Panorama Jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
| Autor | Manuel Jaén Vallejo |
| Cargo | Profesor Titular de Derecho penal |
| Páginas | 171-189 |
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Las Sentencias publicadas en el B.O.E. en el primer cuatrimestre de 2004, recaídas en asuntos de naturaleza penal, son las siguientes:
— Sentencia 206/2003, que deniega el amparo, relativa al derecho a la presunción de inocencia, concretamente a las excepciones a la regla general de la práctica de la prueba en el juicio oral, afirmando que la declaración efectuada por un menor (copartícipe) ante el Fiscal de Menores, que basó la condena, no vulneraba el derecho fundamental, dada su aptitud para incorporarse por la vía del art. 714 LECrim. al acervo probatorio a tener en cuenta por el juzgador.
— Sentencia 209/2003, que otorga el amparo por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, aplicando la doctrina de la S.T.C. 167/2002, en un caso en el que se había condenado en apelación sin haberse celebrado vista pública.
— Sentencia 212/2003, que otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, por haberse producido en el caso resuelto una restricción de la libertad de expresión en el marco de un procedimiento instado por un interno ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que constituye según la S.T.C. un exceso de jurisdicción.
— Sentencia 215/2003, relativa al derecho a la defensa y a la asistencia letrada en el juicio de faltas.
— Sentencia 223/2003, relativa a una sentencia de apelación penal estereotipada, que la S.T.C. entiende que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
— Sentencia 229/2003, que en un recurso de amparo avocado al Pleno deniega el amparo contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 15-10-1999 («caso Magistrado G.L.»), afirmando que la interpretación del delito de prevaricación del art. 446.3 C.P. llevada a cabo en la misma «es una inter-pretación no contraria a la orientación material de la norma,
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que tiene en cuenta el bien jurídico protegido por la misma y los fines a los que se orienta y que encuentra respaldo en la doctrina científica acerca de este delito».
— Sentencia 2/2004, relativa a unas resoluciones judiciales estereotipadas en el ámbito penitenciario, vulneradoras del derecho a la tutela judicial efectiva.
— Sentencia 4/2004, en la que se afirma que la garantía relativa a no ser sometido a proceso penal en más de una ocasión por los mismos hechos forma parte del derecho a un proceso con todas las garantías. También se refiere esta Sentencia a los supuestos excepcionales en los que es posible anular una resolución judicial penal absolutoria.
— Sentencia 7/2004, relativa al derecho a un proceso con todas las garantías, en relación con los derechos a la asistencia letrada y a la defensa, con especial referencia a las exigencias de motivación de las resoluciones judiciales que acuerdan la incomunicación de los detenidos (por terrorismo). También se refiere al derecho a la presunción de inocencia: declaraciones ante el Juez instructor viciadas por torturas previas, pero condena fun-dada en pruebas independientes.
— Sentencia 9/2004, relativa a la doctrina sobre la prueba en el proceso penal.
— Sentencia 10/2004, que de nuevo otorga el amparo en el caso de una condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública, luego vulnerando los principios de inmediación y contradicción.
— Sentencia 11/2004, que otorga el amparo en un caso en el que una sentencia de apelación penal había dejado sin resolver la alegada prescripción del delito, pudiendo hacerlo con contradicción.
— Sentencia 12/2004, que otorga el amparo por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en un caso en el que se había producido una condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública.
— Sentencia 15/2004, relativa a un caso en el que se había acordado una indemnización con aplicación de los baremos legales (Ley 30/1995) sin impedir reparar las lesiones y daños acre-ditados en el proceso (S.T.C. 181/2000).
— Sentencia 17/2004, que otorga el amparo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en un caso de condena penal fundada en declaraciones de una coimputada rebelde, no corroboradas.
— Sentencia 22/2004, que otorga el amparo por vulneración del derecho a la libertad personal, por falta de una motivación constitucionalmente legítima para poder prorrogar la prisión provisional, siendo insuficiente que penda recurso contra la condena de instancia.
— Sentencia 23/2004, que contiene un resumen de la doctrina sobre los límites temporales de la detención preventiva y
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sobre el procedimiento del habeas corpus, otorgando el amparo por haberse producido una detención preventiva durante más tiempo del estrictamente necesario.
— Sentencia 24/2004, que contiene una interpretación restrictiva del art. 563 C.P., que tipifica la tenencia de armas prohibidas, respetuosa de las exigencias constitucionales derivadas del principio de legalidad.
— Sentencia 28/2004, que otorga el amparo en un caso de vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por una condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública.
— Sentencia 31/2004, sobre el derecho a la inmodificabilidad o intangibilidad de las resoluciones judiciales, que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, afirmando la vulneración en un caso en el que se había producido una rectificación sobre la clasificación de unas lesiones declarada en Sentencia firme («síndrome tóxico»), sin ser un error material o manifiesto.
— Sentencia 35/2004, que afirma la vulneración de los derechos a no padecer indefensión, a la defensa y a ser informados de la acusación, por una Sentencia de apelación que condena por delito de injurias graves, calificado de oficio tras revocar la condena por calumnia pronunciada en la instancia.
— Sentencia 39/2004, que otorga el amparo en el «caso de las escuchas del CESID», anulando la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 22-3-2001. Derecho a un proceso con todas las garantías: derecho a la imparcialidad judicial; Sala de enjuiciamiento formada por los mismos Magistrados que habían revocado el archivo de la causa, mediante auto que exteriorizaba un juicio anticipado.
— Sentencia 40/2004, que otorga el amparo por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en un nuevo caso de condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública.
— Sentencia 42/2004, que anula la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 579/1998, de 22-4, en la parte del pronunciamiento condenatorio que afecta al deman-dante de amparo, por adolecer la misma de contradicción interna entre un fundamento jurídico y el fallo.
— Sentencia 49/2004, que otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en lo que se refiere a la intangibilidad de las actuaciones jurídicas declaradas en resoluciones judiciales firmes.
— Sentencia 50/2004, que aprecia la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por una condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública, así como también del derecho a la presunción de inocencia, por carecer la sentencia condenatoria de soporte constitucionalmente apto para enervar esta presunción.
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Una de las Sentencias más destacadas en este período de tiempo es, sin duda, la S.T.C. 229/2003 («caso G.L.»), que ha venido a avalar el criterio sólidamente fundado de la S.T.S. de 15-10-1999 1 sobre la injusticia de las resoluciones dictada por el condenado, concluyendo afirmando, aparte de confirmar la imparcialidad del Tribunal que juzgó al acusado, que la interpretación y aplicación llevada a cabo por los órganos judiciales del tipo penal de prevaricación al presente supuesto es acorde con las exigencias del principio de legalidad.
«En efecto, partiendo del tenor literal del precepto, comienza diferenciando entre el tipo objetivo (dictar una resolución injusta) y el tipo subjetivo (realizar la acción a sabiendas de su injusticia), efectuando una serie de precisiones en relación con el carácter objetivo de la injusticia, que pueden resumirse en la idea de que ésta concurrirá cuando la aplicación del Derecho se haya realizado desconociendo los medios y métodos de interpretación acep-tables en un Estado de Derecho (a lo que se reconducen los adjetivos habitualmente empleados en la jurisprudencia para calificar la antijuridicidad de la resolución). Precisando, a continuación, que al carácter manifiestamente injusto de esa resolución ha de sumarse el haberla dictado a sabiendas para que concurra el delito. Y en la posterior aplicación de esos criterios generales a cada uno de los supuestos enjuiciados se constata por la Sala enjuiciadora la existencia de resoluciones objetivamente injustas (a partir del análisis de las circunstancias fácticas obrantes en la causa y de la regulación legal aplicable) y se afirma que se dictaron «a sabiendas», aportando datos objetivos en los que el órgano judicial fundamenta esta afirmación y teniendo en cuenta que el Juez conocía la ley a aplicar y el alcance objetivo de la misma.
Por tanto, en contra de lo sostenido por el recurrente, con esa interpretación no se niega el elemento subjetivo del delito (lo que sería manifiestamente contrario al tenor literal del precepto), sino que se afirma que junto a él existe un elemento objetivo (lo que también viene exigido por el tenor literal del precepto), rechazando interpretaciones conforme a las cuales la injusticia se caracteriza sólo por una
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actitud subjetiva del Juez al aplicar el Derecho. Tampoco es cierto que se devalúe el elemento objetivo, conformán-dose con la mera ilegalidad de la conducta, apartándose así de la exigencia de que la antijuridicidad sea «patente, manifiesta y grosera», sino que —como expresamente señala la Sentencia— se trata de dotar de contenido sustantivo a tales calificativos, atendiendo al bien jurídico protegido por...
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