Políticas de intervención pública en el mercado de trabajo

Autor:Carmen Ruiz Viñals
Cargo del Autor:Tutora y Consultora de la Univesitat Oberta de Catalunya.
RESUMEN

1. La política educativa y el mercado de trabajo. 2. La intervención pública en la búsqueda de puestos de trabajo. 2.1. Intervención pública. 2.2. Sistemas informales. 3. La incentivación de la movilidad geográfica. 4. Las políticas sociolaborales de discriminación positiva. 5. Las políticas sociolaborales contra el desempleo.

 
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En este capítulo se repasarán algunos de los principales ámbitos de intervención pública en materia sociolaboral. Se estudiará cuál es la lógica de la acción pública en el mercado de trabajo, mediante el análisis de la incidencia en el mismo de la política educativa. Además, se verá cuál es la forma de sistematizar la búsqueda de los puestos de trabajo en los tipos de iniciativas para facilitar la incorporación de los trabajadores en el mercado laboral, obviando las limitaciones geográficas o de discriminación por grupos y, por último, se tratarán las iniciativas existentes que se dirigen de forma directa a la lucha contra el desempleo.

1. La política educativa y el mercado de trabajo

El capital humano es un elemento indispensable para el funcionamiento de la economía. Las empresas necesitan de las personas.1 Cuanto más y mejor formación tienen éstas, más pueden aportar al desarrollo de su trabajo, aumentando con ello la productividad y la calidad del mismo. La intervención pública en el campo educativo y, más concretamente, en programas educativos profesionales, constituye un bien público que beneficia al conjunto de la sociedad. La intervención pública en el ámbito de la educación disminuye los costes de las empresas en la formación de sus trabajadores.

Los diferentes modelos económicos que estudian el mercado de trabajo ponen énfasis en la importancia que para la economía tiene la estructura educativa de un país. Ahora bien, aparte de considerar los efectos beneficiosos que la educación tiene sobre la productividad de las empresas, también deben considerarse que, para evaluar los beneficios sociales que tiene la educación, es preciso medir los costes que para la colectividad tienen los programas educativos. La educación pública se financia mediante los impuestos, es decir, que es la propia colectividad la que de forma agregada destina una parte de la riqueza que produce a financiar la educación. La educación es positiva socialmente no sólo desde un punto de vista economicista, sino que tiene un impacto que va mucho más allá del mercado de trabajo. La educación es un factor clave para conseguir la cohesión social y asegurar unas mejores tasas de salud y la reducción de los índices de criminalidad y de conflictividad social, entre otros factores importantes en la vida comunitaria. En este epígrafe, limitaremos el estudio del impacto de la educación al mercado de trabajo.

Desde la mitad del siglo XX, muchos han sido los estudios que han relacionado la educación con el crecimiento económico y social. Existen estudios que cuantifican porcentualmente el impacto laboral que tiene cada año adicional de escolarización de las personas. También se ha cuantificado el impacto que esto tiene en los ingresos de los trabajadores, que se calcula en un aumento de entre el 5% y el 10% por cada año adicional de educación recibida. La OCDE ha realizado estudios relacionando el crecimiento de la productividad de las empresas y la escolarización de los trabajadores. Se ha detectado que la relación es de tipo positivo, ya que una mayor escolarización de los trabajadores implica el aumento de la productividad de las empresas. Otros estudios también relacionan el grado de educación de los trabajadores con la capacidad de internacionalización de los productos de las empresas.

La variable educativa tiene un efecto significativo en el desarrollo de la economía y explica en cierta medida la capacidad de crecimiento de la productividad de las empresas, así como la capacidad de las mismas para adaptar sus sistemas de funcionamiento en un entorno cambiante y complejo. Este hecho es especialmente relevante en el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya que existe la necesidad por parte de las mismas de desarrollar programas formativos para sus trabajadores y los costes por empleado de éstos son muy altos. En el caso de las empresas grandes, los costes de formación por trabajador son más bajos, debido a que aprovechan las economías de escala.2 Por este motivo, diferentes estudios muestran que las grandes empresas desarrollan proporcionalmente muchos más programas educativos en el puesto de trabajo, especialmente de formación, que las pequeñas y medianas empresas.

Otro problema que se encuentran las empresas a la hora de diseñar sus programas de formación es que tienden a orientarlos hacia el corto plazo, con el fin de maximizar sus beneficios a corto plazo. Con esto se dejan de lado materias formativas que son necesarias para la empresa a largo plazo. Éste es un problema que justifica la intervención pública en materia educativa profesional, o bien la incentivación de las grandes empresas para que inviertan en la formación a largo plazo de sus trabajadores, lo cual redunda en una mejor capacitación del capital humano, que aumenta su competitividad en un ámbito internacional. La intervención gubernamental en educación laboral puede empezar desde la escolarización obligatoria de la población. La manera de hacerlo es ofrecer un diseño de currículos educativos que adapten las habilidades y capacidades vocacionales de los estudiantes a las necesidad de la demanda del mercado laboral. En este sentido, el Gobierno está en una buena posición para formular la política educativa laboral, ya que tiene una visión estratégica del conjunto de la sociedad. Por el contrario, si tales diseños formativos tuvieran que hacerlos las empresas por su cuenta, podrían perder esta visión de conjunto que tiene el Estado.

En este sentido, es importante saber combinar itinerarios formativos que conducen a la población a una educación superior universitaria con itinerarios de formación que aseguren una formación profesional de calidad y adaptada al mercado de trabajo. No puede obviarse que es necesario un equilibrio entre las personas que acceden a los programas formativos universitarios y aquellas que dedican sus esfuerzos a materias de formación profesional, ya que el mercado de trabajo pide fuerza de trabajo con perfiles de formación muy diferenciado, que no son fácilmente intercambiables. Con esto puede llegar a darse la paradoja de que muchos universitarios no encuentren trabajo relacionado con sus estudios, mientras que existe una gran demanda del perfil de trabajadores que han recibido una formación profesional adecuada. De hecho, uno de los problemas claves dentro de un sistema de mercado de trabajo es la incorporación de los jóvenes graduados en el mercado laboral. Así, las tasas de desempleo en los países desarrollados se disparan en el caso de población juvenil. Los jóvenes, después de haber pasado por el sistema educativo, experimentan muchas veces dificultades para encontrar su inserción laboral. Esta situación requiere una nueva forma de intervención gubernamental para estimular y asegurar la vinculación o el paso entre el periodo formativo y la incorporación a la realidad laboral del mercado.

1) Contratos de formación

Una de las formas de facilitar este paso consiste en diseñar una regulación que permita a las empresas contratos de formación que posibiliten, por una parte, el inicio de la experiencia laboral de los jóvenes y, por otra, la consecución de las habilidades necesarias para lograr una experiencia laboral que los capacite para desarrollar óptimamente su puesto de trabajo. Hay que notar que estos contratos de formación tienen que estar bien retribuidos para que cumplan su función y los jóvenes se sientan motivados a tener una continuidad en el puesto de trabajo, que daría sentido a este esfuerzo formativo.

2) Prácticas en empresas

Otra forma de vincular los programas educativos con el mundo laboral es incluir, en los primeros periodos de vida laboral, prácticas en empresas. En este caso, se trata de incluir la experiencia laboral en el momento de la formación, lo cual resulta muy positivo para motivar a los propios estudiantes a mejorar sus habilidades laborales. Esta estrategia también puede incentivarse mediante el establecimiento de la obligatoriedad de haber pasado por un periodo de prácticas, con el fin de obtener la certificación gubernamental que acredite el desarrollo de una determinada profesión.

A pesar de estas reflexiones, hay que notar que no toda la formación profesional puede confiarse a la formación básica que diseñan los gobiernos. La realidad del mundo laboral es tan compleja, y su entorno es tan cambiante, que un determinado diseño formativo puede quedar obsoleto muy pronto. Esto puede darse tanto por motivos de desarrollo tecnológico como por cambios en el sistema de producción. En estos casos, deben poder encontrarse sistemas de ajuste del diseño curricular a las necesidades del puesto de trabajo. Una forma de conseguirlo es la evaluación periódica del impacto en términos de inserción laboral de las personas que han pasado por la formación de los diferentes diseños formativos. Esta evaluación debe ser complementada por la realización de encuestas detalladas a los responsables de los diferentes sectores económicos, con el objetivo de detectar cuáles son las habilidades y capacidades reales que se necesitan en cada sector laboral de la economía. Hay que tener en cuenta que cada sector económico pide unos perfiles laborales que son diferentes a los demás y, por otro lado, son variables en el tiempo.

Las deficiencias en la adaptación de las habilidades laborales a las demandas reales del mercado es un importante indicador que explica las diferencias internacionales en los niveles de crecimiento y de productividad laboral. Diferentes estudios confirman esta hipótesis, que es bastante evidente cuando hablamos del sector de las nuevas tecnologías de la información (NTI). Los países que han desarrollado con más éxito políticas en este sector son también los que tienen mejor adaptados los programas formativos en tecnologías de la información a la demanda real de este mercado, mientras que otros países que no han previsto una adaptación de sus programas formativos a la evolución de las NTI se han...

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