Dosier legislativo de la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria

 
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Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria

La Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria entró en vigor el 30 de junio de 2017.

Las modificaciones introducidas se traducen sustancialmente en la modificación del art. 56 del Código Civil referente al consentimiento matrimonial de las personas con discapacidad, afectando asimismo la reforma a la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que retrasa al 30 de junio de 2018.

Antecedentes

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria modificó el artículo 56 del Código Civil, relativo a los requisitos de capacidad exigidos a quienes deseen contraer matrimonio con el fin de proteger a las personas con discapacidad para asegurar que reúnan los requisitos necesarios para ello y favorecer la celebración del matrimonio.

En concreto, la nueva redacción establecía que “si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario Judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”.

La entrada en vigor del nuevo precepto estaba prevista para el 30 de junio de 2017.

Sin embargo, surgidas dudas interpretativas respecto del término “discapacidad”, la Ley 4/2017, de 28 de junio, modifica la disposición final primera de la Ley 15/2015, de 2 de junio, que a su vez modifica de nuevo el art. 56 del Código Civil antes de que la anterior modificación entre en vigor.

Objetivos

El objetivo de la Ley es mejorar la redacción del art. 56 del Código Civil antes de su entrada en vigor y adecuarlo plenamente a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, ratificada por España en 2008, que insta a los Estados a prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad, les obliga a reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, así como a adoptar las medidas pertinentes para para poner fin a la discriminación a...

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