El trabajo social en los servicios sociales en España
| Autor | Ana Isabel Lima Fernández, Carmen Verde Diego y Enrique Pastor Seller |
| Páginas | 173-187 |
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El Sistema público de servicios sociales se coni gura en el Estado español con la proclamación de su Constitución en 1978 tras cuarenta años de dictadura. Diferentes autores han analizado la acción social en la etapa franquista caracterizándola como carente de un marco organizativo general, con un importante peso del sector privado religioso y, en todo caso, ligada a las vicisitudes políticas y económicas de este período (Cerdeira, 1987; Alemán, 1991:152-153; Garcés, 1992:48-52). La Sección Femenina de Falange Española1 asumió el encargo del Régimen de ofrecer "auxilio social" a los "necesitados" con una explícita carga ideológica (Sabater, 1989; García Padilla, 1990), compartiendo este encargo con Cáritas2que ejercía su Acción Católica desde una percepción más social inspirada en la Encíclica Rerum Novarum (1891) del Papa León XIII (Gutiérrez, 1993).
En general, entre el golpe militar de 1936 y 1959 España se caracterizó por acciones caritativas del sector privado religioso, así como por el esbozo de una mínima Beneficencia Pública articulada desde el Gobierno.
En 1960 se crea el Fondo Nacional de Asistencia Social (FNAS) que tenía por objeto financiar los establecimientos de la beneficencia y dotar de ayudas económicas ocasionales -previa prueba de necesidad- a personas "pobres" (Casado y Guillén, 1987:109). En 1963, se aprobó la Ley de Bases de la Seguridad social dependiente
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de un sistema general de previsión social en el nivel contributivo que siguió siendo graciable y discrecional para el resto de la población a la que se proveía "de medios materiales para la subsistencia sin que hubiese todavía una planificación para la integración social" (Villa, 1993: 28-29).
La última década del franquismo está caracterizada por el final del aislamiento internacional en el contexto de la crisis económica de los Estados de Bienestar en Europa con la implantación en España de planes de estabilización económica (1959) y de desarrollo (1964) financiados algunos por fondos europeos (Gutiérrez, 1993:262-266; 2001).
En 1975, el diagnóstico sobre la asistencia social franquista en España ofrece un panorama repleto de carencias: no existen políticas redistributivas; la beneficencia está muy ideologizada; las acciones caritativas dispersas se ofrecen sin consideraciones técnicas; está sustentada en el paternalismo y la ayuda individual sin apoyar la autonomía personal; resultó ajena a la prevención de situaciones carenciales y desligada de las necesidades reales de la población; carece de organización, coordinación, planificación o financiación suficiente; en definitiva, la asistencia social franquista fue puramente paliativa, graciable y asistencialista (Sabater, 1989).
Tras la muerte de Franco (1975), y durante la Transición urgió democratizar el Estado. Alemán Bracho (1991: 175-178) sintetiza la reestructuración realizada en: 1) supresión de las instituciones del franquismo3, 2) reformas de la estructura administrativa4; 3) reestructuración de la seguridad social asumiendo el Estado las funciones en empleo, educación y servicios sociales, y 4) coni guración del Estado descentralizado en Comunidades Autónomas con competencias delegadas de la Administración central, entre ellas, las relacionadas con la asistencia social5.
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En lo que respecta al "sistema de servicios sociales", la Constitución de 1978 sólo se pronuncia de forma indirecta en el Artículo 50 al referirse a la "tercera edad". Pero el espíritu del texto constitucional y las alusiones a la protección que el Estado debe garantizar a los ciudadanos son claras (art. 25, art. 39, art. 42). Asimismo es abundante el articulado en materia de Política social (art. 47, 49, 50) (Alemán, 1991: 184-188).
A partir de la proclama constitucional se ponen las bases del actual sistema público de servicios sociales, expresión ya de una política social estructurada y organizada en el contexto de un Estado social democrático de Derecho que se irá desarrollando y consolidando en las diferentes Administraciones del Estado en el transcurso de la década de los ochenta.
El Sistema Público de Servicios Sociales se coni guró en torno a una distribución competencial constitucionalmente establecida, según la cual corresponde al Estado "garantizar el principio de solidaridad e igualdad" (Art. 138) para que todos los españoles tengan "los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado" (Art. 139); las Comunidades Autónomas tienen, de acuerdo con el texto constitucional, competencia exclusiva en materia de asistencia social (Art. 148.20). (Lima, 2011: 30)
Desde el estallido de la guerra civil y hasta los años sesenta las asistentes sociales españolas se formaron bajo los requerimientos ideológicos y confesionales del Régimen y trabajaron con un marcado signo benéfico-asistencial carente de cientificidad. Su currículo formativo era disperso, compartimentalizado, eminentemente práctico y funcionalista, todo ello rel ejo de la escasa coni guración del rol profesional del Trabajo social.
La censura impidió que el Trabajo Social en España pudiera conocer los avances científicos y metodológicos de la Disciplina que se producían en el mundo. A pesar de ello, las asistentes sociales consiguieron, a partir de los setenta, formarse con la ayuda de expertos internacionales llegados para asesorar en la implementación de los planes de desarrollo (Colomer, 2009).
También en esa década, las asistentes sociales comenzaron a organizarse como profesión al amparo de la Ley de asociaciones culturales de 1964 hasta desembocar
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en la Federación Española de Asistentes Sociales (FEDAAS, 1967). En Barcelona, en 1968, en el I Congreso de Asistentes Sociales, concluyeron que su actividad profesional debía emanciparse de la confesionalidad religiosa y que era imprescindible su formación teórica y metodológica para ejercer con dignidad.
En los últimos estertores del franquismo, la FEDAAS mantuvo intensos debates de carácter científico (Seminarios de Manresa, 1971 y Negrales 1972) y político en un contexto caracterizado ya por la aparición de movimientos y partidos de oposición a la Dictadura. Este fue el periodo de la llamada "crisis de la profesión" que, visto con perspectiva, no era más que un rico periodo de profunda reconceptualización del Trabajo Social en España (De la Red, 1993; Colomer, 2009; Lima, 2011).
Le siguió la denominada por N. de la Red (1993) "Etapa de estabilización técnica y perspectiva científica (1970-1980)" del Trabajo social en España, una edad de oro donde la organización colegial promovió multitud de Jornadas y Congresos6en los que se defendía la urgencia de la democratización, el Bienestar social, y la viabilidad de un sistema de Servicios Sociales público impulsado desde la profesión.
Durante la Transición, la FEDASS, presidida por aquel entonces por Patrocinio Las Heras Pinilla, promovió tras las III Jornadas profesionales de Pamplona (1977) la edición de un libro para guiar la creación de los servicios sociales en España, finalmente editado en 1979. Introducción al Bienestar social (Heras y Cortajarena, 2014), ya popularmente conocido como el "Libro de las casitas", acabó siendo un referente no solo para las asistentes sociales, como agentes de cambio, sino también una hoja de ruta para partidos políticos e instituciones públicas ya que ofrecía todas las claves conceptuales y organizativas para el nuevo sistema (Las Heras, 1984, 2000; Lima, 2011):
La intención declarada no consistía en ser solo un libro para asistentes sociales sino, desde el Trabajo Social, ser una propuesta para el nuevo Estado Social y de Bienestar recién llegado (o traído). La instauración del Sistema Público de Servicios Sociales, y el lugar de la profesión como referencia del mismo, tuvo en Introducción al Bienestar social uno de sus primerísimos sustentos. (Lombardero, 2014: 192)
También a la FEDAAS se le debe la enmienda que presentó el Senador Lorenzo Martín Retortillo Baquer en 1978 para substituir en la redacción de la Constitución española el término "beneficencia" por el de "asistencia social" (Las Heras, 2000;
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Lima, 2011). Obviamente la cuestión lingüística encerraba una profunda modificación de la consideración de los servicios sociales como un derecho de ciudadanía más allá de la graciable discrecionalidad de la ayuda benéfica a los "necesitados".
El papel de la estructura colegial -la FEDAAS primero y el Consejo General del trabajo social en el...
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