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Competencia, banca y tarjetas de crédito

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Vincent
AutorFernando Zunzunegui

Tras la polémica entre comerciantes y banqueros por los descuentos aplicados por el uso de tarjetas, no tenemos noticias sobre el resultado de las negociaciones tendentes a fijar precios máximos en la prestación de este servicio financiero. Pero no resulta extraño pues, de haberse concertado dicho acuerdo, sería ilegal por ser contrario a las leyes que rigen la libre competencia en el mercado.

El servicio de mediación en los pagos que prestan los bancos mediante los sistemas de tarjetas, es, como todo los servicios bancarios, una actividad económica sometida a las reglas del mercado. Hace años que se descartó en la Unión Europea la pretensión de considerar la actividad bancaria como un servicio de interés general excluido de las normas que rigen la libre competencia. En este sentido, el precio de los servicios financieros debe resultar de la libre concurrencia y están prohibidos los acuerdos de fijación de precios.

Por esta razón, llama la atención que desde el Gobierno se haya favorecido un acuerdo de este tipo. Y, también, que la oposición, haya tratado de institucionalizar esta clase de arreglos, a través de iniciativas legislativas. La cordura ha venido de la mano del Director General del Banco de España, Raimundo Poveda, al cuestionar la legalidad de este tipo de soluciones.

Los acuerdos de fijación de precios son anticompetitivos por que distorsionan el mercado, al impedir una adecuada asignación de los recursos. Cada usuario debe soportar el coste del servicio prestado. No es lícito imponer a unos comerciantes que subsidien a los que incurren en costes mas altos al hacer un uso residual del servicio de tarjeta. Debe ser el mercado, quien fije los precios. Pero para hacerlo, en primer lugar es necesario determinar cuál es el servicio prestado y quiénes son los usuarios del mismo.

El servicio de tarjeta que prestan los bancos a sus clientes tiene dos vertientes. Por una lado, los bancos prestan un servicio de pagos a los titulares de las tarjetas, y por otro, un servicio a los comerciantes, quienes pueden a través de este sistema cobrar parte de sus ventas. Son dos servicios enlazados pero que conviene distinguir con el fin de fijar los costes y las tarifas derivados de su utilización. De no hacer esta distinción se puede caer en la tentación de hacer pagar a una de las partes el servicio prestado a la otra.

Y es lo cierto, que, de hecho, quien paga el servicio de tarjeta, en sus dos vertientes, es el comerciante: en beneficio de la...

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