La evolución de las Telecomunicaciones: Perspectiva de futuro
| Autor | Julián M. Solana Álvarez; Antonio Fernández-Montes Romero |
| Cargo | Real Centro Universitario «Escorial-María Cristina» San Lorenzo del Escorial |
| Páginas | 307-322 |
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En este artículo se revisa la evolución de las telecomunicaciones durante las últimas décadas, que ha supuesto un cambio profundo del planteamiento económico que se ha realizado sobre las mismas, causado principalmente por la evolución que han sufrido las tecnologías electrónica y de las ciencias de la información, lo que ha condicionado la adopción de un conjunto de medidas políticas, traducidas en leyes, que han producido un cambio importante en el sector a escala global.
Hasta 1974 las telecomunicaciones se consideraban un «monopolio natural» debido, entre otras razones, a que el volumen de inversión necesaria para establecer una red de telecomunicaciones en un país constituía una barrera de entrada al capital privado, por eso era preciso que, al igual que con los ferrocarriles y otros servicios, se recurriera al capital público.
Por otra parte, muchos Estados consideraban la infraestructura de telecomunicaciones como parte de su infraestructura de defensa civil, una de las razones por la que se daba una importante dispersión de normas técnicas a aplicar a los elementos que formaban dichas infraestructuras (con el fin de dificultar la operación y mantenimiento de dichas infraestructuras al enemigo, en el caso de invasión por un país vecino); si bien existían normas internacionales orientadas, principalmente, a establecer las características de los servicios finales, o portadores, y la conexión internacional de las distintas redes.
También, de forma análoga a lo que sucede con las normas de energía, existía una importante diferencia entre normas equivalentes Page 308 en EE.UU. y países de su influencia, y las normas empleadas en Europa.
La tecnología había jugado un papel muy importante en todos los planteamientos anteriores, las telecomunicaciones eran analógicas, los primeros sistemas de telecomunicación digitales comerciales surgieron en la segunda mitad de la década de los sesenta. Los circuitos integrados existentes lo eran de pequeña escala, de hecho el primer microprocesador comercial se hizo en 1974 y el soporte lógico (software) estaba poco desarrollado, también la tecnología de satélites comenzaba a despegar, en la segunda mitad de los años sesenta se había realizado la primera transmisión de televisión transoceánica por satélite.
En esta situación la tarificación de los servicios de telefonía vocal, en general, se realizaba en función de la duración de la comunicación y la distancia entre terminales. Además, al ser la inversión necesaria para dar de alta a un nuevo cliente superior al precio que podía aceptar el mercado, se establecía una tarifa de alta francamente inferior a dicho valor, complementada con una cuota de abono mensual que, además de amortizar el déficit de la instalación inicial, cubría costes de mantenimiento y conservación de la instalación.
Como criterios generales de tarificación, además de los explicados, se empleaban unos condicionantes adicionales admitidos universalmente, tales como:
- Las tarifas de empresas eran superiores a las de los clientes particulares que, de este modo, eran subvencionados, en cierta medida por aquéllas.
- Las llamadas locales se facturaban a un precio inferior a su coste, siendo subvencionadas por el resto de tarifas.
En 1974 el Departamento de Justicia de EE.UU. planteó una demanda contra AT&T basada en la ley antimonopolio; al parecer promovida por las grandes compañías de ordenadores, que se veían obligadas a contratar su transmisión de datos con ella en unas condiciones técnicas y económicas que consideraban inaceptables. Incluso se llegó a comentar que existieron amenazas de quebrantar la Ley por parte de las empresas que se supone promovieron la iniciativa Page 39 del Departamento de Justicia, que estaban dispuestas a establecer su propia red de telecomunicaciones por satélite, completamente independiente de la red pública de AT&T.
Como puede apreciarse, la evolución tecnológica fue un factor determinante de este planteamiento; a mediados de los años sesenta habían aparecido los primeros sistemas de transmisión digital comerciales por modulación de impulsos codificados (PCM-Pulse CodedModulation), que se empleaban en sistemas de conexión interurbanos a cierta distancia (hasta 20 kms., aproximadamente, sobre cable de pares), con una velocidad de transmisión normalizada de 1,544 Mbps1 (correspondiente a 24 canales de telefonía vocal, según la normativa de EE.UU.). Compárese esta cifra con la velocidad máxima de 4.800 bps sobre red analógica que ofrecían entonces los operadores de telecomunicación.
Un argumento económico que se suele emplear por los políticos para atacar los monopolios es que en un monopolio regulado, al no tenerse precios de comparación posibles, el precio regulado se suele establecer con un ligero beneficio sobre los costes, lo que prima la ineficiencia del monopolio.
A los ocho años del inicio del proceso, el juez Harold Green dicta la sentencia en la que se establece que AT&T-Bell se parte en AT&T para larga distancia y siete operadores regionales (RBOC - Regional Bell Operating Companies) o baby Bell, a los que se asignó un área geográfica en la que operar.2
Esta sentencia suponía una importante segmentación del mercado de telefonía local, e incluso regional, puesto que a cada operador regional le correspondía un mercado promedio de 32 millones de habitantes, teniendo en cuenta que la población ascendía en EE.UU. en 1982 a 226,5 millones de habitantes, lo que suponía una dimensión para cada una de estas operadoras equivalente o inferior a la de cualquier país europeo de tipo medio. Page 310
Tras la segmentación, AT&T comenzó una campaña de presión sobre los operadores europeos, solicitándoles que equilibrasen sus tarifas internacionales, los motivos residían en el procedimiento de establecimiento y la forma de aplicación de dichas tarifas.
Cuando se genera una llamada telefónica desde un país A hacia otro B, el operador del país A, en el que se ha generado la llamada, debe pagar al del país B por el uso que se realiza de su red. La tarifa a pagar se establece en Ginebra (donde se halla la sede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones-UIT) mediante acuerdos bilaterales entre operadores; como moneda de referencia se emplea el franco suizo.
La forma de liquidación es calculando el número de minutos que el país A ha empleado la red del país B y el inverso, si la diferencia es positiva para B, es decir si la red de B ha sido empleada más tiempo por el país A, éste debe pagar el importe acordado por el número de minutos de ocupación.
Si existe un gran desequilibrio de tarifas internacionales entre los países A y B (supóngase que si las de B son muy superiores a las de A, el flujo de comunicación telefónica se vuelve asimétrico, es decir es mucho mayor de A hacia B que en sentido inverso, lo que hace que el operador de A se vea obligado a pagar al operador de B importantes cantidades por el uso de su red).
Actualmente muchos países del Tercer Mundo emplean la asimetría de tarifas internacionales como una fuente de divisas, porque los emigrantes en el extranjeros suelen llamar a sus familias más que a la inversa.
AT&T conocía que el flujo trasatlántico de comunicaciones telefónica a principios de los años 80 era superior en el sentido EE.UU. hacia Europa que en el inverso; de hecho, debía compensar a todos los países europeos anualmente por el uso de sus redes, motivo por el que inició la campaña de presión citada anteriormente.
La sentencia...
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