Conferencia inaugural: El impacto de la crisis en la Seguridad Social
| Autor | Octavio Granado Martínez |
| Cargo | Secretario de Estado de la Seguridad Social. |
| Páginas | 11-19 |
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
El impacto de la crisis
en la Seguridad Social
OCTAVIO GRANADO MARTÍNEZ*
Un sistema de pensiones es un sistema muy vivo, en el cual las cuestiones de configura-
ción jurídica y las cuestiones económicas están muy relacionadas y no es fácil encon-
trar solución a problemas del sistema si no es abordando ambos aspectos, sobre todo en
un momento con una situación evidentemente muy diferente a la de años anteriores. En 2008 se
barruntaban los efectos de la crisis económica, en el primer trimestre de este año pasamos el epi-
centro del terremoto y ahora estamos empezando a ver que podemos salir de la tormenta. Des-
de esta perspectiva se deben abordar los problemas del sistema de pensiones y por lo tanto seña-
lar cuestiones que tienen que ver con la situación de crisis económica en la que vivimos y cues-
tiones que afectan a cómo la crisis económica va a tener importancia para los próximos años en
el sistema de pensiones.
Lo primero que habría que decir aquí es que la crisis está afectando muy duramente a los sis-
temas de pensiones, pero que este efecto inmediato sobre las cifras de los sistemas de pensiones
todavía no se ha traducido en una disminución de prestaciones, al menos en los países de la
OCDE, de las personas que reciben rentas de los sistemas de Seguridad Social. Es decir, esta-
mos viviendo sin ninguna duda la crisis económica más importante de los últimos setenta y cin-
co años en el mundo. No obstante, al contrario que lo que ha podido suceder en otras crisis eco-
nómicas, incluso de menor intensidad, no son los beneficiarios de los sistemas de pensiones los
que están siendo afectados de forma más intensa; pues aparentemente están soportando la cri-
sis económica mejor que otras categorías de ciudadanos. La clásica tendencia hacia la pauperi-
zación de la pobreza que los analistas de la distribución de rentas hemos observado ha variado,
sobre todo en los países europeos en los últimos treinta años. Cuando hacíamos un análisis de la
distribución de la pobreza en el siglo diecinueve en Europa, la pobreza era un problema esen-
cialmente de personas mayores, ahora la pobreza está deshilachándose, diluyéndose en las
capas de población de mayor edad y está concentrándose en las familias con niños pequeños y
esa tendencia con la crisis económica se está acentuando. Los sistemas de pensiones ayudan a
mantener las rentas de las personas mayores, soportan, con cargo al déficit público, con cargo a
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medidas extraordinarias, los problemas de ingresos pero no lo traducen sobre sus beneficiarios
y sin embargo la destrucción de empleo en el mercado de trabajo o la pérdida de actividad eco-
nómica golpea a otras capas de la sociedad que sí soportan con mayor intensidad los embates de
la crisis.
Primera reflexión, hasta ahora, bien sea por motivos políticos o bien sea por motivos económi-
cos, los sistemas de pensiones están jugando bien el papel de amortiguador que les concede su con-
figuración en situaciones de crisis económica; debido a que por motivos políticos los dirigentes
públicos a la hora de realizar sus elecciones no están queriendo afectar a las personas mayores, o
a que los sistemas de pensiones mantienen algunos puntos de fortaleza que les permiten jugar
bien su papel, el caso es que no está habiendo una disminución de rentas en las personas mayores
y están soportando la crisis económica de manera muy diferente en función de su configuración.
Las discusiones sobre capitalización o reparto, que fueron muy intensas en este país a
comienzos de los noventa y en el mundo en los años ochenta, son discusiones que se van a supe-
rar y que al final después de la tesis y la antítesis llegará la síntesis y en estos momentos todos
los que gestionamos sistemas de pensiones basados en el reparto estamos pensando en cómo
introducir elementos cada vez más definidos de capitalización y los que gestionan sistemas de
pensiones basados en la capitalización están pensando cómo introducir factores compensatorios
de reparto. Es decir, los sistemas de pensiones en el mundo dentro de treinta años se van a pare-
cer mucho más entre sí de lo que se parecen ahora, van a tender a la convergencia, van a desa-
rrollar los elementos que la propia configuración del sistema no les permite desarrollar por sí
solos y, en este sentido, al final van a confluir hacia diferentes formas mixtas de elementos de
capitalización y de ahorro y de elementos de reparto de solidaridad.
En este sentido, cabe hablar de diferencias insalvables en la forma en que un sistema y otro
aguanta la crisis, la crisis nos va a hacer a todos más pobres y va a suponer para todos, los que
gestionamos unos y otros sistemas, problemas económicos, problemas sectoriales, problemas de
desequilibrio entre ingresos y gastos, necesidad de configurar nuevos equilibrios. Por lo tanto,
no es que haya unos sistemas que estén blindados o que resulten inmunes ante la crisis y otros
que lo soporten peor, simplemente vamos a soportar la crisis de diferentes formas, en el tiempo
y en cuanto al impacto social y en cuanto a la redistribución de la riqueza.
Lo que sí que es cierto es que los sistemas de reparto que introducen dentro de sus elementos
la mediación política, el papel del Estado como garante del sistema y como nivelador de los dese-
quilibrios, bien por la vía de legislación que concreta, reduce o morigera las prestaciones, o bien
por la vía de la asunción por el Estado de obligaciones del sistema, teóricamente hacen una
digestión temporalmente más fluida de los problemas de la crisis que los sistemas de capitali-
zación. Por ejemplo en algunos países europeos que salieron del comunismo, con una lógica aver-
sión a todas las formas de organización colectiva de la economía, han puesto en marcha sistemas
de pensiones de capitalización con fondos que invertían de forma absolutamente irrestricta, es
decir no existía una regulación tan prolija y tan precisa como la que existe en España, por ejem-
plo, para la regulación de las inversiones de los fondos de pensiones y en particular de las pen-
siones vinculadas a la negociación colectiva, y en algunos de esos países, antes del año 2007 bus-
cando altísimos rendimientos, los fondos de pensiones habían invertido en hedge funds, en todo
tipo de capital riesgo e incluso habían asociado sus inversiones a inversores que prometían ren-
tabilidades mucho más altas que las del conjunto del sistema financiero. Había gente que había
invertido en Madoff; también hay mutualidades en España que han invertido en Madoff aunque
fueran cantidades irrelevantes, despreciables.
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¿Cómo van a soportar esos fondos de pensiones basados en esquemas de capitalización la cri-
sis económica? Pues las personas que se van a jubilar en algunos de esos países el año que viene
todavía puede obtener algún alivio por la mejora de las Bolsas, pero es posible que se jubilen con
un 40% menos de pensión que la que obtuvieron quienes se jubilaron hace dos años, habiendo
hecho las mismas aportaciones en comparación homogénea, lo cual supone que una persona que
lleva quince o dieciséis años ahorrando, que además iba comprobando cómo sus ahorros iban
produciendo una rentabilidad muy alta, más alta incluso que la altísima que producen los siste-
mas de reparto, que en España podríamos hablar de un 4% por encima del crecimiento de los
precios, de repente se encuentran con que se jubilan con una pensión mucho más baja. Si ade-
más en algunos de esos casos las pensiones estaban vinculadas, por ejemplo, a la posible venta
de la vivienda, como es el caso del Reino Unido en donde la mayor parte de los fondos ofrece la
posibilidad de comprar y convertir en renta vitalicia la vivienda en propiedad cuando la perso-
na se jubila, entonces tienen que soportar la depreciación de la vivienda y si además en alguno
de esos casos tenían pactada con el fondo la residencia en un segundo país de la zona euro, que
eso es algo que ha tenido un desarrollo muy fuerte en los fondos de pensiones del Reino Unido,
pues se encuentran con que además la depreciación de la moneda, etcétera, han tenido una ter-
cera derivada desfavorable.
Y esto se ajusta automáticamente, porque la ventaja y el inconveniente del sistema de capi-
talización es que todos los ajustes se producen de forma automática, lo cual cuando las cosas van
bien es una ventaja notabilísima y en general en series muy largas permite definir con criterios
muy razonables cómo organizar los costes del sistema de pensiones dentro del conjunto de la
actividad económica, pero en momentos como el presente es un inconveniente muy serio y enton-
ces es cuando aparece la necesidad social y nos encontramos con que hay personas que llevan
toda la vida invirtiendo, que han hecho precisamente lo que les han recomendado sus responsa-
bles públicos que es asumir riesgos, ser valientes, asumir las ventajas del mercado, y que se
encuentran que por haber hecho caso a sus responsables públicos pues ahora están en peor
situación. En esta situación, el actor político tiene que asumir parte de la carga porque la gente
que está peor es la que le ha hecho caso.
Esto es lo que ha pasado a los pensionistas en algunos países donde han puesto en marcha
pensiones basadas en criterios no demasiado controlados. En algunos países están regulando ya
las inversiones de los fondos de pensiones, en otros se piensa en cómo dar transitoriamente una
cierta compensación a las personas que están sometidas a la crisis económica, en todos están
cambiando las normas contables para permitir que los fondos de pensiones contabilicen de for-
ma más laxa y que haya menos minusvalías que afloren, porque también esto es una cosa que en
las discusiones entre reparto y capitalización normalmente los representantes de sistemas de
capitalización argumentan al decir que los sistemas de reparto están sometidos a las miserias
de la intervención política, ahora parece que las miserias de la intervención política tienen algu-
na ventaja.
¿Qué está sucediendo en los países con sistemas de reparto? En los países que han hecho sus
deberes los sistemas están equilibrados a largo plazo teóricamente, pero en la práctica están
equilibrados a corto y, a largo plazo todos somos conscientes de que es necesario producir algún
tipo de reformas para mantener la situación de equilibrio.
En estos países cuando la crisis provoca un déficit fuerte en el sistema el Estado lo soporta
directamente. ¿Ese déficit se traslada a los beneficiarios? No. Puede haber decisiones muy pun-
tuales de reducción de prestaciones, como cuando los alemanes hace algunos años decidieron
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congelar las prestaciones del sistema de pensiones. ¿Puede haberlas en un futuro? Depende de
cómo cada uno de los países salgan de la crisis, aunque no es previsible.
Por último es necesario hacer una tercera referencia a los sistemas mixtos, que han ido tran-
sitando de fórmulas puras de reparto hacia alguna fórmula de capitalización a través de cuen-
tas nocionales u otros sistemas, el caso más emblemático sería Suecia. Aquí sucede que los pen-
sionistas que vienen del pasado no solamente no están siendo afectados por la crisis sino que se
comparan dentro del propio país con los que vienen del nuevo sistema y entonces tenemos un
pensionista que se jubiló en los años noventa con el antiguo sistema respecto del pensionista que
se jubila con una pensión mixta en la cual ya hay una parte capitalizada y una parte que le
financia el Estado siguiendo criterios de reparto y en la mayor parte de los casos esa segunda
persona ha tenido unos años de una relativa mejora, pero ahora tiene una importante pérdida y
entonces la situación todavía es más compleja porque tenemos dentro del propio país el antiguo
que se frota las manos mirando al pobre nuevo. Esto plantea el problema desde una perspectiva
de cohesión social dentro del propio Estado que es más problemática.
¿Qué ha pasado en España? Evidentemente España tiene algunas ventajas sobre los siste-
mas de reparto puros del modelo continental bismarckiano, por ejemplo, que se ha efectuado la
separación de fuentes que hoy sigue siendo la gran asignatura pendiente de los grandes siste-
mas de reparto continentales. La Seguridad Social francesa, italiana o alemana siguen finan-
ciando con cotizaciones sociales los gastos sanitarios y los servicios sociales. Una cuestión que
también era histórica en el sistema español de Seguridad Social, pero se aprovechó el bonus fis-
cal de la entrada en la Comunidad Económica Europea para derivar los impuestos hacia la
financiación de la sanidad y los servicios sociales y dejar que las cotizaciones sociales financia-
ran en exclusiva pensiones, desempleo y prestaciones temporales de maternidad e incapacidad
temporal del sistema de pensiones. Este proceso acabó en 1999, año en el que se abordaron las
grandes líneas de reforma, desde ese año en adelante se ha ido completando esa reforma, abor-
dando algunos flecos pendientes.
La separación de fuentes ha descargado al sistema de protección social del déficit sanitario y
de servicios sociales. Cuando se compara la situación de los distintos sistemas de pensiones,
España ha elegido el menú con algo más de inteligencia, sobre todo porque tenemos repartido
quien paga la factura. El sistema español de Seguridad Social ya no tiene que pagar el primer
plato y el segundo, la sanidad y los servicios sociales, que paga directamente el Estado. Si hubié-
ramos tenido que pagarlo estaríamos como Francia que probablemente acabará el año con trein-
ta mil millones de euros de déficit, situación que se puede producir de forma proporcional en tér-
minos similares en otros países europeos. La previsión de los políticos españoles que iniciaron el
proceso de separación de fuentes ha permitido a la Seguridad Social española transitar por el
superávit y tener un colchón muy amplio de superávit sobre el que se produce la liberación de
ingresos del año presente. El año pasado tuvimos un superávit de 1,3 puntos de PIB y este año
hemos estimado desde una posición prudente por la situación de crisis que vamos a tener un
superávit de 0,4%, que a la vista del resultado de la ejecución presupuestaria de julio podría ser
mayor. No vamos a entrar en déficit porque venimos de un superávit del 1,3% y vamos a que-
darnos en el 0,4%. Llamamos la atención porque en un país en el que el problema de desequili-
brio en las cuentas y de falta de liquidez es generalizado en empresas, Ayuntamientos, Comu-
nidades Autónomas y Estado, la gente se pregunta por qué nosotros no. Realmente no tenemos
déficit por la separación de fuentes, esa es la razón principal, a lo que se han ido añadiendo dis-
tintas actuaciones que han reforzado esta situación.
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En esta legislatura pasada, por ejemplo, hemos hecho evolucionar las bases mínimas de coti-
zación lo mismo que han crecido las pensiones mínimas. En todo caso las bases mínimas de coti-
zación tienen que crecer siempre lo mismo que las pensiones mínimas, porque sino se genera un
desequilibrio y sobre todo se genera propensión al desequilibrio, animando a la gente a hacer las
carreras de cotización más débiles y las bases de cotización más pequeñas porque son más ren-
tables. El sistema dentro de sus reglas de equidad debe garantizar que la rentabilidad sea
mayor en las carreras largas y en las bases mayores, que en las carreras más cortas y con bases
más bajas.
En temas fiscales permanentemente se habla de «los que tienen menos renta», no de los que
declaran menos a Hacienda que es distinto, pues los que declaran menos a Hacienda en algunos
casos son los que tienen menos renta y en otros, son los que más pueden ocultar. Mezclar ambos
colectivos no es razonable. En la Seguridad Social pasa lo mismo, los que pagan por bases más
pequeñas son los que tienen peores salarios, eso es una desgracia, y en el segundo caso son los
que no quieren pagar más. Por eso insisto en que no debemos mezclar una cosa con otra.
Otra cuestión que no se había abordado anteriormente por mis antecesores en la gestión de la
Seguridad Social, que hicieron muchas cosas bien, ha sido crear un modelo de gestión de mutuas
de accidentes de trabajo, con las que el Partido Popular no supo qué hacer y no hizo nada.
En los últimos años se han mejorado las bases mínimas, se camina hacia la mejora de bases
en los regímenes especiales, de las bases de cotización en el régimen agrario y en el régimen del
mar. Sobre todo hemos subido bastante las bases mínimas de cotización de acuerdo con la equi-
valencia con el salario mínimo y en ese sentido tenemos un sistema más equitativo en aporta-
ciones y prestaciones que en el año 2004, sin serlo mucho más, pero algo hemos transitado. En
cualquier caso, la gran ventaja de la que disfrutamos a la hora de definir los equilibrios del sis-
tema no son las mejoras que hemos conseguido en algunos costes y en algunos ingresos margi-
nales, sino la gran mejora de la separación de fuentes.
¿Esto nos va a permitir trabajar en el futuro con más holgura? Sin duda, si somos capaces de
soportar este año y el que viene en situación de superávit, que yo creo que lo vamos a conseguir,
pues evidentemente lo razonable es que tengamos también superávit hasta 2015, 2016, 2017,
2020 según cómo hagamos las proyecciones, sin problemas, sin olvidar que debemos plantear
respuestas al problema demográfico.
Cuando se habla de las reformas de Seguridad Social en época de crisis y con una buena
situación económica del sistema, lo que se discute no es tanto la idoneidad de las cuentas de la
Seguridad Social, sino en qué medida el Sistema de Seguridad Social puede contribuir a crear
un entorno ecológico aceptable que permita que este país pueda salir mejor y más deprisa de la
crisis económica. Y entonces aquí sí que tenemos que entrar en otro tipo de consideraciones, que
ya no son estrictamente las del Sistema de Seguridad Social.
Una primera cuestión es analizar si hemos culminado bien la separación de fuentes o si en
España todavía seguimos imputando a las cotizaciones sociales, que son lógicamente un coste
social vinculado al empleo, demasiados costes que deberían estar financiados por el Estado, y en
la medida que el Estado tenga capacidad para financiar esos costes, descargaría a la creación de
empleo del lastre de esos costes asociados
En la separación de fuentes hemos culminado bien lo que es el gran diseño de la medida,
hemos sido capaces de respetar ese gran diseño, incluso con la puesta en marcha del Sistema
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Nacional de Atención a la Dependencia, que no tiene ninguna financiación de las cotizaciones
sociales y se financia íntegramente con tributos, vía presupuestos del Estado y de las Comuni-
dades Autónomas, pero todavía quedan flecos por resolver.
En el ámbito del desempleo seguimos financiando las políticas activas de empleo con cotiza-
ciones sociales. Este año, sin embargo, vamos a financiar las políticas activas de empleo con défi-
cit del Estado, porque el sistema de desempleo tiene un déficit muy cuantioso, y dentro de las
políticas activas de empleo habría que hacer un apartado muy concreto en relación a la forma-
ción. La formación continua para trabajadores, para desempleados, para autónomos se financia
con cotizaciones sociales, lo cual es una paradoja y técnicamente deficiente porque las cuotas de
formación solamente las pagan los empresarios y los trabajadores en algunos regímenes de la
Seguridad Social, no en todos, y luego se reparten entre desempleados que pertenecen a todos
los regímenes. Por ejemplo, entre autónomos que no pagan cuota de formación, entre agrarios
que tampoco y entre trabajadores de empresas, que si cotizan por este concepto. Con lo cual esta-
mos cobrando sólo a algunos para que paguen los gastos de todos. Por esta razón, las políticas
activas de empleo en 2009 las va a pagar el presupuesto del Estado. Hay que señalar que en el
sistema de pensiones, gracias al Pacto de Toledo, tenemos definida una cierta separación con-
tributiva-no contributiva y los excedentes se ingresan en el Fondo de Reserva y otros fondos de
otra naturaleza, como el Fondo de Prevención y los fondos de las mutuas.
En el sistema de desempleo, cuando las cosas van bien las cotizaciones sociales pagan todo,
prestaciones contributivas y no contributivas y cuando las cosas van mal el Estado asume el
déficit del nivel contributivo y paga todo lo no contributivo. Probablemente si en este país hubié-
ramos tenido la precaución de hacer un fondo similar al de reserva de la Seguridad Social para
el desempleo, ahora podríamos usarlo para pagar el déficit del desempleo, que bascularía menos
sobre las cuentas públicas. Eso significa que habríamos tenido una menor disminución de deu-
da en los años buenos al guardar unas reservas para el desempleo y ahora tendríamos que emi-
tir menos deuda para pagar las prestaciones de desempleo.
Otro fleco pendiente dentro del proceso de separación de fuentes está en el ámbito sanitario.
Me refiero a que todavía financiamos con cotizaciones sociales la atención sanitaria que gestio-
nan las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para el accidentado de
trabajo y enfermedad profesional. Esto encierra un cierto nivel de paradoja, porque si la perso-
na mutualizada lo está en el ámbito de las entidades gestoras de la Seguridad Social, el Institu-
to Nacional de Seguridad Social (INSS) o el Instituto Social de la Marina (ISM), en la práctica
su atención se está desarrollando a través de los servicios públicos de salud de las Comunidades
Autónomas que se financian con impuestos. Teóricamente desde la reforma de la financiación
sanitaria las Comunidades nos circulan facturas sobre esa atención, pero en la práctica las fac-
turas son muy inferiores al coste real del servicio, con lo cual tenemos un gasto sanitario que se
financia con cotizaciones sociales.
En Europa tenemos todos los modelos posibles. Tenemos países en donde la sanidad del acci-
dente de trabajo está incorporada a la sanidad general, países en donde, aunque tenga una red
exenta, está financiada con impuestos, países en los que esa red exenta está financiada con una
mezcla de impuestos y de cotizaciones sociales, y países como el nuestro en donde esa red exen-
ta está financiada con cotizaciones sociales, que es una red propia. Es decir, las personas que
están en una mutua van a los servicios de rehabilitación de la mutua, pero es gasto sanitario y
están pagándose con cotizaciones que son proporcionales a los tipos de cotización de la tarifa de
accidentes de trabajo y proporcionales a las bases de cotización, lo cual tampoco es demasiado
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razonable porque una persona que está pagando por 600 euros recibe la misma atención que uno
que está pagando por 3.000, ése es el inconveniente de las cuotas como sistema de financiación.
Es decir, la prestación es la misma aunque la frecuencia de la prestación no sea la misma y por
eso hay una tarifa diferenciada de accidentes de trabajo. Recuerdo de vez en cuando a las aso-
ciaciones de viudas, que los solteros pagan la misma cuota que los casados en el sistema español
de Seguridad Social, aunque luego haya una prestación de muerte y supervivencia. Quiero decir
con esto que el uso en la prestación no define necesariamente diferencias en la tarifa, por lo tan-
to sería razonable que esa atención sanitaria se pagara con impuestos.
Los restantes flecos los constituyen una serie de gastos de funcionamiento, de inversión, etc.,
que se financian con cotizaciones sociales simplemente por un criterio de contabilidad analítica,
de imputación de costes. Parece razonable que el gasto de personal de los funcionarios que ges-
tionan una prestación esté financiado por la misma fuente de recursos que financia esa presta-
ción. Es lógico, pero al final resulta que la mayor parte de los funcionarios del INSS que traba-
jan en prestaciones no lo hacen para trabajar en pensiones, que es el buque insignia de la flota
del sistema de pensiones en términos de gasto y en términos de participación en los presupues-
tos, sino que lo hacen gestionando ayudas familiares de naturaleza no contributiva, prestacio-
nes de maternidad, de paternidad, incapacidad temporal, porque estas prestaciones que tienen
una naturaleza más contingente, más temporal, causan más problemas de gestión que el pago
de una prestación que, una vez reconocida, se paga de forma periódica y se revaloriza una vez al
año. Es decir, ahí podría tener sentido que parte de los gastos de funcionamiento, capítulo de
personal, de gastos corrientes de inversión tuviera financiación presupuestaria.
Esta reflexión nos lleva a que hay una parte de los presupuestos de Seguridad Social que pro-
bablemente tendría sentido que estuviera financiada con presupuestos y no con cotizaciones. De
esta forma las cotizaciones sociales podrían reducirse en esa carga sin perjudicar el equilibrio
del sistema, lo cual reduciría los costes sociales vinculados directamente al empleo. Creo que
tenemos que hablar de ello en el marco del Pacto de Toledo y en el marco del diálogo social.
Esto no quiere decir que nos apuntemos a la tesis que defiende Javier Gómez Navarro, Presi-
dente del Consejo de Cámaras de Comercio, de que podemos bajar cinco puntos la cotización
social para subir el I.V.A. Esto es un disparate descomunal, porque la gran conquista del Pacto
de Toledo en este país ha sido convencer a la gente de que su pensión depende de lo que cotiza, y
que por lo tanto si se quiere tener mejor pensión en el futuro hay que cotizar por mejores bases
y hacerlo por más tiempo, lo cual ha permitido aflorar economía sumergida y sobre todo que los
trabajadores de este país peleen porque se cotice por ellos.
La conquista de la sociedad española de entender que para tener mejores pensiones hay que
cotizar más y por más tiempo, se puede perder en el momento en que volvamos de alguna mane-
ra a unir pensiones e impuestos. Los ciudadanos pagan sus impuestos para que el Estado aco-
meta actuaciones de carácter general. Sin embargo, las cotizaciones sociales son pólizas, se paga
tanto para recibir cuanto. Perder la naturaleza contributiva de la cotización para derivarla en
naturaleza fiscal diferente de un tributo general es un disparate que tendría un resultado espan-
toso a medio y largo plazo en las cuentas de la Seguridad Social al incentivar que se cotizara
menos años y por la mínima cotización posible. Todo esto sin tener en cuenta las consecuencias
tan negativas que para sectores como el turismo, entre otros, tendría una subida del IVA.
Para atenuar los costes vinculados al empleo podemos hablar de cómo separar mejor las fuen-
tes de financiación del sistema de Seguridad Social, partiendo de la base de que las prestaciones
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van a seguir siendo proporcionales a las bases de cotización, para no perder lo que es una forta-
leza estratégica de este país para el futuro.
En cierta medida, tendríamos que hacer la misma reflexión de cómo podemos organizar el sis-
tema de bonificaciones para que sea más compatible con el cambio del modelo productivo. Para
ello hay que partir de la base de que lo que tenemos que incentivar son salarios mejores y no
solamente más estables; incentivar especialmente algunas actividades como la innovación, el
desarrollo y la investigación, y establecer bonificaciones no solamente sobre la relación contrac-
tual sino sobre otras cuestiones (bonificar más el permiso de maternidad, la flexibilización de
jornada laboral, modificaciones de condiciones de puestos de trabajo que se traducen en un
menor absentismo). Tenemos que ser capaces de buscar un sistema de bonificaciones que desa-
rrolle el mercado de trabajo haciéndolo de verdad más flexible, no modificando el coste del des-
pido que no es ni con mucho la principal rigidez del mercado de trabajo español. Hay que resol-
ver algunos problemas específicos del mercado de trabajo español, como la estacionalidad. En
este país hay aproximadamente dos millones de personas que trabajan entorno a seis meses al
año. Nos hemos acostumbrado a un modelo y es el de trabajo-prestación. Con el mismo dinero
que nos cuesta la prestación, deberíamos ser capaces de incentivar jornadas de trabajo comple-
mentarias de aquellas actividades principales que se ejercen de forma estacional.
Paralelamente seguimos teniendo un problema con el trabajo a tiempo parcial. En España
hay un 12%, casi un 13%, de contratos a tiempo parcial. En la Unión Europea y en el conjunto
de los países de la OCDE el tiempo parcial está entorno al 20% de los contratos del mercado de
trabajo. En España hay menos tiempo parcial esencialmente porque los trabajadores no contro-
lan su horario y porque en la práctica sigue habiendo muchísimos abusos en la relación contrac-
tual en forma de no pagar horas extras o de obligar a unos horarios excesivos. En este país
podría haber un millón o dos millones de personas trabajando a tiempo parcial que no lo hacen,
lo cual disminuye la tasa de actividad y aumenta nuestros registros de desempleo. Si pasáramos
del 12% al 20% tendríamos un millón y medio de personas más trabajando, tendríamos algunos
centenares de miles menos de parados.
En conclusión, se pueden hacer muchas reformas en el ámbito del sistema de protección
social que añadan flexibilidad real al mercado de trabajo español. Se puede discutir, en un ámbi-
to razonable, qué parte de nuestros gastos que ahora están financiados por cotizaciones sociales,
pueden ser financiados por impuestos, y creo que tenemos la obligación de conseguir que el sis-
tema de pensiones español sea un sistema equilibrado a futuro, porque esa es la manera de aña-
dir certidumbre sobre el futuro de este país, que ha ido saliendo de las sucesivas crisis económi-
cas con un bagaje de reformas importantes. Por lo tanto nos interesa seguir haciendo reformas
en el presente para consolidar el futuro y desde el sistema de pensiones la mejor aportación que
podemos hacer es de naturaleza cultural. Hemos conseguido que los ciudadanos consideren que
hay una parte de la Administración Pública española que es muy eficiente, que es bueno pagar
impuestos, que es bueno asumir obligaciones de naturaleza fiscal, que es bueno cotizar, que es
bueno tener una buena relación con la Administración… Yo creo que nosotros tenemos que
intentar salir, en los problemas que se plantean en torno a la crisis económica, de las grandes
discusiones bipolares, del blanco y el negro, del ying y el yang. Tenemos la obligación de asentar
lo que han sido siempre las reformas en materia de pensiones, de asentar la necesidad de refor-
mas permanentes que nunca van a ser todo lo profundas que desearían los especialistas, pero
tampoco van a ser todo lo duras que temerían algunos beneficiarios. Es decir, de asentarnos un
poco en esta tierra de nadie, en ese gris permanente que es el que algunos definen como el color
ideal de la democracia, porque la democracia es antes que nada transacción y por eso la demo-
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cracia la inventaron los burgueses que eran los que estaban acostumbrados a comprar y vender
y a ponerse de acuerdo en torno al precio de las cosas y en torno a cómo se realizaban las activi-
dades, y yo creo que tenemos que ser capaces de desdramatizar la necesidad de reformas en este
país y de ser capaces de ir produciendo poquito a poco las reformas permanentes que nos tiene
que permitir salir mejor de la crisis económica.
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