La audiencia elige. Discurso político y periodismo televisivo en las campañas electorales
| Autor | Manuel Martínez Nicolás |
| Páginas | 59-95 |
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Los regímenes democráticos se asientan en una concepción del poder político que exige recurrir en su ejercicio a la persuasión, al convencimiento mediante el diálogo y no a la imposición autoritaria. Es por eso que Blumler (1987: 169) ha podido sostener que "la democracia es la única forma de régimen cuya legitimación implica necesariamente la comunicación". La democracia se distingue, en primer lugar, por las garantías formales que establece para que los procesos de formación de la voluntad común de los individuos ?los procesos políticos12? se den en una situación tal que facili-
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te la concurrencia y competencia entre opciones diversas sobre las que decidir. Pero lo que le confiere su valor distintivo no es sólo el reconocimiento del pluralismo, de la diversidad de las opciones que puedan concurrir, sino también la exigencia ética de que las decisiones legítimas y vinculantes se tomen de un modo transparente: no en el secreto de las trastiendas y los salones, sino, precisamente, a la luz pública, en unas condiciones de publicidad13en las que aquellas opciones puedan ser presentadas, discutidas y clarificadas. En esta exigencia se funda el ethos comunicacional de los procesos políticos democráticos, y es esto lo que los diferencia de los que no merecen tal consideración ?los que se dan en regímenes autoritarios de cualquier signo.
El recurso a la comunicación como procedimiento para la acción política es lo que ha permitido históricamente a las sociedades democráticas generar una esfera pública, un espacio social instituido por la interacción entre gobernantes y gobernados, entre las instituciones propiamente políticas (parlamento, gobierno, partidos) y la ciudadanía, en el que aquéllos, los gobernantes, son requeridos para presentar y explicar sus propuestas, y éstos, los gobernados, se constituyen en sujeto político según una triple identidad: como organizaciones de la sociedad civil, como opinión pública y, convocada a comicios, como cuerpo electoral. Cuando actúa como sociedad civil, la ciudadanía persigue intervenir de manera directa en la toma de decisiones, intentando hacer valer sus demandas, reivindicaciones o puntos de vista; cuando lo hace como opinión pública, busca saber del poder político para formarse un juicio razonado e influir sobre él cuando llegue el momento, como cuerpo electoral, de distribuirlo entre los partidos en unas elecciones. La esfera pública democrática se asienta sobre estructuras (por ejemplo, los derechos de asociación, reunión y manifestación; a la libertad de expresión; o al sufragio) que hacen posible una práctica deliberativa (asociarse, reunirse, manifestarse, expresarse, votar) siempre empeñada en reforzar aquellas estructuras y, con ello, ensanchar la esfera pública. En definitiva, en la medida en que se fortalezca esta esfera pública podrá avanzarse en la constitución de una democracia deliberativa donde, como dice Sampedro (2000: 18), "la participación y el debate ciudadanos legitiman la representación y la gestión del interés colectivo". Y eso con el horizonte de
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superar las deficiencias ya sea de una concepción estrechamente representativa de la democracia ?entendida como competición por el poder entre élites y como ejercicio de influencia de los intereses privados más apegados a aquéllas?, ya de la utopía irrealizable de una democracia directa ?un régimen asambleario de permanente diálogo entre ciudadanos sin que medien representantes14.
No parece, sin embargo, que las tendencias presentes en los regímenes democráticos actuales estén contribuyendo a reforzar las estructuras y las prácticas que requeriría esa democracia deliberativa. Y entre otras ra-zones porque las características con las que se desarrolla eso que Blumler denominó el proceso público moderno (the modern publicity process) estarían conduciendo a lo que este mismo autor diagnosticó más tarde como una crisis de la comunicación pública15. Blumler parte de una evidencia que no puede soslayarse en cualquier análisis riguroso de la vida democrática: la creciente dependencia de los sujetos implicados en los procesos políticos contemporáneos con respecto a los modernos medios de comunicación de masas. Esta dependencia estaría provocando que las instituciones políticas, pero también las organizaciones civiles y los grupos de presión o de interés, deban dispensar buena parte de sus esfuerzos ?de sus energías y recursos? a tratar de influir en los medios de comunicación para que los temas que promueven y los argumentos que defienden puedan instalarse en la esfera pública y obtener así la atención de la opinión pública y, siendo el caso, de los electores.
Los medios de comunicación son ahora instituciones centrales en la regulación de la visibilidad social de los participantes en tales procesos; en el establecimiento y priorización de los asuntos sobre los que se suscitan debates públicos (función de agenda); en la fijación de las ideas o de las posiciones en torno a las que se articula la discusión (función de encuadre o framing); en la atribución, en fin, de responsabilidades políticas para los problemas identificados (efecto de destaque o priming). La lucha política, la
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pugna por el control del debate público, es ahora también, y casi primordialmente, una batalla por tener acceso y trato favorable en los medios de comunicación. Y por esta misma razón, los medios han desplazado no sólo a los grupos primarios y secundarios (familia, escuela, redes de relación, etc.), sino también a los propios partidos, como instancias de socialización política de los ciudadanos, cuyas actitudes y juicios dependen ya casi en exclusiva de las noticias y valoraciones transmitidas por aquéllos, y muy en particular por la televisión.
Nos encontramos, pues, ante una significativa transformación de la esfera pública democrática, en donde la interacción entre gobernantes y gobernados, entre el sistema político y los ciudadanos, requiere ahora de la activa intervención de los medios de comunicación de masas. Pero referirse al papel de éstos con el concepto de intermediación puede conducir a equívocos, ya que no se trata de meros mediadores entre unos y otros, sino de actores políticos sustantivos, como bien señalara hace tiempo Héctor Borrat (1989). Y eso, entre otras razones, porque en la medida en que los medios han ido ganando autonomía en las sociedades democráticas, organizados como empresas mercantiles a la procura de beneficios y construyendo una cultura profesional específica, tienden a actuar según intereses empresariales y criterios profesionales que condicionan abiertamente el desarrollo de los procesos políticos contemporáneos.
Esta especie de plegamiento de la dinámica de la esfera pública a la lógica mediática podría contribuir a explicar, por ejemplo, la enorme volatilidad de los temas, cuya vida pública depende a menudo de que se logre mantener sobre ellos la atención de unos medios necesitados, por contra, de una renovación constante de sus contenidos; o bien el énfasis en la controversia y la descalificación del adversario como modalidad casi exclusiva de la discusión política, animado en buena medida por el ambiente de conflicto y competición con que los medios envuelven estos procesos; o el debilitamiento de la proyección pública de las organizaciones, sean partidos políticos o de otra índole, reemplazadas públicamente por líderes y cuadros dirigentes fácilmente disponibles para los periodistas; y otros fenómenos ya bien documentados empíricamente16.
Es cierto, como bien advierte Blumler (1990: 109), que la amplitud y fuerza con la que se manifiesten en una determinada sociedad los rasgos
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que definen el proceso público moderno dependerán del modo particular en que se hallen organizadas las relaciones entre sus sistemas político, cultural, económico y mediático, y en esa dirección apuntan los resultados comparativos obtenidos recientemente por Hallin y Mancini (2004), que les permiten sostener la existencia de distintos modelos de relación entre los sistemas político y mediático (que denominan pluralista polarizado, demo-crático corporativo y liberal). Pero en cualquier caso, la transformación de los regímenes democráticos en eso que ha dado en llamarse democracias mediáticas o mediatizadas17es una tendencia que parece bien generalizada, independientemente de las modulaciones específicas que acabe adoptando en función de contextos socio-políticos diferenciados.
El estudio de los procesos políticos democráticos debe atender, por tanto, a las relaciones que en ellos establecen las instituciones políticas, las organizaciones informativas y la ciudadanía. Y es aquí donde no puede dejar de constatarse que la democracia mediática no se define sólo reconociendo la centralidad de los medios en tales procesos y la lógica que aquéllos imponen a éstos, sino que es un estado de cosas caracterizado primordialmente por la constitución de un complejo político-mediático (Swanson, 1992) en el que, como expresivamente dicen...
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