Envejecimiento y políticas de empleo. España
| Autor | Guillermo Rodríguez Folgar |
| Páginas | 181-184 |
OCDE
MTAS, Colección Informes OCDE Madrid, 2004 135 pág.
El presente estudio, realizado por el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, es un análisis temático de las medidas que pretenden mejorar las perspectivas de empleo de los trabajadores de edad avanzada, abordando tanto los aspectos relacionados con la oferta como con la demanda.
Comienza el estudio analizando la situación demográfica española, señalando que se prevé que el aumento de la edad media de la población en nuestro país será uno de los más grandes de los países de la OCDE y que los factores fundamentales que se hallan tras el proceso de envejecimiento son el descenso de las tasas de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer. Page 182
Según el informe, se prevé que la tasa de dependencia de la población de edad avanzada aumentará en España hasta más del 60% en 2050, lo que representa más del doble de su nivel actual. Eso significa que en ese año habrá menos de dos personas en edad activa por cada persona de 65 años o más. Por otra parte, se prevé que los gastos en pensiones en porcentaje del PIB permanecerán estables a corto plazo, pero aumentarán gradualmente a partir de 2010 aproximadamente. Además, el continuo aumento de la edad media de una población incrementa de una manera sistemática las necesidades de cuidado de las personas y los costes de la asistencia sanitaria.
En este sentido se comenta en el informe que para afrontar el problema es necesario adoptar medidas para elevar las tasas de actividad de todos los trabajadores, pero especialmente las de las generaciones actuales y futuras de trabajadores de edad avanzada.
A continuación trata el informe de identificar las áreas en las que es posible tomar medidas para mejorar los resultados de los trabajadores de edad avanzada en el mercado de trabajo. Se señala que en los últimos treinta años las tasas de actividad de los hombres de 55 años y más han descendido en más de veinte puntos porcentuales, mientras que las de las mujeres de ese tramo de edad siguen siendo inferiores a la media de la OCDE. Existe, pues, según el estudio, un claro margen de maniobra para aumentar la participación de los hombres y las mujeres de edad avanzada en el mercado de trabajo.
En lo que respecta a la ocupación se indica que en España las tasas de ocupación de los trabajadores de edad avanzada han aumentado a un ritmo más lento que las de los trabajadores de edades centrales, por lo que la diferencia de empleo entre los trabajadores de edad avanzada y los de edades centrales se ha agrandado.
Se señala, por una parte, que hay que conseguir que los trabajadores de edad avanzada sigan trabajando y, por otra, movilizar a los trabajadores de edad avanzada parados o inactivos. En este sentido, en el informe se examinan las características de estas personas y se describen las tendencias recientes del paro, del paro de larga duración y de la inactividad de estos trabajadores.
Se comenta en el informe que, a pesar de las mejoras observadas desde el año 1994 en lo que respecta a las tasas de actividad de dicho colectivo, existe una cierta sospecha de que se subestima el verdadero grado de inactividad de los trabajadores de edad avanzada: es posible que muchos de esos trabajadores que pueden trabajar hayan pasado a los programas de protección social, como las prestaciones por enfermedad, las prestaciones por incapacidad y las prestaciones asistenciales.
Por otra parte, se destaca que el grado y la persistencia del paro de larga duración en el caso de los parados de edad avanzada son preocupantes en España. La incidencia del paro de larga duración representa más del 50% de las duraciones declaradas en el caso de los hombres de esa edad y más del 60% en el de las mujeres.
Se señala en el informe que de las personas de edad avanzada que pasaron a la inactividad en los últimos tres años, una creciente proporción se convirtió en inactiva debido a la jubilación anticipada, a una incapacidad o a una enfermedad. Pero la extinción de un contrato de duración determinada es otra importante razón por la que los trabajadores abandonan el mercado de trabajo.
Según el informe, para averiguar en qué medida estos individuos inactivos (y parados) de edad avanzada representan mano de obra inutilizada se han realizado estimaciones de los recursos de mano de obra que pueden movilizarse, basándose en medidas del exceso de inactividad y del exceso de paro, donde «exceso» significa la diferencia entre la tasa de ocupación de un país y la desocupación del país de referencia, que es el tercer país de la Page 183 zona de la OCDE que tiene mejores resultados.
En este sentido, se observa que en España podría movilizarse el 16,6% de la población en edad activa, cifrándose el exceso de inactividad en un 14%. Por otra parte, en España las personas de 50-64 años representan más del 42% de los recursos totales de mano de obra que pueden movilizarse (y las mujeres representan casi el 72% del total).
Según el informe, por el lado de la oferta, las decisiones personales de trabajar dependen de la cuantía de las prestaciones y de los criterios de acceso a los sistemas públicos de pensiones. Pero también dependen de los sistemas de Seguridad Social, de las prestaciones por desempleo y del tratamiento fiscal de los sistemas privados de pensiones.
Encontrar el justo equilibrio entre garantizar una renta suficiente a los trabajadores de edad avanzada y no socavar al mismo tiempo los incentivos para trabajar es un reto al que se enfrentan todos los países de la OCDE. En este sentido se ocupa el informe de averiguar en qué medida son adecuados los programas de mantenimiento de los ingresos que existen actualmente en España para los trabajadores de edad avanzada y evaluar la probable influencia de estos programas en los incentivos para trabajar y en las decisiones de jubilación de los trabajadores de edad avanzada.
A este respecto, es evidente que una elevada tasa de sustitución da más incentivos para jubilarse, manteniéndose todo lo demás constante, que una baja tasa de sustitución. Pero las decisiones de jubilación también dependen del valor actual de las futuras pensiones, es decir, de la riqueza procedente de las pensiones, que no se obtendrían si se pospusiera la jubilación. En España, según el informe, la tasa neta de sustitución es alta, en comparación con otros países de la OCDE. Por otra parte, en la mayoría de los países, la riqueza neta procedente de las pensiones experimenta una disminución significativa cuando se trabaja un año más después de la edad oficial de jubilación, siendo especialmente cierto en el caso de España. Por último, se señala que el nuevo sistema de jubilación flexible ha contribuido a alterar los desincentivos para trabajar en el caso de los trabajadores de edad avanzada, lo que según el informe constituye un importante y valioso paso en la buena dirección.
Sin embargo, señala el informe que, como consecuencia de la introducción de dicho sistema de jubilación flexible (que en principio aumenta los costes de la jubilación anticipada tanto para los empresarios como para los trabajadores) podrían existir crecientes presiones para utilizar las prestaciones por incapacidad como vía alternativa para salir anticipadamente del mercado de trabajo. Estas presiones pueden ser aún más difíciles de evitar debido a algunas características del sistema actual de pensiones de invalidez.
En primer lugar, los costes que asumen los empresarios cuando un trabajador recibe una baja por enfermedad son relativamente bajos en comparación con otros países. En segundo lugar, el grado mínimo de incapacidad que da origen a la percepción de prestaciones -33 por cientoes bajo, por lo que puede ser difícil denegar el acceso a las prestaciones en los casos en los que la incapacidad es relativamente moderada. Por último, las pensiones no contributivas son gestionadas por las Comunidades Autónomas, mientras que la financiación proviene de la Seguridad Social. Dado que aquéllas pueden administrar estas prestaciones y no son responsables directamente del coste de sus decisiones, pueden no tener muchos incentivos para reducir el número de casos. Por otra parte, como las Comunidades Autónomas son responsables del coste de las prestaciones asistenciales, pueden tender a conceder prestaciones no contributivas por incapacidad con cierta indulgencia para no tener que pagar prestaciones asistenciales de su propio bolsillo. Page 184
Por lo que respecta a las prestaciones por desempleo, señala el informe que algunas disposiciones del programa de prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo sirven claramente de puente para la jubilación. Para aumentar realmente la vida laboral de las personas de edad avanzada, incluidas las que están en paro, es necesario revisar dentro del proceso de reforma los desincentivos de los sistemas de prestaciones por desempleo para seguir trabajando.
En este sentido se comenta en el informe que es especialmente interesante para los trabajadores de edad avanzada la disposición que permite a los trabajadores de más de 52 años compatibilizar las prestaciones por desempleo con una renta regular procedente del trabajo (Ley 45/2002, de 12 de diciembre).
Desde el punto de vista de la demanda, señala el informe que actualmente se reconoce, como lo demuestra la nueva reforma de las pensiones comentada anteriormente, que subvencionar la jubilación anticipada puede ser contraproducente para resolver los problemas del paro.
Se estimula por otra parte la reforma de la normativa sobre el empleo, señalando que España tiene desde hace tiempo una legislación muy protectora sobre los despidos, y la legislación general de protección del empleo sigue siendo una de las más estrictas de la zona de la OCDE, afirmando que esa estricta protección del empleo es una de las principales causas del elevado paro español.
Se comenta, por otro lado, que las probabilidades de los trabajadores de edad avanzada de volver a encontrar trabajo son bajas: los trabajadores de edad avanzada que se quedan en paro o que pasan a la inactividad tienden a encontrar otras vías para acceder a la jubilación o a convertirse en parados de larga duración. En cambio, los trabajadores de edad avanzada que tienen contratos indefinidos tienden a disfrutar de una elevada antigüedad, por lo que tienen muchas probabilidades de permanecer trabajando.
En este sentido propone el informe la reforma de la legislación sobre los despidos, especialmente en el caso de los trabajadores de edad avanzada. Esta reforma podría contribuir a dar un incentivo duradero para transformar los contratos temporales en contratos de duración indefinida.
Por lo que respecta a los trabajadores poco cualificados, en especial los de edad avanzada, recomienda el informe conceder a los empresarios subvenciones que reduzcan el coste de la contratación o del mantenimiento en el puesto de los trabajadores de edad avanzada.
Así mismo se recomienda la creación de unas condiciones de trabajo que se adapten a las necesidades de un creciente número de trabajadores de edad avanzada, lo que contribuiría a dar un giro a la tendencia a abandonar el mercado de trabajo antes de lo que se considera necesario. Entre ellas se incluyen la flexibilidad del tiempo de trabajo, la rotación de los trabajadores y la posibilidad de hacer una segunda carrera.
A continuación se analizan en el informe algunas estrategias, en especial las relativas a la formación y a las políticas activas del mercado de trabajo, para mejorar la empleabilidad de los trabajadores de edad avanzada con el fin de ayudarlos a hacer frente a los retos con los que se encuentran para trabajar y para encontrar trabajo cuando se quedan en paro.
Finaliza el informe señalando que para mejorar la empleabilidad de los trabajadores de edad avanzada y hacer frente a los efectos económicos del envejecimiento es necesario, entre otras cosas, adoptar una amplia variedad de medidas coherentes y crear un entorno estable en el que aplicar las reformas necesarias. Para ello es esencial la existencia de un marco macroeconómico estable, especial-Page 185mente una Hacienda Pública saneada, para fomentar el crecimiento, mantener las mejoras generales de los resultados del mercado de trabajo y crear un clima en el que sea posible sacar el máximo partido a las reformas.
El informe da una visión muy completa de la situación de los trabajadores de edad avanzada en España, su problemática y soluciones posibles. Solamente se le puede objetar el error de cálculo respecto a la llegada de inmigrantes y la poca claridad expositiva de algunos párrafos del apartado dedicado a los incentivos para jubilarse.
GUILLERMO RODRÍGUEZ FOLGAR
