite

de audiencia al interesado y la propuesta

de resolución para ajustar dicho artículo

al 84.4 de la Ley 30/1992.

Real decreto 138/2000, de 4 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento de

organización y funcionamiento de la

Inspección de Trabajo y Seguridad So-

cial (BOE núm. 40, de 16 de febrero).

Real decreto 193/2000, de 11 de febrero,

de modificación de determinados ar-

tículos del Reglamento del Registro

civil, aprobado por Decreto 14 de no-

viembre de 1958, en materia de nombre

y apellidos y orden de los mismos (BOE

núm. 49, de 26 de febrero).

La Ley 40/1999, de 5 de noviembre,

ha dado nueva redacción a los artículos

109 del Código civil y 54 y 55 de la

Ley del Registro civil, en la materia re-

lativa al nombre y apellidos y al orden

de éstos. La disposición final de la mis-

ma Ley encomienda al Gobierno la

modificación, en un plazo de tres me-

ses, del Reglamento del Registro civil

en lo que resulte necesario para ade-

cuarlo a lo previsto en dicha Ley.

La finalidad del presente Real decreto

es esencialmente la del cumplimiento

estricto de este mandato legal.

Real decreto 195/2000, de 11 de febrero,

por el que se establece el plazo para im-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 117

plantar las medidas de seguridad de los

ficheros automatizados previstas por

el Reglamento aprobado por el Real de-

creto 994/1999, de 11 de junio (BOE

núm. 49, de 26 de febrero).

Real decreto 196/2000, de 11 de febrero,

por el que se modifican los reales decretos

81/1997, de 24 de enero, y 1039/1997,

de 27 de junio, para actualizar normas re-

lativas a la producción y difusión cine-

matográfica y audiovisual (BOE núm.

45, de 22 de febrero).

Real decreto 197/2000, de 11 de febrero,

por el que se modifica el Real decreto

1980/1998, de 18 de septiembre, que

establece un sistema de identificación y

registro de los animales de la especie bo-

vina (BOE núm. 39, de 15 de febrero).

Real decreto 198/2000, de 11 de febrero,

por el que se modifica el Real decreto

280/1994, de 18 de febrero, que esta-

blece los límites máximos de residuos de

plaguicidas y su control en determina-

dos productos de origen vegetal (BOE

núm. 39, de 15 de febrero).

Real decreto 200/2000, de 11 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento téc-

nico de control de la producción y comer-

cialización de los materiales de reproduc-

ción (BOE núm. 39, de 15 de febrero).

Real decreto 202/2000, de 11 de febrero,

por el que se establecen las normas rela-

tivas a los manipuladores de alimentos

(BOE núm. 48, de 25 de febrero).

Real decreto 203/2000, de 11 de febrero,

por el que se crea el Consejo Nacional

de Bosques (BOE núm. 43, de 19 de fe-

brero).

Real decreto 236/2000, de 18 de febrero,

por el que se regula un programa para el

año 2000 de inserción laboral para los

trabajadores desempleados de larga du-

ración en situación de necesidad, mayo-

res de cuarenta y cinco años (BOE núm.

60, de 10 de marzo).

Real decreto 237/2000, de 18 de febrero,

por el que se establecen las especifica-

ciones técnicas que deben cumplir los

vehículos especiales para el transporte

terrestre de productos alimentarios a

temperatura regulada y los procedi-

mientos para el control de conformidad

con las especificaciones (BOE núm. 65,

de 16 de marzo).

Real decreto 238/2000, de 18 de febrero,

por el que se modifica la norma general

de etiquetado, presentación y publicidad

de los productos alimenticios, aprobada

por el Real decreto 1334/1999, de 31 de

julio (BOE núm. 43, de 19 de febrero).

Real decreto 239/2000, de 18 de febrero,

por el que se establece el procedimiento

para la regularización de extranjeros pre-

vista en la disposición transitoria prime-

ra de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de

enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración

social (BOE núm. 43, de 19 de febrero).

Real decreto 269/2000, de 25 de febrero,

por el que se aprueba la Clasificación

Nacional de Educación 2000 (CNED-

2000) (BOE núm. 58, de 8 de marzo).

Real decreto 270/2000, de 25 de febrero,

por el que se determinan las condiciones

para el ejercicio de las funciones del per-

sonal de vuelo de las aeronaves civiles

(BOE núm. 64, de 15 de marzo).

Real decreto 277/2000, de 25 de febrero,

por el que se establece el procedimiento

de separación jurídica de las actividades

destinadas al suministro de energía eléc-

trica (BOE núm. 65, de 16 de marzo).

Real decreto 316/2000, de 3 de marzo, por

el que se modifican algunos preceptos del

Reglamento de armas, aprobado por Real

AUTONOMIES · 27

118

decreto 137/1993, de 29 de enero, relati-

vos a las licencias y a las revistas de armas

(BOE núm. 55, de 4 de marzo).

La frecuencia con que actualmente se

lleva a cabo la expedición de licencias de

armas a personas mayores de sesenta y de

setenta años, y, asimismo, el gran número

de trámites administrativos globalmente

necesarios para realizar la denominada re-

vista de todas las armas reglamentaria-

mente documentadas, genera un cúmulo

de obligaciones para los titulares de las li-

cencias y de las armas y una carga consi-

derable de actuaciones para la Guardia

Civil que no producen una repercusión

proporcional en beneficio del manteni-

miento de la seguridad pública.

Consecuentemente, se considera obli-

gado revisar el proceso de racionaliza-

ción de los requisitos y de mejora del

procedimiento de expedición de licen-

cias de armas a mayores de sesenta y de

setenta años, así como de realización de

los trámites de revistas de armas.

Todo ello se lleva a cabo mediante un

triple mecanismo de unificación: de la

duración de las licencias expedidas a ma-

yores de sesenta y de setenta años, que

será idéntica a la de las licencias concedi-

das a los demás ciudadanos, mantenién-

dose la vigencia de aquéllas mediante la

obtención de simples visados de la auto-

ridad competente, bienales y anuales, res-

pectivamente; de la vigencia de las licen-

cias para rifles, que será igual que la de las

licencias para escopetas; y de los procedi-

mientos de renovación de las licencias,

que se refundirán con los trámites de las

revistas de armas; modificándose a tales

efectos los preceptos pertinentes del Re-

glamento de armas, aprobado por Real

decreto 137/1993, de 29 de enero.

Real decreto 322/2000, de 3 de marzo,

por el que se modifican las cuantías esta-

blecidas en el apartado 2 del artículo 131

de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre,

Estatuto de la viña, el vino y los alcoho-

les (BOE núm. 66, de 17 de marzo).

Real decreto 323/2000, de 3 de marzo,

por el que se modifican el Reglamento

general técnico de control y certifica-

ción de semillas y plantas de vivero, los

reglamentos técnicos de control y certi-

ficación de semillas de remolacha, plan-

tas forrajeras, cereales, maíz, sorgo, pa-

tata de siembra y el Reglamento general

del Registro de variedades comerciales

(BOE núm. 55, de 4 de marzo).

Real decreto 324/2000, de 3 de marzo,

por el que se establecen normas básicas

de ordenación de las explotaciones por-

cinas (BOE núm. 58, de 8 de marzo).

Real decreto 326/2000, de 3 de marzo,

por el que se modifican los anexos del

Real decreto 1691/1989, de 29 de di-

ciembre, modificado por el Real decreto

2072/1995, de 22 de diciembre, incor-

porándose al ordenamiento jurídico es-

pañol las directivas 98/21/CE, de 8 de

abril; 98/63/CE, de 3 de septiembre, y

1999/46/CE, de 21 de mayo, de la Co-

misión, destinadas a facilitar la libre

circulación de los médicos y el reconoci-

miento mutuo de sus diplomas, certifi-

cados y otros títulos (BOE núm. 55, de

4 de marzo).

Real decreto 348/2000, de 10 de marzo,

por el que se incorpora al ordenamiento

jurídico la Directiva 98/58/CE, de 20

de julio, relativa a la protección de los

animales en las explotaciones ganaderas

(BOE núm. 61, de 11 de marzo).

Real decreto 403/2000, de 24 de marzo,

por el que se prohíbe la comercializa-

ción de las gasolinas con plomo (BOE

núm. 88, de 12 de abril).

Real decreto 430/2000, de 31 de marzo,

por el que se regula el establecimiento

ACTIVIDAD NORMATIVA... 119

de circunscripciones económicas y la ex-

tensión de normas en el sector (BOE

núm. 91, de 15 de abril).

Real decreto 432/2000, de 31 de marzo,

por el que se regula el cómputo en el ré-

gimen de clases pasivas del Estado de los

períodos reconocidos como cotizados a

la Seguridad Social, a favor de los sacer-

dotes y religiosos o religiosas de la Igle-

sia Católica, secularizados (BOE núm.

85, de 8 de abril).

Real decreto 508/2000, de 14 de abril,

por el que se estructura el sistema de in-

formación contable y desarrolla, en el

ámbito de la contabilidad de la Seguri-

dad Social, el artículo 151 del texto re-

fundido de la Ley general presupuesta-

ria (BOE núm. 99, de 25 de abril).

Real decreto 509/2000, de 14 de abril,

por el que se crea el Observatorio de

Precios de los Alimentos (BOE núm.

99, de 25 de abril).

Los precios en origen y destino de los

alimentos configuran, en gran medida,

las rentas de los agricultores, ganaderos

y pescadores, así como la capacidad ad-

quisitiva de los consumidores y la nor-

malización de muchos indicadores de la

economía nacional. Por tanto, la estabi-

lidad, dentro de límites razonables, de

estos precios es un objetivo deseable, a

cuyo logro pretende contribuir la crea-

ción del Observatorio de Precios de los

Alimentos, concebido como un instru-

mento eficaz para el análisis de la estruc-

tura básica de la formación de los pre-

cios de los alimentos en sus distintos

escalones, desde origen a destino.

El Observatorio responde, así, a la ne-

cesidad de favorecer la transparencia y ra-

cionalidad en el proceso de formación de

los precios de los alimentos, en beneficio

de productores y consumidores, consti-

tuyéndose en órgano de consulta e inter-

comunicación entre la Administración y

los representantes de los sectores implica-

dos, para el estudio y seguimiento de los

factores estructurales y coyunturales ex-

plicativos de la situación y evolución de

los mercados, de origen y destino, y

de los márgenes comerciales de los distin-

tos agentes económicos que intervienen

en la formación de los precios.

En la composición del Observatorio,

están presentes representantes de la Ad-

ministración general del Estado, de las

administraciones autonómicas, de la

Administración local y de la Empresa

Nacional Mercados Centrales de Abas-

tecimiento, Sociedad Anónima (MER-

CASA), así como de los productores,

distribuidores y consumidores de los ali-

mentos, a través de las organizaciones

oficialmente reconocidas que se relacio-

nan en la presente disposición.

Para la mejor realización de su come-

tido, el Observatorio podrá recabar el

asesoramiento de los expertos, empresas

e instituciones, públicas o privadas,

cuya contribución pueda resultar valio-

sa, por su experiencia profesional y co-

nocimientos en esta materia, así como la

asistencia específica que, en su caso, pu-

dieran prestarle las distintas administra-

ciones públicas. Especialmente se consi-

dera la conexión institucional con otros

órganos de naturaleza similar y, singu-

larmente, con el Observatorio de la Dis-

tribución Comercial, adscrito a la Secre-

taría de Estado de Comercio, Turismo y

de la Pequeña y Mediana Empresa, del

Ministerio de Economía y Hacienda.

Real decreto 686/2000, de 12 de mayo, por

el que se aprueba el Reglamento de la Ley

2/2000, de 7 de enero, reguladora de los

contratos tipo de productos agroalimenta-

rios (BOE núm. 148, de 21 de junio).

Real decreto 812/2000, de 19 de mayo,

por el que se establece la aplicación del

AUTONOMIES · 27

120

procedimiento de concesión con exa-

men previo para las solicitudes de pa-

tentes del sector de la alimentación

(BOE núm. 137, de 8 de junio).

Real decreto 990/2000, de 2 de junio,

por el que se modifica y complementa el

Real decreto 1640/1999, de 22 de octu-

bre, que regula la prueba de acceso a es-

tudios universitarios (BOE núm. 133,

de 3 de junio).

Real decreto 991/2000, de 2 de junio,

por el que se desarrolla la Ley 26/1999,

de 9 de julio, de medidas de apoyo a la

movilidad geográfica (BOE núm. 133,

de 3 de junio).

Real decreto 995/2000, de 2 de junio,

por el que se fijan objetivos de calidad

para determinadas sustancias contami-

nantes y modifica el Reglamento de do-

minio público hidráulico, aprobado por

el Real decreto 849/1986, de 11 de abril

(BOE núm. 147, de 20 de junio).

Real decreto 996/2000, de 2 de junio,

por el que se modifican determinados

preceptos del Reglamento de ordenación

y supervisión de los seguros privados,

aprobado por Real decreto 2486/1998,

de 20 de noviembre, y del plan de con-

tabilidad de las entidades aseguradoras

y normas para la formulación de las

cuentas de los grupos de entidades ase-

guradoras, aprobado por Real decreto

2014/1997, de 26 de noviembre, para

adaptarlos a la Directiva 1998/78/CE,

de 27 de octubre, relativa a la supervi-

sión adicional de las empresas de seguros

que formen parte de un grupo de segu-

ros (BOE núm. 142, de 14 de junio).

Real decreto 1088/2000, de 9 de junio,

por el que se modifican el Reglamento

del impuesto sobre la renta de las perso-

nas físicas, aprobado por el Real decreto

214/1999, de 5 de febrero, y el Regla-

mento del impuesto sobre sociedades,

aprobado por el Real decreto 537/1997,

de 14 de abril, en materia de retenciones

sobre arrendamientos o subarrenda-

mientos de inmuebles (BOE núm. 139,

de 10 de junio).

Real decreto 1091/2000, de 9 de junio, por

el que se aprueba la reglamentación técni-

co-sanitaria específica de los alimentos

dietéticos destinados a usos médicos espe-

ciales (BOE núm. 139, de 10 de junio).

Real decreto 1123/2000, de 16 de junio,

por el que se regula la creación e implan-

tación de unidades de apoyo ante desas-

tres (BOE núm. 156, de 30 de junio).

Real decreto 1124/2000, de 16 de junio,

por el que se modifica el Real decreto

665/1997, de 12 de mayo, sobre la pro-

tección de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con la exposición a

agentes cancerígenos durante el trabajo

(BOE núm. 145, de 17 de junio).

Real decreto 1126/2000, de 16 de junio,

por el que se aprueba el Plan estadístico

nacional 2001-2004 (BOE núm. 179,

de 27 de julio).

Real decreto 1191/2000, de 23 de junio,

sobre interoperabilidad del sistema fe-

rroviario de alta velocidad (BOE núm.

160, de 5 de julio).

Real decreto 1192/2000, de 23 de junio,

por el que se establecen normas para la

asignación individual de cantidades de

referencia de la reserva nacional proce-

dentes del aumento de cuota láctea

(BOE núm. 161, de 6 de julio).

Real decreto 1194/2000, de 23 de junio,

por el que se modifica el Real decreto

1472/1989, de 1 de diciembre, que re-

gula las gamas de cantidades nominales

y de capacidades nominales para deter-

minados productos envasados (BOE

núm. 159, de 4 de julio).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 121

Real decreto 1278/2000, de 30 de junio,

por el que se adaptan determinadas dis-

posiciones de la Seguridad Social para

su aplicación a las sociedades cooperati-

vas (BOE núm. 173, de 20 de julio).

Real decreto 1279/2000, de 30 de junio,

por el que se modifica el Real decreto

331/1999, de 26 de febrero, de norma-

lización y tipificación de los productos

frescos, refrigerados o cocidos (BOE

núm. 178, de 26 de julio).

Real decreto 1369/2000, de 19 de julio,

por el que se modifica el Real decreto

822/1993, de 28 de mayo, que establece

los principios de buenas prácticas de la-

boratorio y su aplicación en la realiza-

ción de estudios no clínicos sobre sus-

tancias y productos químicos (BOE

núm. 173, de 20 de julio).

Real decreto 1370/2000, de 19 de julio,

por el que se modifica el Real decreto

377/1991, de 15 de marzo, sobre comu-

nicación de participaciones significati-

vas en sociedades cotizadas y de adquisi-

ción por éstas de acciones propias (BOE

núm. 177, de 25 de julio).

Real decreto 1373/2000, de 19 de julio,

por el que se modifica el Real decreto

2107/1996, de 20 de septiembre, que

establece las normas de identidad y pu-

reza de los colorantes utilizados en los

productos alimenticios (BOE núm.

173, de 20 de julio).

Real decreto 1412/2000, de 21 de julio,

de creación del Consejo de Política Ex-

terior (BOE núm. 175, de 22 de julio).

Real decreto 1472/2000, de 4 de agosto,

por el que se regula el potencial de pro-

ducción vitícola (BOE núm. 187, de 5

de agosto).

Real decreto 1506/2000, de 1 de sep-

tiembre, por el que se modifica el Real

decreto 148/1996, de 5 de febrero, que

regula el procedimiento especial para el

reintegro de las prestaciones de la Segu-

ridad Social indebidamente percibidas

(BOE núm. 213, de 5 de septiembre).

Real decreto 1660/2000, de 29 de sep-

tiembre, por el que se modifica el Regla-

mento de la Ley 38/1994, de 30 de di-

ciembre, reguladora de las organizaciones

interprofesionales agroalimentarias, apro-

bado por Real decreto 705/1997, de 16

de mayo (BOE núm. 235, de 30 de sep-

tiembre).

Real decreto 1662/2000, de 29 de sep-

tiembre, sobre productos sanitarios para

diagnóstico in vitro (BOE núm. 235, de

30 de septiembre).

Real decreto 1663/2000, de 29 de sep-

tiembre, sobre conexión de instalacio-

nes fotovoltaicas a la red de baja tensión

(BOE núm. 235, de 30 de septiembre).

Real decreto 1684/2000, de 6 de octu-

bre, por el que se establece la habilita-

ción de piloto agroforestal (BOE núm.

258, de 27 de octubre).

Real decreto 1686/2000, de 6 de octu-

bre, por el que se crea el Observatorio de

la Igualdad de Oportunidades entre

Mujeres y Hombres (BOE núm. 251,

de 19 de octubre).

Entre las funciones que tiene enco-

mendadas el Instituto de la Mujer a tra-

vés de la Ley 16/1983, de 24 de octubre,

que regula su creación, y del Real decre-

to 774/1997, que desarrolla su estructu-

ra organizativa, se encuentran la de estu-

diar la situación de la mujer española en

los campos legales, educativo, cultural,

sanitario y sociocultural, y la de recopi-

lar información y documentación relati-

va a la mujer, así como la creación de un

banco de datos actualizado que sirva de

base para el desarrollo de las funciones y

competencias del Instituto.

AUTONOMIES · 27

122

Para dar cumplimiento a los fines

previstos en la Ley de creación, se desa-

rrollan los planes de igualdad de oportu-

nidades entre mujeres y hombres. Ac-

tualmente está en vigor el III Plan.

En este Plan se establece, entre otras ac-

tuaciones, la creación de un Observatorio

de la Igualdad de Oportunidades que per-

mita, en el futuro, hacer un diagnóstico

fiable y válido sobre los avances en la

igualdad de oportunidades entre mujeres

y hombres y, consecuentemente, evaluar

las políticas planeadas con este fin.

A tal finalidad responde el presente

Real decreto, que en su artículo 1 estable-

ce: «Se crea el Observatorio de la Igual-

dad de Oportunidades entre mujeres y

hombres, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 40 de la Ley 6/1997, de 14 de

abril, de organización y funcionamiento

de la Administración general del Estado,

que tiene por objeto la construcción de

un sistema de información con capa-

cidad para conocer la situación de las

mujeres, respecto a la de los hombres, y el

efecto de las políticas institucionales

puestas en marcha, para promover la par-

ticipación de las mujeres, en todos los

ámbitos, en un plano de igualdad».

Real decreto 1732/2000, de 20 de octu-

bre, por el que se modifica el Reglamen-

to del impuesto sobre la renta de las

personas físicas, aprobado por el Real

decreto 214/1999, de 5 de febrero, en

materia de retenciones e ingresos a cuen-

ta sobre rendimientos del trabajo (BOE

núm. 253, de 21 de octubre).

Real decreto 1734/2000, de 20 de octu-

bre, por el que se establecen ayudas para

la adquisición de animales de reposición

de determinadas razas bovinas, ovinas y

caprinas autóctonas españolas (BOE

núm. 253, de 21 de octubre).

Real decreto 1735/2000, de 20 de octu-

bre, por el que se aprueba el Reglamento

general de ingreso y promoción en las

Fuerzas Armadas (BOE núm. 253, de

21 de octubre).

Real decreto 1785/2000, de 27 de octu-

bre, sobre la circulación intracomunita-

ria de medicamentos de uso humano

(BOE núm. 259, de 28 de octubre).

Real decreto 1786/2000, de 27 de octu-

bre, por el que se regula la Comisión In-

terministerial de Ciencia y Tecnología

(BOE núm. 259, de 28 de octubre).

Real decreto 1837/2000, de 10 de no-

viembre, por el que se aprueba el Regla-

mento de inspección y certificación de

buques civiles (BOE núm. 285, de 28

de noviembre).

Real decreto 1841/2000, de 10 de no-

viembre, por el que se establecen los re-

quisitos que deben cumplir los labora-

torios que realicen análisis para la

determinación del rendimiento graso de

las aceitunas (BOE núm. 271, de 11 de

noviembre).

Real decreto 1848/2000, de 10 de no-

viembre, por el que se regula el ejercicio

del derecho de opción de los camineros

del Estado para su integración como

personal laboral de la Administración

general del Estado (BOE núm. 280, de

22 de noviembre).

Real decreto 1849/2000, de 10 de no-

viembre, por el que se derogan diferen-

tes disposiciones en materia de normali-

zación y homologación de productos

industriales (BOE núm. 289, de 2 de

diciembre).

Real decreto 1890/2000, de 10 de no-

viembre, por el que se aprueba el Regla-

mento que establece el procedimien-

to para la elevación de la conformidad

de los aparatos de telecomunicaciones

(BOE núm. 289, de 2 de diciembre).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 123

Real decreto 1888/2000, de 22 de no-

viembre, por el que se establecen las

condiciones de sanidad animal aplica-

bles a los intercambios intracomunita-

rios y las importaciones de aves de corral

y de huevos para incubar, procedentes

de países terceros (BOE núm. 306, de

22 de diciembre).

Real decreto 1907/2000, de 24 de noviem-

bre, por el que se aprueba el Reglamento

sobre reconocimientos obligatorios para

garantizar la seguridad de la navegación en

determinados buques de pasaje (BOE

núm. 283, de 25 de noviembre).

Real decreto 1910/2000, de 24 de noviem-

bre, por el que se crea la Comisión Inter-

ministerial de Seguridad Alimentaria

(BOE núm. 283, de 25 de noviembre).

Real decreto 1911/2000, de 24 de no-

viembre, por el que se regula la destruc-

ción de los materiales especificados de

riesgo en relación con las encefalopatías

espongiformes transmisibles (BOE

núm. 283, de 25 de noviembre).

Real decreto 1944/2000, de 1 de diciem-

bre, por el que se crea el Comité Español

de Coordinación de las Acciones para el

Año Internacional del Voluntariado

(BOE núm. 289, de 2 de diciembre).

Real decreto 1946/2000, de 1 de diciem-

bre, por el se regula la composición y el

funcionamiento de la Comisión Inter-

ministerial de Extranjería (BOE núm.

289, de 2 de diciembre).

Real decreto 1948/2000, de 1 de di-

ciembre, por el que se extienden a la

deuda emitida por comunidades autó-

nomas y entidades locales los procedi-

mientos de pago de intereses exceptua-

dos de retención existentes para la

deuda del Estado (BOE núm. 303, de

19 de diciembre).

Real decreto 1949/2000, de 1 de diciem-

bre, por el que se modifica el Reglamen-

to de asistencia jurídica gratuita, apro-

bado por el Real decreto 2103/1996, de

20 de septiembre (BOE núm. 289, de 2

de diciembre).

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de

asistencia jurídica gratuita, y su Regla-

mento de desarrollo, aprobado por Real

decreto 2103/1996, de 20 de septiem-

bre, operaron una profunda reforma en

el sistema de reconocimiento del dere-

cho a la asistencia jurídica gratuita, así

como en el funcionamiento de los servi-

cios colegiales de abogados y procurado-

res encargados de su prestación.

A día de hoy puede afirmarse, con ca-

rácter general, que los aspectos básicos

de dicha reforma están plenamente con-

solidados, lo que permite introducir

modificaciones que conllevarán una

mejora en la calidad de los servicios que

los colegios y los profesionales prestan a

quien carece de recursos económicos su-

ficientes para litigar.

Así, se modifica por un lado la perio-

dicidad con la que el Ministerio de Jus-

ticia realiza los pagos necesarios para

retribuir a los abogados y a los procura-

dores por las actuaciones realizadas.

Por otro lado, se sustituye el Anexo II

del citado Reglamento (módulos y bases

de compensación económica) por una

nueva versión del mismo, en la que desta-

ca, por una parte, la actualización de las

cuantías retributivas asignadas a determi-

nados procedimientos tramitados por los

abogados, cuyo baremo se encontraba

desfasado, y, por otra, la inclusión de

nuevos conceptos, como consecuencia

de circunstancias sobrevenidas (en espe-

cial, la aprobación de la Ley orgánica

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y

libertades de los extranjeros en España,

que exige la introducción del concepto

«vía administrativa previa [extranjería y

AUTONOMIES · 27

124

asilo]», como actuación profesional retri-

buida por la Administración).

Finalmente, se añaden en el Anexo III

del Reglamento (momento del devengo

de la indemnización) las necesarias espe-

cificaciones derivadas de la introduc-

ción de los nuevos conceptos.

Real decreto 1955/2000, de 1 de diciem-

bre, por el que se regulan las actividades

de transporte, distribución, comerciali-

zación, suministro y procedimientos de

autorización de instalaciones de energía

eléctrica (BOE núm. 310, de 27 de di-

ciembre).

Real decreto 3422/2000, de 15 de di-

ciembre, por el que se modifican el Real

decreto 1624/1992, de 29 de diciem-

bre, que aprueba el Reglamento, el Real

decreto 2402/1985, de 18 de diciem-

bre, que regula el deber de expedir y en-

tregar factura por empresarios y profe-

sionales, y el Real decreto 1041/1990,

de 27 de julio, regulador de las declara-

ciones censales que han de presentar a

efectos fiscales los empresarios, los pro-

fesionales y otros obligados tributarios

(BOE núm. 301, de 16 de diciembre).

Real decreto 3423/2000, de 15 de di-

ciembre, por el que se regula la indica-

ción de los precios de los productos

ofrecidos a los consumidores y usuarios

(BOE núm. 311, de 28 de diciembre).

Real decreto 3425/2000, de 15 de di-

ciembre, sobre inscripción de los es-

pañoles en los registros de matrícula de

las oficinas consulares en el extranjero

(BOE núm. 3, de 3 de enero de 2001).

Real decreto 3426/2000, de 15 de diciem-

bre, por el que se regula el procedimiento

de deslinde de términos municipales per-

tenecientes a distintas comunidades au-

tónomas (BOE núm. 312, de 29 de di-

ciembre).

El artículo 50.3 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las bases del régi-

men local, adicionado a dicho texto legal

por el artículo primero, decimoquinta,

de la Ley 11/1999, de 21 de abril, dispo-

ne que las cuestiones que se susciten en-

tre municipios pertenecientes a distintas

comunidades autónomas sobre el deslin-

de de sus términos municipales se resol-

verán por la Administración del Estado,

previo informe del Instituto Geográfico

Nacional, audiencia de los municipios

afectados y de las respectivas comunida-

des autónomas y dictamen del Consejo

de Estado. Se viene así a colmar de forma

expresa un vacío legal que lo requería

para poder abordar las cuestiones plan-

teadas en esta clase de deslindes.

La adecuada aplicación de dicha pre-

visión legal requiere la regulación del co-

rrespondiente procedimiento, para ma-

yor garantía y seguridad de todas las

entidades territoriales afectadas. Tal es el

objeto del presente Real decreto, en el

que, por una parte, se regula un sencillo

procedimiento para el deslinde de mu-

tuo acuerdo, dirigido a establecer una

tramitación común en tales supuestos de

inequívoca incidencia supracomunita-

ria, presidido por el criterio de no inter-

vención estatal, y, por otra, se fija el pro-

cedimiento para el caso de divergencias,

en el que se produce la intervención esta-

tal de acuerdo con el indicado precepto

de la Ley 7/1985. Se establecen las co-

rrespondientes previsiones de naturaleza

transitoria para los procedimientos de

deslinde de municipios radicados en di-

ferentes comunidades autónomas que se

hubiesen iniciado antes de la entrada en

vigor del presente Real decreto.

Asimismo, se regulan los efectos de la

incomparecencia de los ayuntamientos

afectados, los de la no celebración de las

sesiones plenarias previstas y los de

la negativa a la constitución de una co-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 125

misión de deslinde, así como la inamo-

vilidad de los límites establecidos de

mutuo acuerdo o por resolución de la

Administración general del Estado, sal-

vo manifiesto error de hecho o vicios del

procedimiento en la delimitación docu-

mentalmente justificados.

Real decreto 3427/2000, de 15 de di-

ciembre, por el que se declaran las mate-

rias primas minerales y actividades con

ellas relacionadas, calificadas como

prioritarias a efectos de lo dispuesto en

la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del

impuesto sobre sociedades (BOE núm.

301, de 16 de diciembre).

Real decreto 3450/2000, de 22 de di-

ciembre, por el que se modifica el Real

decreto 6/1995, sobre retribuciones de

los funcionarios destinados en el extran-

jero (BOE núm. 10, de 11 de enero).

Real decreto 3472/2000, de 29 de di-

ciembre, por el que se modifican deter-

minados artículos del Reglamento del

impuesto sobre sociedades en materia

de amortización de elementos patrimo-

niales, provisión para insolvencias de

entidades financieras, colaboración ex-

terna en la presentación y gestión de de-

claraciones e imputación temporal de

ingresos y gastos, así como del Regla-

mento del impuesto sobre la renta de las

personas físicas en materia de rendi-

mientos irregulares del trabajo y plazo

para la presentación de determinada de-

claración (BOE núm. 313, de 30 de di-

ciembre).

Real decreto 3475/2000, de 29 de di-

ciembre, sobre revalorización de pensio-

nes del sistema de la Seguridad Social

para el ejercicio 2001 (BOE núm. 313,

de 30 de diciembre).

Real decreto 3476/2000, de 29 de di-

ciembre, por el que se fija el salario mí-

nimo interprofesional para el año 2001

(BOE núm. 313, de 30 de diciembre).

El artículo 27.1 del texto refundido

de la Ley del Estatuto de los trabajado-

res, aprobado por Real decreto legislati-

vo 1/1995, de 24 de marzo, contiene un

mandato dirigido al Gobierno de fijar

anualmente el salario mínimo interpro-

fesional.

A tal efecto responde el presente Real

decreto, mediante el que se procede a esta-

blecer las nuevas cuantías que deberán re-

gir a partir del 1 de enero de 2001, tanto

para los trabajadores fijos como para los

eventuales o temporeros, así como para el

personal al servicio del hogar familiar.

Las nuevas cuantías, que suponen un

incremento del 2 por 100 respecto de las

de 2000, son el resultado de tomar en

consideración de forma conjunta todos

los factores contemplados en el citado

artículo 27.1: el índice de precios al

consumo, la productividad media na-

cional alcanzada, el incremento de la

participación del trabajo en la renta na-

cional y la coyuntura económica gene-

ral. En particular, se han tenido en

cuenta los objetivos del Gobierno en

materia de contención de la inflación y

moderación de las rentas salariales, de

manera que resulte posible seguir con-

tribuyendo con ello a reforzar el proceso

de generación de empleo desarrollado

en España desde 1996.

Así, el salario mínimo para cuales-

quiera actividades en la agricultura, en

la industria y en los servicios, sin dis-

tinción de sexo ni edad de los trabajado-

res, queda fijado en 2.404 pesetas/día

(14,45 euros/día) o 72.120 pesetas/mes

(433,45 euros/mes), según que el salario

esté fijado por días o por meses.

En el salario mínimo se computan

tanto la retribución en dinero como en

especie. Este salario se entiende referido

a la jornada legal de trabajo en cada acti-

AUTONOMIES · 27

126

vidad, sin incluir en el caso del salario

diario la parte proporcional de los do-

mingos y festivos. Si se realizase jornada

inferior se percibirá a prorrata.

Real decreto 3477/2000, de 29 de di-

ciembre, por el que se modifica el Real

decreto 1893/1999, de 10 de diciem-

bre, sobre pagos por superficie a deter-

minados productos agrícolas (BOE

núm. 313, de 30 de diciembre).

Real decreto 3483/2000, de 29 de di-

ciembre, por el que se modifica el Real

decreto 324/2000, de 3 de marzo, que

establece normas básicas de ordenación

de las explotaciones porcinas (BOE

núm. 11, de 12 de enero).

Real decreto 3484/2000, de 29 de diciem-

bre, por el que se establecen las normas

de higiene para la elaboración, distribu-

ción y comercio de comidas preparadas

(BOE núm. 11, de 12 de enero).

Real decreto 3485/2000, de 29 de di-

ciembre, sobre franquicias y exenciones

en régimen diplomático, consular y de

organismos internacionales y modifica-

ción del Reglamento general de vehícu-

los, aprobado por el Real decreto

2822/2998, de 23 de diciembre (BOE

núm. 313, de 30 de diciembre).

Real decreto 3490/2000, de 29 de di-

ciembre, por el que se establece la tarifa

eléctrica para el año 2001 (BOE núm.

313, de 30 de diciembre).

T

raspasos

Real decreto 2/2000, de 7 de enero, so-

bre traspaso de la Administración del

Estado a la Comunidad Autónoma de

Castilla y León de medios adscritos a la

gestión encomendada en materia de

agricultura, Fondo Español de Garantía

Agraria (FEGA) (BOE núm. 24, de 28

de enero).

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión

Mixta de Transferencias, prevista en la dis-

posición transitoria tercera del Estatuto de

Autonomía de Castilla y León, adoptado

por el Pleno de dicha Comisión en su se-

sión del día 22 de diciembre de 1999, por

el que se traspasan a la Comunidad de

Castilla y León los medios personales, ma-

teriales y presupuestarios adscritos a la ges-

tión encomendada en materia de agricul-

tura, Fondo Español de Garantía Agraria

(FEGA), y que se transcribe como anexo

al presente Real decreto.

En consecuencia, quedan traspasados

a la Comunidad de Castilla y León los

medios personales, materiales y créditos

presupuestarios que se relacionan en el

propio Acuerdo de la Comisión Mixta,

en los términos allí especificados.

Real decreto 30/2000, de 14 de enero,

sobre traspaso de la Administración del

Estado a la Comunidad Autónoma de

Madrid de la gestión realizada por el

Instituto Nacional de Empleo, en el ám-

bito del trabajo, el empleo y la forma-

ción (BOE núm. 28, de 2 de febrero).

Se aprueba el Acuerdo de la Comi-

sión Mixta de Transferencias prevista en

la disposición transitoria segunda del

Estatuto de autonomía de la Comuni-

dad de Madrid, adoptado por el Pleno

de dicha Comisión en su reunión del

día 29 de diciembre de 1999, por el que

se traspasan a la Comunidad de Madrid

las funciones y servicios en materia de

gestión del trabajo, el empleo y la for-

mación, y que se transcribe como anexo

del presente Real decreto.

En consecuencia, quedan traspasados

a la Comunidad de Madrid las funciones

y servicios, así como los bienes, dere-

chos, obligaciones, medios personales y

créditos presupuestarios correspondien-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 127

tes, en los términos que resultan del pro-

pio Acuerdo y de las relaciones anexas.

Real decreto 75/2000, de 21 de enero,

sobre ampliación de los medios traspa-

sados de la Administración del Estado a

la Comunidad Autónoma de Cataluña

por Real decreto 966/1990, de 20 de ju-

lio de 1990, en materia de provisión de

medios materiales y económicos al ser-

vicio de la Administración de justicia

(BOE núm. 33, de 8 de febrero).

Por el Real decreto 966/1990, de 20

de julio, se hicieron efectivos los traspa-

sos a la Generalidad de Cataluña de fun-

ciones de la Administración del Estado

en materia de provisión de medios ma-

teriales y económicos al servicio de la

Administración de justicia.

Por ello, se procede a llevar a cabo

ahora, sobre las mismas previsiones le-

gales, una ampliación de medios en esta

materia.

Real decreto 115/2000, de 28 de enero,

sobre modificación y ampliación del

traspaso de la Administración del Es-

tado a la Comunidad Autónoma de

Canarias aprobado por Real decreto

150/1999, de 29 de enero de 1999, en

materia de gestión realizada por el Insti-

tuto Nacional de Empleo, en el ámbito

del trabajo, el empleo y la formación

(BOE núm. 37, de 12 de febrero).

Real decreto 279/2000, de 25 de febrero,

sobre traspaso a la Comunidad Autóno-

ma de Valencia de medios adscritos al

Parque Móvil del Estado, del Ministerio

de Economía y Hacienda (BOE núm.

69, de 21 de marzo).

Real decreto 280/2000, de 25 de febrero,

sobre ampliación de los medios traspa-

sados de la Administración del Estado a

la Comunidad Autónoma de Valencia

por Real decreto 1720/1984, de 18 de

julio de 1984, en materia de patrimonio

arquitectónico, control de calidad en

edificación y vivienda (BOE núm. 69,

de 21 de marzo).

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión

Mixta de Transferencias Administración

del Estado-Comunidad Valenciana pre-

vista en la disposición transitoria cuarta

del Estatuto de autonomía de la Comuni-

dad Valenciana, adoptado en su reunión

del día 8 de febrero de 2000, por el que se

amplían los medios adscritos a los servi-

cios traspasados a la Comunidad Valencia-

na en virtud del Real decreto 1720/1984,

de 18 de julio, en materia de patrimonio

arquitectónico, control de calidad en edi-

ficación y vivienda, y que se transcribe

como anexo al presente Real decreto.

En consecuencia, quedan traspasados

a la Comunidad Valenciana los bienes

inmuebles que figuran identificados en

las relaciones adjuntas al Acuerdo de la

Comisión Mixta, en los términos y en

las condiciones que allí se especifican.

Real decreto 281/2000, de 25 de febrero,

sobre ampliación de medios adscritos a

los servicios traspasados de la Adminis-

tración del Estado a la Comunidad Au-

tónoma de Valencia por Real decreto

3059/1982, de 24 de julio de 1982, en

materia de puertos (BOE núm. 69, de

21 de marzo).

Real decreto 282/2000, de 25 de febrero,

sobre ampliación de medios adscritos a

los servicios traspasados de la Adminis-

tración del Estado a la Comunidad Au-

tónoma de Valencia por Real decreto

2093/1983, de 28 de julio de 1983, en

materia de educación (BOE núm.69, de

21 de marzo).

Real decreto 283/2000, de 25 de febrero,

sobre traspaso de la Administración del

Estado a la Comunidad Autónoma de

Valencia de profesores de educación ge-

AUTONOMIES · 27

128

neral básica de instituciones peniten-

ciarias, en ampliación del traspaso efec-

tuado por el Real decreto 2093/1983,

de 28 de julio de 1983, en materia de

educación (BOE núm. 69, de 21 de

marzo).

Real decreto 404/2000, de 24 de marzo,

sobre ampliación de medios personales,

materiales y presupuestarios traspasados

de la Administración del Estado a la Co-

munidad Autónoma de Cataluña por

Real decreto 391/1998, de 13 de marzo

de 1998, en materia de tráfico y circula-

ción de vehículos a motor (BOE núm.

90, de 14 de abril).

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión

Mixta prevista en la disposición transito-

ria sexta del Estatuto de autonomía de

Cataluña, sobre ampliación de medios

traspasados a la Generalidad de Cataluña

en materia de tráfico y circulación de ve-

hículos a motor, y que se transcribe como

anexo al presente Real decreto.

En consecuencia, quedan traspasados a

la Generalidad de Cataluña los bienes,

derechos y obligaciones, medios persona-

les y créditos presupuestarios correspon-

dientes, en los términos que resultan del

propio Acuerdo y de las relaciones anexas.

Real decreto 510/2000, de 14 de abril,

sobre ampliación de medios traspasados

de la Administración del Estado a la Co-

munidad Autónoma de Cataluña por

Real decreto 159/1981, de 9 de enero

de 1981, en materia de patrimonio ar-

quitectónico, edificación y vivienda

(BOE núm. 111, de 9 de mayo).

Se aprueba el Acuerdo de la Comi-

sión Mixta prevista en la disposición

transitoria sexta del Estatuto de Auto-

nomía de Cataluña, adoptado en su reu-

nión del día 14 de marzo de 2000, por

el que se amplían los medios adscritos a

los servicios traspasados a la Genera-

lidad de Cataluña en virtud del Real

decreto 159/1981, de 9 de enero, en

materia de patrimonio arquitectónico,

edificación y vivienda, y que se transcri-

be como anexo al presente Real decreto.

En consecuencia, quedan traspasados

a la Generalidad de Cataluña los bienes

inmuebles que figuran identificados en

las relaciones adjuntas al Acuerdo de la

Comisión Mixta, en los términos y en

las condiciones que allí se especifican.

Real decreto 511/2000, de 14 de abril, so-

bre ampliación de medios traspasados de la

Administración del Estado a la Comu-

nidad Autónoma de Cataluña por el Real

decreto 1950/1980, de 31 de julio de

1980, en materia de conservación de la na-

turaleza (BOE núm. 111, de 9 de mayo).

Por el Real decreto 1950/1980, de 31

de julio, se hicieron efectivos los traspasos

a la Generalidad de Cataluña de funcio-

nes de la Administración del Estado en

materia de conservación de la naturaleza.

Por ello, se procede a llevar a cabo aho-

ra, sobre las mismas previsiones legales,

una ampliación de medios en esta materia.

Real decreto 1842/2000, de 10 de no-

viembre, sobre ampliación de medios

adscritos a los servicios traspasados de la

Administración del Estado a la Comu-

nidad Autónoma de La Rioja por Real

decreto 1826/1998, de 28 de agosto de

1998, sobre enseñanza no universitaria,

en materia de personal docente de insti-

tuciones penitenciarias (BOE núm.

287, de 30 de noviembre).

Real decreto 1844/2000, de 10 de no-

viembre, sobre ampliación y adaptación

de las funciones y servicios traspasados

de la Administración del Estado a la Co-

munidad Autónoma de La Rioja en ma-

teria de industria, energía y minas (BOE

núm. 287, de 30 de noviembre).

Real decreto 1845/2000, de 10 de no-

viembre, sobre traspaso de funciones y

ACTIVIDAD NORMATIVA... 129

servicios de la Administración del Esta-

do a la Comunidad Autónoma de La

Rioja en materia de ejecución de la le-

gislación sobre productos farmacéuticos

(BOE núm. 287, de 30 de noviembre).

Se aprueba el Acuerdo de la Comi-

sión Mixta prevista en la disposición

transitoria octava del Estatuto de auto-

nomía de La Rioja, sobre traspaso de

funciones y servicios de la Administra-

ción del Estado a la Comunidad Autó-

noma de La Rioja en materia de ejecu-

ción de la legislación sobre productos

farmacéuticos, adoptado por el Pleno de

dicha Comisión, en su sesión del día 4

de octubre de 2000, y que se transcribe

como anexo al presente Real decreto.

En consecuencia, quedan traspasados

a la Comunidad Autónoma de La Rioja

las funciones y servicios, así como los cré-

ditos presupuestarios que se relacionan

en el referido Acuerdo de la Comisión

Mixta, en los términos allí especificados.

Real decreto 1846/2000, de 10 de noviem-

bre, sobre traspaso de funciones y servicios

de la Administración del Estado a la Co-

munidad Autónoma de La Rioja en mate-

ria de buceo, profesional y deportivo, y en

materia de actividades y de enseñanzas

náutico-deportivas y subacuático-deporti-

vas (BOE núm. 287, de 30 de noviembre).

Real decreto 1847/2000, de 10 de no-

viembre, sobre traspaso de funciones y

servicios de la Administración del Estado

a la Comunidad Autónoma de La Rioja

en materia de mediadores de seguros

(BOE núm. 287, de 30 de noviembre).

Real decreto 1889/2000, de 20 de no-

viembre, sobre ampliación de los me-

dios personales traspasados de la Admi-

nistración del Estado a la Comunidad

Autónoma de Madrid por Real decreto

926/1999, de 28 de mayo de 1999, en

materia de enseñanza no universitaria

(BOE núm. 292, de 6 de diciembre).

Se aprueba el Acuerdo de ampliación

de medios personales, traspasados a la

Comunidad de Madrid por Real decre-

to 926/1999, de 28 de mayo, en materia

de enseñanza no universitaria, que se

transcribe como anexo al presente Real

decreto.

En consecuencia, quedan traspasados

a la Comunidad de Madrid los medios

personales que se relacionan en el referi-

do Acuerdo de la Comisión Mixta, en

los términos allí especificados.

Real decreto 3488/2000, de 29 de di-

ciembre, sobre ampliación de los medios

traspasados de la Administración del Es-

tado a la Comunidad Autónoma de Ca-

taluña por Real decreto 966/1990, de 20

de julio de 1990, en materia de provi-

sión de medios materiales y económicos

al servicio de la Administración de justi-

cia (BOE núm. 17, de 19 de enero).

Se aprueba el Acuerdo de la Comi-

sión Mixta prevista en la disposición

transitoria sexta del Estatuto de autono-

mía de Cataluña, sobre ampliación de

medios traspasados a la Generalidad de

Cataluña en materia de provisión de

medios materiales y económicos para el

funcionamiento de la Administración

de justicia, que se transcribe como ane-

xo al presente Real decreto.

En consecuencia, quedan traspasados

a la Generalidad de Cataluña los medios

y los créditos presupuestarios en los tér-

minos que resultan del propio Acuerdo

y de las relaciones anexas.

Acuerdos y convenios

Resolución de 5 de julio de 2000, por la

cual se publica el Convenio marco entre

el Consorcio de Compensación de Segu-

ros e instituciones sanitarias públicas, de

asistencia sanitaria para accidentes de trá-

AUTONOMIES · 27

130

fico para el año 2000 (BOE núm. 176, de

24 de julio de 2000, pág. 26368).

El artículo 13 del Reglamento del se-

guro de responsabilidad civil derivada del

uso y circulación de vehículos de motor,

de suscripción obligatoria, aprobado por

Real decreto 2641/1986, de 30 de di-

ciembre, establece la cobertura íntegra de

los gastos de asistencia médica y hospita-

laria a las víctimas siempre que sea presta-

da en centros reconocidos por el Consor-

cio de Compensación de Seguros.

Con esta finalidad, el Consorcio de

Compensación de Seguros y la Unión

Española de Entidades Aseguradoras y

Reaseguradoras (UNESPA) han suscrito

convenios con el Instituto Nacional de la

Salud (INSALUD), el Servicio Catalán

de Salud, el Servicio Vasco de Salud, el

Servicio Gallego de Salud, el Servicio

Canario de Salud y el Servicio Andaluz

de Salud, en términos idénticos, estable-

ciendo las tarifas aplicables durante el

año 2000 a las asistencias prestadas en

los centros dependientes de los mismos.

Resolución de 5 de julio de 2000, por la

cual se publica el Convenio entre el

Consorcio de Compensación de Seguros

e instituciones privadas, de asistencia sa-

nitaria derivada de accidentes de tráfico

para el año 2000 (BOE núm. 177, de 25

de julio de 2000, pág. 26549).

En cumplimiento de la disposición

adicional primera del Real decreto

2641/1986, de 30 de diciembre, por el

que se aprueba el Reglamento del segu-

ro de responsabilidad civil derivada del

uso y circulación de vehículos de motor,

de suscripción obligatoria, se da a cono-

cer el presente acuerdo adoptado entre

el Consorcio de Compensación de Se-

guros, UNESPA y distintas federaciones

y asociaciones de hospitales y clínicas

privadas, fijando el Convenio de asis-

tencia sanitaria a aplicar a accidentes de

tráfico durante el año 2000, así como la

relación de centros hospitalarios que

por haberse adherido a dicho Convenio

ostentan la calificación de centros reco-

nocidos a que se refiere el artículo 13.c

del citado Reglamento.

Resolución de 17 de julio de 2000, por la

cual se publica el Convenio de colabora-

ción suscrito entre el INSALUD y la

Diputación General de Aragón, para

la prestación de asistencia sanitaria a

pacientes beneficiarios de la Seguridad

Social en el hospital «Royo Villanova»

de Zaragoza (BOE núm. 189, de 8 de

agosto de 2000, pág. 28366).

El objeto del presente Convenio de co-

laboración es la regulación de la presta-

ción, por el hospital «Royo Villanova» de

Zaragoza, de asistencia sanitaria a los be-

neficiados del INSALUD, con el alcance

y prestaciones de naturaleza directa que

establece el Real decreto 63/1995, de 20

de enero, sobre ordenación de prestacio-

nes sanitarias del sistema nacional de sa-

lud, así como de la estructura de contra-

prestaciones económicas que el centro

debe percibir por los servicios prestados.

Resolución de 4 de octubre de 2000, por la

que se publica el Acuerdo de la Comisión

Bilateral de Cooperación Administración

general del Estado-Comunidad de Ma-

drid, en relación con la Ley 9/2000, de 30

de junio de 2000, de mutualidades de

previsión social (BOE núm. 239, de 5 de

octubre de 2000, pág. 34195).

Resolución de 25 de octubre de 2000,

por la que se publica el Convenio suscri-

to entre la Universidad «Rey Juan Car-

los», el INSALUD y la Fundación Hos-

pital de Alcorcón, para la utilización de

las instalaciones de esta última en la in-

vestigación y docencia universitarias

(BOE núm. 279, de 21 de noviembre

de 2000, pág. 40445).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 131

El presente Convenio tiene como sin-

gularidad, respecto a los previstos en el

Real decreto 1558/1986, de 28 de junio,

por el que se establecen las bases genera-

les del régimen de conciertos entre las

universidades y las instituciones sanita-

rias, que la institución hospitalaria que

concierta es la Fundación Hospital Al-

corcón. Esta Fundación fue creada por la

Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habi-

litación de nuevas formas de gestión del

sistema nacional de salud. Para preservar

las nuevas formas de gestión es necesa-

rio, por lo tanto, que la Fundación Hos-

pital Alcorcón mantenga su autonomía

organizativa, capacidad de desarrollo y

cualquier otra forma de gestión.

Resolución de 27 de diciembre de 2000,

por la que se publica el Convenio entre

el Instituto de Crédito Oficial y el Insti-

tuto de la Cinematografía y de las Artes

Audiovisuales, para el establecimiento

de una línea de financiación para la

producción cinematográfica y convoca-

toria de ayudas para la minoración de

intereses de los préstamos concedidos

al amparo de dicho Convenio (BOE

núm. 15, de 17 de enero de 2001, pág.

2071).

El objeto del presente Convenio es es-

tablecer los términos y condiciones en

que se llevará a cabo la colaboración en-

tre el Instituto de la Cinematografía

y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y

el Instituto de Crédito Oficial (ICO), de

forma que se hagan compatibles, en

el marco de la línea de financiación del

ICO, las ayudas instrumentadas por

el ICAA.

Resolución de 27 de febrero de 2001, por

la que se publica el Convenio específico

para el año 2000 en el marco del Conve-

nio de colaboración entre el Instituto de

la Mujer y el Instituto Catalán de la Mu-

jer, sobre cooperación en programas y

actuaciones dirigidos específicamente a

mujeres (Diario Oficial de la Genera-

lidad de Cataluña núm. 3336, de 27 de

febrero de 2001, pág. 2752).

El presente Convenio específico se

fundamenta en el Convenio de colabo-

ración, suscrito el día 18 de febrero de

1997, para llevar a cabo conjuntamente

programas y actuaciones dirigidos a las

mujeres entre el Instituto de la Mujer y

el Instituto Catalán de la Mujer, como

organismos competentes en materia de

políticas para las mujeres.

El artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de régimen jurídico

de las administraciones públicas y del

procedimiento administrativo común,

habilita a la Administración general del

Estado y a los órganos de Gobierno de

las comunidades autónomas para esta-

blecer convenios de colaboración entre

sí, y en el ámbito de sus respectivas com-

petencias; y el artículo 3.1.cdel Real de-

creto legislativo 2/2000, de 16 de junio,

por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de contratos de las administra-

ciones públicas, excluye del ámbito de

aplicación de la citada Ley los convenios

de colaboración que establezcan la Ad-

ministración general del Estado o sus

organismos autónomos con las comuni-

dades autónomas.

En consecuencia, la Administración

general del Estado, a través del organis-

mo autónomo Instituto de la Mujer, y la

Generalidad de Cataluña, a través del

Instituto Catalán de la Mujer, están

habilitados para la suscripción de este

Convenio específico, el cual quedará

fuera del ámbito de aplicación de la Ley

de contratos de las administraciones pú-

blicas, excepto para la resolución de las

dudas y de las lagunas que puedan pre-

sentarse, en cuyo caso serán de aplica-

ción los principios del citado Real de-

creto legislativo 2/2000.

AUTONOMIES · 27

132

Ponente:

Vicente Conde Martín de Hijas.

La disposición legal impugnada cons-

ta de un único artículo que dota de una

nueva redacción al artículo 20.8 de la

Ley foral 23/1983 al añadir a la locución

«partidos políticos» las expresiones «fe-

deración de partidos, agrupación o coa-

lición electoral». El abogado del Esta-

do fundamenta la inconstitucionalidad

de este precepto en dos motivos perfec-

tamente distinguibles. Por una parte,

entiende que el legislador autonómico

podría haber traspasado los límites im-

puestos a su potestad legislativa, al no

resultar competente para dictar normas

que se limiten a interpretar o precisar el

alcance de las palabras o conceptos utili-

zados en la Ley orgánica 13/1982, de 10

de agosto, de reintegración y mejora del

régimen foral de Navarra. Por otra par-

te, sostiene que este precepto infringe el

inciso final del artículo 29.3 LORAF-

NA y, por consiguiente, supone una

modificación al margen del procedi-

miento de reforma previsto en el mismo

artículo 71 de la LORAFNA.

Inusitadamente, la representación pro-

cesal del Gobierno autonómico compar-

te las alegaciones del abogado del Esta-

do y sólo el letrado del Parlamento de

Navarra sostiene la plena constitucio-

nalidad de la norma legal objeto de

recurso, al considerar que ni el legisla-

dor autonómico ha suplantado al legis-

lador orgánico que aprobó la LORAF-

NA, ni supone una modificación de su

contenido.

Lo primero que resuelve el Tribunal es

el planteamiento que lleva a cabo el abo-

gado del Estado sobre si es aplicable a la

relación entre el legislador que estatuye

y el Parlamento de Navarra, como poder

estatuido, la doctrina establecida en la

STC 76/1983 (FJ 4 c) sobre la incompe-

tencia del legislador ordinario para dic-

tar «normas meramente interpretativas,

cuyo exclusivo objeto sea precisar el úni-

co sentido, entre los varios posibles, que

deba atribuirse a un determinado con-

cepto o precepto de la Constitución».

Para el Tribunal Constitucional la doc-

trina sobre los límites intrínsecos de

la potestad legislativa del Estado, deri-

vados de la necesidad de custodiar la

distinción permanente entre la objetiva-

ción del poder constituyente y la actua-

1.3. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1.3.1. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

A cargo de Manuel Gerpe Landín

Sentencia 15/2000, de 20 de enero (BOE núm. 42, de 18 de febrero, suplemento).

Recurso de inconstitucionalidad núm. 815/1991, promovido por el presiden-

te el Gobierno del Estado contra la Ley foral de Navarra 9/1991, de 16 de mar-

zo, por la cual se modifica el artículo 20.8 de la Ley foral 23/1983, de 11 de

abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral.

Autonomies, núm. 27, diciembre de 2001, Barcelona.

ción de los poderes constituidos (doctri-

na recogida en la STC 76/1983 y elabo-

rada en las STC 76/1988, 227/1988 y

40/1998) no se puede trasladar a esta

Ley, sencillamente porque la Ley no se

puede situar en el ámbito que dio origen

a esta doctrina constitucional, elaborada

«en íntima conexión o constante imbri-

cación con unos concretos y determi-

nados preceptos constitucionales, los

relativos al sistema de distribución de

competencias entre el Estado y las co-

munidades autónomas y, además, res-

peto a interpretaciones generales y abs-

tractas del sistema de distribución de

competencias, efectuadas con pretensio-

nes normativas de validez general y de

vinculación, por tanto, de las comuni-

dades autónomas, sin una expresa previ-

sión constitucional o estatutaria a favor

del legislador estatal» (FJ 4). Según el

Tribunal, la Ley impugnada se incardina

en un proceso de desarrollo normativo,

lo cual no es compatible con el hecho de

que en esta actividad se parta de una

previa e implícita interpretación de un

determinado precepto o concepto esta-

tutario, puesto que «toda labor de desa-

rrollo normativo implica un implícito

entendimiento de la norma desarrollada

por quien dicta el desarrollo». Y el Tri-

bunal afirma que «más allá de los límites

explícitos que para el legislador autonó-

mico resulten de la Constitución y del

propio Estatuto de Autonomía, como

norma institucional básica, no cabe

configurar para su labor límites o reser-

vas implícitas, no conteniendo la Cons-

titución ni la LORAFNA norma alguna

que expresamente impida al legislador

foral, en el ejercicio de la “partidos polí-

ticos” las expresiones “federación de

partidos, agrupación o coalición electo-

ral” se está infringiendo el inciso final

del artículo 29.3 de la LORAFNA y po-

testad normativa que aquélla le confiere,

que en el desarrollo de esta actividad

trate de determinar el sentido que cabe

dar a un concepto o expresión estatuta-

ria que no considere suficientemente

clara y nítida» (FJ 4).

Por otra parte, el Tribunal examina si

existe contradicción entre la LORAF-

NA y la Ley objeto de recurso, por si al

añadir a la locución «partidos políticos»

las expresiones «federación de partidos,

agrupación o coalición electoral» se está

infringiendo el inciso final del artículo

29.3 de la LORAFNA y supone, por

tanto, una modificación unilateral de

ésta por vía interpretativa al margen del

procedimiento de reforma previsto en

su artículo 71. El Tribunal comienza

analizando los debates parlamentarios

(«que son un elemento importante de

interpretación, aunque no determinante,

para desentrañar el alcance y sentido de

las normas») para acabar desmintiendo la

afirmación del abogado del Estado de

que la utilización del término «partido»

obedecía a una decisión explícita del le-

gislador de excluir a otras formaciones

políticas. Para el Tribunal, la cuestión

planteada tampoco se puede resolver

con una mera interpretación literal por-

que el término «partido» aparece en una

frase que carece de rigor técnico («parti-

do que tenga mayor número de esca-

ños»), puesto que los partidos políticos

no son titulares de los escaños; así pues,

según el Tribunal, la resolución adecua-

da no puede ser otra que la interpreta-

ción sistemática y finalista del término

«partido» del artículo 29.3 de la LO-

RAFNA, de acuerdo también con los

principios y valores que informan el sis-

tema de designación del presidente de la

Diputación Foral que conduce a una

lectura integradora del precepto. Al de-

terminar el alcance de este precepto no

se puede obviar bajo ningún concepto

que el procedimiento extraordinario de

AUTONOMIES · 27

134

designación del presidente de la Diputa-

ción de Navarra responde a la necesidad

de resolver una situación de crisis guber-

namental (originada porque ninguno de

los candidatos propuestos a la Cámara

no haya obtenido la mayoría necesaria

en el plazo señalado para ser investido)

sin recurrir a la disolución del Parla-

mento y a una nueva convocatoria elec-

toral que es lo que prevén la Constitu-

ción y los estatutos de autonomía,

excepto los de Andalucía y Castilla-La

Mancha). Así pues, si no se ha consegui-

do en el Parlamento una mayoría sufi-

ciente alrededor de alguno de los candi-

datos propuestos, es la voluntad del

cuerpo electoral la que se toma como re-

ferencia, voluntad manifestada en el nú-

mero de escaños o, en caso de empate,

en el mayor número de votos que hayan

obtenido las diferentes fuerzas políticas

que hayan concurrido a las elecciones

autonómicas. El elemento determinante

en este procedimiento extraordinario de

designación es, por consiguiente, el nú-

mero de escaños o, en caso de empate, el

de votos obtenidos, en tanto que mani-

festación de la voluntad del cuerpo elec-

toral, y no el término «partido» en el sig-

nificado literal que se mantiene en la

demanda del recurso de inconstitucio-

nalidad. Finalmente, para el Tribunal,

esta interpretación sistemática y finalis-

ta no sólo es la que concuerda con los

valores y principios democráticos que

informan el sistema de elección del pre-

sidente de la Diputación Foral, sino

que, además, es la que es preciso inferir

de una consideración conjunta de los

apartados 2 y 3 de la LORAFNA. En el

apartado 2 se reconoce una posición ac-

tiva en la fase ordinaria del procedi-

miento de designación no sólo a los par-

tidos sino también a los grupos con

representación parlamentaria, «expre-

sión que abarca en su entendimiento te-

leológico a las formaciones políticas

que, contando entre sus miembros con

parlamentarios, hubieran concurrido en

solitario o federados o coligados con

otros grupos a las elecciones» (FJ 8). Así

pues, el Tribunal tampoco estima el re-

curso por este segundo motivo, puesto

que rechaza que el legislador foral haya

operado a través de la Ley objeto de re-

curso una reforma subrepticia de la LO-

RAFNA.

Una vez más, esta Sentencia llega con

retraso: resuelve un conflicto planteado

nueve años atrás (1991). Poco tiempo

después de esta decisión, el nuevo redac-

tado del artículo 29 de la LORAFNA

(de acuerdo con la Ley orgánica 1/2001,

de 26 de marzo) establece como princi-

pal novedad, además de la exigencia de

que el candidato haya de ser necesaria-

mente diputado, la supresión de la de-

signación automática y en cambio se

prevé la disolución automática si nin-

gún candidato ha conseguido la investi-

dura en un plazo inusitadamente breve

en el Estado español: treinta días desde

la primera votación. Se quiere acabar así

con una excepcionalidad que había cau-

sado gran inestabilidad a los gobiernos

autónomos de Navarra.

Marcel Mateu

ACTIVIDAD NORMATIVA... 135

AUTONOMIES · 27

136

Ponente:

Tomás S. Vives Antón.

En esta Sentencia podemos encontrar

uno de los pocos casos en que el Tribu-

nal reconoce abiertamente un cambio

de criterio. Al cabo de cuatro años, los

tres magistrados que firmaron el voto

particular a la STC 2/1996 (González

Campos, Viver i Pi-Sunyer y Vives An-

tón) aprovechan la circunstancia de que

son los únicos firmantes de aquella Sen-

tencia y de que continúan formando

parte de la Sala Segunda del Tribunal

Constitucional para modificar el crite-

rio que entonces se pudo imponer gra-

cias al voto dirimente del presidente. En

esta ocasión, con una Sala Segunda inte-

grada por sólo 5 magistrados, no se for-

mula ningún voto particular. El supues-

to de hecho que originó esta Sentencia

que comentamos es prácticamente idén-

tico al que resolvió la STC 27/1996, de

15 de febrero, pero en este caso con una

decisión final contraria, y este cambio

de criterio se hace sin elevar la cuestión

al Pleno.

En los antecedentes de una y otra sen-

tencia está la decisión de la Administra-

ción electoral, confirmada mediante

Sentencia, de no proclamar las candida-

turas presentadas por «Andecha Astur»

por el hecho de no haber resuelto (den-

tro del plazo que se le concedió) la irre-

gularidad de no presentar en castellano

las declaraciones de aceptación de los

candidatos que, de conformidad con lo

que dispone el art. 46.2 LOREG, han

de acompañar el escrito de presentación

de candidatura.

La parte recurrente afirma que la de-

negación de la proclamación de su can-

didatura por el solo hecho de no haberla

cumplimentado en castellano responde

a una interpretación formalista de la le-

gislación electoral que vulnera el art. 23

de la Constitución junto con los art. 14

y 20.1, en relación con el 3.2 CE. El

Ministerio Fiscal descarta la pretendida

vulneración de los art. 14 y 201. CE,

pero, en cambio, considera que la nega-

tiva a proclamar la candidatura de la de-

mandante se basa en una interpretación

desproporcionada y desfavorable que

vulnera el derecho de participación en

los cargos públicos en condiciones de

igualdad. Para llegar a esa conclusión, el

fiscal parte del principio de interpreta-

ción de la legalidad más favorable a la

eficacia de los derechos y utiliza tam-

bién algunos otros argumentos que ya

aparecían en el voto particular de la ante-

rior Sentencia (por ejemplo, que la len-

gua en la que se expresaba la voluntad

de concurrir a las elecciones resultaba

comprensible e indubitada). Además,

según el fiscal, hay que tener en cuenta

que desde la STC 27/1996 hasta el mo-

mento de esta nueva demanda las cir-

cunstancias jurídicas han cambiado y el

bable, sin ser cooficial, es una lengua

propia del Principado o lengua tradicio-

nal de Asturias, cuya protección ya se

encuentra concretada. Así, desde aque-

lla Sentencia se ha reformado el Estatu-

to de autonomía por la Ley orgánica

Sentencia 48/2000, de 24 de febrero (Sala Segunda) (BOE núm. 76, de 29 de

marzo, suplemento). Recurso de amparo electoral contra la Sentencia del

Juzgado Provincial Contencioso Administrativo núm. 2 de Oviedo, que

confirma el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Asturias que denie-

ga la proclamación de las candidaturas para las elecciones al Congre-

so de los Diputados y al Senado presentadas por Andecha Astur (AA)

en bable.

1/1999, que añade a su art. 4 («El bable

gozará de protección. Se promoverá su

uso, su difusión en los medios de comu-

nicación y su enseñanza, respetando, en

todo caso, las variantes locales y volun-

tariedad en su aprendizaje») que «una

Ley del Principado regulará la protec-

ción, uso y promoción del bable» y se ha

aprobado la Ley autonómica 17/1998,

de 23 de marzo, de uso y promoción

del bable/asturiano, que extiende y am-

plía su protección (art. 4.1 —rúbrica

uso administrativo—: «todos los ciuda-

danos tienen derecho a emplear el ba-

ble/asturiano y a expresarse en él, de

palabra y por escrito»; art. 4.2: «se ten-

drá por válido a todos los efectos el uso

del bable/asturiano en las comunicacio-

nes orales o escritas de los ciudadanos

con el Principado de Asturias»). Por otra

parte, tanto la Junta Electoral como el

Juzgado de Oviedo entienden, de con-

formidad con la STC 27/1996, que no

se cumplieron los requisitos necesarios

para la proclamación de las candidatu-

ras, dado que no se utilizó en el escrito

de presentación ni en los otros docu-

mentos presentados el castellano, ni

ninguna otra lengua oficial, tal como

dispone el art. 36 de la Ley 30/1992, de

régimen jurídico de las administracio-

nes públicas y del procedimiento admi-

nistrativo común.

La Sentencia recalca que los defectos

que conducen a denegar la proclama-

ción de candidaturas son taxativos: el

art. 47.4 dispone que «no procederá la

proclamación de candidaturas que in-

cumplan los requisitos señalados en los

artículos anteriores o los que establecen

las disposiciones especiales de esta Ley».

Por tanto, según el Tribunal (FJ 2),

«dado que los art. 46 y 47 no hacen refe-

rencia al idioma y que el art. 120 LO-

REG, que establece la supletoriedad ge-

nérica de la Ley de Procedimiento

Administrativo, mal puede ser entendi-

do como ‘disposición especial’, a los

efectos del art. 47.4, hemos de llegar a la

conclusión de que los actos impugnados

parten de una interpretación que, al am-

pliar los supuestos en los que puede de-

negarse la proclamación de candidatu-

ras, restringe indebidamente el derecho

de acceso en condiciones de igualdad a

las funciones y cargos públicos (art.

23.2 CE)». La Sentencia enmarca esta

decisión en la que es una doctrina cons-

tante y reiterada del Tribunal Constitu-

cional: «el derecho reconocido en el art.

23.2 CE, en cuanto se proyecta sobre el

ejercicio de los derechos de sufragio [...]

adquiere una especial densidad consti-

tucional que se manifiesta en la obliga-

ción [...] de que tanto la Administración

electoral como los Jueces y Tribunales al

revisar los actos y resoluciones dictados

por aquélla, opten por la interpretación

de la legalidad más favorable a la eficacia

de tales derechos» (FJ 2, que cita la STC

87/1999). Así pues, este principio her-

menéutico es la principal base jurídica

de una sentencia que ya no considera

necesario entrar a examinar los otros

motivos del recurso para otorgar el am-

paro, y que para justificar el cambio

de criterio que esto significa respecto

a la STC 27/1996 también menciona

—sin profundizar— otros argumentos.

Básicamente tres: que la voluntad de

concurrir a las elecciones era manifies-

ta, que la modalidad lingüística em-

pleada resultaba comprensible (éste fue

uno de los principales argumentos del

voto particular de la STC 27/1996) y

que había habido un cambio en las cir-

cunstancias (dadas las ya mencionadas

reformas introducidas en el ordena-

miento jurídico de la Comunidad Autó-

noma).

Llegado a este punto, al Tribunal sólo

le queda por determinar si de lo que dis-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 137

pone el art. 13 LOTC se infiere que el

cambio de criterio que cree que tiene

que hacer sólo se puede realizar some-

tiendo la decisión al Pleno. Según la

Sala Segunda, en casos de cambio de cri-

terio en el procedimiento de amparo

electoral no es absolutamente necesaria

la elevación al Pleno porque en la natu-

raleza de estos recursos se encuentra la

nota de perentoriedad. Así, para el Tri-

bunal, teniendo en cuenta que «esa rapi-

dez constitucionalmente indispensable

podría verse notablemente dificultada si

hubiese de someterse al Pleno cualquier

cambio de criterio, incluso los que,

como es el caso del solicitado, consisten

en apartarse de una única decisión ante-

rior de la Sala, es preciso concluir que

ésta puede, si lo estima procedente, ac-

ceder por sí sola a lo que se solicita» (FJ

3). Y, de hecho, existe como mínimo un

antecedente en el que la Sala procede

por sí misma a cambiar un criterio ante-

rior (véase la STC 70/1995, de 11 de

mayo, respecto a la STC 105/1991, de

13 de mayo).

Marcel Mateu

AUTONOMIES · 27

138

Ponente:

Vicente Conde Martín de Hijas.

Voto particular:

Julio Diego González Campos.

Los hechos que originan esta Senten-

cia son parecidos a los de la resolución

anterior (STC 48/2000) pero presentan

algunas diferencias relevantes que son

las que fundamentarán la decisión con-

traria: denegar el amparo solicitado. En

este caso, la candidatura del BIA resol-

vió a tiempo lo que la Junta Electoral

Provincial de Asturias consideró irregu-

laridades en relación con la lengua uti-

lizada para la presentación de sus can-

didaturas al Congreso y al Senado

(algunos de los nombres de los candida-

tos estaban expresados en bable, como

«Xandru», «Llucía» o «Xosé»; se identifi-

caba a la Junta Electoral, la provincia y

la circunscripción con el término «Astu-

ries», y se hacía referencia al «Congresu

los Diputaos» y al «Senau», además de

redactar las declaraciones de aceptación

de cada candidato también en bable).

Una vez el Bloque de la Izquierda Astu-

riana presentó la documentación en cas-

tellano, la Junta Electoral acordó la pro-

clamación de su candidatura, pero el

BIA recurrió igualmente al contencio-

so administrativo el primer acuerdo de

la Junta Electoral que les había impe-

dido presentar sus candidaturas al Con-

greso y al Senado en lengua asturiana. El

Juzgado dictó un auto que inadmitía

el recurso por falta de adecuación del

procedimiento, ya que el objeto del pro-

ceso elegido resultaba ser, según el órga-

Sentencia 49/2000, de 24 de febrero (Sala Segunda) (BOE núm. 76, de 29 de

marzo, suplemento). Recurso de amparo electoral contra el auto del Juzga-

do de lo Contencioso Administrativo núm. 5 de Oviedo, que declaró la

inadmisibilidad del recurso interpuesto contra el Acuerdo de la Junta Elec-

toral Provincial de Asturias que comunicaba al representante del Bloque

de la Izquierda Asturiana (BIA) la necesidad de resolver diversas irregula-

ridades, consistentes en la presentación de las candidaturas a las elecciones

generales y otra documentación electoral en lengua bable.

ACTIVIDAD NORMATIVA... 139

no judicial, las exclusiones e inclusiones

de candidatos y candidaturas, y no el

derecho a usar la lengua asturiana en

la documentación electoral, que es lo

que reclamó el BIA en la mencionada

vía previa.

Según el Tribunal, el hecho de que el

auto haya denegado la admisibilidad del

recurso por la vía del art. 49 LOREG no

supone negar el acceso al amparo judi-

cial del derecho fundamental de partici-

pación electoral, sino negar la idoneidad

del proceso concreto elegido para la im-

pugnación. Limitado así el alcance de la

resolución jurisdiccional objeto de re-

curso, el Tribunal advierte que el dere-

cho fundamental de participación elec-

toral del recurrente no está en peligro,

ya que las candidaturas han sido procla-

madas, y considera que la Resolución

impugnada se ajusta a las exigencias

constitucionales «sin que pueda tacharse

de irrazonable, arbitraria, basada en el

error patente, o en exceso formalista,

pues el art. 49.1 LOREG se refiere,

como objeto de impugnación posible en

los procedimientos que regula, a los

‘acuerdos de proclamación de las Juntas

Electorales’, siendo así que el recurrido

ante el Juzgado de lo Contencioso no

era uno de dichos acuerdo ni, como

queda dicho, impidió la proclamación»

(FJ 2). Asimismo, la Sentencia recuerda

que «el recurso de amparo constitucio-

nal, como especificación, a su vez, del

genérico recurso de amparo constitucio-

nal, tiene análogas limitaciones objeti-

vas que las de los recursos jurisdicciona-

les que le sirven de presupuesto, según

la definición de su ámbito en el Acuerdo

de este Tribunal Constitucional de 20 de

enero de 2000, art. 1.1; de ahí que deba-

mos entender que el derecho pretendido

por el recurrente debe encauzarse por el

procedimiento de amparo constitucio-

nal ordinario, que está aún a disposición

de la parte, y no por el de amparo elec-

toral» (FJ 2).

A diferencia de lo que sucedió en la

STC 27/1995 (la primera en relación con

la posibilidad de presentar documenta-

ción electoral en bable), en esta ocasión el

magistrado González Campos se queda

solo discrepando del parecer de la mayo-

ría. Según este magistrado, el recurso del

art. 49.1 LOREG no limita la impugna-

ción de los acuerdos de las juntas electora-

les a los que tengan por objeto exclusivo la

inclusión o la exclusión indebida de can-

didatos o candidaturas, «pues la jurispru-

dencia de nuestro Tribunal acredita que se

han resuelto asuntos de muy diversa índo-

le relacionados con la proclamación de

candidatos y candidaturas, con la finali-

dad en todos los casos de atajar lesiones de

los derechos fundamentales y, en particu-

lar, del garantizado en el art. 23 CE, que

pudiera haberse producido al hilo de su

presentación y proclamación». Según

González Campos, «frente a lo que sostie-

ne el Auto impugnado, en el mismo no se

reclamaba el ejercicio de un supuesto de-

recho a utilizar la lengua bable/asturiano

en la documentación electoral, sino el de-

recho a participar en el proceso electoral

mediante la presentación de sus candida-

turas en una forma que ni contraría ni

altera lo exigido por el art. 46 LOREG.

Precepto en el que se establecen las condi-

ciones legales que han de reunir las candi-

daturas y los candidatos presentados ante

las Juntas Electorales para tenerlas por vá-

lidas y de las que, tanto por el carácter ta-

sado de dichas condiciones como por lo

específico de la normativa electoral, no

cabe deducir una prohibición de empleo

de una modalidad lingüística distinta del

castellano. Por lo que si el art. 46 LOREG

nada dice expresamente respecto del uso

de la lengua, antes de acudir a la aplica-

ción supletoria de la Ley 30/1992 era

obligado interpretar dicho precepto de la

forma más favorable a la plena efectividad

del derecho de acceso a los cargos públi-

cos, y estimar que la formación política

‘Bloque de la Izquierda Asturiana’ había

cumplido con los requisitos esenciales que

la LOREG requiere para tener por válida-

mente presentadas sus candidaturas».

Con estas dos sentencias, la 48 y la

49/2000, no sólo parece que queda defi-

nitivamente admitido el uso del bable

en la documentación electoral, sino que

se abre también la puerta a la utilización

en este ámbito de otras lenguas cooficia-

les distintas del castellano e inclusive de

otras no cooficiales, como el aranés o el

aragonés.

Marcel Mateu

AUTONOMIES · 27

140

Ponente:

Julio Diego González Campos.

La cuestión de inconstitucionalidad

presentada se basa en la modificación,

por parte del legislador foral, del régi-

men jurídico de protección medioam-

biental aplicable al objeto de un proceso

judicial que se estaba dirimiendo en ese

momento. Considera la Audiencia Na-

cional que de dicha modificación se de-

rivó un perjuicio claro, por cuanto,

como consecuencia de la reforma legis-

lativa sobrevenida, no era posible ejecu-

tar la sentencia dictada en dicho proce-

so. Los preceptos impugnados serían,

por tanto, inconstitucionales, por con-

travenir el principio de interdicción de

la arbitrariedad, contenido en el artículo

9.3 de la Constitución, así como el dere-

cho de tutela judicial efectiva del artícu-

lo 24 de la Constitución, tanto porque

las normas impugnadas habrían sido

aprobadas para hacer inatacable el acto

impugnado e inefectivas las resoluciones

judiciales recaídas, cuanto por no resul-

tar fiscalizables como consecuencia de

su rango legal.

La Audiencia Nacional anuló en su

día una Resolución del Ministerio de

Obras Públicas por la que se aprobaba

definitivamente el proyecto del embalse

de Itoiz (Navarra.) El Tribunal Supre-

mo, en casación (Sentencia del Tribunal

Supremo de 14 de julio de 1997), limitó

la nulidad del proyecto a «la parte que

afecta a los 500 metros de la zona de

protección de las reservas naturales 9,

10 y 11». La anulación del proyecto se

basó en el hecho de que la zona que

debía ser inundada por el embalse su-

pondría la desaparición de parte de las

bandas de protección de las reservas na-

turales 9, 10 y 11. Tales bandas de pro-

tección estaban inicialmente sujetas por

la Ley foral 6/1987, de 10 de abril, sobre

normas urbanísticas regionales para la

protección y uso del suelo no urbaniza-

ble al mismo régimen de protección de

las reservas.

Sentencia 73/2000, de 14 de marzo (BOE núm. 90, de 14 de abril, suplemento).

Cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Primera de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación

con determinados preceptos de la Ley foral 9/1996, de 17 de junio, de espa-

cios naturales protegidos de la Comunidad Foral de Navarra, por presunta

vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes

públicos y del derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de jueces y tri-

bunales en su vertiente de ejecución de las resoluciones judiciales firmes.

Una vez interesada la ejecución de la

Sentencia del Tribunal Supremo, la Sala

proponente de la cuestión de inconsti-

tucionalidad dictó providencia en la que

se ordenaba, en relación con la suspen-

sión de las obras de construcción del di-

que del embalse, oír a las partes sobre la

incidencia de la nueva Ley foral 9/1996,

promulgada con anterioridad a la Sen-

tencia del Supremo.

Se alegó, por parte de la Administra-

ción del Estado y por la Comunidad Fo-

ral, que era preciso declarar la imposibi-

lidad legal de ejecución del fallo, por

cambio sobrevenido en el marco nor-

mativo de aplicación al caso. Como

consecuencia del nuevo marco legal, las

reservas naturales no tienen que contar

necesariamente con bandas de protec-

ción; de tenerlas, se permitirían en ellas

actividades constructivas ligadas a obras

de interés general, y en particular, res-

pecto de las tres reservas naturales afec-

tadas por el embalse, se dice en la nueva

Ley que en la parte referida a la zona

inundable no habrá ya bandas, estimán-

dose como protección suficiente la lá-

mina de agua resultante del llenado del

embalse.

En resumen, llegado el momento de

ejecutar la Sentencia firme dictada con

arreglo a la Ley foral de 1987, la Sala

proponente de la cuestión de inconsti-

tucionalidad considera que la Ley foral

de 1996 hace imposible su ejecución,

pues el proyecto anulado entonces se

ajusta al nuevo marco legal. Para la Sala,

esta Ley parece haberse dictado con la

finalidad de hacer imposible la ejecu-

ción de aquella Sentencia. En concreto,

la Sala plantea las siguientes dudas de

constitucionalidad:

—Según el parecer de la Sala se con-

travendría en primer lugar el artículo

9.3 de la Constitución por el hecho de

que la norma es arbitraria, al haber esta-

blecido una regulación ad casum y con

incidencia directa en una situación esta-

blecida mediante sentencia firme.

El Tribunal Constitucional empieza

recordando la necesidad de interpretar

restrictivamente la noción de arbitrarie-

dad. En este sentido, «el control de la

constitucionalidad de las leyes debe

ejercerse de forma que no se impongan

restricciones indebidas al poder legisla-

tivo»; máxime si en el ejercicio de ese

control han de aplicarse «preceptos ge-

nerales e indeterminados como es el de

la interdicción de la arbitrariedad» (en-

tre otras, la STC 108/1986).

No bastaría, pues, una mera discrepan-

cia política en cuanto a la oportunidad

de una determinada configuración legal

de una materia para calificarla como

arbitraria. Según la STC 239/1992, el

examen debe centrarse en considerar si

una norma legal «establece una arbitra-

riedad, o bien, aun no estableciéndola,

carece de toda explicación racional, lo

que también supondría evidentemente

una arbitrariedad, sin que sea pertinente

un análisis a fondo de todas las motiva-

ciones posibles de la norma y de todas

sus consecuencias».

Dicho esto, el Tribunal no considera

que estemos frente a una norma dictada

ad casum.

El estudio pormenorizado del conte-

nido de la Ley foral demuestra, según

criterio del Tribunal, que se ha procedi-

do a una regulación general de protec-

ción de los espacios naturales de Nava-

rra, comprendiendo diversos aspectos

relativos a la protección, conservación y

mejora de dichos espacios, incluyendo

la norma cuestionada, desde un régimen

de infracciones y sanciones hasta aspec-

tos económicos y presupuestarios. En

resumen, el objeto de la Ley foral es el

de establecer un régimen general de pro-

tección ambiental de espacios naturales

ACTIVIDAD NORMATIVA... 141

de Navarra. El hecho de que el anexo de

la Ley haya optado por una delimita-

ción geográfica más precisa de la zona

periférica de protección de cada espacio

natural, respecto de la legislación ante-

rior, supone una opción legítima del le-

gislador. Es más, dicho anexo no se

refiere únicamente a las tres reservas na-

turales afectadas en este caso, sino tam-

bién a otras zonas de la misma Comuni-

dad Autónoma.

—En segundo lugar, según el parecer

de la Sala, se contravendría el artículo

24 de la Constitución por dos motivos:

a)Al establecer la Ley foral de 1996 un

nuevo régimen jurídico de las zonas peri-

féricas de protección de las reservas natu-

rales de Navarra, mediante la modifica-

ción del canon legal, habría convertido en

ilusoria la declaración de nulidad de la

Sentencia del Supremo, haciendo que el

fallo en ella contenido no pueda ser ejecu-

tado por parte de la Sala que plantea la

cuestión de inconstitucionalidad.

b) El nuevo régimen se prevé en nor-

ma de rango legal, y no en norma regla-

mentaria, situación que sí se daba con

anterioridad a la nueva Ley foral. Según

la Sala, no hay razón que justifique esta

elevación de rango, como no sea la de

lograr que el nuevo régimen jurídico

quede excluido de fiscalización por par-

te de los órganos jurisdiccionales.

En relación con este artículo de la

Constitución, el Tribunal constata que la

ejecución de la Sentencia del Tribunal

Supremo ha devenido imposible, por los

motivos expuestos. Ahora bien, de ello

no puede derivarse una lesión del dere-

cho a la ejecución de sentencias firmes,

derivado del artículo 24 de la Constitu-

ción. El derecho admite la imposibilidad

legal o material de ejecución de senten-

cias firmes, siendo la modificación so-

brevenida de la normativa aplicable un

supuesto admitido comúnmente en este

sentido. En concreto, «una vez firme la

Sentencia, a su ejecución sólo puede

oponerse una alteración del marco jurí-

dico de referencia para la cuestión deba-

tida en el momento de su resolución por

el legislador» (STC 41/1993, F J 2).

Por tanto, y por el solo hecho de haber

devenido legalmente inejecutable la Sen-

tencia del Tribunal Supremo, no se puede

apreciar inconstitucionalidad en el conte-

nido de los preceptos de la Ley foral.

El Tribunal añade al respecto otra

consideración. Como argumentó, en su

Sentencia 158/1987, la tutela judicial

efectiva, en el ámbito que nos ocupa en

este caso, exige que lo resuelto por los

órganos judiciales sea cumplido en sus

propios términos. Cualquier limitación

en este sentido al ejercicio del derecho

fundamental debe basarse en una finali-

dad legítima de protección de valores,

bienes o intereses constitucionalmente

protegidos. Conviene recordar en este

momento el test de los límites establecido

por el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos al respecto, en cuanto a la exi-

gencia de legitimidad y proporcionali-

dad exigible a cualquier limitación en el

ejercicio de los derechos contemplados

en el Convenio europeo de derechos hu-

manos. Por mandato del artículo 10.2

de nuestra Constitución, este examen

debe ser tenido en cuenta en el presente

caso. Así lo hace el Tribunal Constitu-

cional, concluyendo que la finalidad de

la Ley foral cuestionada es constitucio-

nalmente legítima. «Así resulta con cla-

ridad en atención al bien jurídicamente

protegido, dada la relevancia que la

Constitución atribuye al medio am-

biente al configurar en su artículo 45 un

derecho de todos a disfrutarlo y un de-

ber de conservación que pesa sobre to-

dos, más un mandato a los poderes pú-

blicos para su protección» (F J 12).

Dado que la Comunidad Foral tiene

AUTONOMIES · 27

142

competencias en materia de protección

del medio ambiente, es claro que la le-

gislación positiva a la que ha de infor-

mar dicho principio rector de la política

social y económica (ex artículo 53.3

CE) comprende tanto la legislación es-

tatal como la emanada del órgano legis-

lativo autonómico. Aunque el régimen

establecido por la Ley foral para las zo-

nas de protección difiera del anterior, en

el que se basaba el fallo cuya ejecución

deviene imposible, ambos responden al

interés legítimo de asegurar una zona

periférica de protección de las tres reser-

vas naturales afectadas por la construc-

ción del embalse de Itoiz.

Finalmente, y por lo que respecta al

segundo aspecto de la duda de inconsti-

tucionalidad en relación con el artículo

24 de la Constitución, esto es, la volun-

tad de la norma de eludir el control ju-

risdiccional mediante la elevación de

rango, el Tribunal Constitucional consi-

dera que no es contrario a la Constitu-

ción que el legislador asuma una tarea

que antes había encomendado al poder

reglamentario. La ley puede tener en

nuestro ordenamiento cualquier conte-

nido y en ningún caso le está vedada la

regulación de materias reguladas ante-

riormente por un reglamento. Así las

cosas, y teniendo en cuenta que la Ley

foral no supone una regulación ad ca-

sum, como ha quedado dicho, no puede

derivarse perjuicio para el precepto

constitucional de esta elevación de ran-

go. Más aún porque de ello no se deriva,

como se apuntaba, una exclusión de su

fiscalización y control. Prueba suficiente

de ello es, para el Tribunal, la presenta-

ción y examen de la presente cuestión de

inconstitucionalidad.

Cristina Dietrich

ACTIVIDAD NORMATIVA... 143

Sentencia 74/2000, de 16 de marzo (BOE núm. 90, de 14 de abril, suplemen-

to). Recurso de inconstitucionalidad núm. 2805/1995, promovido por el

presidente del Gobierno contra el art. 32 de la Ley de la Asamblea Regional

de Murcia 8/1995, de 24 de abril, de promoción y participación juvenil.

Ponente:

Rafael de Mendizábal Allende.

El Tribunal Constitucional tiene la

oportunidad de analizar con este pro-

nunciamiento la adecuación al texto

fundamental de una exención tributaria

del Consejo de la Juventud, que es un

organismo autónomo de la Región de

Murcia, dispuesta en la Ley 8/1995. En-

tiende el recurrente que dicha exención

excede de lo que puede realizar la Co-

munidad Autónoma, esto es, eximir al

organismo autónomo de aquellos tribu-

tos que sean propios de la Comunidad.

Asimismo, tampoco puede disponer una

exención completa del organismo citado

con base en que la Comunidad Autóno-

ma tiene el mismo trato fiscal que el Es-

tado puesto que las posibles exenciones

sólo serán para esos entes territoriales.

El Tribunal, sin embargo, entiende

que es necesaria y posible una interpreta-

ción de la disposición autonómica acor-

de con el texto constitucional de forma

semejante a lo que se hizo en la STC

176/1999, de 30 de septiembre. En con-

secuencia, la interpretación correcta es

que la ley autonómica será efectiva sólo

en lo referente a los tributos autonómi-

cos sin extenderse de forma automática a

los estatales o locales sobre los que no

posee competencia la Comunidad Autó-

noma. Tampoco el segundo argumento

puede ser utilizado puesto que la Región

de Murcia no afecta a regulaciones tribu-

tarias ajenas a la propia en la que puede

actuar. De acuerdo con esto, el Tribunal

desestima el recurso de inconstituciona-

lidad manteniendo el art. 32 de la Ley

8/1995, si se aplica de forma acorde con

la interpretación efectuada.

José Antonio Fernández Amor

AUTONOMIES · 27

144

Sentencia 90/2000, de 30 de marzo (BOE núm. 107, de 4 de mayo, suplemento).

Recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en

relación con los apartados 16 y 29 del anexo I y los apartados 3 (en su expresión

«con producción superior a 100.000 toneladas») y 7 (en su expresión «con ca-

pacidad para 100 o más embarcaciones») del anexo III de la Ley del Parlamen-

to de Canarias 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico.

que debe ser tenido en cuenta a la hora

de dictar sentencia, pues «en el recurso

de inconstitucionalidad no se fiscaliza si

el legislador se atuvo o no, en el momen-

to de legislar, a los límites que sobre él

pesaban, sino, más bien, si un producto

normativo se atempera, en el momento

del examen jurisdiccional, a tales límites

y condiciones» (STC 154/1988).

Según el recurso, la Ley autonómica

impugnada se extralimita en su conteni-

do, ya que no se limita a establecer «me-

didas adicionales» de control, sino que

reduce o limita la protección establecida

en la norma estatal, esto es, en el Real

decreto legislativo 1302/1986, de 28 de

junio, sobre evaluación del impacto am-

biental (BOE núm. 155, de 30 de ju-

nio), que establece los requisitos míni-

mos exigibles a determinados proyectos

que pueden afectar al medio ambiente.1

Ponente:

Diego González Campos.

El artículo 149.1.23 de la Constitu-

ción reserva al Estado la competencia

exclusiva en materia de legislación bási-

ca sobre protección del medio ambien-

te, sin perjuicio de las facultades de las

comunidades autónomas de establecer

normas adicionales de protección.

Por otra parte, al tiempo de interpo-

nerse el recurso, la norma por la que se

habilitaba a la Comunidad Autónoma

para ejercer la función ejecutiva en mate-

ria de protección del medio ambiente,

«en los términos que establezcan las leyes

y normas reglamentarias que en desarro-

llo de su legislación dicte el Estado», era

la contenida en el artículo 33 del Estatu-

to de autonomía de Canarias. En este

sentido conviene recordar que con la re-

forma del Estatuto por Ley orgánica

4/1996, de 30 de diciembre, correspon-

de a la Comunidad Autónoma de Cana-

rias el desarrollo legislativo y la ejecución

en materia de protección del medio

ambiente, incluidos los vertidos en el

ámbito territorial de la Comunidad Au-

tónoma. Respecto a esta reforma, según

doctrina del Tribunal Constitucional, el

nuevo canon de constitucionalidad es el

1. Para un análisis más detallado de la doctri-

na constitucional referida al contenido de dicha

norma estatal se recomienda la consulta de la

STC 13/1998, de 22 de enero, en la que se consi-

deró que «la evaluación de impacto ambiental es

una técnica transversal que condiciona la práctica

totalidad de la actuación estatal que se materializa

físicamente, produciendo las consiguientes reper-

cusiones en el territorio y en el medio ambiente

de una o varias Comunidades Autónomas» (FJ 7).

El estudio de impacto ambiental des-

crito en el artículo 2 del Real decreto

legislativo incluye una «descripción gene-

ral del proyecto», en relación con la utili-

zación del suelo y de otros recursos natu-

rales, incluyendo, como datos a consignar

en el estudio, una «evaluación de los efec-

tos previsibles directos o indirectos del

proyecto». Sin embargo, el artículo 12 de

la Ley canaria se refiere al estudio «detalla-

do» del impacto ecológico, que deberá

contener una «descripción sucinta» del

proyecto o actividad, incluyendo dicho

estudio, entre otros elementos, una «esti-

mación aproximada» de los efectos ecoló-

gicos del plan o la actividad proyectada.

Del análisis comparativo de ambas

normas deduce el abogado del Estado

que la Ley canaria rebaja el grado de

protección, extralimitándose por ello

del marco competencial establecido. En

concreto, y por lo que respecta a los pre-

ceptos impugnados, esta rebaja en la

protección radicaría en el hecho de que,

en la norma básica, la evaluación del im-

pacto ambiental se exige con carácter

general y sin excepción para todas las

obras, instalaciones y actividades relati-

vas a puertos deportivos y a extracción a

cielo abierto de minerales. Sin embargo,

la Ley canaria sólo exigiría dicha evalua-

ción para puertos deportivos con deter-

minada capacidad —100 o más embar-

caciones— y para extracciones a cielo

abierto que supongan una cantidad mí-

nima de producción —cuando ésta sea

superior a las 100.000 toneladas/año.

Por su parte, el Parlamento y el Go-

bierno de Canarias consideran en sus

alegaciones que el conflicto se basa en

una mera «disquisición terminológica».

Dicho de otro modo, que las normas

enfrentadas contemplen una descrip-

ción general o sucinta de los proyectos

examinados, no implica más que una

exigencia de que dicha descripción sea

redactada en unos términos más o me-

nos concretos, sin que ello afecte al con-

tenido o eficacia de la misma. Es más,

concluyen, del análisis detallado de am-

bas normas se deriva que la autonómica

es, si cabe, más garantista, por detallada,

que la norma estatal, puesto que ésta es-

taría utilizando un concepto de «mine-

ral» menos amplio que el utilizado por

la norma autonómica.2Por ello la nor-

ma estatal estaría excluyendo del estudio

ciertas extracciones y actividades que sí

pueden afectar al medio ambiente.

El Tribunal Constitucional empieza

recordando lo apuntado en la STC

170/1989, conforme a cuya doctrina si

el Estado tiene competencia para dictar

la legislación básica sobre protección del

medio ambiente, a la comunidad autó-

noma le corresponde el desarrollo legis-

lativo de la normativa estatal y, por lo

tanto, la facultad de establecer «normas

adicionales de protección» en dicha ma-

teria, siempre que las medidas legislati-

vas autonómicas «sean compatibles, no

contradigan, ignoren, reduzcan o limi-

ten la protección establecida en la legis-

lación básica del Estado». Según la doc-

trina del Tribunal, en esta materia lo

considerado básico vendría a referirse a

una ordenación mediante mínimos que

ha de respetarse en todo caso, pero que

no impediría el establecimiento de un

nivel superior de protección por parte de

la Administración autonómica. Se esta-

blecería de este modo un estándar míni-

mo de protección en la normativa esta-

tal, ampliable por la autonómica (en este

sentido, ver la STC 156/1995, FJ 4).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 145

2. En términos mineros, según afirma la par-

te, mineral es todo elemento extraído con técnica

minera, mientras que en la terminología geológi-

ca —la utilizada por la norma básica—, el con-

cepto es menos amplio, por lo que ciertos mate-

riales volcánicos quedarían fuera de este

concepto geológico de mineral.

Según el preámbulo del Real decreto

legislativo, que sigue en este sentido a las

directivas europeas dictadas en la materia

(Directiva 85/337/CEE y 97/11/CEE),

«la evaluación de impacto ambiental es

un instrumento que sirve para preservar

los recursos naturales y defender el medio

ambiente en los países industrializados.

Su finalidad propia es facilitar a las autori-

dades competentes la información ade-

cuada, que les permita decidir sobre un

determinado proyecto con pleno conoci-

miento de sus posibles impactos significa-

tivos en el medio ambiente».

El Tribunal constata que, mientras

que la normativa estatal traduce este ins-

trumento en un único modelo, esto es, el

«estudio de impacto ambiental», la Ley

canaria establece tres categorías de eva-

luación, de menor a mayor intensidad,

como son la evaluación básica de impac-

to ecológico, la evaluación detallada de

impacto ecológico y, finalmente, la eva-

luación de impacto ambiental. Los puer-

tos deportivos con capacidad inferior a

100 embarcaciones, así como las extrac-

ciones de cantidad inferior a 100.000 to-

neladas/año, quedarían por ley sujetos a

la «evaluación detallada», esto es, some-

tidos a la evaluación de la segunda cate-

goría, y no a la evaluación de impacto

ambiental. Pues bien, más allá del con-

traste terminológico, el Tribunal consi-

dera que el contenido de la «evaluación

detallada» no resulta insuficiente, ni en

cuanto a su contenido ni en cuanto a las

garantías que contempla. Por tanto, se

desestima el recurso, puesto que el con-

tenido cuestionado de la Ley canaria es

respetuoso con el de la normativa estatal.

«Una y otra, en efecto, coinciden en los

aspectos esenciales del estudio, como

son la descripción del proyecto, los efec-

tos previsibles sobre el medio ambiente,

las medidas previstas para reducir o eli-

minar los efectos negativos, las medidas

de vigilancia ambiental y el resumen y

conclusiones del estudio» (FJ 7).

En conclusión, el hecho de que la Ley

canaria haya diversificado en tres niveles

la evaluación de impacto ambiental no

supone un desmerecimiento del grado

de protección medioambiental que exi-

ge la normativa básica. Es más, como

afirma el Tribunal, «cabe estimar que tal

desarrollo normativo, justificado a jui-

cio del legislador canario tanto por la

fragilidad ecológica peculiar del archi-

piélago como por la considerable in-

cidencia que pueden tener pequeños

proyectos, es respetuoso con aquella le-

gislación básica» (FJ 8).

Cristina Dietrich

AUTONOMIES · 27

146

Ponente:

Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.

El objeto del presente fallo es el estu-

dio de la constitucionalidad de la Ley

5/1993, la cual fija el índice de evolu-

ción necesario para realizar la liquida-

ción definitiva de las corporaciones loca-

les en los presupuestos del Estado para el

ejercicio de 1990, lo que se halla funda-

mentado en la Ley de haciendas locales

(en adelante LHL). La fijación que se

Sentencia 104/2000, de 13 de abril (BOE núm. 119, de 18 de mayo, suplemento).

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2300/1993, promovido por ochenta y

cinco senadores del Partido Popular contra la totalidad de la Ley 5/1993, de

16 de abril, de liquidación definitiva de la participación de las corporaciones

locales en los tributos del Estado correspondientes al ejercicio de 1990.

realiza del citado índice es, según los re-

currentes, una violación de diversos

principios constitucionales ligados con

la autonomía y la financiación de los en-

tes locales. Entre ellos se halla el princi-

pio de autonomía política cuyo presu-

puesto básico es la suficiencia de las

haciendas locales (art. 142 de la CE) y de

solidaridad y equilibrio territorial (art.

138 de la CE) de los que es principal va-

ledor y realizador el propio Estado.

El Tribunal desestima los diferentes

argumentos presentados y considera

constitucional la Ley impugnada desde

el momento en que ésta sólo se limita a

establecer el índice de evolución que de-

manda la LHL, no quedando estableci-

do cómo puede esa Ley violentar los

principios argumentados por los recu-

rrentes. En este sentido, el Tribunal fija

que es carga del recurrente el abrir la vía

al Tribunal y exponer de forma analítica

las cuestiones que se suscitan de forma

que la constitucionalidad de las normas

con rango de ley no se pueda desvirtuar

sólo con una impugnación global.

Tampoco puede fundamentarse una

posible nulidad constitucional de la nor-

ma en un posible efecto retroactivo por-

que en el año 1993 se fije un índice que

afecta al ejercicio de 1990. Máxime cuan-

do la prohibición de retroactividad del art.

9.3 de la CE concierne sólo a las normas

sancionadoras no favorables y a las restric-

tivas de derechos individuales y no a cual-

quier otra norma. Asimismo, la seguridad

jurídica tampoco es puesta en entredicho

en tanto que la norma impugnada cuenta

con un contenido preciso y efectos perfec-

tamente determinados, además de haber

sido formalmente publicada, no restringir

de forma retroactiva derechos individua-

les, afectar a situaciones consolidadas o in-

currir en arbitrariedades.

Por último, los argumentos basados

en que se trata de una ley arbitraria o

que se produce la indefensión de las cor-

poraciones locales por ser regulado el ín-

dice en una ley sólo enjuiciable por el

Tribunal Constitucional no tienen vir-

tualidad para éste. El primero es recha-

zado por el hecho de que el objeto de la

Ley es razonable desde el momento en

que es demandando por otra ley como

la LHL, donde el Estado ha ejercido sus

opciones sobre el sistema de financia-

ción de las corporaciones locales. El

segundo tampoco es de recibo si en-

tendemos que se trata de una norma le-

gal necesaria, puesto que regula, en defi-

nitiva, la liquidación de una partida pre-

supuestaria que, naturalmente, se

encuentra en una Ley de presupuestos

generales del Estado.

José Antonio Fernández Amor

ACTIVIDAD NORMATIVA... 147

Sentencia 105/2000, de 13 de abril (BOE núm. 119, de 18 de mayo, suplemento).

Recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados,

actuando como comisionado Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, contra

determinados preceptos de la Ley orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, de mo-

dificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial (LOPJ).

Ponente:

Guillermo Jiménez Sánchez.

El recurso de inconstitucionalidad es

interpuesto por los recurrentes contra

los art. 8, apartados 3 y 5, 10, apartado

4, 16 y 25 de la Ley orgánica 16/1994,

de modificación de la Ley orgánica del

poder judicial de 1985. Se presentan el

abogado del Estado, en representación

del Gobierno del Estado, y la Generali-

dad de Cataluña como coadyuvante.

Los diversos motivos de impugnación

que fundamentan la demanda pueden

agruparse en cuatro bloques materiales

diferentes. Los primeros, relativos a los

art. 25, 8.5 y 16 de la Ley orgánica

16/1994, que reforman respectivamen-

te los art. 189.1, 272.4 y 455 LOPJ,

cuestionan los preceptos impugnados

en la medida en que atribuyen al Minis-

terio de Justicia la titularidad de la com-

petencia relativa a la determinación del

horario y la jornada de trabajo de las se-

cretarías, oficinas judiciales y servicios

comunes de juzgados y tribunales. Tal

regulación, según los recurrentes, aten-

taría contra los art. 117.3 y 122.2 CE.

El segundo motivo, referido aún al art.

16 de la Ley orgánica 16/1994, que da

una nueva versión del art. 455 LOPJ,

gira en torno a las competencias auto-

nómicas relativas al estatuto y al régi-

men jurídico del personal al servicio de

la Administración de justicia: esta nueva

regulación, a juicio de esta parte, es con-

traria a los art. 117.3, 122.2, 149.1.5 y

152.1 CE. El tercer bloque de argumen-

taciones se plantea contra el art. 10.4 de

la Ley orgánica 16/1994, que da una

nueva redacción a la disposición adicio-

nal primera. La impugnación tiene,

como se verá, una doble dirección, pero

coincide en el precepto que se considera

vulnerado: el art. 149.1.5 CE. Final-

mente, un cuarto motivo de impugna-

ción se dirige contra el art. 8.3 de la Ley

orgánica 16/1994 por transgredir lo que

disponen los art. 3, 117.1 y 149.1.5 CE,

en la medida en que la nueva redacción

del art. 231.4 LOPJ impide a los órga-

nos judiciales ordenar, de oficio, la tra-

ducción de los escritos o documentos

redactados en la lengua oficial propia de

la comunidad autónoma.

El primer bloque de preceptos im-

pugnados, pues, hace referencia a aque-

llos que, en la nueva redacción de la Ley

orgánica, atribuyen al Ministerio de Jus-

ticia la titularidad de la competencia re-

lativa a la determinación del horario y la

jornada de trabajo en las secretarías, ofi-

cinas judiciales y servicios comunes de

juzgados y tribunales. Ciertamente, el

art. 189.1 LOPJ establece que «el hora-

rio y la jornada de trabajo en las Secreta-

rías y Oficinas Judiciales de los Juzgados

y Tribunales será fijado por el Ministerio

de Justicia, una vez oídos el Consejo Ge-

neral del Poder Judicial y las Comuni-

dades Autónomas con competencias

en la materia». Hay que recordar, en

este punto, que con anterioridad a la

reforma operada por la Ley orgánica

16/1994, este mismo precepto confería

tal atribución al Consejo General del

Poder Judicial. El actual art. 272.4

LOPJ, por su lado, atribuye al «Ministe-

rio de Justicia, oído el Consejo General

del Poder Judicial», la competencia para

determinar, entre otras materias, «el ho-

rario y la jornada de trabajo especiales»

de los denominados «servicios comu-

nes», dependientes de los decanatos y

presidentes de las audiencias provincia-

les. La anterior redacción, antes de la re-

forma efectuada por la Ley orgánica

16/1994, no preveía referencia alguna

sobre este extremo concreto, como tam-

poco al art. 455 LOPJ, que posibilita,

por lo que ahora nos interesa, que el Mi-

nisterio de Justicia o, en su caso, las co-

munidades autónomas, asuman compe-

tencias relativas a la «jornada laboral» y

al «horario de trabajo» de todo el «perso-

nal al servicio de la Administración de

Justicia».

Según los recurrentes, los preceptos

anteriores vulneran los artículos consti-

tucionales ya mencionados, en la medi-

da en que la fijación del horario y la jor-

nada de trabajo de las secretarías y

AUTONOMIES · 27

148

oficinas judiciales es una materia que

afecta a la organización y al funciona-

miento de juzgados y tribunales, de ma-

nera que su desarrollo sólo puede corres-

ponder al Consejo General del Poder

Judicial. Los argumentos de fondo más

importantes para sostener esta tesis son

los que ya utilizaron en el recurso de

inconstitucionalidad núm. 839/1985,

resuelto por la STC 108/1986, la cual

critican, justamente, por haber rechaza-

do ya entonces su argumentación. El

Gobierno del Estado, así como la Gene-

ralidad, niegan la existencia de la vulne-

ración alegada en la demanda, al consi-

derar que la competencia cuestionada se

inscribe en la ordenación de los elemen-

tos personales y materiales al servicio de

la Administración de Justicia y no en el

llamado «núcleo esencial de aquella», ya

que con ella no se interfiere en el ejerci-

cio de la potestad jurisdiccional.

Para resolver estas alegaciones, el Tri-

bunal recuerda la doctrina establecida

en la STC 108/1986, según la cual de la

lectura del art. 122.2 CE se desprende

que las funciones que obligadamente

debe asumir el Consejo son aquellas que

podrían servir al Gobierno para intentar

influir sobre los tribunales: por un lado,

el posible favor de algunos jueces me-

diante los nombramientos y ascensos;

por otro lado, las posibles molestias y

perjuicios que podrían sufrir con la ins-

pección y la imposición de sanciones.

Fuera de este marco de atribuciones

concreto, nada impide que una vez re-

gulados por la LOPJ la constitución,

funcionamiento y gobierno de los juz-

gados y tribunales, así como el estatu-

to jurídico de jueces y magistrados de

carrera, la misma Ley orgánica pueda

atribuir al Gobierno del Estado o al

Consejo General del Poder Judicial, in-

distintamente, competencias sobre to-

das aquellas materias que no afecten al

ACTIVIDAD NORMATIVA... 149

marco de atribuciones constitucional-

mente reservadas al Consejo. De con-

formidad con esta doctrina, concluye

que los preceptos impugnados no tie-

nen en cuenta materias que obligada-

mente tenga que asumir el Consejo Ge-

neral del Poder Judicial, de tal manera

que rechaza su inconstitucionalidad.

En el segundo bloque de argumenta-

ciones se impugna, ahora en solitario, la

nueva redacción del art. 455 LOPJ, al

cual se le reprocha la atribución de com-

petencia, «en su caso», a las comunidades

autónomas sobre «todas» las materias re-

lativas al estatuto y régimen jurídico del

personal al servicio de la Administración

de justicia; cláusula no prevista en el con-

tenido de este precepto antes de la refor-

ma operada por la Ley orgánica 16/1994,

y que, en estos términos, según los recu-

rrentes, iría más allá de lo que también

estableció la STC 56/1990, que diferen-

ciaba, en este ámbito, cuáles de estas ma-

terias debían permanecer como compe-

tencia del Gobierno y cuáles podían

asumir las comunidades autónomas que

previeran la «cláusula subrogatoria» en

los estatutos respectivos. El abogado del

Estado y el de la Generalidad coinciden

en afirmar la constitucionalidad del pre-

cepto impugnado en la medida en que

no realiza una enumeración detallada de

cuáles son esas competencias, sino que

prevé que algunas de ellas puedan corres-

ponder a las comunidades autónomas

por el juego de las cláusulas subrogatorias

correspondientes.

El Tribunal no declara la inconstitucio-

nalidad del art. 455 LOPJ, pero sí deter-

mina cuál ha de ser la interpretación ade-

cuada. Considera, en este sentido, que el

mencionado precepto excluye la conse-

cuencia necesaria de que la inclusión en

los estatutos de autonomía de las cláusu-

las subrogatorias atribuya a las comunida-

des autónomas la competencia sobre la

totalidad de las materias que allí se enu-

meran. Esto es así porque la existencia de

reserva constitucional de ley orgánica

para la regulación del estatuto y régimen

jurídico del personal al servicio de la Ad-

ministración de justicia comporta que sus

aspectos básicos se contengan en la LOPJ,

lo cual implica necesariamente que deter-

minados aspectos nucleares de su régimen

jurídico sean comunes. Son estas las ma-

terias respecto de las cuales las cláusulas

subrogatorias no podrán entrar en juego.

En consecuencia, la utilización en el art.

455 de la expresión «en su caso» implica

que la competencia sobre determinadas

materias únicamente podrá considerarse

atribuida a las comunidades autónomas

cuando las materias previstas sean algunas

de las que, con el alcance indicado, per-

mitan el juego de las cláusulas subrogato-

rias existentes en los correspondientes

estatutos, o cuando la respectiva compe-

tencia se haya asumido en virtud de otro

título constitucionalmente válido.

El tercer bloque de impugnaciones

hace referencia a la nueva redacción que

la Ley orgánica 16/1994 da a la disposi-

ción adicional primera de la LOPJ, la

cual, en su apartado segundo, dispone

que «el Gobierno o, en su caso, las Co-

munidades Autónomas con competen-

cias en la materia, aprobarán los regla-

mentos que exija el desarrollo de la

presente Ley orgánica, salvo cuando la

competencia para ello corresponda al

Consejo General del Poder Judicial, a

tenor de lo que dispone en el art. 110.

Cuando afecten a condiciones acceso-

rias para el ejercicio de los derechos y

deberes de los Jueces y Magistrados esta-

rán sujetos a los mismos límites y condi-

ciones establecidos para el Consejo Ge-

neral del Poder Judicial».

La impugnación, como se ha dicho,

tiene una doble dirección: por un lado,

se considera contrario al art. 149.1.5

CE atribuir al Gobierno la potestad re-

glamentaria para desarrollar la Ley orgá-

nica, en la medida en que a través de las

cláusulas subrogatorias se habilita tam-

bién a las comunidades autónomas con

competencia en la materia, sin concretar

que para éstas se refiere sólo a la deno-

minada «administración de la Adminis-

tración de Justicia»; de esta manera, la

potestad reglamentaria del Gobierno y

de las comunidades autónomas tendría

un alcance general y la misma exten-

sión, con el único límite en común re-

presentado por las materias atribuidas al

Consejo General del Poder Judicial. Por

otro lado, también sería contrario al art.

149.1.5 CE, según los recurrentes, ad-

mitir, como hace la disposición impug-

nada, que los reglamentos autonómicos

puedan dictarse sobre materias que afec-

ten al ejercicio de los derechos y deberes

de jueces y magistrados.

Para resolver la primera de las cuestio-

nes planteadas, el Tribunal recurre de

nuevo a dar una interpretación adecua-

da del precepto impugnado. A pesar de

la dicción literal del precepto y de la ex-

presión «en su caso» que contiene, la

disposición adicional primera, apartado

segundo, permite entender, según el Tri-

bunal, que prevé habilitaciones regla-

mentarias de alcance muy diverso. La

potestad reglamentaria es reconocida

prioritariamente al Consejo General del

Poder Judicial, en el ámbito acotado por

el art. 110.2 LOPJ. En el espacio nor-

mativo que no corresponda a esta potes-

tad reglamentaria del Consejo, la dispo-

sición adicional habilita para dictar

disposiciones reglamentarias tanto al

Gobierno como a las comunidades au-

tónomas. Pero esta habilitación se efec-

túa en términos cualitativamente distin-

tos. Así, en el caso del Gobierno, su

potestad reglamentaria de desarrollo de

la LOPJ deriva de lo que dispone el art.

AUTONOMIES · 27

150

97 LOPJ. En cambio, en el caso de las

comunidades autónomas, la habilita-

ción se realiza con la especificación de

que éstas tengan atribuidas competen-

cias sobre la materia, de tal manera que

lo que se confiere no es tanto una potes-

tad coextensa con la del Gobierno para

aprobar reglamentos ejecutivos de la

LOPJ, cuanto una habilitación para que

en aquellas materias sobre las que ten-

gan competencias —sea en virtud de las

cláusulas subrogatorias, sea como con-

secuencia de otro título competencial—

puedan establecer regulaciones cuando

así lo requiera el ejercicio de las faculta-

des que les son atribuidas.

En relación con la segunda cuestión

planteada en este ámbito, el Tribunal re-

cuerda la doctrina establecida en la STC

108/1986, donde se mantenía que el es-

tatuto de los jueces y los magistrados

debe ser determinado por ley orgánica,

lo cual no impediría que regulaciones de

carácter secundario y auxiliar se pudie-

ran disponer por vía reglamentaria. A

pesar de ello, también se afirma ahora

que la habilitación reglamentaria exis-

tente en la disposición impugnada tiene

como límite las competencias que co-

rresponden al Consejo General del Po-

der Judicial, a tenor de lo dispuesto en el

art. 110 LOPJ. La conexión entre la dis-

posición adicional primera y el art. 110

LOPJ evidencian, según el Tribunal,

que ni el Gobierno del Estado ni las co-

munidades autónomas pueden dictar

reglamentos sobre el estatuto jurídico de

jueces y magistrados, ni sobre sus condi-

ciones accesorias, porque el único habi-

litado a estos efectos es el Consejo Ge-

neral. Aún así, lo que sí admite es que

tanto el Gobierno como las comunida-

des autónomas, al ordenar materias de

su competencia, puedan afectar (y no

regular) indirectamente o de forma re-

fleja, no el núcleo de derechos y deberes

ACTIVIDAD NORMATIVA... 151

que conforman el estatuto judicial, sino

determinadas condiciones accesorias

para el ejercicio de los derechos y debe-

res indicados. En consecuencia, declara

también constitucional el inciso segun-

do del apartado segundo de la disposi-

ción adicional primera, en la medida en

que entiende la expresión «cuando afec-

ten a condiciones accesorias para el ejer-

cicio de los derechos y deberes de los

Jueces y Magistrados», en ningún caso

habilita a las comunidades autónomas

para regular las condiciones accesorias

del estatuto judicial.

El último motivo de impugnación de

los recurrentes se dirige contra la nueva

redacción del art. 231.4 LOPJ. El texto

de este precepto preveía la posibilidad de

proceder a la traducción de las actuacio-

nes y documentos judiciales redactados

en la lengua oficial propia de cada comu-

nidad autónoma a instancia de parte que

alegara indefensión, pero también de

oficio por mandamiento judicial. El art.

8.3 de la Ley orgánica 16/1994 sustituye

este redactado y prevé que esta traduc-

ción tendrá lugar a instancia de parte

que alegue indefensión y cuando así lo

dispongan las leyes.

Los recurrentes consideran que la

modificación produce la imposibilidad

de los órganos judiciales de ordenar de

oficio la traducción de actuaciones y do-

cumentos, al haber convertido el pre-

cepto impugnado en regla general la no

traducción a instancia del juez o tribu-

nal, excepto en los casos en los que las

leyes dispongan otra cosa. La imposibi-

lidad denunciada contravendría, según

el parecer de esta parte, los art. 3, 117.1

y 149.1.5 CE.

El Tribunal, sin embargo, rechaza esta

interpretación y considera que la susti-

tución de la facultad judicial incondi-

cionada que estaba contenida en la ante-

rior redacción del precepto impugnado

por una remisión a otras disposiciones

legislativas en nada impide que los jue-

ces y magistrados, después de la entrada

en vigor de la Ley orgánica 16/1994,

puedan y deban ordenar la traducción

de oficio de un escrito o documento re-

dactado en una lengua oficial autonó-

mica cuando ello sea necesario, esto es,

cuando no lo entiendan, a fin de cum-

plir la función jurisdiccional de propor-

cionar a todos la tutela judicial efectiva,

como exige el art. 24.1 CE.

Se formulan dos votos particulares

contra esta resolución. El primero, fir-

mado por el magistrado Rafael de Men-

dizábal Allende, al cual se adhiere el ma-

gistrado Manuel Jiménez de Parga y

Cabrera, mantiene una crítica global a

la argumentación de fondo de la Sen-

tencia, partiendo de un punto de vista

interpretativo diametralmente opuesto.

En este sentido, según los firmantes,

contradice frontalmente la Constitu-

ción la investidura genérica al Gobierno

y a las comunidades autónomas para de-

AUTONOMIES · 27

152

sarrollar en general o en aspectos con-

cretos la Ley orgánica del poder judicial,

pues la eventual deferencia a la potestad

reglamentaria sólo puede estar atribuida

al Consejo General o a otros órganos de

gobierno propios del poder judicial. En

consecuencia, consideran inconstitucio-

nales los art. 189.1, 272.4 y 455, y la

disposición adicional primera, apartado

segundo, en la versión dada por la Ley

orgánica 16/1994.

El segundo voto, suscrito por el ma-

gistrado Vicente Conde Martín de Hi-

jas, considera indiscutible el ajuste entre

la Sentencia y la jurisprudencia consti-

tucional anterior, pero justamente por

ser ésta la premisa discrepa de la mayo-

ría. A su parecer, no es posible conciliar

la idea de unidad e independencia del

poder judicial con la intromisión en su

área institucional de poderes ajenos a su

propio órgano de gobierno, estatal y

único.

Mercè Barceló

Ponente:

María Emilia Casas Baamonde.

El Consejo Ejecutivo de la Generalidad

de Cataluña plantea el conflicto positivo

de competencias núm. 3242/1993, con-

tra el Real decreto mencionado que aprue-

ba el Reglamento para la prevención de la

violencia en los espectáculos deportivos, al

entender que vulnera sus competencias en

materia de «espectáculos» y de «creación

de su propia policía» (art. 9.31, 13 y 14

EAC). Por su parte, el abogado del Estado

sostiene que el Real decreto se ha dictado

al amparo del título competencial de «se-

guridad pública» (art. 149.1.29 CE), y

subsidiariamente en la competencia sobre

competiciones deportivas en el ámbito na-

cional e internacional.

En el requerimiento previo, el Gobier-

no central admite que la aplicación del

Real decreto corresponde a la Generalidad.

Lo que se discute ahora es el título compe-

tencial para dictarlo. En cualquier caso, se

Sentencia 148/2000, de 1 de junio (BOE núm. 156, de 30 de junio, suplemen-

to). Conflicto positivo de competencias planteado por el Consejo Ejecuti-

vo de la Generalidad de Cataluña contra el Real decreto 769/1993, de 21

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la prevención de la vio-

lencia en los espectáculos deportivos. Voto particular.

trataría, según el Estado, de un desarrollo

de lo dispuesto en el título IX de la Ley

10/1990, de 15 de octubre, del deporte, y

de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febre-

ro, sobre protección de la seguridad ciuda-

dana. También se adoptan los preceptos

del Convenio europeo sobre la violencia

en el deporte y las recomendaciones de la

Comisión creada al efecto en el Senado.

Hay que destacar, además, que por medio

del Real decreto 1247/1998, de 19 de ju-

nio, se procedió a una modificación en su

contenido, que afectó al apartado 1 de la

disposición transitoria única, así como a

los art. 2, 6, 8 y 23. Tales cambios amplían

el campo de aplicación del reglamento.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional

considera que se mantiene viva la disputa

competencial, que subsiste con la norma-

tiva vigente (FJ 3, in fine).

La representación procesal de la Ge-

neralidad considera que ésta tiene com-

petencia para regular las medidas de

prevención de la violencia en los espec-

táculos públicos, por lo que no sería de

aplicación a Cataluña lo dispuesto en el

Real decreto impugnado. Pero el Tribu-

nal no acoge dicho argumento, ya que

afirma que se dicta en aplicación de lo

previsto en el art. 149.1.29 CE, relativo

a la «seguridad pública».

Para el Tribunal, lo que se trata de

analizar es la competencia estatal para

dictar normas de «seguridad pública» en

relación con determinados espectácu-

los deportivos, y en especial, el fútbol,

«cuestión que es por completo diferente

de la posibilidad de que el Estado, a tra-

vés de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad, intervenga directamente en funcio-

nes atribuidas a la policía autonómica, a

requerimiento de la Generalidad o por

iniciativa propia» (FJ 8). Y añade: «Nos

encontramos, pues, en una situación de

confluencia de competencias, de entre-

cruzamiento o yuxtaposición de títulos

competenciales distintos», de «concu-

rrencia entre la “seguridad pública” y di-

versos títulos estatutarios» (FJ 9).

El Tribunal asume una concepción ex-

pansiva sobre el título competencial estatal

«seguridad pública», siguiendo lo sosteni-

do por el abogado del Estado. En con-

secuencia, el sistema de prevención y de

calificación del riesgo de los eventos

deportivos se inscribe dentro del art.

140.1.29 CE, puesto que ha de ser el mis-

mo para todo el territorio español. Ello no

impide la ejecución de dichas normas por

la policía autonómica, «el modo concreto

de llevar a cabo los cometidos policiales»,

así como la colaboración, coordinación e

información en el marco del diseño gene-

ral definido en el Real decreto impugnado.

El Tribunal desestima el conflicto insta-

do por la Generalidad de Cataluña. A la

Sentencia le sigue un voto particular emi-

tido por la magistrada María Emilia Ca-

sas Baamonde, al que se adhiere el magis-

trado Carles Viver Pi-Sunyer. Partiendo

de la conformidad con la construcción

que hace la Sentencia en lo referente a la

ubicación del Real decreto impugnado

dentro de la competencia estatal sobre se-

guridad pública, disienten en las conse-

cuencias que se derivan con relación a las

competencias autonómicas. Diferentes

preceptos del Real decreto —los art. 39.2,

40.1 último inciso, 43, 44, 56 A) y B)—,

no resultan respetuosos con las compe-

tencias de la Generalidad. Así, se afirma:

«En tales preceptos la normativa estatal ha

dispuesto, efectivamente, el modo con-

creto de llevar a la práctica los cometidos

policiales establecidos normativamente,

lo que debería habernos llevado a concluir

que han producido una vulneración del

ámbito funcional» de la competencia de

la Generalidad sobre su policía autóno-

ma, condicionando la actuación de ésta.

Joan Lluís Pérez Francesch

ACTIVIDAD NORMATIVA... 153

Ponente:

Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.

En el presente caso se plantea la in-

constitucionalidad de diversos precep-

tos de la Ley foral 2/1993, por contener

previsiones relativas a la conservación de

la fauna piscícola que supuestamente es-

tarían invadiendo competencias estata-

les en materia hidráulica.1

Según el artículo 149.1.22 de la Cons-

titución, el Estado tiene competencia

exclusiva en materia de «legislación, or-

denación y concesión de recursos y apro-

vechamientos hidráulicos cuando las

aguas discurran por más de una Comu-

nidad Autónoma».

El recurso se basa en esta previsión

constitucional, así como en la doctri-

na constitucional descrita en la STC

227/1988, según la cual podría ser per-

tinente dar un tratamiento homogéneo

al recurso hidráulico, dada la escasez del

propio recurso, así como la convenien-

cia de racionalizar y coordinar los dife-

rentes aprovechamientos que de aquél

se derivan.

Sin embargo, cabe plantearse si este

principio de «unidad de gestión», que

podría justificarse por los motivos ex-

puestos, puede llevarse al extremo de lo

que el Parlamento de Navarra califica de

vis expansiva a favor de la competencia

estatal sobre administración hidráulica.

El entrecruzamiento de competencias

que se produce en este caso —dado que

debemos referirnos a competencias so-

bre pesca, recursos fluviales y medio

ambiente—, no puede resolverse, según

la representación del Parlamento de Na-

varra, atribuyendo a la competencia es-

tatal esta superioridad sobre la que co-

rresponda, en su caso, a la Comunidad

Autónoma.

A mayor abundamiento, el recurso

interpreta que la Ley de aguas reconoce

la compatibilidad de la gestión pública

del agua con la ordenación del territorio

y el medio ambiente, pero que esta con-

fluencia de títulos competenciales debe

resolverse a favor del Estado. En todo

caso, se expone en el recurso, la regula-

ción por parte de la Comunidad Autó-

noma de la fauna piscícola no otorgaría

a ésta la capacidad de influir en la regu-

lación del dominio hidráulico.

La Comunidad Autónoma no estaría

habilitada, por tanto, para tomar deci-

siones que condicionen la decisión esta-

tal sobre el uso y el aprovechamiento de

las aguas. La gestión homogénea de las

aguas de cuenca supracomunitaria, por

tanto, exigiría que las disposiciones so-

bre pesca, esto es, sobre un aprovecha-

miento concreto de las aguas, se ajustase

a la normativa estatal, exigencia que,

siempre según el recurso, no respeta la

Ley foral cuestionada.

Por su parte, el Parlamento alega que

la Ley se ha limitado a regular aspectos

relativos a la fauna y la vegetación de zo-

nas fluviales, sin interferir en el régimen

AUTONOMIES · 27

154

Sentencia 166/2000, de 15 de junio (BOE núm. 165, de 11 de julio, suple-

mento). Recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del

Gobierno en relación con determinados preceptos de la Ley foral del Parla-

mento de Navarra 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la

fauna silvestre y sus hábitats.

1. Conviene advertir que la Ley cuestionada

se vio modificada por las posteriores leyes forales

8/1994, de 21 de junio, y 5/1998, de 27 de abril.

Sin embargo, dichas leyes no introducen modifi-

caciones que afecten al fondo del asunto, por lo

que la controversia se mantiene, en sede constitu-

cional.

de aguas y su administración. Por ello,

considera que la Ley se ajusta a las com-

petencias sobre pesca fluvial, medio am-

biente y competencia legislativa para

dictar normas adicionales de protección

medioambiental, todas ellas previstas en

la Ley orgánica de reintegración y ame-

joramiento del régimen foral de Navarra

(LORAFNA).

El Tribunal Constitucional hace refe-

rencia constante a dos casos precedentes

al que nos ocupa, con los que se estable-

ce cierto paralelismo, por afectar a las

competencias estatales previstas en el ci-

tado artículo 149.1.22 de la Constitu-

ción: se trata de las STC 15/1998 y

110/1998, en las que se resolvieron sen-

dos recursos contra las leyes 1/1992, de

pesca fluvial de Castilla-La Mancha, y

6/1992, de protección de ecosistemas

acuáticos y de regulación de la pesca flu-

vial de Castilla y León, respectivamente.

De lo ya expuesto en dichas sentencias,

el Tribunal recuerda que la delimitación

del título competencial «pesca fluvial»

no puede ignorar la inescindible cone-

xión que existe entre dicho recurso na-

tural y el medio en el que habita.

Por ello, si bien «en esencia, el con-

cepto pesca hace referencia a la actividad

extractiva de recursos naturales en sí

misma considerada, ésta comprende

también, dado que es presupuesto inhe-

rente a esa actividad, el régimen de pro-

tección, conservación y mejora de los

recursos pesqueros» (STC 15/1998, FJ

4 y 110/1998, FJ 2).

Esta doctrina fundamentará la deci-

sión del Tribunal en el presente caso, en

concreto, por lo que respecta a los si-

guientes artículos:

a) En relación con el artículo 40 de la

Ley, el Tribunal establece una decisión

interpretativa. Dicho artículo obliga a la

construcción de escalas o pasos en presas

y diques, a expensas de los concesiona-

rios, obligación cuyo cumplimiento

controlaría la Administración foral. Si-

guiendo la jurisprudencia apuntada, «no

puede el legislador autonómico, unilate-

ralmente y sin contemplar fórmula algu-

na de colaboración, imponer nuevas

obligaciones vinculadas directamente al

título concesional, pero inexistentes al

tiempo de otorgarse aquél, con pertur-

bación del ejercicio de la competencia

estatal sobre la materia». Por tanto, el

contenido de dicho artículo se considera

constitucionalmente aceptable siempre

que la obligación se disponga con carác-

ter previo al acto de otorgamiento de los

oportunos títulos concesionales (FJ 4).

b) En relación con el artículo 46 de la

Ley, no se admite como constitucional-

mente aceptable la decisión unilateral,

por parte de la Comunidad Autónoma,

relativa a la fijación de caudales míni-

mos y ecológicos, dado que ello llevaría

a desconocer las competencias atribui-

das al organismo de cuenca.

c) Se declara también inconstitucio-

nal el artículo 48 de la Ley, dado que pro-

híbe de forma taxativa y apriorística

diversas actividades sobre el dominio pú-

blico hidráulico, prohibiciones que en

ningún caso pueden obviar el posible

control y supervisión del organismo de

cuenca correspondiente. Ello no impide,

aclara el Tribunal, «que la Comunidad

Foral, en el ejercicio de sus competencias

medioambientales, pueda establecer nor-

mas adicionales de protección de deter-

minados espacios naturales [...]. Ahora

bien, ello no significa que con apoyo en

su competencia medioambiental pueda

establecer una prohibición general de ac-

tividad sobre un espacio en el que se pro-

yectan otros títulos competenciales con-

currentes, como el que ostenta el Estado

ex artículo 149.1.22 CE» (FJ 11).

d) Finalmente se declara la inconsti-

tucionalidad de los apartados 10 y 11

ACTIVIDAD NORMATIVA... 155

del artículo 112, así como del apartado

6 del artículo 113, «en los que se sancio-

na la alteración de caudales sin tener en

cuenta la posible autorización otorgada

por el Organismo de cuenca, cuando la

fijación del régimen de caudales es ma-

teria de su competencia» (FJ 12).

Finalmente, y por lo que respecta al

resto de las normas impugnadas,2el Tri-

bunal Constitucional las considera ajus-

tadas a las exigencias del reparto compe-

tencial, puesto que, si bien la Ley impone

nuevas obligaciones a los concesionarios,

puede considerarse que éstas no están su-

jetas a una autorización independiente

de la Administración foral, sino que se

derivan de la competencia autonómica

consistente en fijar normas adicionales de

protección del medio ambiente. Por ello,

en estos casos, no se estaría obviando ni

excluyendo la capacidad de control del

organismo de cuenca correspondiente ni,

por tanto, desvirtuando las competencias

estatales en esta materia.

Cristina Dietrich

AUTONOMIES · 27

156

Sentencia 180/2000, de 29 de junio (BOE núm. 180, de 28 de julio, suple-

mento). Recurso de inconstitucionalidad núm. 2299/1993, promovido

por cincuenta y cinco senadores del Grupo Parlamentario Popular contra

el art. 37 y la disposición adicional quinta de la Ley de la Comunidad Au-

tónoma de La Rioja 2/1993, de 13 de abril, de presupuestos.

Ponente:

Tomás S. Vives Antón.

La materia tratada en el presente fallo

se relaciona directamente con el conte-

nido que ha de tener una ley de presu-

puestos. La Comunidad Autónoma de

la Rioja establece en el art. 37 mencio-

nado la regulación de una serie de san-

ciones de carácter administrativo de for-

ma que los recurrentes entienden que se

excede del contenido propio de una ley

de presupuestos.

El Tribunal empieza fijando cómo ha

de ser dicho contenido con base no sólo

en el carácter de esa Ley, sino en los lí-

mites que aparecen regulados en el art.

21.1 de la Ley orgánica de financiación

de las comunidades autónomas. Si-

guiendo esa regulación, coincidente con

la que establece el art. 134 de la CE por

lo que se refiere a los presupuestos esta-

tales, el Tribunal entiende que una ley

de presupuestos se compone de un nú-

cleo indisponible, esencial y mínimo

que abarca los ingresos y los gastos de un

ente público. Junto a ese contenido se

pueden establecer previsiones que ten-

gan relación directa con ese núcleo o

con los criterios de política económica

de la que ese presupuesto es el instru-

mento y que, además, su inclusión en

dicha Ley esté justificada pues es un

complemento necesario para su mayor

inteligencia y mejor ejecución.

Fijada esta línea de análisis, somete el

artículo 37 al test del contenido de una

ley de presupuestos determinando que

no es parte del núcleo esencial, no se co-

necta directamente con aquél y tampoco

es un instrumento de política económica

por lo que debe quedar fuera de una ley

2. Nos referimos, en concreto, a los artículos

41, 43, 44, 45, 47 y 120 de la Ley impugnada, en

varios de sus apartados, así como a los artículos

112 y 113, a los que ya se ha hecho referencia por

contener previsiones no ajustadas a la Constitu-

ción.

de presupuestos o, más concretamente,

ha de ser considerado inconstitucional.

No ocurre igual con la disposición adi-

cional quinta, que sí tiene una vincula-

ción directa con los ingresos y gastos de la

Ley de presupuestos siendo considerada

incluso un complemento necesario, pues

regula la declaración de utilidad pública,

a efectos expropiatorios de bienes y dere-

chos de particulares, de los proyectos de

obras de infraestructura que tienen un re-

flejo directo en la Ley de presupuestos a

través de los créditos correspondientes.

El tema tratado traspasa lo presupues-

tario ya que, además, se profundiza en

la materia expropiatoria considerando

que la disposición adicional quinta está

dentro de las competencias de regula-

ción de la expropiación de la Comuni-

dad Autónoma en tanto que establece

los criterios de utilidad pública sin in-

miscuirse en el instituto de la expropia-

ción que es de competencia estatal.

La estimación parcial que hace el Tribu-

nal Constitucional en su fallo declarando

nulo el art. 37 y constitucional la disposi-

ción adicional quinta es discutida en voto

particular por el presidente don Pedro

Cruz Villalón, que entiende que no se ha

adoptado la perspectiva de análisis adecua-

da. Esta no debería ser tanto el contenido

de una ley de presupuestos cuya juris-

prudencia no tiene un fundamento nor-

mativo inequívoco, sino más bien otros

preceptos como los art. 9.3, 24, 25 y

149.1.18 de la CE. Tampoco don Manuel

Jiménez de Parga y Cabrera y don Rafael

de Mendizábal y Allende muestran su

conformidad con el fallo ya que en su voto

particular entienden que los senadores au-

tonómicos tienen un tanto de diferencia

de los demás senadores que les impide for-

mar parte del conjunto de legitimados

para presentar recurso de inconstituciona-

lidad cuando es contra las leyes de la co-

munidad a la que representan.

José Antonio Fernández Amor

ACTIVIDAD NORMATIVA... 157

Sentencia 190/2000, de 13 de julio (BOE núm. 192, de 11 de agosto, suple-

mento). Conflicto positivo de competencia núm. 2830/1992, promovido

por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación con la

Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 16 de julio de

1992, que regula el procedimiento para la concesión de ayudas previstas

en el Plan de competitividad de la industria textil y confección para los

años 1992 a 1996, aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para

Asuntos Económicos el 5 de marzo de 1992.

Ponente:

Guillermo Jiménez Sánchez.

El presente conflicto positivo de com-

petencia, estimado parcialmente por el

Tribunal Constitucional, tiene por obje-

to la Orden del Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo de 16 de julio de

1992, que regula un sistema de ayudas

(subvenciones) destinadas a promover la

realización de diversas actuaciones re-

lativas a la industria textil y de con-

fección. Según la representación de la

Generalidad, esta Orden (modificada

parcialmente por las órdenes del mismo

Ministerio de 10 de febrero de 1994 y de

22 de mayo de 1997, pero sin que estas

modificaciones afecten a la supervivencia

de la controversia competencial) asigna

en los art. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15

a órganos estatales funciones de carácter

ejecutivo que agotarían prácticamente la

totalidad del procedimiento de tramita-

ción, concesión y pago de las subvencio-

nes en cuestión. Se promovió conflicto

positivo de competencia estimando que

los mencionados artículos, junto con los

anexos I, II, III y IV (que contienen mo-

delos de solicitud, documentación que

hay que presentar, etc.) vulneraban las

competencias estatutariamente asumidas

por la Comunidad Autónoma de Catalu-

ña en materia de «planificación de la acti-

vidad económica en Cataluña» y «de in-

dustria» (art. 12.1.1 y 2 EAC).

El abogado del Estado, por su parte,

defiende la incardinación de las subven-

ciones previstas en la Orden en la mate-

ria «reestructuración de sectores indus-

triales» («bases y coordinación de la

planificación general de la actividad

económica» —art. 149.1.13 CE—),

con lo que quedan para la Generalidad

competencias de «desarrollo y ejecución

en Cataluña de los planes establecidos

por el Estado» (art. 12.1.3 EAC) y, sub-

sidiariamente, en los títulos «comercio

exterior» y «fomento y coordinación ge-

neral de la investigación científica y téc-

nica» (art. 149.1.10 y 15 CE), así como

en la doctrina constitucional que justifi-

ca, en supuestos excepcionales, que el

Estado se reserve la gestión de subven-

ciones (STC 13/1992, FJ 8 d).

Antes de resolver en qué materia se

inscriben las ayudas, es necesario deter-

minar el objeto de las subvenciones y las

actividades subvencionables. El objeto

(art. 3 de la Orden) son «[...] aquellos

proyectos que contribuyan a la adapta-

ción del tejido económico de las zonas

subvencionadas y a la racionalización de

la estructura industrial y comercial de las

industrias del sector textil y de la confec-

ción». Las actuaciones subvencionables

son la creación de agrupaciones o asocia-

ciones que tengan por objeto integrar

áreas de gestión empresarial, compartir

redes comerciales, efectuar estudios de

prospección de mercados, producir nue-

vos productos, etc. (art. 4.1); la investi-

gación y el desarrollo de innovaciones

técnicas, mejoras de procesos (art. 4.2);

estudios de asesoramiento o diagnosis de

empresa (art. 4.3); la mejora de la capa-

cidad de diseño, calidad y normalización

de los productos y de su comercializa-

ción (art. 4.4) y la formación de personal

en técnicas de producción, comercio ex-

terior y formación gerencial (art. 4.5).

La argumentación del Tribunal de la

doctrina constitucional establecida en

materia de subvenciones en la STC

13/1992 (FJ 4), de 6 de febrero, según la

cual «la legitimidad constitucional del

régimen normativo y de gestión de las

subvenciones fijado por el Estado de-

pende de las competencias que el Estado

tenga en la materia de que se trate». Ana-

lizando los títulos en juego en este liti-

gio, de los dos invocados por la Genera-

lidad de Cataluña, el más específico es el

de «industria», ya que las ayudas tienen

por principal finalidad la racionalización

de la estructura industrial y comercial de

las empresas (especialmente de las pymes)

de los sectores textil y de la confección.

En lo referente a los títulos invocados

por el Estado, el Tribunal Constitucional

descarta el de «comercio exterior». Si-

guiendo el criterio establecido en la STC

186/1999, «si las subvenciones tenden-

tes a prestar apoyo a las mejoras técnicas

de las empresas tuviesen que enmarcarse

en la materia comercio exterior por el

hecho de que tales mejoras las hubiesen

de situar en mejor posición para compe-

tir en los mercados internacionales, esta

materia acabaría por desplazar las com-

petencias sectoriales específicas».

Dejando de lado la posible incidencia

de la materia «fomento y coordinación ge-

AUTONOMIES · 27

158

neral de la investigación científica y técni-

ca» en relación con las líneas subvenciona-

bles establecidas en los apartados 2 y 3 del

art. 4 de la Orden de 16 de julio de 1992

(que se tratarán posteriormente), el Tribu-

nal entra en el problema principal de la

cuestión, que consiste en determinar si las

ayudas se inscriben en la materia «indus-

tria», tal como defiende la representación

de la Generalidad, o en la de «reestructura-

ción de sectores industriales», incardina-

ción principal defendida por el Estado.

El principal argumento del abogado

del Estado es que las subvenciones regu-

ladas en la Orden del 16 de julio son me-

didas encaminadas a la promoción de la

innovación tecnológica incluidas en el

objeto y la finalidad del art. 38 de la Ley

27/1984, de 26 de julio, de reconversión

y de reindustrialización (LRR), de acuer-

do con la competencia estatal del art.

149.1.13 CE, que «da acogida también

[...] a previsiones de acciones o medidas

singulares que sean necesarias para alcan-

zar los fines propuestos dentro de la orde-

nación de cada sector» (STC 96/1986, FJ

4). De acuerdo con el Real decreto

877/1985, de 25 de mayo, que desarro-

llaba el art. 38 de la LRR, se aprobó el

Plan de competitividad de la industria

textil y de la confección para el periodo

1992-1996, que preveía la concesión de

las ayudas objeto del litigio.

Sin embargo, el Tribunal recuerda que

en la LRR se distinguen tres bloques de

medidas: la declaración de sectores en re-

conversión (art. 1), la declaración de zo-

nas de reindustrialización urgente (art.

24) y la promoción de la innovación tec-

nológica (art. 38), dentro de la que se in-

cluirían las subvenciones en cuestión.

Según el Tribunal (FJ 6), «del hecho de

que las actuaciones subvencionables liti-

giosas puedan ser consideradas como

medidas encaminadas a la promoción de

la innovación tecnológica y las medidas

de esta naturaleza se incluyan en la LRR,

no puede deducirse que aquellas se ten-

gan que enmarcar, necesariamente, en la

materia reestructuración de sectores in-

dustriales». Este razonamiento es deudor

de la doctrina establecida en la STC

186/1999 (FJ 7), donde se decía que las

medidas de «reconversión industrial» de

la LRR son enmarcables en el título «rees-

tructuración de sectores industriales»,

pero no, de forma mecánica, las de pro-

moción de la innovación tecnológica.

Esta tesis se sustenta también en la dis-

posición final segunda de la LRR, que

distingue en las medidas previstas por la

LRR dos aspectos separables: la recon-

versión (sometida a caducidad) y la in-

novación (con vigencia indefinida).

Teniendo en cuenta estos criterios de

delimitación entre las materias «reestruc-

turación de sectores industriales» (que

hace referencia a situaciones excepciona-

les relativas a procesos de obsolescencia de

sectores industriales, FJ 6) e «industria»,

el Tribunal Constitucional pasa a incardi-

nar las diferentes subvenciones que recoge

el art. 4 de la Orden impugnada.

Según este Tribunal, las subvenciones

previstas en el art. 4.1, 4 y 5, se inscriben

en el ámbito del art. 38 LRR, relativo a la

innovación tecnológica, «en lo que hemos

denominado ordenación de sectores in-

dustriales, es decir, en la materia indus-

tria» (FJ 7), y no se corresponden con si-

tuaciones excepcionales (por otra parte, el

sector textil ha sido objeto de medidas es-

pecíficas de reconversión industrial —rea-

les decretos 2010/1981 y 2640/1985—).

Asimismo, también se inscriben en él las

actuaciones previstas en el art. 4.3, des-

pués de que el Tribunal lo excluya del

marco subsidiario en la materia «fomento

y coordinación general de la investigación

científica y técnica» (art. 149.1.15 CE).

Una vez enmarcadas las actuaciones

previstas en los art. 4.1, 3, 4 y 5 de la Or-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 159

AUTONOMIES · 27

160

den en la materia «industria», el Tribunal

Constitucional pasa a analizar la inciden-

cia de la competencia atribuida al Estado

(«bases y coordinación de la planificación

general de la actividad económica», art.

149.1.13 CE) sobre la competencia exclu-

siva de la Generalidad en esta materia

(12.1.2 EAC). Según el abogado del Esta-

do, la competencia del art. 149.1.13 CE

permite la centralización de la tramitación

y gestión de las subvenciones si es impres-

cindible para asegurar la plena efectividad

de las medidas de fomento y para garanti-

zar la obtención por parte de los destinata-

rios potenciales en todo el territorio nacio-

nal (STC 95/1986, FJ 1 y 201/1988, FJ

4). La centralización se justifica porque se

trata de un Plan nacional para fomentar la

competitividad de un sector precisado de

relanzamiento, importante dentro del

conjunto de la economía nacional (7 por

ciento del PIB y 10,4 por ciento de la ocu-

pación industrial), por la eficacia de las

medidas y especialmente porque el art. 9

de la Orden contiene criterios que deben

ser tenidos en cuenta unitariamente para

la evaluación de las subvenciones.

Según el Tribunal Constitucional (FJ

10), la perspectiva territorial general del

art. 149.1.13 CE no puede comportar la

centralización de toda la normativa ni de

las medidas de ejecución, ya que esto su-

pondría el desapoderamiento de las

competencias autonómicas con las que

concurre; la centralización de funciones

de normalización y de ejecución sólo

puede tener lugar en supuestos excepcio-

nales, y la regla es que las comunidades

autónomas competentes desarrollen

normativamente los planes y los apli-

quen, incluso cuando su ejecución tenga

un alcance supraterritorial no suscepti-

ble de fraccionamiento (STC 234/1994,

FJ 6 y STC 242/1999, FJ 18).

Así, en lo tocante a las subvenciones

para la formación de agrupaciones o

asociaciones de empresas (art. 9), no son

criterios válidos para la centralización de

la gestión ni la dimensión —supraterri-

torialidad—, viabilidad e interés del

proyecto (apartado a), ni la excelencia

de los proyectos (apartados a, cy e), ni el

de obtención de índices de tecnificación

considerados competitivos (apartado d)

(el apartado bcorresponde a una línea

subvencional incardinable en el art.

149.1.15 CE) (FJ 10). En definitiva,

ninguno de los criterios del art. 9 justi-

fica la gestión centralizada de las sub-

venciones, incluso «la existencia de cri-

terios, al reducir la discrecionalidad e

intensificar la conexión con el objeto

perseguido, hace más inexcusable la ges-

tión autonómica de las subvenciones»

(STC 242/1999, FJ 2).

Una vez establecida la incidencia del tí-

tulo competencial del art. 149.1.13 CE

en la materia industria, el Tribunal Cons-

titucional entra a examinar si los precep-

tos y anexos impugnados vulneran las

competencias autonómicas. Según este

Tribunal, contienen normas ordinarias de

tramitación (incluida la potestad de dictar

normas procesales) que no pueden ser

consideradas normativa básica en materia

de industria y, por tanto, vulneran las

competencias normativas autonómicas

los art. 6 (que regula la presentación de las

solicitudes de subvención), 8 (que esta-

blece un comité para el estudio de las soli-

citudes), 10 (que regula la formulación de

la propuesta de resolución), 11.2, 3 y 4

(que determina que el secretario de Esta-

do de Industria o persona delegada resol-

verá las subvenciones y prescribe algunas

formalidades que han de contenerse en la

resolución administrativa), 12 (que esta-

blece la documentación necesaria para el

pago de la subvención, los controles e ins-

pecciones), 13 (que prevé anticipos de la

subvención) y 15 (que prevé principios

para casos de incumplimiento de las con-

diciones exigidas para la concesión), así

como la previsión de convenios entre el

Estado y las comunidades autónomas

para la presentación de las solicitudes (art.

6) y para la remisión de estudios al Comi-

té (art. 8) y los anexos I, II, III y IV, que

contienen modelos de solicitud, docu-

mentación que hay que presentar, etcéte-

ra. En cambio, no vulnera el reparto com-

petencial el establecimiento de un plazo

de presentación de las solicitudes (art. 7)

«porque puede resultar adecuado, en oca-

siones, que el Estado establezca condicio-

nes que garanticen la homogeneidad de la

gestión» (STC 104/1988, FJ 8), ni el art.

11.1, que condiciona la subvención al

cumplimiento de las obligaciones fiscales

y con la Seguridad Social.

Merece un comentario más detallado

el art. 14, que establece la documenta-

ción que ha de aportar el beneficiario

sobre la aplicación correcta de la sub-

vención, que se somete al control de la

Intervención General del Estado y al

previsto en la legislación del Tribunal de

Cuentas. Aquí, lo que vulnera las com-

petencias autonómicas es la fiscalización

de la Intervención General del Estado,

cuya jurisdicción finaliza en el momen-

to en que los créditos presupuestarios de

las subvenciones se entregan a las comu-

nidades autónomas. El control del Tri-

bunal de Cuentas no contradice la dis-

tribución competencial, ya que este

órgano «mantiene una relación de su-

premacía frente a otros órganos fiscali-

zadores», de conformidad con el art. 29

de la Ley 7/1988, de funcionamiento

del Tribunal de Cuentas, que determina

que «los órganos de control externo de

las comunidades autónomas coordina-

rán su actividad con la del Tribunal de

Cuentas mediante el establecimiento de

criterios y técnicas comunes de fiscaliza-

ción que garanticen la mayor eficacia

[...]» (ap. 1), y estos órganos están obli-

gados a remitir al Tribunal de Cuentas

«los resultados individualizados del exa-

men, comprobación y censura de cuen-

tas de todas las entidades del sector pú-

blico autonómico» (ap. 2) (FJ 11).

Respecto a las actuaciones previstas en

el art. 4.2 y 3, el abogado del Estado de-

fiende su encuadre subsidiario en la mate-

ria «fomento y coordinación general de la

investigación científica y técnica» (art.

149.1.15 CE). El Tribunal Constitucional

recuerda (FJ 8) que esta materia engloba

todas aquellas medidas encaminadas a la

promoción y avance de la investigación,

entre las que se incluyen las de carácter or-

ganizativo y servicial (STC 90/1992, FJ 2

y STC 186/1999, FJ 8); potestades tanto

de orden normativo como ejecutivo, si

bien ha de contrastarse la presencia efecti-

va de este tipo de competencial mediante

el examen de las subvenciones. El Tribu-

nal, de acuerdo con estos criterios, consta-

ta que las subvenciones que tengan por

objeto la investigación y desarrollo de

innovaciones técnicas, mejoras de proce-

sos, etcétera (art. 4.2), encajan en el art.

149.1.15 CE y no vulneran, por tanto,

competencias autonómicas. En cambio, sí

que las vulneran las actuaciones previstas

en el art. 4.3 (estudios de asesoramiento o

diagnosis de la empresa).

El voto particular de Rafael de Men-

dizábal Allende, que comparte la res-

puesta y la ratio decidendi del Tribunal

Constitucional, desarrolla y precisa la

intervención del Tribunal de Cuentas en

la fiscalización del gasto público, plan-

teada esquemáticamente en el FJ 11 h,

en relación con el art. 14.1 de la Orden.

Según Mendizábal, la estructura descen-

tralizada del Estado exige mecanismos

que garanticen el principio de unidad,

entre los que se encuentran los de fiscali-

zación o control, y concretamente, el

Tribunal de Cuentas como institución

única y suprema en el campo de la fisca-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 161

lización externa de la actividad econó-

mica del Estado y del sector público

(art. 136.1 CE). La actuación del Tribu-

nal de Cuentas se extiende, a partir de la

fórmula «Estado + sector público», tan-

to a las administraciones públicas cen-

trales, autonómicas y locales, los orga-

nismos autónomos, la Seguridad Social,

las empresas públicas y las instituciones

financieras públicas, como a los particu-

lares que perciban subvenciones o ges-

tionen fondos públicos.

Sobre la coexistencia del Tribunal de

Cuentas con los controles externos de

otras instituciones autonómicas, Men-

dizábal parte de la supremacía del Tribu-

nal de Cuentas (STC 18/1991, FJ 2).

Desde este punto de vista, el control del

Tribunal de Cuentas sobre la actividad

de las comunidades autónomas, previs-

to en el art. 153 dCE, era desarrollado

de forma «ambigua y claudicante» en el

art. 22 de la Ley orgánica 8/1980, de fi-

nanciación de las comunidades autóno-

mas, «que olvidaba, entre otras cosas,

que [...] el control específico respecto a

la gestión económica corresponde inde-

clinablemente al Tribunal de Cuentas,

sin ninguna limitación ni condiciona-

miento». La Ley 7/1988, de funciona-

miento del Tribunal de Cuentas, en los

dos apartados del art. 29 (transcritos

más arriba) delimitaba con mayor rigor

las relaciones mutuas con los órganos de

control externo de las comunidades au-

tónomas y reconducía la legislación a la

cláusula general de supremacía del Tri-

bunal de Cuentas del art. 136.1 CE.

Según Mendizábal, el Tribunal de

Cuentas ha de «censurar» las cuentas de

todas las administraciones públicas, in-

cluidas las autonómicas, y lo ha de hacer

mediante las funciones fiscalizadora

y jurisdiccional, que permanecen intan-

gibles respecto a las funciones de con-

trol asumidas por las comunidades autó-

nomas. En definitiva, el art. 14 de la

Orden no vulnera competencias autonó-

micas, ya que «la coexistencia de funcio-

nes neta y meramente fiscalizadoras en

manos de la Sindicatura de Greuges y del

Tribunal de Cuentas es, en lenguaje arit-

mético, una suma y no una resta. Ven

más cuatro ojos que dos [...]».

Josep Pagès

AUTONOMIES · 27

162

Sentencia 192/2000, de 13 de julio (BOE núm. 192, de 11 de agosto, suple-

mento). Conflicto positivo de competencia núm. 5447/1998, planteado

por el Gobierno de la Nación contra la Comunicación de 2 de noviembre

de 1998 del director general de Ingresos de la Consejería de Economía, In-

dustria y Hacienda de la Junta de Extremadura.

Ponente:

María Emilia Casas Baamonde.

De manera previa a cualquier comen-

tario se ha de aclarar en el presente

pronunciamiento cuál es el motivo de

impugnación. Como se ha puesto de

manifiesto, el conflicto de competencias

se forma a partir de una Comunicación

del director general de Ingresos de la

Comunidad Autónoma de Extremadu-

ra al presidente del Tribunal Económi-

co-Administrativo Regional en el que,

sucintamente, se le informa de que se

sustraen de la competencia revisora de

su Tribunal los expedientes relativos a

tributos cedidos en virtud de la dispo-

sición adicional quinta de la Ley de la

Asamblea de Extremadura 7/1998, de

18 de junio, de tasas y precios públicos.

En consecuencia, será la Junta Econó-

mico-Administrativa de la Comunidad

Autónoma la que pase a ejercer las com-

petencias de revisión de los actos admi-

nistrativos de gestión de los tributos ce-

didos.

El fallo del Tribunal declara inconsti-

tucional esta previsión con base en la si-

guiente argumentación. El diseño del

sistema de financiación autonómico es

una opción que la Constitución conce-

de al Estado, el cual puede regularlo

(art. 149.1.14 CE), además de su pro-

pio sistema de financiación, con los lí-

mites o condicionantes que puede supo-

ner la autonomía financiera y política

reconocida en el art. 156 de la CE. Den-

tro de esa opción se encuadra la regula-

ción efectuada a través de la Ley orgáni-

ca de financiación de las comunidades

autónomas (en adelante LOFCA) de los

tributos cedidos a las comunidades au-

tónomas previstos inicialmente en el

art. 157.1.ade la CE, siendo aspecto de

esa ordenación la disposición contenida

en el art. 20.1.bde la LOFCA, la cual

hace residir en los tribunales económi-

co-administrativos estatales la revisión

de los actos administrativos producto de

la gestión delegada que de aquellos ha-

cen las comunidades autónomas. Este

aspecto de la regulación que el Estado

realiza de los tributos cedidos se ve mo-

tivada, por un lado, por el carácter revo-

cable de los tributos cedidos cuya titula-

ridad última es del Estado y, por otro

lado, por la circunstancia de que, a ins-

tancia de los ciudadanos, se controla la

aplicación de la normativa estatal que

regula esos tributos. Todo ello difiere

de atribuir a la regulación un carácter

fiscalizador o controlador de la Admi-

nistración estatal sobre la Administra-

ción tributaria autonómica que pudiera

hipotecar la autonomía política y finan-

ciera reconocida constitucionalmente.

De la Sentencia no es destacable sólo

su pronunciamiento expreso sobre la

constitucionalidad de la previsión de

que sean los tribunales económico-ad-

ministrativos estatales los que revisen las

actuaciones de gestión de los tributos

cedidos y el carácter nulo de una dispo-

sición autonómica contraria; sino tam-

bién el no extender su examen a la previ-

sión que en semejantes términos hace el

art. 20.1.cde la LOFCA con referencia

a los recargos. La disposición adicional

quinta de la Ley extremeña 7/1998 tras-

pasa también a la Junta Económico-

Administrativa la competencia de los

tribunales económico-administrativos

estatales sobre la revisión de la gestión

de recargos autonómicos, lo que contra-

dice el precepto de la LOFCA citado.

En opinión del que escribe, a pesar de

que el conflicto se basa en la Comunica-

ción del Gobierno extremeño donde se

hace sólo mención a los tributos cedi-

dos, el objeto de estudio podría haberse

extendido a lo que al recargo se refiere,

máxime cuando se plantea un conflicto

semejante al resuelto en relación con los

tributos cedidos.

José Antonio Fernández Amor

ACTIVIDAD NORMATIVA... 163

Ponente:

Vicente Conde Martín de Hijas.

El presente conflicto positivo de com-

petencia, estimado parcialmente por el

Tribunal Constitucional, tiene por obje-

to el Real decreto 1085/1992, por el que

se aprueba el Reglamento de actividad

de distribución de gases licuados del pe-

tróleo, butano y propano (RGLP). Esta

normativa regula el proceso de desmo-

nopolización de las estructuras comer-

ciales de CAMPSA por lo que respecta a

gases licuados, y desarrolla el art. 6 de la

Ley 15/1992, de 5 de junio, de medidas

urgentes para la progresiva adaptación

del sector petrolero al marco comunita-

rio. En el preámbulo del Real decreto se

fija la necesidad de establecer «un Regla-

mento único de carácter básico para to-

dos los operadores y las empresas sumi-

nistradoras» y garantizar a la vez «el

régimen de aprovisionamiento energéti-

co», que también califica de básico.

El Real decreto 1085/1992 organiza el

suministro o distribución de los gases li-

cuados sobre un doble eje. Por un lado, el

suministro mayorista —que no llega a los

consumidores finales—, encomendado a

los operadores de gases licuados, de ám-

bito de actividad estatal (art. 9). Los ope-

radores tienen que disponer de unas ins-

talaciones de recepción, almacenamiento

y transporte (reguladas en el art. 8) y de

unas existencias mínimas de seguridad

suficientes para que no quede desabaste-

cido el mercado estatal (art. 10). Por otro

lado, está el suministro minorista, que

corresponde a las empresas suministra-

doras, encargadas de la distribución al

consumidor final. Las empresas sólo es-

tán autorizadas a realizar el suministro en

un determinado territorio (art. 11 y 25) y

han de tener unas «existencias mínimas

de seguridad» (art. 10) que garanticen el

suministro al ámbito territorial que les

corresponda. La condición de operadores

y de empresas de suministro se obtiene

mediante la autorización administrativa

y la inscripción en el Registro adminis-

trativo (art. 2 y 4) de la Dirección Gene-

ral de Energía del Ministerio de Industria

y Comercio (actualmente, Ministerio de

Economía). El Real decreto prevé la in-

tervención de las comunidades autóno-

mas sólo en la fase procedimental previa

al registro respecto a las empresas sumi-

nistradoras (art. 11.5 y 7) y en el control

de las empresas (art. 25.1). Asimismo, se

regulan extensamente en este Real decre-

to las condiciones de las instalaciones de

almacenamiento, distribución y envasado

de los gases y de la contratación del sumi-

nistro, aspectos determinantes para ga-

rantizar el suministro energético en el te-

rritorio estatal.

Hay que decir que el régimen jurídico

de los gases ha sido modificado sustan-

cialmente por la Ley 34/1998, del sector

de hidrocarburos, que introduce una se-

rie de reformas liberalizadoras tendentes

a limitar la intervención de los poderes

públicos, y concretamente, respecto a los

gases licuados, suprime la obligatoriedad

del suministro a domicilio. Sin embargo,

según el Tribunal Constitucional, no

modifica sustancialmente la actividad de

los operadores y de las empresas, y no

queda afectada la pervivencia de la con-

troversia competencial (FJ 3).

AUTONOMIES · 27

164

Sentencia 223/2000, de 21 de septiembre (BOE núm. 251, de 19 de octubre,

suplemento). Conflicto positivo de competencia núm. 281/1993, promovi-

do por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación con

el Real decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo.

La representación de la Generalidad

denuncia que la disposición final segun-

da del Real decreto, que atribuye carác-

ter básico a los art. 2, 3, 4, 6.1, 9, 10, 11,

13, 15, 38, 42.1 y a la disposición transi-

toria segunda, vulnera la distribución

competencial. Según la Generalidad, el

concepto de bases comprende esencial-

mente potestades normativas, y queda la

atribución de rango básico a funciones

ejecutivas para supuestos verdaderamen-

te excepcionales. Los títulos que alega la

Generalidad para defender su titularidad

sobre la ejecución de la distribución de

gases son los del art. 9.1.16 EAC, que le

atribuye la competencia exclusiva en

materia de «instalaciones de producción,

distribución y transporte de energía

cuando este transporte no salga de su te-

rritorio y su aprovechamiento no afecte a

otra provincia o comunidad autónoma»;

el art. 10.1.5 EAC, que le atribuye com-

petencia en el desarrollo legislativo y la

ejecución en materia de «régimen ener-

gético» «en el marco de la legislación bá-

sica del Estado y, si corresponde, en los

términos que aquella legislación esta-

blezca»; y el art. 12.1.2 EAC, que le con-

fiere competencia exclusiva en materia

de «industria» y de «comercio interior»,

de conformidad con las bases y la orde-

nación económica general.

Por otra parte, el abogado del Estado

alega los títulos del art. 149.1.25 CE, que

atribuye al Estado la competencia exclu-

siva para el establecimiento de la norma-

tiva básica en materia de «régimen ener-

gético», y del art. 149.1.13 CE, que le

atribuye la competencia exclusiva sobre

las bases y la coordinación de la planifica-

ción económica general, que, proyectada

sobre sectores económicos concretos,

permite la adopción de medidas singula-

res de carácter ejecutivo.

Según el Tribunal, el principal proble-

ma no es enmarcar los títulos en una u

otra materia, sino determinar si son califi-

cables, en calidad de actos de ejecución,

como «bases». Los títulos argüidos por la

Generalidad «instalaciones de produc-

ción, distribución y transporte de ener-

gía» (9.1.16 EAC) y «régimen energético»

(art. 10.1.5 EAC) admiten de entrada la

convergencia con el título estatal de bases

de régimen energético (149.1.25 CE), así

como los títulos «industria» y «comercio

interior» (art. 12.1.2 y 5 EAC), que tam-

bién obran de conformidad con las «bases

y coordinación de la planificación general

de la actividad económica general» (art.

149.1.13 CE) (FJ 4).

En lo tocante a los ámbitos materiales

afectados, el Tribunal rechaza, no obs-

tante, el encuadre de los preceptos en las

materias «industria» e «instalaciones de

producción, distribución y transporte de

la energía», ya que los preceptos cuestio-

nados por la Generalidad tienen que ver

con la actividad de distribución de los

gases desde la perspectiva de la garantía

de los consumidores, no con las instala-

ciones. Las materias que están más espe-

cíficamente conectadas con ellos son,

por tanto, las de «régimen energético» y

«comercio interior», dependiendo en

cada caso de cuál es la materia más direc-

tamente implicada (FJ 5).

El Tribunal pasa a examinar si los pre-

ceptos cuestionados pueden reconducir-

se a normativa básica en el FJ 6. Antes,

sin embargo, establece una serie de pre-

misas. Recuerda, en primer lugar, la doc-

trina sobre el alcance de los títulos del Es-

tado, establecida en la STC 197/1996.

En ella se rechazaba que «en un sector tan

importante para el desarrollo de la activi-

dad económica general como el del pe-

tróleo [...] las competencias específicas,

por ejemplo en materia energética, hayan

de prevalecer necesariamente y en todo

caso sobre las relativas a la planificación

económica». Las competencias afectadas

ACTIVIDAD NORMATIVA... 165

«han de ejercerse conjunta y armónica-

mente, cada una dentro de su ámbito

material de actuación respectivo, que se

tendrá que delimitar en cada caso», y no

se pueden considerar como «equivalentes

o intercambiables el título genérico, rela-

tivo a la planificación económica, y el es-

pecífico, referente a la ordenación de un

sector» (FJ 4).

En segundo lugar, recuerda la doctrina

según la cual la noción de bases presenta

una doble vertiente: material (bases serían

el común denominador normativo nece-

sario para asegurar la unidad fundamen-

tal prevista por las normas del bloque de

constitucionalidad, encaminado a asegu-

rar los intereses generales y dotado de es-

tabilidad, STC 48/1988 y 1/1982); y

formal (según el cual, con el fin de redu-

cir la incertidumbre jurídica, el instru-

mento para establecer las bases es la ley y,

no obstante, puede haber excepciones si

las bases se contienen en normas con ran-

go de Real decreto y se explicita su carác-

ter básico —aspectos observados en el

Real decreto en cuestión—, cuando por

la naturaleza de la materia resulten un

complemento necesario para garantizar

la finalidad de la competencia estatal so-

bre las bases, STC 48/1988) (FJ 6 a 9).

A partir de estas premisas, el Tribunal

pasa a examinar el carácter básico de los

diferentes preceptos impugnados y deja

la solución de la disposición final (que

les atribuía carácter básico) pendiente

de la de los preceptos en concreto. El

bloque formado por los art. 2, 4, 6.1,

10, 11, que hacen referencia a la autori-

zación y a la inscripción registral de los

operadores y de las empresas, contiene,

según el Tribunal, elementos esenciales

del sistema de distribución de los gases

licuados, enmarcables en la materia «co-

mercio interior». Las exigencias forma-

les que justifican que excepcionalmente

no se establezca el carácter básico de es-

tos preceptos en una ley se cumplen: se

regula en una norma con rango de Real

decreto, se explicita el carácter básico de

los preceptos, hay una expresa habilita-

ción legal (disposición transitoria se-

gunda de la Ley 15/1992) y el uso del

Reglamento se justifica por el carácter

técnico de la materia en cuestión.

Desde la perspectiva material, el Tribu-

nal entiende que la centralización de la

autorización y la inscripción, referida a

los operadores, no vulnera las competen-

cias de la Generalidad. Por un lado, el

ámbito de actuación de los operadores es

todo el territorio nacional; y por otro, la

centralización es indispensable para pre-

servar el cumplimiento de la normativa

básica del sistema de distribución de ga-

ses, de conformidad con los art. 5, 8 y 9,

que establecen una serie de requisitos

para autorizar e inscribir a los operadores

(posesión de medios para el almacena-

miento —instalaciones de recepción, al-

macenaje y transporte adecuados— y de

existencias mínimas de seguridad —loca-

lizadas según criterios de uniformidad

geográfica que garanticen el suministro

en todo el territorio nacional—). Según

el Tribunal, para evitar el fraccionamien-

to de las autorizaciones y de las funciones

ejecutivas que la complementan, tiene

que ser el Estado el que las conceda y, por

tanto, los art. 2 y 4, cuando se refieren a

los operadores, no vulneran las compe-

tencias de la Generalidad en materia de

«comercio interior».

En cambio, la autorización y la ins-

cripción de las empresas no son actua-

ciones imprescindibles para garantizar la

distribución de los gases licuados (obje-

tivo de la normativa básica). La Genera-

lidad es la Administración competente

para otorgar la autorización e inscribir a la

empresa (FJ 12), y los art. 2 y 4.2 vulne-

ran las competencias de aquella ya que

regulan la autorización y la inscripción

AUTONOMIES · 27

166

registral de las empresas suministrado-

ras, así como el art. 10 (que condiciona

la actividad de las empresas a la inscrip-

ción registral) y el art. 11 (que permite a

las comunidades autónomas realizar una

inscripción provisional de las empresas).

Los mismos argumentos aplica el Tribu-

nal a los art. 15 (que regula la cancela-

ción de la inscripción de las empresas

cuando incurran en incumplimiento

grave de sus obligaciones) y 42.1 (que es-

tablece la cancelación o la revocación de

las autorizaciones y las inscripciones de

empresas u operadores como consecuen-

cia de la imposición de sanciones), que

vulneran competencias autonómicas por

lo que respecta a las empresas.

El segundo bloque de artículos regula

aspectos de las existencias mínimas de

seguridad: el art. 9 para los operadores y

el 13 para los consumidores finales y las

empresas. El Tribunal entiende que estos

preceptos no establecen un instrumento

de comercialización, sino un sistema de

garantía de su aprovisionamiento, y se

enmarcan, por tanto, en la materia «régi-

men energético», en la que son relevan-

tes los art. 149.1.25 CE (bases de la

ordenación del sector energético) y

149.1.13 CE (ordenación general de la

economía). En este sentido, el art. 9 con-

tiene funciones ejecutivas de carácter bá-

sico al referirse a los operadores y no

conculca, por tanto, las competencias

autonómicas. Por el contrario, las exis-

tencias de las empresas y consumidores

finales reguladas en el art. 13 no garanti-

zan el aprovisionamiento de ningún

mercado (que sería ya materia básica) y,

por tanto, vulnera las competencias au-

tonómicas (FJ 16 y 17).

Según el Tribunal (FJ 18), la Generali-

dad impugna los art. 3 y 38 (enmarcables

en la materia «régimen energético») por-

que establecen un régimen de comunica-

ción directa entre la Administración esta-

tal y las empresas. En lo tocante al art. 3,

que obliga a los operadores y a las empre-

sas a cumplir las directrices del Ministerio

relativas a seguridad, defensa o garantía

de suministro, de instalaciones y mante-

nimiento, de calidad de los productos y

de facilitación de información, el Tribu-

nal afirma que, en todo caso, la vulnera-

ción se contendría en las directrices que

dictase el Ministerio, y que, al no ser posi-

bles reivindicaciones competenciales pre-

ventivas, no existe ninguna vulneración

de competencias. En lo referente al art.

38, que obliga a las empresas a remitir

anualmente al Ministerio información re-

lativa a los suministros de los gases y a los

consumidores y facturaciones, su conte-

nido es de carácter básico, dado el interés

del Estado por disponer de la informa-

ción sobre este tema, sin descartar, sin

embargo, la posibilidad de mecanismos

de coordinación con las comunidades au-

tónomas. En su voto particular, el magis-

trado Carles Viver Pi-Sunyer discrepa,

precisamente, del reconocimiento de ca-

rácter básico de las actividades ejecutivas

contenidas en el art. 38. Según Pi-Sunyer,

la Sentencia obvia que, junto con la obli-

gación de remitir el informe anual, existe

la obligación establecida en el art. 38 de

dos actividades complementarias («efec-

tuar las comprobaciones que estime opor-

tunas» y «requerir la documentación y la

información necesarias»), a las que tam-

bién se extiende la impugnación de la Ge-

neralidad. Se trata de funciones ejecutivas

perfectamente realizables por la comuni-

dad autónoma que no justifican, según

Pi-Sunyer, la excepcional calificación

de «básicas». Además, las actividades de

comprobación y requerimiento de infor-

mación la Generalidad ya las lleva a cabo

en la autorización e inscripción de las em-

presas.

Por último, la disposición transitoria

segunda determina que las empresas

ACTIVIDAD NORMATIVA... 167

distribuidoras de envases populares, los

titulares de estaciones de servicio y las

empresas de distribución de gases para

canalización tendrán que presentar al

Ministerio información sobre autori-

zación de instalaciones, régimen de

aprovisionamiento y otras cuestiones y,

según el Tribunal, son actividades de na-

turaleza ejecutiva incardinables en la

materia «comercio interior» que no tie-

nen carácter básico. La respuesta a la im-

pugnación de la disposición final segun-

da, que declara el carácter básico del Re-

glamento en lo que se refiere a la

distribución de gases, se encuentra, se-

gún el Tribunal, en los razonamientos

realizados para cada uno de los precep-

tos en concreto.

Josep Pagès

AUTONOMIES · 27

168

Ponente:

Guillermo Jiménez Sánchez.

Los dos recursos de inconstitucionali-

dad acumulados tienen por objeto, res-

pectivamente, los párrafos primero, oc-

tavo y noveno del art. 99.1 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

bases del régimen local, en la versión in-

troducida por la disposición adicional

octava, párrafo 1, de la Ley 31/1991, de

30 de diciembre, de presupuestos gene-

rales del Estado para 1992; y el párrafo

primero del núm.1 y del núm. 2, en sus

cuatro párrafos, del art. 99 de la citada

Ley 7/1985, según la redacción dada por

el art. 2 de la Ley 10/1993, de 21 de

abril, de modificación del régimen de

puestos de trabajo reservados a funcio-

narios con habilitación de carácter na-

cional. Se discute la constitucionalidad

de las disposiciones legales que regulan el

modo de provisión de los puestos de tra-

bajo de dichos funcionarios, así como la

idoneidad de la Ley de presupuestos para

servir de cauce normativo de dicha regu-

lación.

En el caso objeto de la controversia, el

Tribunal Constitucional considera que

la falta de aplicación efectiva y de desa-

rrollo reglamentario de la disposición

adicional octava de la Ley 31/1991, de-

rogada por la disposición derogatoria

única de la Ley 10/1993, supone que

la derogación de la norma cuestionada

«comporta la desaparición sobrevenida

del objeto del recurso de inconstitucio-

nalidad núm. 830/1992» (FJ 2). Por

consiguiente, el recurso de inconstitu-

cionalidad se deberá ceñir a lo planteado

en el Recurso núm. 2351/1993, en el que

se discute la redacción que dio al art. 99

de la Ley 7/1985 el art. 2 de la Ley

10/1993. El Tribunal recuerda, en este

punto, que el núm. 1 del citado art. 99

fue a su vez modificado por el art. 1 del

Real decreto legislativo 2/1994, de 25 de

junio, el cual no fue impugnado ante el

alto Tribunal. En palabras del Tribunal:

«La modificación introducida en el texto

Sentencia 235/2000, de 5 de octubre (BOE núm. 267, de 7 de noviembre, su-

plemento). Recursos de inconstitucionalidad acumulados planteados por

más de cincuenta diputados del Congreso, respecto de diversos párrafos

del artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local,

en la redacción dada por las leyes 31/1991 y 10/1993. Concurso de méri-

tos y libre designación de funcionarios de la Administración local. Voto

particular.

de la norma impugnada en este recurso

de inconstitucionalidad se refiere, por

tanto, al valor relativo en la puntuación

total de los méritos generales y de los

méritos relacionados con el conocimien-

to de la organización y de la normativa

autonómica [...], [D]ado que estos as-

pectos no fueron cuestionados en su ori-

ginaria configuración y, como se ha di-

cho, tampoco lo han sido en la nueva,

sino que la impugnación se centra [...]

en el 25 por 100 de valoración de méri-

tos que puede establecer la correspon-

diente corporación local, es claro que no

ha desaparecido el objeto de la impugna-

ción» (FJ 3).

El recurso de inconstitucionalidad

combate el sistema de provisión de

puestos de trabajo en las administracio-

nes locales a funcionarios con habilita-

ción de carácter nacional de acuerdo

con lo previsto en el art. 99.1 (primer

párrafo) y 2 (en su totalidad) de la Ley

7/1985, en la redacción dada por la Ley

10/1993. En lo relativo al sistema de

concurso se denuncia la conculcación

de la reserva de ley prevista en el art.

103.3 CE, del cual considera que no

puede derivarse que el 25 por 100 de los

méritos específicos puedan atribuirse a

la correspondiente corporación local. Se

trataría de una habilitación en blanco a

los entes locales que vulneraría el men-

cionado art. 103.3 CE. Cabría, si se die-

ra como válida la regulación impugna-

da, que la valoración de los méritos

específicos respondiera al perfil de un

determinado candidato, lo que llevaría,

según los recurrentes, a un uso desviado

y arbitrario del sistema del concurso

como medio de provisión de plazas. Al

mismo tiempo, los recurrentes conside-

ran que se ha vulnerado la reserva de ley,

al no preverse con mayor concreción los

modos de acreditación de los méritos es-

pecíficos y por la ausencia de toda refe-

rencia a la composición de los tribunales

o comisiones de selección.

El Tribunal Constitucional afirma que

la reserva de ley en el ámbito de la fun-

ción pública presenta unos rasgos pecu-

liares, recordando lo expuesto en la STC

99/1987, de 11 de junio, que resuelve la

impugnación contra la Ley 30/1984, de

2 de agosto, de medidas para la refor-

ma de la función pública. De ahí que,

de acuerdo con los artículos 103.3 y

149.1.18 CE, el Estatuto de la función

pública deba ser expresión de una legis-

lación en la que se dé una determinación

material suficiente de los ámbitos inclui-

dos en el mismo, descartándose todo

apoderamiento a la potestad reglamenta-

ria que sustituya a la Ley. Pero si se respe-

tan estos límites nada impide la remisión

legal al Reglamento (de acuerdo con lo

ya establecido en la STC 57/1982),

como ocurre en el tema que nos ocupa

con el Real decreto 364/1995, de 10 de

marzo, permitiéndose así que los méritos

a valorar tengan conexión con las singu-

laridades de cada corporación local. De

esta manera, en los concursos hay una

primera fase de selección nacional y una

segunda de provisión en cada corpora-

ción local. Este planteamiento es consi-

derado por el Tribunal plenamente ajus-

tado a la autonomía local, ya que la

opción del legislador «aporta una pauta

(la necesaria adecuación a las caracterís-

ticas del puesto) que enmarca el lícito

ejercicio de su potestad de autoordena-

ción por las entidades locales, conjugan-

do, de este modo, las exigencias de la

reserva de ley con el ámbito de la auto-

nomía local» (FJ 5).

El Tribunal Constitucional hace su-

yos los argumentos aducidos por el abo-

gado del Estado, en contra de los re-

currentes, afirmando asimismo que la

pretensión de inconstitucionalidad por

un posible uso torticero o arbitrario

ACTIVIDAD NORMATIVA... 169

nunca deber ser motivo de una declara-

ción de nulidad, ya que se presume el

correcto funcionamiento de los poderes

públicos. Finalmente, el Tribunal consi-

dera que los otros extremos en los que se

planteaba el recurso, como los medios de

acreditación de los méritos o la composi-

ción de los tribunales, son cuestiones

que normalmente se remiten a la regula-

ción reglamentaria, como pone de ma-

nifiesto la regulación de los artículos 15,

16, 19 y 20 del Real decreto 731/1993.

De esta manera, el Tribunal rechaza las

pretensiones de los recurrentes en todo

lo referente a la posible inconstituciona-

lidad del art. 99.1 LBRL sosteniendo,

por el contrario, la corrección constitu-

cional de la regulación del concurso allí

establecido.

En lo referente al sistema de libre de-

signación fijado en el art. 99. 2 LBRL,

los recurrentes entienden que vulnera los

principios constitucionales de organiza-

ción y funcionamiento de las adminis-

traciones públicas, desvirtúa la esencia

del concurso, provoca un tratamiento no

común a los administrados, vulnera la

Carta europea de la autonomía local,

siendo además discriminatoria para los

funcionarios con habilitación de carácter

nacional, sin que se cumplan necesaria-

mente los principios de mérito y capaci-

dad, entre otros muchos extremos que se

alegan. Para el Tribunal, hay que diluci-

dar si sólo el sistema de concurso entre

funcionarios con habilitación de carácter

nacional garantiza la necesaria objetivi-

dad, imparcialidad e independencia, así

como el derecho de acceso a las funcio-

nes públicas, de acuerdo con los princi-

pios de igualdad, mérito y capacidad. Al

sustraer de dicho régimen a cargos direc-

tivos o de especial responsabilidad de de-

terminadas corporaciones locales, pre-

vistos expresamente en la legislación de

régimen local, habrá que analizar si ello

provoca algún vicio de inconstituciona-

lidad. El Tribunal afirma, en el FJ 8, que

la libre designación está prevista en una

norma dotada de rango de Ley y que

constituye una legislación básica realiza-

da por el Estado, que no provoca insegu-

ridad jurídica debido a la claridad de su

redacción, pudiéndose corregir las des-

viaciones en su aplicación por medio de

la jurisdicción contencioso-administra-

tiva. Y en el FJ 9 sostiene que el concurso

no es el único medio constitucionalmen-

te aceptable y reservado a los funciona-

rios con habilitación nacional. Sostiene

que, si bien en la STC 25/1983 defendió

el concurso nacional frente a la regiona-

lización del mismo, lo hizo en el marco

de un conflicto de competencias, y desde

la perspectiva bases-desarrollo. Esta doc-

trina la refrendó la STC 214/1989. En

consecuencia, entiende el Tribunal que

«nada impide que el legislador de lo bási-

co pueda modificar el contenido de lo

formalmente calificado como tal y, por

tanto, introducir junto al sistema de

concurso [...] el de la libre designación

como modo siquiera excepcional de pro-

visión de determinados puestos de traba-

jo» (STC 209/1990, de 20 de diciembre,

FJ 3), por lo que no hay ninguna tacha

de inconstitucionalidad de lo previsto

en el art. 99.2 de la Ley 7/1985 según la

redacción dada por el art. 2 de la Ley

10/1993.

El sistema de libre designación respe-

ta, a juicio del Tribunal Constitucional,

los principios constitucionales de méri-

to y capacidad. En los FJ 10 y siguientes

se extiende sobre este punto. Reitera la

doctrina jurisprudencial sentada en la

STC 207/1988, de 8 de noviembre, y

en la STC 18/1987, de 16 de febrero.

Afirma que los criterios utilizados por el

legislador para determinar los supuestos

en los que puede acudirse al sistema de

libre designación no son arbitrarios ni

AUTONOMIES · 27

170

carentes de un fundamento objetivo y

razonable, ya «que queda reservada a los

puestos que ofrecen una particular rele-

vancia en el conjunto de la llamada Ad-

ministración local, sea por el tipo de en-

tidad de que se trate, por la población

que disponga el municipio, por el pre-

supuesto ordinario de la corporación

[...] o, en definitiva, por el nivel de com-

plemento de destino» (FJ 12). Por otro

lado, se trata, según el Tribunal, de me-

canismos de provisión de puestos de tra-

bajo en la Administración pública, que

no de acceso a la función pública. La li-

bre designación no es incompatible con

los principios de imparcialidad y objeti-

vidad de la Administración. Si bien pue-

de producirse un cierto «debilitamien-

to», como aduce el abogado del Estado,

de la imparcialidad administrativa, ésta

ha de ser ponderada de acuerdo con la

presencia del principio democrático ex-

presado por los representantes locales

democráticamente elegidos, lo cual jus-

tifica la solución adoptada por la ley,

que viene a reducir un supuesto «man-

darinato» de los cuerpos funcionariales

(FJ 13).

Desde la perspectiva del art. 103.3

CE, tanto el concurso como la libre de-

signación —ésta siempre con carácter

excepcional— son sistemas de provisión

de puestos de trabajo entre quienes ya

ostentan la condición de funcionarios

con habilitación de carácter nacional.

No estamos ante el nombramiento de

cargos políticos, ni ante la designación

de personal eventual cualificado. Por lo

tanto, afirma el Tribunal Constitucional:

«La confianza que, en este sentido, pue-

de predicarse de la libre designación, en

cuanto modo de provisión entre funcio-

narios de puestos de trabajo, es la que se

deriva de la aptitud profesional del can-

didato, puesta de manifiesto en los méri-

tos esgrimidos, esto es, en su historial

funcionarial.» El Tribunal pasa luego a

analizar la singularidad de la libre desig-

nación no sólo en el acceso al cargo, sino

en su ejercicio y en el momento de su

cese. En estos aspectos, tampoco es in-

compatible, en principio, con el ejercicio

imparcial de las funciones públicas. Al

ser nombrado por el presidente de la cor-

poración, previa aprobación de las bases

por el Pleno, y al poder ser cesado discre-

cionalmente por aquél, la normativa im-

pugnada garantiza un puesto de trabajo

dentro de la misma corporación, de su

subescala y categoría, que tendrá asigna-

das funciones de apoyo y asesoramiento

jurídico o económico. Así, a juicio del

Tribunal nada compromete la imparcia-

lidad ex art. 103.3 CE. Tampoco acoge

el Tribunal el reproche de los recurrentes

sobre la discriminación que provoca que

existan funcionarios designados libre-

mente, ni respecto del derecho a la ina-

movilidad de residencia, puesto que se

garantiza el mencionado puesto de tra-

bajo una vez cesados. El derecho al car-

go, por su parte, se garantiza con la co-

rrespondiente habilitación nacional no

con el puesto de trabajo concreto, de

acuerdo con el Real decreto legislativo

781/1986. Tampoco acoge el Tribunal la

pretensión de los efectos confiscatorios

de la libre designación, porque no se de-

rivan de la regulación vigente y porque

se trata de un «mero avatar, como se ha

dicho, de la carrera profesional del fun-

cionario» (FJ 14).

El Tribunal, en función de lo reseña-

do anteriormente, desestima el recurso

de inconstitucionalidad.

A la Sentencia sigue un voto particu-

lar suscrito por el magistrado Pablo Gar-

cía Manzano, en el que comparte la de-

saparición sobrevenida del objeto del

Recurso de inconstitucionalidad núm.

830/1992, así como la desestimación del

Recurso núm. 2351/1993, respecto de la

ACTIVIDAD NORMATIVA... 171

inconstitucionalidad del apartado 1 del

art. 99 de la LBRL, según la redacción

dada por la Ley 10/1983. Pero disiente

respecto de la mayoría en lo concernien-

te al apartado 2 de dicho art. 99, regula-

dor del sistema de libre designación.

Considera que debió ser declarado in-

constitucional por vulnerar el art. 103.3

CE, al no garantizar la imparcialidad en

el ejercicio de la función pública a los

funcionarios de carrera de la Adminis-

tración local con habilitación de carácter

nacional. Defiende que la LBRL como

legislación básica no debería haber sido

objeto de reforma puesto que la opción

del concurso como vía exclusiva de pro-

visión de puestos de trabajo en la Admi-

nistración local había sido densamente

regulado. Además, afirma que con la re-

forma operada la libre designación pasa a

ser el existente en las grandes corporacio-

nes. A partir de la crítica a esta alterna-

tiva, que considera contraproducente,

defiende el concurso por el carácter ne-

cesario de las funciones que se desarro-

llan, para garantizar los principios de im-

parcialidad, objetividad e independencia

de la función pública. Por todo ello, en-

tiende que el art. 103. 3 CE «ordena al

legislador, en el contexto de la relación

de empleo público de naturaleza esta-

tutaria, establecer “las garantías para la

imparcialidad en el ejercicio de sus fun-

ciones”». Quiebra el principio de impar-

cialidad y la finalidad a la que responden

ambos sistemas no es la misma. En la li-

bre designación la idoneidad es produc-

to de la confianza, que como tal es dis-

crecional, y no sigue el criterio objetivo

de mérito y capacidad. Considera que se

pone en tela de juicio el propio Estado

de derecho, ya que se trata de funciona-

rios designados por razones de oportuni-

dad política, sin que en su nombramien-

to, en el ejercicio de sus funciones, ni en

su cese, se den razones objetivas.

Joan Lluís Pérez Francesch

AUTONOMIES · 27

172

Sentencia 248/2000, de 19 de octubre (BOE núm. 276, de 17 de noviembre,

suplemento). Cuestión de inconstitucionalidad núm. 3828/1994, plantea-

da por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-

bunal Supremo, en relación con las leyes del Parlamento de las Islas Balea-

res 1/1984, de 14 de marzo, de ordenación y protección de las áreas

naturales de interés especial, y 8/1985, de 17 de julio, de declaración de

«Sa Punta de N’amer» como área natural de especial interés.

Ponente:

Tomás S. Vives Antón.

La presente cuestión de inconstitucio-

nalidad trae causa de un recurso conten-

cioso-administrativo promovido ante el

Tribunal Superior de Justicia de las Islas

Baleares, por denegación de una indem-

nización solicitada como consecuencia

de un supuesto perjuicio provocado por

la declaración de «Sa Punta de N’amer»

como área natural de especial interés.

Entendió en su momento el Tribunal

Superior de Justicia de las Islas Baleares

que ambas leyes habían sido dictadas co-

rrectamente al amparo de la competen-

cia exclusiva autonómica en materia de

ordenación del territorio y urbanismo

(ex art. 10.3 EAIB). Interpuesto recurso

de casación ante el Tribunal Supremo,

éste considera que ambas leyes no se in-

cardinan en dicho título competencial,

sino en la materia de «espacios naturales

protegidos», pues responden a las finali-

dades de ordenación y protección de es-

pacios naturales que cuenten con valores

singulares en cuanto a suelo, flora, fauna

o paisaje. (Conviene precisar que la pri-

mera de las leyes cuya constitucionalidad

se cuestiona define dichas áreas y regula

los efectos que produce la declaración,

mientras que la segunda declara un terri-

torio concreto como «área natural de es-

pecial interés».)

Ello lleva a considerar la normativa

básica estatal, esto es, la Ley 4/1989, de

19 de marzo, de conservación de los es-

pacios naturales y de la flora y fauna sil-

vestres. El marco básico que en ella se

define, siguiendo la argumentación del

Tribunal Supremo, quedaría rebasado

por las leyes cuestionadas, que excede-

rían de su función de desarrollo legisla-

tivo de la normativa estatal, sobrepasan-

do, por tanto, el contenido del artículo

11.5 del Estatuto de autonomía, que es-

tablece, para la Comunidad Autónoma,

en el marco de la legislación básica del

Estado, el desarrollo legislativo y la eje-

cución en materia de espacios naturales

protegidos. El marco básico estatal en la

materia (ex artículo 149.1.23 CE) que-

daría, por tanto, vulnerado.

Frente a ello considera el fiscal general

del Estado que ambas leyes se ajustan a

las exigencias del artículo 149.1.23 de la

Constitución, que permite a las comu-

nidades autónomas establecer «normas

adicionales de protección» respecto a las

bases estatales, en materia de medio am-

biente.

Sin entrar en esta posibilidad, el Go-

bierno y el Parlamento autonómico en-

cuadran la normativa en cuestión en el

ámbito de la ordenación del territorio y

urbanismo, puesto que en ninguna de

las dos leyes autonómicas se contiene

norma alguna que imponga la mejora

del espacio natural, sino que se determi-

na la clasificación de uso del suelo no

urbanizable de especial protección. Lo

sustantivo, consideran, es el régimen ur-

banístico que se prevé para dichas zonas,

quedando el contenido de ambas leyes

amparado por la competencia autonó-

mica en materia de ordenación del terri-

torio y urbanismo.

El Tribunal Constitucional recuerda

la STC 28/1997, en la que se resolvió

otra cuestión de inconstitucionalidad

contra la Ley 1/1984, la primera de las

dos cuestionadas en el caso que nos ocu-

pa.1En este sentido el Tribunal recuerda

su anterior jurisprudencia, según la cual

nada impide un nuevo pronunciamien-

to sobre la Ley ya debatida anteriormen-

te (ver al respecto la STC 41/1983).

De entrada, cabe recordar, como hace

el Parlamento balear, que las dos leyes

sobre las que se promueve cuestión de

inconstitucionalidad fueron derogadas

por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de

espacios naturales y de régimen urbanís-

tico de las áreas de especial protección

de las Islas Baleares. Aún así, sigue sien-

do pertinente alcanzar un juicio de

constitucionalidad sobre dichas leyes.

Según el Tribunal, «[...] el hecho de que

la norma cuestionada no se encuentre ya

en vigor no priva de contenido a la cues-

tión de inconstitucionalidad [...] toda

vez que la posible aplicación de la nor-

ma derogada en el proceso a quo puede

hacer necesario un pronunciamiento de

este Tribunal» (FJ 2).

Siguiendo el pronunciamiento conte-

nido en la citada STC 28/1997, el Tribu-

nal llega a la conclusión de que las leyes

ACTIVIDAD NORMATIVA... 173

1. En relación con la STC 28/1997, de 13 de

febrero, puede consultarse el correspondiente co-

mentario en: Autonomies. Revista Catalana de

Derecho Público, núm. 24, febrero de 1999, pág.

369 a 374.

hoy cuestionadas no se incardinan en las

materias de medio ambiente y espacios

naturales protegidos, dado que sin des-

conocer su incidencia en dichas mate-

rias, las leyes cuestionadas «establecen

disposiciones normativas típicamente

urbanísticas y directamente orientadas a

la planificación territorial y a la delimita-

ción de los usos del suelo, por lo que han

de encuadrarse en el título competencial

relativo a la “ordenación del territorio y

urbanismo”» (FJ 3).

Por lo tanto no se contempla contra-

dicción con la Ley 4/1989, ni extralimi-

tación de la normativa autonómica res-

pecto del título competencial en dichas

materias, título definido en el artículo

10.3 del Estatuto.

Respecto a la posible vulneración del

artículo 33.3 de la Constitución, queda-

ría infringido a criterio del Tribunal, por

no contener la legislación cuestionada

referencia específica a la obligación de

indemnizar las lesiones derivadas de la

declaración. Frente a ello, la representa-

ción del Gobierno balear manifiesta que

aunque la ley hubiera debido prever di-

cha cuestión, el silencio legal se resuelve

por aplicación de la normativa general

sobre responsabilidad de la Administra-

ción. En opinión del fiscal general del

Estado, la citada Ley estatal 4/1989 re-

mite a la legislación expropiatoria, sien-

do esta remisión plenamente eficaz para

resolver este punto. El Tribunal Consti-

tucional descarta la vulneración de di-

cho artículo, nuevamente sobre la base

de los criterios ya establecidos en la Sen-

tencia de 1997, según la cual la omisión

de la ley respecto a la obligación de in-

demnizar queda solventada por la remi-

sión a la normativa general del ordena-

miento jurídico sobre responsabilidad

patrimonial de la Administración. Y

más aún cuando la citada Ley 1/1991 ya

prevé este extremo.

Se plantea también una posible vul-

neración del artículo 24.1 de la Consti-

tución, respecto a la Ley 8/1985, pues-

to que su rango legal impediría su

impugnación por particulares afecta-

dos, por no ser la declaración acto ad-

ministrativo sometido a control en vía

contencioso-administrativa. La repre-

sentación del Gobierno balear rechaza

esta posibilidad, recordando que se pre-

vé en la Ley 8/1985 la aprobación de un

Plan especial para la zona, por parte del

Consejo de Gobierno balear, frente al

que no se interpuso recurso alguno. A la

misma conclusión llega el Tribunal

Constitucional, puesto que «el derecho

a la tutela judicial efectiva no queda

vulnerado por el solo hecho de que una

materia sea regulada por norma de ran-

go legal» (FJ 5). El Tribunal considera

ante todo que nada impide que la Ley

pueda abarcar cualquier contenido. El

hecho de que, como en el presente caso,

una materia quede regulada por ley, ha-

ciéndola inmune a la jurisdicción ordi-

naria, no desvirtúa el contenido de di-

cho artículo de la Constitución, puesto

que ello no impide a jueces y tribunales

recurrir a la cuestión de inconstitucio-

nalidad, instrumento destinado a ase-

gurar que la actuación del legislador se

mantiene dentro de los límites de la

Constitución. Este criterio encuentra

apoyo en la STC 73/2000, de 14 de

marzo, en la que se plantea un caso si-

milar.2

Cristina Dietrich

AUTONOMIES · 27

174

2. En la citada Sentencia, también comenta-

da en el presente número de Autonomies, pág.

140 a 143, se plantea una posible vulneración del

artículo 24 de la Constitución, en relación con

una declaración de área natural de especial inte-

rés realizada previamente por reglamento.

Ponente:

Vicente Conde Martín de Hijas.

La presente Sentencia es producto de

la jurisprudencia del Tribunal en relación

con la delimitación de las bases de una

materia competencia del Estado y la

competencia de las comunidades autó-

nomas en su desarrollo. Manteniendo la

tesis de que la competencia estatal sobre

las bases de una determinada materia

comprende funciones normativas que

aseguren un común uniforme, unas re-

glas a partir de las cuales las comunidades

que tengan asumidas competencias en la

materia puedan ejercerlas, pero sin que

aquellas funciones se agoten con las pro-

pias legislativas sino que también abarcan

las reglamentarias y ejecutivas, el Tribu-

nal debe estudiar si los diferentes precep-

tos enunciados exceden de lo básico en-

trando en la competencia de desarrollo

autonómica o, incluso, eliminándola.

En la línea de una jurisprudencia ca-

suística el Tribunal analiza cada uno de

los diferentes preceptos entendiendo

que son de carácter básico, aun estando

contenidos en un reglamento, puesto

que implican la regulación de diferentes

aspectos de las cooperativas de crédito.

Los fundamentos de la calificación de

básicos están en que la acción de las coo-

perativas de crédito excede del territorio

valenciano y que, además, se insertan en

el sector crediticio cuya ordenación bási-

ca es competencia exclusiva del Estado.

Sólo en el caso del art. 2.1.fadmite el

Tribunal que se ha excedido el Estado

en tanto que regula de forma pormeno-

rizada y exhaustiva la composición del

consejo rector de estas cooperativas, no

dejando margen de actuación a la co-

munidad autónoma que posee compe-

tencias en la materia. El Estado no se ha

limitado a establecer que la cooperativa

ha de tener un órgano social denomina-

do consejo rector sino que, además, ha

marcado cómo ha de estar compuesto,

lo que reside en la competencia autonó-

mica en la materia.

En consecuencia, el Tribunal desesti-

ma parcialmente el recurso presentado

manteniendo el carácter de constitucio-

nales por básicos de los diferentes ar-

tículos impugnados con excepción de lo

que dispone el art. 2.1.fy, por ende,

también entiende que por lo que se re-

fiere a ese artículo la disposición final

cuarta del Real decreto también es in-

constitucional cuando lo declara básico.

José Antonio Fernández Amor

ACTIVIDAD NORMATIVA... 175

Sentencia 275/2000, de 16 de noviembre (BOE núm. 299, de 14 de diciembre,

suplemento). Conflicto positivo de competencia núm. 2143/1993 promo-

vido por el Gobierno valenciano, contra la disposición final cuarta del Re-

glamento de cooperativas de crédito aprobado por el Real decreto

84/1993, de 2 de enero, en cuanto declara básicos los art. 1.1, 2.1 f, 5, 7,

9.1 c, d, 10.2, 28 y 31.1.

AUTONOMIES · 27

176

Ponente:

Carles Viver Pi-Sunyer.

El objeto de examen de esta Sentencia

es el impuesto autonómico que grava la

propiedad de instalaciones que inciden

sobre el medio ambiente. El Tribunal

comienza su tarea estableciendo que las

comunidades autónomas poseen com-

petencia para el establecimiento de sus

propios tributos fundada en el bloque

de constitucionalidad que forman la

Constitución (art. 133.2 y 157.1.b) y el

Estatuto de autonomía balear (art.

57.3). Ahora bien, su poder financiero

general y tributario en particular no es

soberano sino autónomo, por lo que se

debe a los diferentes límites que el orde-

namiento establece en aras de la forma-

ción de un sistema financiero y tributa-

rio global cohesionado.

Concretamente, el límite que es ale-

gado por los recurrentes y utilizado por

el Tribunal para su análisis es el conte-

nido en el art. 6.3 de la Ley orgánica de

financiación de las comunidades autó-

nomas, donde se precisa que las comu-

nidades autónomas sólo podrán estable-

cer y gestionar tributos propios sobre

materias que la legislación reserve a las

corporaciones locales en los supuestos

en los que dicha legislación lo prevea y

en los términos que la misma contem-

ple, debiendo establecerse medidas de

compensación o coordinación adecua-

das a favor de aquellas corporaciones, de

modo que los ingresos de las mismas no

se vean mermados ni reducidos en sus

posibilidades de crecimiento futuro.

Pues bien, es del parecer del Tribunal

que el diseño que ha realizado el legisla-

dor balear del impuesto impugnado lo

hace recaer sobre la propiedad de bienes

inmuebles que están afectos a determina-

das actividades, lo que implica una mate-

ria imponible semejante a la que grava el

IBI que regula la LHL. Esta argumenta-

ción sobre la coincidencia en el objeto del

tributo se ve reforzada cuando se destaca

que la exacción no posee ningún efecto de

carácter extrafiscal que se manifieste a tra-

vés de disuadir de contaminar o potenciar

comportamientos dirigidos a disminuir la

contaminación. El resultado es considerar

que se produce la asunción por parte de la

Comunidad Autónoma de la materia im-

ponible local sin que haya sido previsto en

la LHL —como ocurre con el impuesto

sobre vehículos de tracción mecánica

(disposición adicional quinta LHL)—

ni dispuesto medidas de compensación

para las corporaciones locales como dis-

pone el art. 6.3 LOFCA, que funda-

menta el fallo de inconstitucionalidad y

nulidad de la Ley balear.

El magistrado don Pablo García

Manzano realiza un voto particular a la

sentencia reseñada al que se adhieren

dos magistrados más del Pleno. Su argu-

mentación gira en torno a la idea de que

el impuesto balear enjuiciado no impli-

ca un traslado de la materia imponible

del IBI a la Comunidad Autónoma ni

tampoco existe una coincidencia plena

entre ambos impuestos. El IBI gravará

la propiedad fundiaria y el impuesto ba-

lear elementos vinculados con las activi-

dades de producción y distribución de

energía eléctrica u otras que pueden

agredir el medio ambiente, los cuales

Sentencia 289/2000, de 30 de noviembre (BOE núm. 4, de 4 de enero de

2001, suplemento). Recurso de inconstitucionalidad núm. 838/1992, in-

terpuesto por el presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de

las Islas Baleares 127/1991, de 20 de diciembre, reguladora del impuesto

sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente.

pueden ser o no bienes inmuebles. La

disimilitud entre ambos impuestos fun-

damenta la discordancia en el fallo de

esos magistrados, quienes entienden

que no existe violación del art. 6.3 de la

LOFCA.

José Antonio Fernández Amor

ACTIVIDAD NORMATIVA... 177

Ponente:

Julio Diego González Campos.

La relevancia de la Sentencia no se li-

mita al aspecto competencial. En este

comentario, sin embargo, nos limitare-

mos a describir la posición del Tribunal

sobre las facultades autonómicas en

la materia. Por otro lado, esta decisión

debe vincularse a la casi simultánea STC

292/2000, que versa sobre la actual Ley

de protección de datos de 1999.

El Consejo Ejecutivo interpuso en

1993 un recurso de inconstitucionalidad

contra los art. 24, 31, 39, 40.1 y 2 y la

disposición final tercera de la LORTAD.

La LORTAD sólo permitía a las comu-

nidades autónomas disponer de atribu-

ciones de ejecución en relación con los

ficheros creados por la Administración

autonómica. La representación autonó-

mica, concretamente, cuestiona la cons-

titucionalidad de la facultad ejecutiva

estatal, en manos de la Agencia de Pro-

tección de Datos, sobre ficheros de ti-

tularidad privada y sobre los que sean

creados por las administraciones locales

en Cataluña. No existe previsión compe-

tencial alguna ni en la Constitución, ni

en el Estatuto de autonomía de Catalu-

ña, sobre la legislación y ejecución de la

gestión informática de los datos de ca-

rácter personal. La LORTAD tampoco

fundamenta la atribución exclusiva de la

tutela administrativa a la Agencia estatal

en ningún título competencial concreto.

Y de hecho, en opinión del letrado, esta

facultad puede ser incluida en otros títu-

los competenciales, de manera que tam-

poco es de aplicación la cláusula residual

favorable al Estado (art. 149.3 CE). Dada

la capacidad estatal de regular sobre la

materia, tampoco puede fundamentar-

se la facultad administrativa en el art.

149.1.1 CE. Por lo tanto, la atribución

exclusiva al Estado de las facultades de

ejecución desestima las que puedan co-

rresponder a la Generalidad sobre la base

de los diferentes sectores materiales don-

de tengan aplicación los ficheros infor-

máticos. En consecuencia, la LORTAD

debería haber recogido la competencia

autonómica de ejecución sobre los fiche-

ros de titularidad privada que recayeran

sobre materias que son competencia au-

tonómica; la misma conclusión merecen

los archivos creados por la Administra-

ción local catalana, de acuerdo con las

competencias de régimen local previstas

en el Estatuto (art. 9.8 EAC). La LOR-

Sentencia 290/2000, de 30 de noviembre (BOE núm. 4, de 4 de enero de 2001,

suplemento). Recursos de inconstitucionalidad acumulados núm. 201,

219, 226 y 236/1993, interpuestos, respectivamente, por el Consejo Ejecu-

tivo de la Generalidad de Cataluña, el defensor del pueblo, el Parlamento

de Cataluña y 56 diputados del Grupo Parlamentario Popular, contra los

art. 6.2, 19.1, 20.3, 22.1 y 2.1, 24, 31, 39.1 y 2, 40.1 y 2 y la disposición fi-

nal tercera de la Ley orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del

tratamiento automatizado de datos de carácter personal (LORTAD).

TAD debería haber recogido las compe-

tencias autonómicas que inciden en los

ficheros de titularidad privada y creados

por la Administración local catalana, sin

perjuicio de la previsión de los mecanis-

mos de cooperación y colaboración que

se hubieran considerado oportunos. Por

ello, el art. 40, en relación con los art.

36, 45 y 48 LORTAD, debería ser decla-

rado inconstitucional. Los art. 24, 31 y

39, también impugnados, no hacen más

que confirmar esta opción legislativa. Fi-

nalmente, la disposición final tercera,

que atribuye carácter de ley orgánica al

art. 24, sería contraria también al texto

constitucional, ya que las facultades or-

ganizativas que contiene no son un desa-

rrollo directo del art. 18.4 CE, y se exce-

de del límite reservado a la ley orgánica.

El Parlamento de Cataluña, por su

lado, impugna los art. 24, 31 y 40.1 y 2

de la LORTAD. Sostiene el órgano legis-

lativo autonómico que el desarrollo del

art. 18.4 CE no puede hacerse en perjui-

cio de la distribución de competencias.

Además, la relación existente entre los

apartados 1 y 4 del art. 18 CE impide

considerar que el art. 18.4 CE contenga

derecho fundamental alguno, ni configu-

ra un título competencial a favor del Esta-

do. La falta de título competencial especí-

fico justificaría, según éste, la aplicación

directa del art. 149.1.1 CE, de manera

que correspondería únicamente al Estado

la regulación de las condiciones básicas

que garanticen la igualdad de todos los es-

pañoles en el ejercicio de sus derechos. En

cambio, el legislador estatal ha realizado,

con la previsión de normas organizativas,

una distribución de competencias estata-

les y autonómicas. Los ficheros deben ser

considerados, en definitiva, como un as-

pecto instrumental que ha de reconducir-

se a las diferentes materias objeto de com-

petencias por parte del Estado y de las

comunidades autónomas.

El abogado del Estado, en cuanto a

las alegaciones competenciales —las

únicas que analizaremos aquí—, consi-

dera que son los apartados 1 y 2 del art.

40 el objeto principal del recurso, junto

con el art. 24, en relación con la dispo-

sición final tercera de la LORTAD.

Opone a los anteriores argumentos la

naturaleza sustancial, y no meramente

instrumental, de la protección de datos

personales. De no ser así, se produciría

una dispersión de regímenes jurídicos

estatales y autonómicos de protección

de datos contraria a la seguridad jurídica

(art. 9.3 CE). Según el letrado, o bien se

acepta la consideración de la protección

de datos como una materia y se aplica

la cláusula residual del art. 149.3 CE

—posición que cree más adecuada—, o

bien es el art. 149.1.1 CE el título com-

petencial. Incluso si se acepta la tesis del

Parlamento de Cataluña en el sentido de

que sea una actividad instrumental que

haya que fragmentar completamente, el

art. 149.1.1 CE habilita al legislador

para crear y regular la Agencia de Pro-

tección de Datos. La necesidad de esta-

blecer garantías básicas en todo el terri-

torio y proteger la igualdad de los

españoles justifica la centralización de

las facultades ejecutivas en un órgano

estatal. En cuanto al art. 24 LORTAD,

su criterio básico se debe a la regulación

de una materia que incide directamente

en la limitación del libre uso de la infor-

mática por los particulares y la somete a

intervención administrativa.

La aprobación de la Ley orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de pro-

tección de datos de carácter personal

(LOPD), que deroga la LORTAD,

plantea el problema de la posible pérdi-

da sobrevenida del objeto. Sin embargo,

en cuanto al aspecto competencial el

nuevo art. 41 LOPD sólo reconoce las

competencias autonómicas respecto de

AUTONOMIES · 27

178

ficheros creados o gestionados por los

entes locales catalanes. En cambio, la

controversia sobre los ficheros privados

permanece aún presente, ya que no se

ha cambiado el criterio de la LORTAD

en este punto. Según el Tribunal Cons-

titucional, si la controversia competen-

cial continúa viva después de la deroga-

ción de la Ley, como ocurre en este caso,

debe decidirse en el fondo sobre la mis-

ma. Del análisis de los preceptos de la

LOPD, comparados con los de la LOR-

TAD, se desprende que sólo subsiste la

diferencia respecto de los art. 24, 40.1 y

2 (funciones de la Agencia de Protec-

ción de Datos) y 31 LORTAD (en rela-

ción con los ficheros de titularidad pri-

vada).

El Tribunal afirma, en primer lugar,

la existencia de un derecho fundamen-

tal a la protección de datos, siguiendo la

STC 254/1993 (sobre este punto, la

STC 292/2000 realiza un esfuerzo doc-

trinal parcialmente innovador, ya que

separa los art. 18.1 y 18.4 CE). Por otro

lado, la LORTAD ha previsto que la

Agencia de Protección de Datos realice

un conjunto de funciones de protección

de los datos personales, con carácter

preventivo, así como potestades admi-

nistrativas, de investigación, inspec-

ción, sancionadoras, de resolución de

reclamaciones e incluso normativas.

Pues bien, entrando ya en el conflicto

planteado, se afirma la competencia

estatal para dictar la LORTAD y para

crear la Agencia de Protección de Da-

tos. Además, el supuesto carácter ins-

trumental de las potestades ejecutivas

en relación con materias de competen-

cia autonómica (reconocido en el caso

de la actividad cartográfica respecto de

la competencia de ordenación del terri-

torio y urbanismo, STC 76/1984, de 29

de junio, FJ 1) no es reconocido por el

Tribunal en este supuesto. El art. 18.4

CE, según éste, no puede ser desvirtua-

do por una pretendida naturaleza ins-

trumental de la actividad discutida, que

responde, en cambio, a la necesidad de

protección de los datos personales res-

pecto de un tratamiento informático

que pueda lesionar ciertos derechos

fundamentales. La protección de dere-

chos no es, pues, un instrumento de

ninguna actividad. Ello no excluye, de

todos modos, la necesidad de funda-

mentar la habilitación de la Agencia es-

tatal. Pues bien, la LORTAD es la ley

dictada en cumplimiento del art. 18.4

CE. Asimismo, las funciones de la

Agencia pretenden no sólo el puntual

cumplimiento de la mencionada Ley,

sino también garantizar a los ciudada-

nos el ejercicio del derecho fundamen-

tal a la protección de datos, gracias a su

actuación preventiva. En consecuencia,

los límites fijados por la LORTAD

al uso de la informática deben ser

los mismos en todo el territorio estatal

(art. 81 CE). Sólo así se pueden prote-

ger los derechos enunciados en el art.

18.4 CE. Por otro lado, aunque el art.

149.1.1 CE tiene un alcance esencial-

mente normativo (STC 208/1999, de

15 de noviembre, FJ 6), cuando sea im-

prescindible para garantizar la eficacia

de un derecho fundamental, o la igual-

dad de todos los ciudadanos, la regula-

ción estatal puede contener una previ-

sión institucional (STC 154/1988, de

21 de julio, FJ 3, sobre la Oficina del

Censo Electoral; STC 160/1987, de 27

de octubre, FJ 5, Consejo Nacional de

la Objeción de Conciencia). Dado que

la garantía de los derechos y la igualdad

de todos los ciudadanos es el objetivo de

la actuación de la Agencia estatal, sus

funciones deben ejercerse en todo el te-

rritorio español donde haya ficheros in-

formatizados que sean de titularidad

privada. Por lo tanto, no corresponde la

ACTIVIDAD NORMATIVA... 179

declaración de inconstitucionalidad por

supuesta invasión competencial.

El Tribunal desestima, en consecuen-

cia, los recursos interpuestos por el

Consejo Ejecutivo de la Generalidad de

Cataluña y el Parlamento de Cataluña

contra los art. 24, 31 y 40.1 y 2 de la

LORTAD.

Antoni Roig

AUTONOMIES · 27

180

Sentencia 306/2000, de 12 de diciembre (BOE núm. 14, de 16 de enero de

2001, suplemento). Conflictos positivos de competencias promovidos por

la Junta de Castilla y León y por la Diputación Regional de Cantabria en

relación con el Real decreto 640/1994, de 8 de abril, por el que se aprueba

el Plan de ordenación de los recursos naturales de los Picos de Europa.

Ponente:

Pablo Manuel Cachón Villar.

Votos particulares:

Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.

Tomás S. Vives Antón.

La Junta de Castilla y León considera

que la aprobación por parte del Gobierno

del Plan de ordenación de los recursos na-

turales (en adelante PORN) para la zona

de los Picos de Europa supone una vulne-

ración de las competencias de la Comuni-

dad Autónoma en materia de ordenación

del territorio y urbanismo, así como en su

capacidad de dictar normas adicionales de

protección del ecosistema (ex artículo 26

del Estatuto de autonomía de Castilla y

León. Conviene recordar que tras la refor-

ma de dicho Estatuto, estas materias ven-

drían reguladas por el artículo 32).

Considera la Junta que dicha aproba-

ción desvirtúa el Plan aprobado por la

comunidad autónoma mediante el De-

creto 9/1994, de 20 de enero. Además,

la propia Ley estatal 4/1989, de 27 de

marzo, de conservación de los espacios

naturales y de la flora y fauna silvestre

(en adelante, LCEN) prevé la participa-

ción en este sentido de las comunidades

autónomas, participación que habría

sido obviada en este caso.

Por su parte, la Comunidad Autóno-

ma de Cantabria denuncia el desconoci-

miento de las competencias autonómi-

cas establecidas, en relación con dichas

materias, en el artículo 27 de su Estatu-

to (en la actualidad, artículo 24 del Es-

tatuto reformado).

En definitiva, y en opinión de los re-

currentes, siendo el PORN un instru-

mento de ordenación espacial de un te-

rritorio concreto, su aprobación debe

corresponder, en todo caso, a las instan-

cias autonómicas.

Tras la acumulación de ambos recur-

sos, por coincidir en lo sustancial, el

abogado del Estado interesa su desesti-

mación con los siguientes argumentos:

En primer lugar, considera que el

PORN cumple con la finalidad de pro-

teger y conservar un ecosistema unitario

por sus características intrínsecas, que se

extiende sobre el territorio de varias co-

munidades autónomas. El Plan conse-

guiría alcanzar la finalidad de evitar tra-

tamientos distintos sobre dicha zona,

que podría poner en entredicho la uni-

dad del sistema. Ello vendría justificado,

según el abogado del Estado, por la doc-

trina reiterada del Tribunal Constitucio-

nal en las STC 329/1993 y 243/1994.

Con este tratamiento unitario del eco-

sistema, se conseguiría un mejor cum-

plimiento del mandato contenido en el

artículo 45.2 de la Constitución, esto es,

la utilización racional de los recursos na-

turales y la defensa del medio ambiente.

Por otra parte, y en apoyo de esta ar-

gumentación, se recuerda que el artículo

149.1.23 de la Constitución no reserva

al Estado solamente el establecimiento

de preceptos básicos, sino que se le habi-

lita para establecer toda la normativa que

considere indispensable para la protec-

ción del medio ambiente, sin perjuicio

de las competencias autonómicas. El

PORN se limitaría, en este sentido, a re-

coger los aspectos básicos necesarios para

la protección y conservación del ecosis-

tema unitario de los Picos de Europa.

El Tribunal Constitucional examina

el contenido del PORN, constatando

que éste tiene como finalidad el conoci-

miento, evaluación y protección del sis-

tema natural, así como la regulación de

los usos y actividades compatibles con la

conservación y protección de dicho te-

rritorio.

Considera el Tribunal que los títulos

competenciales esgrimidos por las comu-

nidades autónomas recurrentes tienen

por objeto la actividad consistente en la

delimitación de los diversos usos a que

puede destinarse el suelo o espacio físico

territorial y el equilibrio entre las distin-

tas partes del territorio, habilitando a sus

titulares para la formulación de una polí-

tica global de dicho territorio coordina-

dora de las diferentes acciones públicas y

privadas con impacto territorial. (En este

sentido, se recuerda la STC 40/1998.)

Además, con la finalidad de mantener

la coherencia del sistema competencial

en esta materia, cabría añadir al presente

análisis, según opina el Tribunal, el títu-

lo competencial autonómico relativo al

desarrollo legislativo y la ejecución en

materia de protección del medio am-

biente y de los ecosistemas (previsto res-

pectivamente en los artículos 34.1.5 y

25.7 de los estatutos de autonomía de

Castilla y León y de Cantabria).

La competencia estatal prevista en el

artículo 149.1.23 de la Constitución

habilita al Estado para proceder a un en-

cuadramiento de una política global de

protección ambiental. La legislación bá-

sica a que se refiere dicho artículo está

integrada por normas de rango legal, e

incluso reglamentario, siempre que estas

últimas «resulten imprescindibles y se

justifiquen por su contenido técnico o

por su carácter coyuntural o estaciona-

rio» (STC 102/1995).

Así las cosas, el Tribunal considera que

la difícil separación entre la materia me-

dioambiental y la referida a la planifica-

ción del territorio explica que la atri-

bución de la potestad para la elaboración

y aprobación de los planes de ordenación

corresponda a las comunidades autóno-

mas que tengan asumidas las competen-

cias de desarrollo legislativo y ejecución

en esta materia. Dicho de otro modo, «el

carácter transversal de la competencia

para el establecimiento de la legislación

básica sobre protección del medio am-

biente, permite al Estado introducir un

mandato de planificación de los recursos

naturales, incidiendo con ello sobre las

competencias autonómicas de ordena-

ción del territorio y de desarrollo y ejecu-

ción de la legislación ambiental, asumidas

ambas por las comunidades autónomas

promotoras de los actuales conflictos

positivos de competencia» (FJ 7). El Tri-

bunal considera, sin embargo, que este

mandato no puede llegar al extremo de

justificar la aprobación por parte del Esta-

do de los PORN.

El carácter transversal de la competen-

cia justifica esta «incidencia» de la nor-

mativa básica sobre competencias auto-

nómicas, pero no debemos inferir de ello

la posibilidad de que el Estado apruebe

ACTIVIDAD NORMATIVA... 181

unilateralmente los planes, puesto que

«el grado de detalle que este tipo de ins-

trumentos de planificación ha de incor-

porar (pues en ellos se plasma necesaria-

mente la selección de una de las diversas

alternativas posibles) no se compadece

con el concepto de lo básico» (FJ 7).

Ni siquiera el factor de supraterritoria-

lidad apuntado por el abogado del Estado

desvirtuaría esta conclusión, según el cri-

terio del Tribunal, puesto que éste no re-

presenta, por sí solo, un criterio atributivo

de competencias, «pues esta circunstancia

sólo puede suponer legítimamente un

traslado de la competencia cuando la acti-

vidad pública concernida no sea suscepti-

ble de fraccionamiento y, aun en este

caso, dicha actuación no pueda llevarse a

cabo mediante mecanismos de coopera-

ción o coordinación por requerir un gra-

do de homogeneidad que sólo pueda ase-

gurarse mediante su atribución a un

único titular, que forzosamente ha de ser

el Estado o, en fin, cuando sea necesario

recurrir a un ente con capacidad para in-

tegrar intereses contrapuestos de diversas

comunidades autónomas» (FJ 8).

En consecuencia, el Tribunal Consti-

tucional anula varios apartados del

PORN, por invadir competencias de las

comunidades autónomas recurrentes.

En estos apartados se establecen delimi-

taciones del perímetro de la zona afecta-

da, así como criterios orientadores de las

políticas sectoriales, algunos de los cua-

les excederían del título competencial

del artículo 149.1.23. El grado de detalle

y minuciosidad de dichas previsiones no

pueden recibir el calificativo de básico.1

Por lo que respecta a los votos particu-

lares emitidos en este caso —siendo el se-

gundo, en lo sustancial, concurrente con

el primero—, a continuación resumimos

la argumentación en ellos contenida:

Se considera que en la Sentencia se

ha partido de un error de base, como es

el considerar que los PORN son meros

instrumentos de ordenación del terri-

torio, olvidándose de sus finalidades y

objetivos. Además, según se desprende

de la LCEN, resulta de interés general

para la Nación la conservación de cier-

tos espacios naturales, debiendo reco-

gerse su declaración en ley del Estado, y

debiendo ser su gestión una gestión

conjunta entre el Estado y las comuni-

dades autónomas. En suma, la relación

entre los PORN y la correspondiente

Ley de declaración de un espacio como

parque nacional es tan estrecha que nos

llevaría a la siguiente conclusión: si la

decisión de las Cortes Generales para

declarar un espacio como parque na-

cional ha de basarse en razones de inte-

rés general de la Nación, el PORN co-

rrespondiente es el que acredita la

existencia de tales razones. De lo cual se

desprende que la apreciación de esas ra-

zones no puede corresponder a la co-

munidad autónoma, sino al Estado, so-

bre todo cuando nos referimos a un

espacio situado en el territorio de varias

comunidades autónomas. En conclu-

sión, no deberían haberse considerado

invadidas las competencias de las co-

munidades autónomas.

Cristina Dietrich

AUTONOMIES · 27

182

1. En concreto, el Tribunal declara que los apartados 4, 5 y 7, así como el apartado 3, en cuanto

delimita la zona C —integrada por los «terrenos que constituyen una continuidad natural y cultural

de las anteriores pero que, por su mayor grado de humanización requieren una consideración diferen-

ciada»—, y el apartado 1, en cuanto en él se halla comprendida dicha zona C, todos ellos del PORN

aprobado por Real decreto 640/1994, de 8 de abril, invaden competencias de las dos comunidades au-

tónomas y, por tanto, deben ser anulados.

Leyes orgánicas

—Ley orgánica 15/1999, de 13 de di-

ciembre, de protección de datos de carác-

ter personal.

Recurso de inconstitucionalidad núm.

1463/2000, promovido por el defensor

del pueblo, contra el inciso «o por dis-

posición de superior rango que regule su

uso» del art. 21.1; contra los incisos

«funciones de control y verificación de

las administraciones públicas» y «perse-

cución de infracciones [...] administra-

tivas» del art. 24.1; así como contra el

primer párrafo del art. 24.2 (BOE de 8

de abril de 2000).

—Ley orgánica 10/1995, de 23 de no-

viembre, del Código penal.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

5152/2000, planteada por la Audiencia

Provincial de Barcelona, en relación con

el art. 607.2 (negación o justificación de

los delitos de genocidio) por presunta

vulneración del art. 20.1 CE (BOE de

15 de noviembre de 2000).

Auto del Tribunal Constitucional de 12

de diciembre de 2000, por el que se

acuerda declarar terminada la cuestión

de inconstitucionalidad núm. 4162/

1998, promovida por el Juzgado de lo

Penal núm. 4 de Las Palmas en relación

con el Art. 403 (delito de intrusismo).

Desaparición sobrevenida del objeto

(BOE de 27 de diciembre de 2000).

Leyes ordinarias

—Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de

medidas fiscales, administrativas y del

orden social.

1.3.2. PROCESOS ANTE EL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL1

A cargo de Markus Gonzàlez Beilfuss

1. Normas estatales con rango de ley

1. Esta Sección, que tradicionalmente ha ve-

nido dando noticia de los procesos contra normas

admitidos a trámite por el Tribunal Constitucio-

nal en el año objeto de estudio, presenta a partir

de este número una serie de cambios que deben

ser explicitados. Por un lado, se agrupan los diver-

sos procesos según afecten a normas estatales con

rango de ley, a normas estatales de rango infrale-

gal o a normas autonómicas. En los dos primeros

casos se citan las normas objeto de impugnación

en orden cronológico inverso y se da cuenta de los

diversos procesos admitidos a trámite en relación

con las mismas, así como de otras resoluciones del

Tribunal Constitucional que afectan a su vigencia

o a procesos pendientes de terminación. En el

caso de la normativa autonómica, las normas

afectadas por procesos constitucionales se agru-

pan por comunidades autónomas ordenadas alfa-

béticamente. Por otro lado, la Sección concluye

con un apartado valorativo que pretende señalar

los aspectos más destacados de los procesos cons-

titucionales de competencia del Pleno que han

sido presentados y/o admitidos a trámite durante

el año objeto de estudio. Como no podía ser de

otro modo, esta valoración incorpora los datos

contenidos en la Memoria del Tribunal Constitu-

cional del año objeto de análisis.

Autonomies, núm. 27, diciembre de 2001, Barcelona.

Recurso de inconstitucionalidad núm.

1827/2000, planteado por más de cin-

cuenta diputados del Grupo Parlamen-

tario Socialista contra la totalidad de

Ley y, especialmente, contra los art. 1,

apartados dos, tres y cinco; 3, apartados

uno, dos, cinco y siete; 6, apartados

ocho y diez; 7; 9, apartados tres, seis,

ocho, nueve, diez, quince y dieciséis; 13;

14; 15; 16, apartados tres y cuatro; 18;

19; 20; 22 (con excepción de lo dispues-

to en su apartado siete); 23; 25; 26; 29 a

32; 34; 35; 37 a 44; 46; 47; 49 a 57; 59;

60; 63 a 69; 71; 72; 76 a 78; 81; disposi-

ciones adicionales 3.ª, 7.ª a 9.ª, 13.ª,

16.ª a 19.ª, 24.ª, 25.ª, 27.ª, 28.ª, 30.ª a

32.ª, 34.ª; disposiciones transitorias 1.ª,

2.ª, 8.ª, 10.ª, 12.ª y disposición deroga-

toria 2ª (BOE de 29 de abril de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

1829/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía contra el

art. 54, en cuanto da nueva redacción al

art. 104 de la Ley 27/1999, de 16 de ju-

lio, de cooperativas (BOE de 29 de abril

de 2000).

—Ley 54/1999, de 30 de diciembre, de

presupuestos generales del Estado para

el 2000.

Recurso de inconstitucionalidad núm.

1252/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Extremadu-

ra contra los art. 87 a 90 (BOE de 24 de

marzo de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

1828/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía contra los

art. 87, 88, 89, 90, 91, 93 y 94, y las co-

rrespondientes partidas presupuestarias

de las secciones 32 y 33 (BOE de 29 de

abril de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

1848/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Comuni-

dades de Castilla-La Mancha contra

los art. 87, 88, 89, 90, 91, 93 y 94, así

como contra las correspondientes parti-

das presupuestarias 32 y 33 (BOE de 29

de abril de 2000).

—Ley 46/1999, de 13 de diciembre,

por la que se modifica la Ley 29/1985,

de aguas.

Recurso de inconstitucionalidad núm.

1403/2000, promovido por el Gobier-

no de la Comunidad de Aragón, contra

su artículo único y, concretamente, con-

tra sus apartados vigésimo cuarto, en

cuanto introduce un nuevo art. 61 bis

en la Ley de aguas; decimoséptimo, en

cuanto introduce un nuevo apartado

sexto en el art. 51 de la Ley de aguas; y

cuadragésimo noveno, en cuanto a la

expresión «excepto los previstos en el

art. 61 bis» que contiene el punto pri-

mero de la nueva disposición adicional

octava que introduce (BOE de 8 de

abril de 2000).

—Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre con-

diciones generales de la contratación.

Desistimiento del Gobierno de la Comu-

nidad Foral de Navarra del recurso de

inconstitucionalidad núm. 3021/1998

(BOE de 24 de marzo de 2000).

—Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de

medidas fiscales, administrativas y del

orden social.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

205/2000, planteada por la Sección

Séptima de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo

en relación con la disposición adicional

AUTONOMIES · 27

184

vigésima por posible vulneración de los

art. 14, 23.2 y 103 CE (BOE de 16 de

marzo de 2000).

—Ley 1/1996, de 15 de enero, de pro-

tección jurídica del menor.

Cuestión de inconstitucionalidad 4511/

1999, planteada por el Juzgado de Pri-

mera Instancia núm. 8 de A Coruña en

relación con la disposición final vigesi-

motercera por posible vulneración de

los art. 17.1 y 81.1 CE (BOE de 2 de fe-

brero de 2000).

—Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de

modificación de la Ley 31/1987, de 18

de diciembre, de ordenación de las tele-

comunicaciones.

Auto del Tribunal Constitucional de 17

de octubre por el que se acuerda tener

por extinguido por falta de objeto el re-

curso de inconstitucionalidad núm.

650/1993 (BOE de 3 de noviembre de

2000).

—Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de

puertos del Estado y marina mercante.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

406/2000, planteada por el Juzgado de

lo Contencioso-Administrativo núm. 1

de Oviedo en relación con el art. 70.1

por posible vulneración del art. 31.3 CE

(BOE de 16 de marzo de 2000).

—Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de

presupuestos generales del Estado para

1986.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

1410/2000, planteada por la Sección

Séptima de la Audiencia Provincial de

Sevilla en relación con el apartado 1º de

la disposición adicional decimoctava por

posible vulneración de los art. 9.3, 66.2 y

134.2 CE (BOE de 8 de abril de 2000).

—Ley de enjuiciamiento criminal.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

998/2000, planteada por el Pleno del

Tribunal Constitucional (dimanante del

recurso de amparo núm. 889/1996, en

el que se ha dictado Sentencia el 17 de

febrero de 2000), en relación con los

art. 503 y 504 (BOE de 24 de marzo de

2000).

—Ley de enjuiciamiento civil.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

933/2000, planteada por la Sección Pri-

mera de lo Civil de la Audiencia Provin-

cial de Lleida en relación con el art.

1827, en la redacción dada por la Ley

21/1987, de 12 de noviembre, por posi-

ble vulneración del art. 24.1 CE (BOE

de 24 de marzo de 2000).

—Código civil.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

4511/1999, planteada por el Juzgado de

Primera Instancia núm. 8 de A Coruña

en relación con el art. 211.1 Cc (inter-

namiento de presunto incapaz) por po-

sible vulneración de los art. 17.1 y 81.1

CE (BOE de 2 de febrero de 2000).

Decretos-ley

—Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio,

de medidas urgentes en el sector de las

telecomunicaciones.

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5014/2000, promovido por el Gobieno

de la Generalidad de Cataluña contra el

apartado 2 del art. 7 y la disposición

transitoria y la disposición final segunda

(BOE de 3 de noviembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5053/2000, promovido por el Consejo

ACTIVIDAD NORMATIVA... 185

de Gobierno del Principado de Asturias

contra los art. 7 y 8, y la disposición transi-

toria (BOE de 3 de noviembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5056/2000, promovido por el Gobieno

de la Comunidad Autónoma de Aragón

contra los art. 7.2 y 8, y la disposición

transitoria (BOE de 3 de noviembre de

2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5061/2000, promovido por el Gobieno

de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha contra los art. 7 —incluida

la disposición transitoria— y 8, y la dis-

posición final segunda (BOE de 3 de

noviembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5061/2000, promovido por el Gobieno

de la Junta de Andalucía contra el art. 7

(BOE de 3 de noviembre de 2000).

—Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio,

de medidas urgentes de intensificación

de la competencia en mercados de bie-

nes y servicios.

Recurso de inconstitucionalidad núm.

4989/2000, promovido por el Parla-

mento de Cataluña en relación con el

art. 43 y el párrafo octavo de la disposi-

ción final segunda (BOE de 3 de no-

viembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5013/2000, promovido por el Gobierno

de la Generalidad de Cataluña en rela-

ción con los art. 3 y 43 y las disposicio-

nes transitoria primera y final segunda

(BOE de 3 de noviembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5018/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Andalucía

en relación con el art. 43 y el párrafo oc-

tavo de la disposición final segunda

(BOE de 3 de noviembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5019/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de las Islas Baleares en rela-

ción con los art. 3 y 43 y las disposicio-

nes transitoria primera y final segunda

(BOE de 3 de noviembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5025/2000, promovido por el Parla-

mento de Navarra contra el art. 43 y,

por conexión, la disposición final se-

gunda (BOE de 3 de noviembre de

2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5052/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno del Principado de Asturias

en relación con el art. 43 y el párrafo oc-

tavo de la disposición final segunda

(BOE de 3 de noviembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5044/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Extremadu-

ra contra el art. 43 y, por conexión, la

disposición final segunda (BOE de 3 de

noviembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5058/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha contra el art.

43 y la disposición final segunda, párra-

fo penúltimo (BOE de 3 de noviembre

de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5081/2000, promovido por el Gobier-

no de la Comunidad Autónoma de Ara-

gón contra el art. 43 (BOE de 3 de no-

viembre de 2000).

—Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio,

de medidas urgentes de liberalización

del sector inmobiliario y transportes.

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5023/2000, promovido por más de cin-

cuenta diputados del Grupo Parlamen-

AUTONOMIES · 27

186

tario Socialista contra el art. 1 (BOE de

3 de noviembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5023/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Andalucía

contra el art. 1 (BOE de 3 de noviembre

de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5045/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Extremadu-

ra contra el art. 1, apartados 2 y 3 (BOE

de 3 de noviembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5051/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno del Principado de Asturias

contra el art. 1 (BOE de 3 de noviembre

de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5054/2000, promovido por el Gobier-

no de la Comunidad Autónoma de Ara-

gón contra el art. 1, en cuanto en sus

tres apartados da nueva redacción al art.

9.2, añade un nuevo apartado 2 al

art. 15 y adiciona un nuevo apartado 1 y

un nuevo apartado 3 al art. 16, todos

ellos de la Ley 6/1998, de 13 de abril,

sobre el régimen del suelo y valoraciones

(BOE de 3 de noviembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5059/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha contra el art.

1 y las disposiciones finales primera y se-

gunda, párrafo primero (BOE de 3 de

noviembre de 2000).

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5099/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de las Islas Baleares contra

el apartado 3 del art. 1, en cuanto adi-

ciona un nuevo apartado tres al art. 16

de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre

régimen del suelo y valoraciones, así

como contra el inciso primero de la dis-

posición final segunda (BOE de 3 de

noviembre de 2000).

—Real decreto-ley 2/1996, de 26 de

enero, sobre determinadas prestaciones

patrimoniales de carácter público ges-

tionadas por la Administración general

del Estado y los entes públicos de ella

dependientes

Cuestiones de inconstitucionalidad núm.

3562/2000, 3572/2000, 4174/2000,

5572/2000 y 5573/2000 planteadas por

la Sección Séptima de la Sala de lo Con-

tencioso-Administrativo de la Audien-

cia Nacional en relación con el art.1,

por presunta vulneración de los art.

31.3 y 86 CE (BOE de 15 de noviembre

y de 1 de diciembre de 2000).

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

5344/2000, planteada por la Sección

Séptima de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacio-

nal en relación con el art. 1, por presun-

ta vulneración de los art. 9.3 y 31.3 CE

(BOE de 15 de noviembre de 2000).

Decretos legislativos

—Real decreto legislativo 1/1994, de

20 de junio, por el que se aprueba el tex-

to refundido de la Ley general de la Se-

guridad Social.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

4328/1999, planteada por el Juzgado de

lo Social núm. 5 de Alicante en relación

con el art. 143.2 por posible vulnera-

ción de los art. 14 y 41, en relación con

el art. 9.2 CE (BOE de 8 de abril de

2000).

—Decreto legislativo 1/1993, de 24 de

septiembre, por el que se aprueba el tex-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 187

2. Normas estatales con rango infralegal

—Real decreto 324/2000, de 3 de marzo,

por el que se establecen normas básicas de

ordenación de las explotaciones porcinas.

Conflicto positivo de competencia núm.

3899/2000, promovido por el Consejo

to refundido de la Ley del impuesto so-

bre transmisiones patrimoniales y actos

jurídicos documentados.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

4783/1999, planteada por la Sección

Quinta de la Audiencia Provincial de

Málaga en relación con el art. 37, por

posible vulneración del art. 24 CE

(BOE de 25 de febrero de 2000).

—Real decreto legislativo 3050/1980,

de 30 de diciembre, por el que se aprue-

ba el texto refundido de la Ley del im-

puesto sobre transmisiones patrimonia-

les y actos jurídicos documentados.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

1438/2000, planteada por la Sección Se-

gunda de la Sala de lo Contencioso-Ad-

ministrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Castilla-La Mancha en rela-

ción con el art. 59.2, en la redacción dada

por el art. 25 de la Ley 29/1991, por po-

sible vulneración de los art. 9.3, 14, 24.1

y 31.1 CE (BOE de 8 de abril de 2000).

—Decreto 632/1968, de 21 de marzo,

por el que se aprueba el texto refundi-

do de la Ley sobre responsabilidad civil

y seguro de la circulación de vehículos

a motor.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

1364/1999, planteada por el Juzgado de

Primera Instancia núm. 13 de Zaragoza

en relación con el art. 1.2 y apartados 1,

4, 5, 7 y 10 del ordinal primero del anexo,

en la redacción dada por la disposición

adicional octava de la Ley 30/1995, de 8

de noviembre, de ordenación y supervi-

sión de los seguros privados. Posible vul-

neración de los art. 14, 24.1 y 117.3 CE

(BOE de 11 de febrero de 2000).

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

4085/1999, planteada por el Juzgado de

Primera Instancia e Instrucción núm. 3

de Logroño en relación con el art. 1.2 y

con los apartados 1 y 7 del punto prime-

ro del anexo (BOE de 15 de noviembre

de 2000).

—Decreto 3313/1966, de 29 de di-

ciembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del impuesto sobre

actividades y beneficios comerciales in-

dustriales.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

660/2000, planteada por la Sección Pri-

mera de la Sala de lo Contencioso-Ad-

ministrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Cataluña en relación con el

art. 9.7 por presunta vulneración de los

art. 14, 31.1, 38 y 133.3 CE (BOE de

12 de julio de 2000). Admisión a trámi-

te de otras 25 cuestiones de inconsti-

tucionalidad planteadas por el mismo

órgano jurisdiccional (BOE de 3 de oc-

tubre y de 15 de noviembre de 2000).

AUTONOMIES · 27

188

de Gobierno de la Junta de Extremadu-

ra en relación con los art. 1, 3, 5 y 6

(BOE de 5 de agosto de 2000).

Conflicto positivo de competencia núm.

3919/2000, promovido por el Gobier-

no de Aragón en relación con los art.

1.1; 2.2 j; 2.2 k; 2.2 m; 3.B; 5.1.B).1;

2.2.A).; 7.7; 8.3; y las disposiciones adi-

cionales segunda, y transitorias primera

y segunda (BOE de 5 de agosto de

2000).

—Real decreto 69/2000, de 21 de ene-

ro, por el que se regulan los procedi-

mientos de selección para el ingreso en

los centros universitarios y requisitos le-

gales para el acceso a la universidad.

Conflicto positivo de competencia núm.

2851/2000, promovido por el Gobier-

no de la Generalidad de Cataluña, en

relación con el art. 9.1 y las disposicio-

nes adicionales cuarta y quinta (BOE de

13 de junio de 2000).

—Real decreto 1803/1999, de 26 de

noviembre, por el que se aprueba el Plan

director de la red de parques nacionales.

Conflicto positivo de competencia núm.

2287/2000, planteado por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Andalucía

en relación con los art. 1, 2 y 3, y de di-

versos apartados de su anexo (BOE 23

de mayo de 2000).

—Real decreto 1640/1999, de 22 de

octubre, por el que se regula la prueba

de acceso a estudios universitarios.

Conflicto positivo de competencia núm.

1037/2000, promovido por el Gobier-

no de la Generalidad de Cataluña en re-

lación con los art. 5.1; 6, apartados 1 y

2; 7; 8, apartados 1, 4, 5, 6 y 7; 10; 11;

12; 14, apartados 2 a 4; 15 y 16, y dis-

posición final primera (BOE de 24 de

marzo de 2000).

—Orden del Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación de 20 de enero de

de 2000, por la que se modifica la Or-

den de 19 de junio de 1997, por la que

se establece el procedimiento para la au-

torización de transferencias de derechos

de replantación de viñedos entre distin-

tas comunidades autónomas o en una

denominación de origen que afecte a va-

rias comunidades autónomas.

Conflicto positivo de competencia núm.

2857/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha en relación

con su artículo único (BOE de 13 de ju-

nio de 2000).

Conflicto positivo de competencia núm.

3065/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Extremadu-

ra (BOE de 30 de junio de 2000).

—Resolución de la Presidencia del orga-

nismo autónomo de Parques Nacionales

de 13 de enero de 2000, por la que se

convoca la concesión de subvenciones

públicas estatales en las áreas de influen-

cia socioeconómica de los parques na-

cionales para el año 2000.

Conflicto positivo de competencia núm.

2801/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Andalucía

(BOE de 13 de junio de 2000).

—Resoluciones del Ministerio de Fo-

mento de 6 de julio y de 5 de noviembre

de 1999, recaídas en el expediente san-

cionador CI/S/3301/98, mediante las

que se imponen determinadas sanciones

a la empresa «Ciudad Real Noticias,

SA», así como contra el acto de precin-

tado de sus equipos por la utilización de

frecuencias radioeléctricas sin autoriza-

ción administrativa.

Conflicto positivo de competencia núm.

1824/2000, planteado por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha (BOE de 29

de abril de 2000).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 189

Andalucía

—Ley del Parlamento de Andalucía

16/1999, de 28 de diciembre, del presu-

puesto de la Comunidad Autónoma

para 2000.

Recurso de inconstitucionalidad núm.

1832/2000, promovido por el presidente

del Gobierno contra la disposición adi-

cional quinta. Suspensión de su vigencia

por invocación del art. 161.2 CE (BOE

de 29 de abril de 2000). Mantenimiento

de la suspensión acordado por el Auto del

Tribunal Constitucional de 19 de sep-

tiembre (BOE de 3 de octubre de 2000).

—Ley del Parlamento de Andalucía

15/1999, de 16 de diciembre, de cajas

de ahorro de Andalucía.

Recurso de inconstitucionalidad núm.

453/2000, promovido por el presidente

del Gobierno contra las letras b, cy fdel

apartado primero del art. 44 y los apar-

tados 2 y 3 de la disposición adicional

primera. Suspensión de la vigencia y

aplicación de los preceptos impugnados

por invocación del art. 161.2 CE (BOE

de 25 de febrero de 2000). Levanta-

miento de la suspensión de las letras b, c

y fdel apartado primero del art. 44 y

mantenimiento de la suspensión de los

apartados 2 y 3 de la disposición adicio-

nal primera, acordados por Auto del Tri-

bunal Constitucional de 13 de julio

(BOE de 26 de julio de 2000).

—Ley del Parlamento de Andalucía

8/1999, de 27 de octubre, del espacio

natural de Doñana.

Recurso de inconstitucionalidad núm.

368/2000, promovido por el presidente

del Gobierno. Suspensión de la vigencia

y aplicación de la Ley por invocación

del art. 161.2 CE (BOE de 11 de febre-

ro de 2000). Mantenimiento de la sus-

pensión acordado por Auto del Tribunal

Constitucional de 25 de julio (BOE de

5 de agosto de 2000).

Aragón

—Ley del Parlamento de Aragón

10/1994, de 31 de octubre, de caza.

Desistimiento del Presidente del Gobier-

no respecto del recurso de inconstitu-

cionalidad núm. 455/1995 (BOE de

115 de marzo 2000)

—Resolución del Consejo Superior de

Deportes de 8 de septiembre de 1999,

por la que se convocan subvenciones a

universidades privadas y programas de

ayudas a deportistas universitarios de

alto nivel.

Conflicto positivo de competencia núm.

843/2000, promovido por el Gobierno

de la Generalidad de Cataluña (BOE de

16 de marzo de 2000).

—Resolución de la Secretaría General de

Comunicaciones de Ministerio de Fo-

mento, de 22 de julio de 1999, por la que

se autoriza la transmisión de acciones de

«Uniprex, SA», propiedad de «Once SA»,

a favor de «Telefónica Media, SA».

Conflicto positivo de competencia núm.

655/2000, promovido por el Consejo

de Gobierno de la Junta de Andalucía

(BOE de 16 de marzo de 2000).

AUTONOMIES · 27

190

3. Normativa autonómica

—Ley del Parlamento de Aragón

10/1992, de 4 de noviembre, de fianzas

de arrendamientos y otros contratos.

Desistimiento del presidente del Gobier-

no respecto del recurso de inconstitu-

cionalidad núm. 472/1993 (BOE de 15

de marzo de 2000).

Canarias

—Ley del Parlamento de Canarias

9/1999, de 13 de mayo, de ordenación

del territorio.

Auto del Tribunal Constitucional de 18

de enero por el que se acuerda, en rela-

ción con el Recurso de inconstituciona-

lidad núm. 3547/1999, mantener la

suspensión de los art. 217, 224.1, 228.3

a y 220.2 (salvo el inciso relativo a los

vertidos al mar), y levantar la suspen-

sión para las referencias a las zonas peri-

féricas de protección (BOE de 2 de fe-

brero de 2000).

—Ley del Parlamento de Canarias

8/1999, de 27 de abril, de creación de

las escalas de profesores numerarios y

maestros de taller de formación profe-

sional marítimo-pesquera.

Auto del Tribunal Constitucional de 7

de febrero por el que se acuerda levantar

la suspensión de los preceptos impugna-

dos por el presidente del Gobierno en el

Recurso de inconstitucionalidad núm.

3536/1999 (BOE de 17 de febrero de

2000).

—Ley del Parlamento de Canarias

2/1999, de 4 de febrero, de medidas ur-

gentes económicas, de orden social y re-

lativas a la organización administrativa

de la Comunidad Autónoma de Cana-

rias para el ejercicio de 1999.

Cuestiones de inconstitucionalidad núm.

5516/2000 y 5517/2000, planteadas por

el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife

en relación con la disposición transitoria

primera (BOE de 14 de diciembre 2000).

—Decreto legislativo 1/2000, de 8 de

mayo, por el que se aprueba el texto re-

fundido de las leyes de ordenación del

territorio de Canarias y de espacios na-

turales de Canarias.

Providencia del Tribunal Constitucional

por la que se acuerda entender que el

Recurso de inconstitucionalidad núm.

3547/1999 promovido por el presidente

del Gobierno contra determinados pre-

ceptos de la Ley 9/1999, de 13 de mayo,

del Parlamento de Canarias, se refiere al

artículo único del Decreto legislativo

1/2000, en la medida que redacta deter-

minados preceptos de forma idéntica

(BOE de 12 de octubre de 2000).

Castilla-La Mancha

—Ley de Castilla-La Mancha 6/1999,

de 15 de abril, de protección de la cali-

dad del suministro eléctrico.

Auto del Tribunal Constitucional de 20

de enero acordando el levantamiento de

la suspensión de los artículos impugna-

dos por el presidente del Gobierno en el

Recurso de inconstitucionalidad núm.

3446/1999 (BOE de 2 de febrero de

2000).

—Decreto 54/2000, de 21 de marzo, so-

bre régimen jurídico de las televisiones

locales por ondas terrestres, de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha.

Conflicto positivo de competencia núm.

2122/2000, planteado por el Gobierno

ACTIVIDAD NORMATIVA... 191

de la Nación en relación con los art.

16.1.e, inciso «técnicas»; 19.1, primer

párrafo, en cuanto se remite al régimen

sancionador previsto en los art. 76 a 83

de la Ley 11/1998; y disposición transi-

toria única, apartado 4, en cuanto dispo-

ne que, transitoriamente y hasta la fecha

en que se otorguen las correspondientes

concesiones, podrán seguir emitiendo en

su ámbito de cobertura las emisoras de

televisión local por ondas terrestres «en

funcionamiento con anterioridad a la

entrada en vigor de la presente norma».

Suspensión de la vigencia de los precep-

tos impugnados por invocación del art.

161.2 CE (BOE de 11 de mayo de

2000). Levantamiento de la suspensión

de los art. 16.1.ey 19.1 acordado por

Auto del Tribunal Constitucional de 3

de octubre (BOE de 12 de octubre de

2000).

Castilla y León

—Ley 11/1997, de 26 de diciembre, de

las Cortes de Castilla y León, de medidas

económicas, fiscales y administrativas.

Desistimiento del presidente del Gobier-

no respecto del Recurso de inconstitu-

cionalidad núm. 1449/1998 (BOE de

23 de mayo de 2000).

Cataluña

—Ley del Parlamento de Cataluña

8/1988, de 7 de abril, del deporte.

Auto del Tribunal Constitucional de 11

de abril de 2000 por el que se acuerda el

mantenimiento de la suspensión del in-

ciso «las federaciones deportivas catala-

nas de cada modalidad deportiva son las

representantes del respectivo deporte fe-

derado catalán en los ámbitos supraau-

tonómicos» del art. 19.2, en la redac-

ción dada por la Ley 9/1999, de apoyo a

las selecciones catalanas (BOE de 29 de

abril de 2000).

—Resolución del Departamento de Jus-

ticia de 13 de octubre de 1999 por la

que se inscriben en el Registro de cole-

gios profesionales de la generalidad los

estatutos del colegio de censores jurados

de cuentas.

Conflicto positivo de competencia núm.

1081/2000, promovido por el Gobierno

de la Nación. Suspensión de la Resolu-

ción por invocación del art. 161.2 CE

(BOE de 24 de marzo de 2000). Levanta-

miento de la suspensión por Auto de 25

de julio (BOE de 5 de agosto de 2000).

Extremadura

—Ley de Extremadura 3/1996, de 25

de junio, de atención farmacéutica de la

Comunidad Autónoma.

Cuestiones de inconstitucionalidad núm.

2861/2000 y 4573/2000, planteadas por

la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Ex-

tremadura, en relación con la disposición

transitoria segunda, por presunta vulne-

ración del art. 24.1 CE (BOE de 3 de oc-

tubre y de 28 de diciembre de 2000).

Illes Balears

—Ley del Parlamento de las Illes Balears

8/2000, de 27 de octubre, de consejos

insulares.

Recurso de inconstitucionalidad núm.

6433/2000, promovido por el presiden-

AUTONOMIES · 27

192

te del Gobierno en relación con los art.

7.1, 3 y 5; 8.1.hy v, 2 y 3; 9.1.uy 3;

10.2; 12, 13, 14, 15.1.ay 2, párrafo se-

gundo; 16.1 y 3; 17.2; 18.1; 20.4, 5 y 6;

y 22.2 y 3. Suspensión de los preceptos

impugnados por invocación del art.

161.2 CE (BOE de 28 de diciembre de

2000).

—Ley del Parlamento de las Illes Balears

12/1999, de 23 de diciembre, de medi-

das tributarias, administrativas y de fun-

ción pública y económicas

Conflicto en defensa de la autonomía lo-

cal núm. 3179/2000, planteado por

dieciséis municipios de la Comunidad

Autónoma en relación con el art. 17

(BOE de 3 de octubre de 2000).

—Ley del Parlamento de las Illes Balears

5/1996, de 18 de diciembre, de medidas

tributarias y administrativas.

Cuestión de inconstitucionalidad núm.

4891/1999, planteada por la Sala de lo

Social del Tribunal Superior de Justicia

de las Illes Balears en relación con el

art. 6.5 por presunta vulneración de los

art. 14 y 37.1 CE (BOE de 3 de octubre

de 2000).

—Acuerdo del Consejo de Gobierno de

las Illes Balears por el que se aprueba la

concesión de una ayuda económica para

determinados beneficiarios de pensio-

nes asistenciales no contributivas, publi-

cado mediante Resolución de 17 de

noviembre de 1999 del Consejero de

Trabajo y Bienestar Social.

Conflicto positivo de competencia núm.

367/2000, planteado por el Gobierno

de la Nación (BOE de 11 de febrero de

2000).

Madrid

—Ley 15/1991, de 13 de diciembre, de

la Asamblea de Madrid, por la que se

aprueban los presupuestos generales

para 1991.

Cuestión de inconstitucionalidad 4783/

1999, planteada por la Sección Séptima

de la Sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo del Tribunal Superior de Justicia

de Madrid en relación con el art. 20 por

posible vulneración de los art. 9.3, 14,

134.2 y 149.1.18 CE (BOE de 25 de fe-

brero de 2000).

Navarra

—Ley foral 6/2000, de 3 de julio, del

Parlamento de Navarra, para la igualdad

jurídica de las parejas estables.

Recurso de inconstitucionalidad núm.

5297/2000, promovido por más de cin-

cuenta diputados del Grupo Parlamen-

tario Popular (BOE de 15 de noviembre

de 2000).

País Vasco

—Ley del Parlamento vasco 17/1994,

de 30 de junio, sobre derecho al aprove-

chamiento urbanístico.

Cuestiones de inconstitucionalidad núm.

4104/1999, 5042/1999, 4105/1999,

3926/2000, 4202/2000 y 4203/2000

planteadas por la Sección Segunda de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia del País

Vasco, respecto al art. 11, por posible

vulneración del art. 149.1.1 CE (BOE

de 2 y 25 de febrero y de 27 de diciem-

bre de 2000).

ACTIVIDAD NORMATIVA... 193

AUTONOMIES · 27

194

4. Valoración general

Durante el año 2000 se ha producido un sensible aumento de los asuntos ingre-

sados en el Pleno (han pasado de los 69 en el año 1999 a los 139 en el 2000) que,

como es lógico, se ha traducido en un elevado número de procedimientos admiti-

dos a trámite. Aunque entre éstos se encuentran algunos asuntos ingresados en el

año anterior (concretamente 24), en el año analizado el Pleno ha admitido a trámi-

te 105 asuntos, ha inadmitido 15 y ha dejado 19 casos pendientes de admisión.

Este incremento de los asuntos de Pleno presentados y/o admitidos a trámite ha

afectado sobre todo a los recursos de inconstitucionalidad (durante el año 2000 han

ingresado 35 y se han admitido a trámite 33) y a las cuestiones de inconstitucionali-

dad (han ingresado 85 y se han admitido a trámite 56).

Sin embargo, tal y como se desprende de la relación que precede a estas líneas,

este incremento se explica en buena medida por la presencia de procedimientos que

recaen sobre el mismo o parecido objeto. Así, de los 33 recursos de inconstituciona-

lidad admitidos a trámite durante el año 2000, 21 tienen por objeto los 3 decretos-

ley de liberalización del suelo, de los horarios comerciales y de la inspección técnica

de vehículos de motor aprobados por el Gobierno en el mes de junio. Por su parte,

de las 56 cuestiones de inconstitucionalidad admitidas a trámite, 26 son idénticas y

han sido presentadas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto a la norma que exime

a las cajas de ahorro del impuesto de actividades económicas.

Durante el año 2000, el incremento de los conflictos positivos de competencia

ha sido menor, habiéndose presentado 16 (3 más que el año anterior), de los cuales

14 habían sido admitidos a trámite al finalizar el año. Por último, cabe destacar que

en el año 2000 se han presentado los tres primeros conflictos en defensa de la auto-

nomía local desde la creación de este procedimiento, aunque al finalizar el año sólo

se había admitido a trámite el presentado por dieciséis municipios contra una ley

balear que exime a determinadas actividades de la preceptiva licencia municipal.

Entrando ya en el contenido de los diversos tipos de procedimientos competencia

del Pleno, cabe destacar, una vez más, que la inmensa mayoría de los recursos de in-

constitucionalidad admitidos a trámite durante el año 2000 tiene naturaleza conflic-

tual. Así, de los 33 recursos admitidos a trámite 25 han sido presentados por comu-

nidades autónomas (generalmente por sus gobiernos) contra leyes del Estado, 4 por

el presidente del Gobierno contra leyes autonómicas, y 1 por diputados del Grupo

Popular contra una ley foral navarra. En cambio sólo 2 recursos de inconstitucionali-

dad han sido presentados por la oposición (contra la Ley de acompañamiento de

1999 y el Decreto-ley de liberalización del suelo) y 1 por parte del defensor del pue-

blo (contra la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal), habiendo

sido admitidos a trámite en los tres casos.

Por lo que respecta a las cuestiones de inconstitucionalidad, cabe destacar que

durante el año 2000 han continuado siendo claramente mayoritarias las interpues-

tas por los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Aunque

distorsionadas, como se ha visto, por la presencia de múltiples procedimientos

idénticos, tanto las cifras de cuestiones de inconstitucionalidad presentadas como

las de cuestiones admitidas a trámite ponen de relieve que las elevadas por estos tri-

ACTIVIDAD NORMATIVA... 195

bunales se sitúan muy por delante de las planteadas por las audiencias provinciales y

por los juzgados de primera instancia e instrucción, de lo contencioso-administrati-

vo y de lo social. Por no citar la única cuestión presentada por el Tribunal Supremo

(y admitida a trámite por el Constitucional) y las siete planteadas por la Audiencia

Nacional, de las cuales al finalizar el año habían sido admitidas a trámite seis con

idéntico objeto.

Finalmente, y por lo que respecta a los conflictos positivos de competencia, cabe

destacar que de los 16 planteados a lo largo del año 2000, 13 lo han sido por parte

de los gobiernos autonómicos contra normas estatales y 3 por parte del Gobierno

de la Nación contra normas autonómicas. Teniendo en cuenta los recursos de in-

constitucionalidad de carácter competencial, la mayor litigiosidad se ha dado entre

Andalucía y el Estado, que se han enfrentado en 11 procedimientos (5 recursos y 3

conflictos promovidos por el Gobierno andaluz contra normas estatales, por 3 re-

cursos presentados por el presidente del Gobierno contra leyes andaluzas). El se-

gundo volumen más alto de litigiosidad se ha dado entre Cataluña y el Estado, que

han actuado como partes enfrentadas en 9 nuevos procedimientos (3 recursos y

1 conflicto interpuestos por las instituciones catalanas contra disposiciones estatales,

por 2 conflictos planteados por el Gobierno de la Nación contra normas catalanas).

A corta distancia se encuentra la litigiosidad habida entre Castilla-La Mancha y el

Estado (7 procedimientos: 4 recursos y 1 conflicto planteados por la Comunidad

Autónoma, por 1 conflicto por parte del Gobierno de la Nación), entre Extrema-

dura y el Estado (5 procedimientos: 3 recursos y 2 conflictos planteados todos ellos

por la Junta de Extremadura), entre Aragón y el Estado (5 procedimientos: 4 recur-

sos y 1 conflicto planteados por el Gobierno aragonés), entre las Illes Balears y el Es-

tado (4 procedimientos: 2 recursos por parte del Gobierno balear, y 1 recurso y

1 conflicto planteados por el Gobierno de la Nación), y entre el Principado de As-

turias y el Estado (3 recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno

del Principado). Una vez más, las cifras del año 2000 ponen de manifiesto que la li-

tigiosidad territorial tiene una clara componente política que provoca que se con-

centre (dejando ahora de lado el caso de Cataluña) entre el Estado y las comunida-

des autónomas gobernadas por el principal partido de la oposición a nivel estatal.

Instituciones del Estado

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