Introducción

AutorInstituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Páginas21-24

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Consideraciones generales

La normativa internacional en materia de transparencia, en la que se enmarca el derecho de acceso a la información pública, objeto del presente trabajo, ha vivido una evolución de gran envergadura. Podemos entender el derecho de acceso a la información como la facultad a acceder a documentos e información que obra en poder de las administraciones públicas. Sin duda, son muchas las actuaciones que contribuyen a un funcionamiento transparente de los poderes públicos y, tal como afirma Emilio Guichot, el derecho de acceso no constituye una pieza única para una sociedad transparente, pero sí resulta una pieza fundamental para lograrlo1.

Desde que en 1776 se promulgó la primera ley de acceso a la información en Suecia, había tenido lugar un reconocimiento gradual de este derecho en las legislaciones de todo el mundo. Pero en los años recientes ha experimentado un crecimiento espectacular. Si en la década de los noventa únicamente 13 países disponían de leyes nacionales sobre el derecho de acceso a la información, ahora son más de 70 los Estados que a nivel mundial han promulgado leyes en esta materia, mientras en otra veintena o treintena de países se encuentran en proceso de tramitación2.

Este mismo fenómeno también se ha observado en las organizaciones internacionales, que han impulsado el reconocimiento del derecho de acceso en su seno, destacando organizaciones a las que se aludirá en este trabajo como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos.

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Se podrían mencionar los diversos factores que han contribuido a esta intensa recepción legal e incluso constitucional en algunos países, del derecho de acceso a la información pública. Puede señalarse, en primer lugar, las transiciones hacia la democracia que han experimentado muchos países a nivel mundial desde los años noventa hasta ahora. Por otra parte, hay que tener en cuenta las demandas de mayor participación y transparencia en los asuntos públicos como consecuencia de la creciente pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Por último, tampoco se deben olvidar los efectos sociopolíticos acarreados por la grave crisis económico-financiera de los últimos años.

Por su parte, los avances tecnológicos también han supuesto un impulso definitivo para este derecho, ya que facilitan de modo real y efectivo el acceso a documentación de toda clase. La puesta a...

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