Introducción: el proceso privatizador
| Autor | Juan Manuel López Porrúa |
| Cargo del Autor | Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Sevilla |
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN: EL PROCESO PRIVATIZADOR
La participación directa de los poderes públicos en el ámbito de la actividad económica por medio de fórmulas empresariales no siempre ha respondido a la necesidad de garantizar el desarrollo de actividades consideradas de especial relevancia para la satisfacción de intereses generales. Si bien es cierto que hasta hace relativamente poco tiempo el sector público venía manteniendo un protagonismo casi exclusivo en la dirección y explotación de empresas pertenecientes a sectores estratégicos o relacionadas con la prestación de servicios esenciales; tampoco resulta menos cierto que, durante décadas, la iniciativa pública no ha tenido el menor reparo a la hora de expandir su presencia a otros sectores económicos, incluso esencialmente competitivos y en los que su intervención difícilmente podría justificarse por la relevancia social de los objetivos perseguidos.
Al margen de otros posibles antecedentes más remotos, la expansión del sector público empresarial se inicia de forma especial en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de un amplio programa de nacionalizaciones 1. Concretamente, en el caso español, fundamentalmente a partir de los últimos años de la década de los cincuenta, al mismo tiempo que se producía una huía del Derecho privado como medio para conseguir una Administración eficaz, controlada y sometida al principio de legalidad, también se impulsó la idea de extender la presencia de la Administración económica a múltiples áreas 2. Como señala algún autor, «(E)l intervencionismo económico y el recurso a las nacionalizaciones —en definitiva— la publificación de la economía, se mostraban entonces como la opción más correcta para conseguir el mejor de los desarrollos socioeconómicos. Asimismo se consideraba (y no faltaba razón para ello) que el capital privado era absolutamente incapaz de hacer frente por sí mismo a la prestación de los servicios públicos, ni siquiera los esenciales» 3.
No obstante, esa presencia expansiva del sector público empresarial, que llegó a adquirir considerables proporciones, alcanza ya en la última década de los ochenta, un punto claro de inflexión, a partir del cual se comienza a experimentar en el ámbito internacional —primero en Reino Unido y Estados Unidos, a los que siguen posteriormente numerosos países— una continua reducción de la actuación de los poderes públicos en el ámbito de la actividad propiamente mercantil. Así, frente a la idea nacionalizadora que había caracterizado los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que en fechas aún más recientes tuvo importantes rebrotes en países como Portugal (tras los acontecimientos de 1974) y Francia (con las nacionalizaciones de importantes empresas por parte del gobierno socialista en 1982), la tendencia en el momento actual es precisamente la contraria. De tal manera que se impone con fuerza la idea de las privatizaciones, con la consiguiente y paulatina reducción del sector público empresarial.
En efecto, en unos casos por razones meramente políticas o ideológicas —como la necesidad de racionalizar la dimensión del Estado, o la conveniencia de aumentar el grado de competencia en el mercado o, como ha ocurrido en los países del Este de Europa tras el desmantelamiento de los sistemas de economía socialista, por la necesidad de introducir un sistema de economía de mercado—, en otros casos por razones estrictamente económicas — como la necesidad de aumentar la eficiencia productiva de las empresas públicas, dificultada por la multiplicidad de objetivos que tienen asignados, distintos y, a veces, contradictorios con el de obtener beneficio, o con la finalidad más o menos confesada de mejorar las finanzas públicas obteniendo importantes ingresos a través de la venta de activos, con la consiguiente...
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