Comunidades Autónomas. Actividad Legislativa
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A cargo de Belén Noguera
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Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada (BOJA núm. 210, de 31 de octubre; BOE núm. 279, de 21 de noviembre).
En el ejercicio de las competencias asumidas en los art. 13.21 y 20.1 del Estatuto de autonomía de Andalucía, el Parlamento andaluz ha aprobado la Ley 5/2003, de declaración de voluntad vital anticipada (LDVA). Con esta Ley, el legislador andaluz —como ya hizo el legislador catalán con la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica (DOGC núm. 3303, de 11 de enero de 2001),y otros legisladores autonómicos sobre el modelo de la anterior—1 ha intentado dar respuesta al debate social suscitado en torno al derecho a morir dignamente y sobre la autonomía de los pacientes «para poder decidir, en situaciones límite, sobre el destino de su propia vida y sobre los tratamientos de soporte vital que les deben —o no— ser aplicados» (exposición de motivos § 4 LDVA).
La Ley andaluza regula la declaración de voluntad vital anticipada o el mal llamado, pero más conocido, testamento vital2 en el marco de las previsiones contenidas en el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, de 4 de abril de 1997, ratificado por Instrumento de 7 de julio de 1999, y que entró en vigor en España el 1 de enero de 2000. La declaración de voluntad vital anticipada se configura comoPage 232 un instrumento básico en orden al ejercicio del derecho a la autonomía personal del paciente, que constituye un aspecto fundamental del respeto a la dignidad de la persona —fundamento del orden político y de la paz social ex art. 10.1 CE— y de la libertad individual. Se trata de garantizar el derecho a la autonomía personal del paciente —usuario de los servicios sanitarios— haciendo posible «el ejercicio del derecho a decidir libremente sobre los tratamientos y las condiciones en que éstos se le aplican, en situaciones de gravedad y cuando su estado le impida expresarlas personalmente [...]» (exposición de motivos § 9 LDVA).
El objetivo principal de la regulación de la declaración de voluntad vital anticipada es proporcionar al paciente un cauce para el ejercicio «de su derecho a decidir sobre las actuaciones sanitarias de que pueda ser objeto en el futuro, en el supuesto de que llegado el momento no goce de capacidad para consentir por sí mismo» (art. 1 LDVA). Ahora bien, la declaración de voluntad vital anticipada no es sólo un cauce que permite garantizar el ejercicio del derecho a la autonomía del paciente, sino también, como se insinúa en la exposición de motivos LDVA (§ 19), un instrumento fundamental en materia de responsabilidad médica para el profesional que se enfrenta a una situación clínica extrema, pues, como advierte Betancor, «no deja de ser también una garantía para el médico frente a posibles reclamaciones de allegados o familiares en su actuación profesional con un enfermo terminal o irreversible».3
La declaración de voluntad vital anticipada es un documento —«manifestación escrita» (art. 2 LDVA)— de instrucciones hipotéticas que deben tener en cuenta los profesionales sanitarios si concurren las circunstancias clínicas previstas en que su autor —el paciente— no pueda expresar personalmente su voluntad y, por tanto, consentir por sí mismo la actuación médica de que pueda ser objeto. Ahora bien, el contenido de la declaración no se limita en la Ley exclusivamente a tales instrucciones, pues se configura en la exposición de motivos LDVA (§13) como un instrumento amplio en el que, de acuerdo con lo previsto en el art. 3 LDVA, su autor puede manifestar también sus opciones personales —expresión que en la exposición de motivos LDVA (§13) se corresponde con la historia de valores de la persona—4 ante determinadas situaciones vitales; la designación de un representante —plenamente identificado, mayor de edad y con plena capacidad de obrar (art. 3.2, 5.2 LDVA)— que, previa aceptación,5 lePage 233 sustituya en los supuestos en que proceda el ejercicio del consentimiento informado (art. 3.2 LDVA) y actúe como interlocutor con los profesionales sanitarios; y su decisión sobre la donación de órganos en caso de fallecimiento (art. 3.3 LDVA).6
En cuanto a la capacidad exigida para otorgar la declaración, la Ley andaluza se muestra novedosa respecto de otras leyes autonómicas que, en la línea de la Ley catalana 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica, no han contemplado de forma expresa la posibilidad de que un menor emancipado pueda emitir la declaración.7 Con buen criterio —a mi juicio, por ser materia vinculada con los derechos de la personalidad—, pero distinto del adoptado por la legislación básica,8 la Ley andaluza, en el intento de facilitar al máximo el ejercicio de la autonomía personal, no sólo reconoce capacidad al menor emancipado para emitir la declaración —en tanto puede regir su persona como si fuera mayor ex art. 323 CC—, sino también a la persona incapacitada judicialmente, siempre y cuando no se excluya tal posibilidad en la resolución judicial de incapacitación (art. 4.2, exposición de motivos §14 LDVA).9 Por tanto, cualquier incapacitado podría, a priori, emitir una declaración de voluntad vital anticipada, siempre que tenga capacidad natural suficiente para entender el significado del acto y querer sus efectos. Si existe duda sobre la capacidad natural del incapacitado en orden a la emisión de la declaración son los profesionales sanitarios quienes han de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que inste un nuevo proceso a efectos de modificar el alcance de la incapacitación (art. 4.2 LDVA). Junto a la capacidad legal necesaria, se contemplan en la Ley dos requisitos adicionales de validez de la declaración vital anticipada: la forma escrita y la inscripción del documento en el Registro de Voluntades Anticipadas de Andalucía (art. 5.1 LDVA).
En cuanto al requisito formal, el documento en que conste la declaración de voluntad vital anticipada ha de contener la identificación del autor, su firma, y la fecha y lugar de otorgamiento. En los supuestos en que el otorgante no sepa o no pueda firmar, por alguna circunstancia que se ha de expresar, puede instar su sustitución —«firmará por él» (art. 5.1 LDVA)— por un testigo, cuyaPage 234 identificación se ha de hacer constar. El legislador andaluz ha excluido deliberadamente otras alternativas de formalización de la declaración de voluntad vital, como el otorgamiento ante notario o testigos, que se contemplan expresamente en la Ley catalana 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica, y en otras que siguen su modelo,10 con una doble finalidad: preservar al máximo la autonomía y la intimidad personal del paciente y facilitar el acceso de la declaración a los profesionales sanitarios responsables de su atención (exposición de motivos §15 LDVA).
La eficacia de la declaración de voluntad vital anticipada sólo está garantizada si los profesionales sanitarios responsables de la atención del enfermo tienen conocimiento de la misma. A tales efectos, la Ley crea el Registro de Voluntades Anticipadas de Andalucía, adscrito a la Consejería de Salud, y eleva la inscripción del documento en el mismo a requisito de validez de la declaración (art. 9 y 5.1, exposición de motivos §15 LDVA). El Registro de Voluntades Anticipadas, cuya organización y funcionamiento se regulan en el Decreto 238/2004, de 18 de mayo, es de consulta obligatoria para los profesionales sanitarios responsables de la atención de las personas que no pueden prestar el consentimiento a la intervención médica en los supuestos en que es preceptivo (art. 9.2, exposición de motivos § 16 LDVA). A tales efectos, la disposición adicional única de la Ley modifica el art. 6.1.ñ de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud, de Andalucía y establece que cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones se tendrá que estar a lo dispuesto en la declaración de voluntad anticipada (art. 6.1.ñ, 2) y sólo cabe la toma de decisiones por sustitución cuando «no haya emitido declaración vital anticipada» (art. 6.1.ñ, 3). El Registro de Voluntades Anticipadas está llamado por la Ley a desempeñar una doble función: custodiar, conservar las declaraciones vitales de voluntad anticipada y facilitar el acceso a las mismas de los profesionales sanitarios (art. 9.1 LDVA); y verificar, a través de los funcionarios responsables del mismo, el cumplimiento de los requisitos de capacidad y forma exigidos por la Ley para la validez del documento y la personalidad del autor (art. 6 LDVA).
Los efectos de la declaración vital anticipada se despliegan en el momento en que, no estando capacitado para tomar decisiones o prestar su consentimiento a la intervención médica, concurran las circunstancias previstas por el paciente en el documento previamente otorgado. En tal caso, como se expresa en el art. 7 LDVA, «prevalecerá sobre la opinión y las indicaciones que puedan ser realizadas por los familiares, allegados o, en su caso,Page 235 el representante designado por el autor de la declaración y por los profesionales que participen en su atención sanitaria».
La declaración de voluntad vital anticipada es susceptible de modificación y de revocación siguiendo los requisitos previstos en la Ley para su otorgamiento. La declaración posterior revoca a la anterior, excepto en los supuestos en que la declaración posterior sólo atienda a la modificación de aspectos concretos, circunstancia que se ha de manifestar expresamente (art. 8.1 LDVA). A estos efectos, en el art. 8.2 LDVA se advierte que «si una persona ha otorgado una declaración de voluntad vital anticipada y posteriormente emite un consentimiento informado eficaz que contraría, exceptúa o matiza las instrucciones contenidas en aquélla, para la situación presente o el tratamiento en curso, prevalecerá lo manifestado mediante elconsentimiento informado para ese proceso sanitario, aunque a lo largo del mismo quede en situación de no poder expresar su voluntad». Esta previsión es lógica, ya que la finalidad de la declaración vital anticipada es evitar el consentimiento por sustitución en los casos en que la persona «no goza de capacidad para consentir por sí misma» (art. 1 LDVA) y «no pueda expresar personalmente su voluntad», garantizando así la autonomía personal.
10. Es el caso de la Ley de sanidad gallega 3/2001, de 28 mayo (art. 5.2); la Ley de salud de Extremadura 10/2001, de 28 de junio (art. 11.5.c); la Ley de salud de Aragón 6/2002, de 15 de abril (art. 15.2); la Ley navarra de sanidad 11/2002, de 6 de mayo (art. 9.2); la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de sanidad de Cantabria (art. 34.2). Estas modalidades de formalización se contemplan también en el art. 3.2 de la Ley vasca 7/2002, de 12 de diciembre, que incluye también la posibilidad de formalizar la declaración ante el funcionario o empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. En cuanto a la Ley valenciana de asistencia sanitaria 1/2003, de 28 de enero, además de recoger las modalidades de formalización referidas —ante notario o ante testigos—, en su art. 17.3.c deja abierta la posibilidad a cualquier otro procedimiento establecido legalmente.
M. Luisa Zahino
Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (BOJA núm. 83, de 5 de mayo).
Ley 2/2003, de 12 de mayo, de ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía (BOJA núm. 99, de 27 de mayo).
Ley 3/2003, de 25 de junio, de declaración del paraje natural de Alborán (BOJA núm. 433, de 14 de julio).
Ley 4/2003, de 23 de septiembre, de creación de la Agencia Andaluza de la Energía (BOJA núm. 189, de 1 de octubre).
Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada (BOJA núm. 210, de 31 de octubre).
Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las entidades locales de Andalucía (BOJA núm. 210, de 31 de octubre).
Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro (BOJA núm. 210, de 31 de octubre).
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres (BOJA núm. 218, de 12 de noviembre).
Ley 9/2003, de 6 de noviembre, de creación del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía (BOJA núm. 227, de 25 de noviembre).
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Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los colegios profesionales de Andalucía (BOJA núm. 227, de 25 de noviembre).
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales (BOJA núm. 237, de 10 de diciembre).
Ley 12/2003, de 24 de noviembre, para la reforma de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas, modificada por la Ley 1/2001, de 3 de mayo (BOJA núm. 237, de 10 de diciembre).
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre).
Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de cooperación internacional para el desarrollo (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre).
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de universidades (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre).
Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del sistema andaluz de bibliotecas y centros de documentación (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre).
Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004 (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre).
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre).
Ley 1/2003, de 11 de febrero, de creación de la comarca de la Sierra de Albarracín (BOA núm. 21, de 21 de febrero).
Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad (BOA núm. 22, de 24 de febrero).
Ley 3/2003, de 24 de febrero, de crédito extraordinario para la cobertura de daños causados por las inundaciones en la cuenca del río Ebro (BOA núm. 26, de 5 de marzo).
Ley 4/2003, de 24 de febrero, de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del juego de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 26, de 5 de marzo).
Ley 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la comarca de Sobrarbe (BOA núm. 27, de 7 de marzo).
Ley 6/2003, de 27 de febrero, de turismo de Aragón (BOA núm. 28, de 10 de marzo).
Ley 7/2003, de 12 de marzo, de creación de la comarca de la Comunidad de Teruel (BOA núm. 32, de 19 de marzo).
Ley 8/2003, de 12 de marzo, de creación de la comarca del Bajo Martín (BOA núm. 32, de 19 de marzo).
Ley 9/2003, de 12 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón (BOA núm. 32, de 19 de marzo).
Ley 10/2003, de 14 de marzo, de modificación del Texto refundido de la LeyPage 237 del presidente y del Gobierno de Aragón (BOA núm. 33, de 21 de marzo. Derogada por la Ley 26/2003, de 30 de diciembre).
Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 35, de 26 de marzo).
Ley 12/2003, de 24 de marzo, de creación de la comarca de Bajo Aragón - Caspe / Baix Aragó - Casp (BOA núm. 35, de 26 de marzo).
Ley 13/2003, de 24 de marzo, de creación de la comarca del Jiloca (BOA núm. 35, de 26 de marzo).
Ley 14/2003, de 24 de marzo, de reforma de la Ley 17/2001, de 29 de octubre, sobre la Plataforma Logística de Zaragoza (BOA núm. 36, de 28 de marzo).
Ley 15/2003, de 24 de marzo, de reforma de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y emergencias de Aragón (BOA núm. 36, de 28 de marzo).
Ley 16/2003, de 24 de marzo, sobre publicidad institucional (BOA núm. 43, de 11 de abril).
Ley 17/2003, de 24 de marzo, por la que se regula la organización de las enseñanzas artísticas superiores en Aragón (BOA núm. 43, de 11 de abril).
Ley 18/2003, de 11 de julio, sobre designación de senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 85, de 12 de julio).
Ley 19/2003, de 18 de julio, de endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón destinado a financiar las operaciones de capital que figuran en la prórroga del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2002 (BOA núm. 89, de 21 de julio).
Ley 20/2003, de 18 de julio, de modificación del Texto refundido de la Ley del presidente del Gobierno y del Gobierno de Aragón y del Texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con la regulación del vicepresidente y de los viceconsejeros (BOA núm. 89, de 21 de julio).
Ley 21/2003, de 24 de octubre, de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2003 (BOA núm. 130, de 29 de octubre).
Ley 22/2003, de 24 de octubre, de crédito extraordinario para la cobertura de daños causados por inundaciones y otros fenómenos meteorológicos en determinados ámbitos del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 131, de 31 de octubre).
Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (BOA núm. 156, de 31 de diciembre).
Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida (BOA núm. 156, de 31 de diciembre).
Ley 25/2003, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2004 (BOA núm. 156, de 31 de diciembre 2004).
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Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas (BOA núm. 156, de 31 de diciembre).
Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales (BOPA núm. 56, de 8 de marzo).
Ley 2/2003, de 17 de marzo, de medios de comunicación social (BOPA núm. 69, de 24 de marzo).
Ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas (BOPA núm. 78, de 3 de abril).
Ley 4/2003, de 24 de marzo, de declaración del Parque Natural de Ponga (BOPA núm. 78, de 3 de abril).
Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de presupuestos generales para 2004 (BOPA núm. 301, de 31 de diciembre).
Ley 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales (BOPA núm. 301, de 31 de diciembre).
Ley 1/2003, de 24 de enero, de modificación de la Ley 8/1997, de 9 de julio, canaria del deporte (BOC núm. 26, de 7 de febrero).
Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias (BOC núm. 27, de 10 de febrero).
Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 34, de 19 de febrero).
Ley 4/2003, de 28 de febrero, de asociaciones de Canarias (BOC núm. 47, de 10 de marzo).
Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 54, de 19 de marzo).
Ley 6/2003, de 6 de marzo, de declaración del barranco de Veneguera como espacio natural protegido (BOC núm. 54, de 19 de marzo).
Ley 7/2003, de 20 de marzo, de elecciones al Parlamento de Canarias (BOC núm. 57, de 24 de marzo).
Ley 8/2003, de 3 de abril, de becas y ayudas a los estudios universitarios (BOC núm. 73, de 15 de abril).
Ley 9/2003, de 3 de abril, de medidas tributarias y de financiación de las haciendas territoriales canarias (BOC núm. 74, de 16 de abril).
Ley 10/2003, de 3 de abril, reguladora de la licencia comercial específica (BOC núm. 77, de 23 de abril).
Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre consejos sociales y coordinación del sistema universitario de Canarias (BOC núm. 72, de 14 de abril).
Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (BOC núm. 80, de 28 de abril).
Ley 13/2003, de 4 de abril, de educación y formación permanente de personas adultas de Canarias (BOC núm. 79, de 25 de abril).
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Ley 14/2003, de 8 de abril, de puertos de Canarias (BOC núm. 80, de 28 de abril).
Ley 15/2003, de 8 de abril, de mediación familiar (BOC núm. 85, de 6 de mayo).
Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género (BOC núm. 86, de 7 de mayo).
Ley 17/2003, de 10 de abril, de pesca de Canarias (BOC núm. 77, de 23 de abril).
Ley 18/2003, de 11 de abril, de cámaras de comercio, industria y navegación de Canarias (BOC núm. 86, de 7 de mayo).
Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canarias (BOC núm. 73, de 15 de abril).
Ley 20/2003, de 28 de abril, del himno de Canarias (BOC núm. 83, de 2 de mayo).
Ley 21/2003, de 20 de octubre, de enajenación gratuita, a favor del Ayuntamiento de Puntallana, de una parcela situada en el término municipal de Puntallana, junto a la carretera C-830 a su paso por el casco del referido municipio, de 3.005 m2 de superficie, para la ejecución del mercadillo municipal y la bodega comarcal (BOC núm. 210, de 28 de octubre).
Ley 22/2003, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2004 (BOC núm. 254, de 31 de diciembre).
Ley 1/2003, de 18 de marzo, de creación del Servicio Cántabro de Empleo (BOC núm. 58, de 26 de marzo).
Ley 2/2003, de 23 de julio, de establecimiento de medidas cautelares urbanísticas en el ámbito del litoral y creación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (BOC núm. 146, de 31 de julio).
Ley 3/2003, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2004 (BOC núm. 251, de 31 de diciembre).
Ley 4/2003, de 30 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales (BOC núm. 251, de 31 de diciembre).
Ley 1/2003, de 17 de enero, de modificación de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de ordenación del territorio y de la actividad urbanística (DOCM núm. 10, de 27 de enero. Corrección de erratas: DOCM núm. 50, de 8 de abril).
Ley 2/2003, de 30 de enero, del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 20, de 17 de febrero).
Ley 3/2003, de 23 de febrero, de cooperación internacional para el desarrollo (DOCM núm. 28, de 28 de febrero).
Ley 4/2003, de 27 de febrero, de ordenación de los servicios jurídicos de la Administración de la Junta de Comuni-Page 240dades de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 34, de 12 de marzo. Corrección de erratas: DOCM núm. 50, de 8 de abril).
Ley 5/2003, de 27 de febrero, por la que se declara el Parque Natural del Barranco del Río Dulce (DOCM núm. 34, de 12 de marzo).
Ley 6/2003, de 13 de marzo, de modificación de la Ley 5/1998, de tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos (DOCM núm. 43, de 28 de marzo).
Ley 7/2003, de 13 de marzo, del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 43, de 28 de marzo).
Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la viña y el vino de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 50, de 8 de abril).
Ley 9/2003, de 20 de marzo, de las vías pecuarias de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 50, de 8 de abril).
Ley 10/2003, de 20 de marzo, de modulación de ayudas agrarias en Castilla-La Mancha (DOCM núm. 63, de 5 de junio).
Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 143, de 6 de octubre).
Ley 12/2003, de 6 de noviembre, sobre modificación parcial de la Ley 1/1995, de 2 de marzo, del deporte en Castilla-La Mancha (DOCM núm. 164, de 21 de noviembre).
Ley 13/2003, de 11 de diciembre, de modificación de la Ley 4/1997, de 10 de julio, de cajas de ahorros de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 179, de 22 de diciembre).
Ley 14/2003, de 18 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2004 (DOCM núm. 182, de 29 de diciembre).
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 182, de 29 de diciembre).
Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León (BOCL núm. 46 suplemento, de 7 de marzo).
Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León (BOCL núm. 65, de 4 de abril).
Ley 3/2003, de 28 de marzo, de universidades de Castilla y León (BOCL núm. 65, de 4 de abril).
Ley 4/2003, de 28 de marzo, de creación del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León (BOCL núm. 65 suplemento, de 4 de abril).
Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores de Castilla y León (BOCL núm. 67, de 8 de abril).
Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la asistencia jurídica de la Comunidad de Castilla y León (BOCL núm. 67, de 8 de abril).
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Ley 7/2003, de 8 de abril, de reforma de la Ley 5/2001, de 4 de julio, de cajas de ahorros de Castilla y León (BOCL núm. 71 suplemento, de 14 de abril).
Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud (BOCL núm. 71, de 14 de abril).
Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de policías locales de Castilla y León (BOCL núm. 71, de 14 de abril; BOE núm. 103, de 30 de abril).
Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (BOCL núm. 71, de 14 de abril).
Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y León (BOCL núm. 71, de 14 de abril).
Ley 12/2003, de 3 de octubre, de reforma de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de fundaciones de Castilla y León (BOCL núm. 195 suplemento, de 8 de octubre).
Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCL núm. 252, de 30 de diciembre).
Ley 14/2003, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2004 (BOCL núm. 252, de 30 de diciembre).
Ley 1/2003, de 27 de febrero, de cooperación para el desarrollo (DOE núm. 33, de 18 de marzo).
Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura (DOE núm. 35, de 22 de marzo).
Ley 3/2003, de 13 de marzo, sobre participación institucional de los agentes sociales más representativos (DOE núm. 35, de 22 de marzo).
Ley 4/2003, de 20 de marzo, de estadística de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 42, de 8 de abril).
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 42, de 8 de abril).
Ley 6/2003, de 11 de septiembre, de reforma del art. 44.1 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura (DOE núm. 109, de 16 de septiembre).
Ley 7/2003, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2004 (DOE núm. 4, de 29 de diciembre).
Ley 1/2003, de 9 de mayo, de los consejos sociales del sistema universitario de Galicia (DOG núm. 104, de 30 de mayo).
Ley 2/2003, de 22 de mayo, del Consejo Gallego de Universidades (DOG núm. 106, de 3 de junio).
Ley 3/2003, de 19 de junio, de cooperación para el desarrollo (DOG núm. 128, de 3 de julio).
Ley 4/2003, de 29 de julio, de vivienda de Galicia (DOG núm. 151, de 6 de agosto).
Page 242
Ley 5/2003, de 27 de octubre, por la que se declara la extinción de la escala específica creada por la disposición transitoria quinta de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia (DOG núm. 217, de 7 de noviembre).
Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de ta-sas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG núm. 240, de 11 de diciembre).
Ley 7/2003, de 9 de diciembre, de ordenación sanitaria de Galicia (DOG núm. 237, de 5 de diciembre).
Ley 8/2003, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2004 (DOG núm. 251, de 29 de diciembre).
Ley 9/2003, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas (DOG núm. 251, de 29 de diciembre).
Ley 10/2003, de 26 de diciembre, sobre el acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia (DOG núm. 253, de 31 de diciembre).
Ley 1/2003, de 20 de marzo, de cooperativas de las Islas Baleares (BOIB núm. 42, de 29 de marzo).
Ley 2/2003, de 20 de marzo, de organización institucional del sistema universitario de las Islas Baleares (BOIB núm. 42, de 29 de marzo).
Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 44, de 3 de abril).
Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos de las Islas Baleares (BOIB núm. 44, de 3 de abril).
Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Islas Baleares (BOIB núm. 64, de 8 de mayo).
Ley 6/2003, de 8 de julio, de modificación de la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y Seguridad Social (BOIB núm. 99, de 10 de julio).
Ley 7/2003, de 22 de octubre, por la que se deroga la Ley 7/2001, de 23 de abril, del impuesto sobre las estancias turísticas de alojamiento, destinado a la dotación del fondo para la mejora de la actividad turística y la preservación del medio ambiente (BOIB núm. 148, de 25 de octubre).
Ley 8/2003, de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial y urbanismo en las Islas Baleares (BOIB núm. 168, de 4 de diciembre).
Ley 9/2003, de 22 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2004 (BOIB núm. 179 extraordinario, de 29 de diciembre).
Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas (BOIB núm. 179 extraordinario, de 29 de diciembre).
Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración local de La Rioja (BOR núm. 30, de 11 de marzo).
Page 243
Ley 2/2003, de 3 de marzo, del Servicio Riojano de Empleo (BOR núm. 32, de 15 de marzo).
Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR núm. 32, de 15 de marzo).
Ley 4/2003, de 26 de marzo, de conservación de espacios naturales de La Rioja (BOR núm. 39, de 1 de abril).
Ley 5/2003, de 6 de marzo, reguladora de la red de itinerarios verdes de La Rioja (BOR núm. 40, de 3 de abril).
Ley 6/2003, de 26 de marzo, del Consejo Social de la Universidad de La Rioja (BOR núm. 40, de 3 de abril).
Ley 7/2003, de 26 de marzo, de inserción sociolaboral (BOR núm. 40, de 3 de abril).
Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e incompatibilidades de sus miembros (BOR núm. 140, de 13 de noviembre).
Ley 9/2003, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2004 (BOR núm. 160, de 30 de diciembre).
Ley 10/2003, de 19 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2004 (BOR núm. 160, de 30 de diciembre).
Ley 1/2003, de 11 de febrero, de modificación de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de ordenación del turismo de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 48, de 26 de febrero).
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración local de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 65, de 18 de marzo).
Ley 3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del pacto local (BOCM núm. 65, de 18 de marzo).
Ley 4/2003, de 11 de marzo, de cajas de ahorros de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 65, de 18 de marzo).
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 76, de 31 de marzo).
Ley 6/2003, de 20 de marzo, del impuesto sobre el depósito de residuos (BOCM núm. 76, de 31 de marzo).
Ley 7/2003, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 6/1994, de 28 de junio, de creación del parque regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (BOCM núm. 76, de 31 de marzo).
Ley 8/2003, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del deporte de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 79, de 3 de abril).
Ley 9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador en materia de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 79, de 3 de abril).
Ley 10/2003, de 26 de marzo, de modificación de la Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y de la Junta Rectora del Parque NaturalPage 244 de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara (BOCM núm. 79, de 3 de abril).
Ley 11/2003, de 27 de marzo, de servicios sociales de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 88, de 14 de abril).
Ley 12/2003, de 26 de agosto, de reforma de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, electoral de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 203, de 27 de agosto).
Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de prórroga de determinadas medidas fiscales vigentes en la Comunidad de Madrid en 2003 (BOCM núm. 310, de 30 de diciembre).
Ley 1/2003, de 28 de marzo, de creación del Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia (BORM núm. 86, de 14 de abril).
Ley 2/2003, de 28 de marzo, por el que se declara la sierra de El Carche como parque regional (BORM núm. 86, de 14 de abril).
Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia (BORM núm. 99, de 2 de mayo).
Ley 4/2003, de 10 de abril, de regulación de los tipos aplicables en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados a las viviendas acogidas al Plan de vivienda joven de la Región de Murcia (BORM núm. 99, de 2 de mayo).
Ley 5/2003, de 10 de abril, de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de cajas de ahorros de la Región de Murcia (BORM núm. 99, de 2 de mayo).
Ley 6/2003, de 12 de noviembre, de los consejos reguladores (BORM núm. 278, de 1 de diciembre).
Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de caza y pesca fluvial de la Región de Murcia (BORM núm. 284, de 10 de diciembre).
Ley 8/2003, de 21 de noviembre, de establecimiento de una deducción autonómica en el impuesto sobre sucesiones y donaciones para las adquisiciones mortis causa por descendientes y adoptados menores de veintiún años (BORM núm. 284, de 10 de diciembre).
Ley 9/2003, de 23 de diciembre, de cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de la Región de Murcia (BORM núm. 301, de 31 de diciembre).
Ley 10/2003, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2004 (BORM núm. 301, de 31 de diciembre. Corrección de erratas: BORM núm. 18, de 23 de enero de 2004).
Ley foral 1/2003, de 14 de febrero, por la que se aprueba el otorgamiento de aval de la Comunidad Foral de Navarra a favor del Club Atlético Osasuna (BON núm. 23, de 21 de febrero).
Ley foral 2/2003, de 14 de febrero, por la que se establecen medidas de índole retributiva en relación con el personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra y de los pensionistas de sus montepíos (BON núm. 23, de 21 de febrero).
Page 245
Ley foral 3/2003, de 14 de febrero, por la que se añade una nueva disposición adicional a la Ley foral 1/2002, de 7 de marzo, de infraestructuras agrícolas (BON núm. 23, de 21 de febrero).
Ley foral 4/2003, de 14 de febrero, de medidas relativas al personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra (BON núm. 23, de 21 de febrero).
Ley foral 5/2003, de 14 de febrero, de creación del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Navarra (BON núm. 23, de 21 de febrero).
Ley foral 6/2003, de 14 de febrero, de prevención del consumo de tabaco, de protección del aire respirable y de la promoción de la salud en relación con el tabaco (BON núm. 23, de 21 de febrero).
Ley foral 7/2003, de 14 de febrero, de turismo (BON núm. 23, de 21 de febrero).
Ley foral 8/2003, de 24 de febrero, de concesión de dieciocho créditos extraordinarios por un importe global de 6.487.105 euros y de tres suplementos de crédito por un importe de 1.156.720 euros para atender insuficiencias presupuestarias en los departamentos de Presidencia, Justicia e Interior, Economía y Hacienda, Administración Local, Educación y Cultura, Salud y Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, así como otras medidas con efectos presupuestarios (BON núm. 26, de 28 de febrero).
Ley foral 9/2003, de 24 de febrero, por la que se declara de utilidad pú-blica y se aprueba la desafectación de 38.092 metros cuadrados de terreno comunal perteneciente al Ayuntamiento de Mendavia (BON núm. 26, de 28 de febrero).
Ley foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra (BON núm. 32, de 14 de marzo).
Ley foral 11/2003, de 7 de marzo, de ayudas extraordinarias a las pensiones de viudedad (BON núm. 32, de 14 de marzo).
Ley foral 12/2003, de 7 de marzo, de modificación de la Ley foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista (BON núm. 32, de 14 de marzo).
Ley foral 13/2003, de 17 de marzo, de cuentas generales de Navarra de 2001 (BON núm. 35, de 21 de febrero).
Ley foral 14/2003, de 17 de marzo, por la que se deroga el artículo 14.4 de la Ley foral 11/2000, de 16 de noviembre, de sanidad animal (BON núm. 35, de 21 de febrero).
Ley foral 15/2003, de 17 de marzo, por la que se modifica la Ley foral 11/2000, de 16 de noviembre, de sanidad animal, y se establecen medidas de fomento para el traslado de explotaciones (BON núm. 35, de 21 de febrero).
Ley foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON núm. 38, de 28 de marzo).
Ley foral 17/2003, de 17 de marzo, de desarrollo rural de Navarra (BON núm. 35, de 21 de febrero).
Ley foral 18/2003, de 25 de marzo, por la que se concede un crédito extraordi-Page 246nario por importe de 5.100.000 euros, para atender las necesidades del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en materia de ayudas excepcionales para la reparación, por parte de entidades locales y comunidades de regantes, de infraestructuras agrarias de titularidad pública dañadas por inundaciones extraordinarias (BON núm. 35, de 21 de febrero).
Ley foral 19/2003, de 25 de marzo, por la que se establecen medidas a favor de los afectados por las inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra durante el mes de febrero del presente año (BON núm. 41, de 2 de abril).
Ley foral 20/2003, de 25 de marzo, de familias numerosas (BON núm. 41, de 2 de abril).
Ley foral 21/2003, de 25 de marzo, de modificación de la Ley foral 26/2002, de 2 de julio, de medidas para la mejora de las enseñanzas no universitarias (BON núm. 41, de 2 de abril).
Ley foral 22/2003, de 25 de marzo, de modificación de la Ley foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales (BON núm. 41, de 2 de abril).
Ley foral 23/2003, de 4 de abril, por la que se establece un sistema de compensación económica a los ayuntamientos de Navarra que abonen a sus miembros retribuciones o asistencias para el ejercicio de sus cargos (BON núm. 45, de 11 de abril).
Ley foral 24/2003, de 4 de abril, de símbolos de Navarra (BON núm. 45, de 11 de abril).
Ley foral 25/2003, de 4 de abril, de modificación de la Ley foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra (BON núm. 45, de 11 de abril).
Ley foral 26/2003, de 4 de abril, por la que se establecen incrementos en el complemento específico del personal de los estamentos sanitarios, niveles B, C, D y E del Departamento de Salud y sus organismos autónomos (BON núm. 45, de 11 de abril).
Ley foral 27/2003, de 4 de abril, por la que se regula la composición del Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista (BON núm. 45, de 11 de abril).
Ley foral 28/2003, de 4 de abril, de modificación de la Ley foral 1/1993, de 17 de febrero, de creación del Consejo Navarro de Medio Ambiente (BON núm. 45, de 11 de abril).
Ley foral 29/2003, de 4 de abril, por la que se modifica parcialmente la Ley foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación (BON núm. 45, de 11 de abril).
Ley foral 30/2003, de 4 de abril, de modificación de los art. 35 y 43 del Texto refundido de la Ley foral de cuerpos de policía de Navarra, aprobado por el Decreto foral legislativo 213/2002, de 14 de octubre (BON núm. 45, de 11 de abril).
Ley foral 31/2003, de 17 de junio, de creación del Departamento de Cultura y Turismo (BON núm. 76, de 18 de junio).
Ley foral 32/2003, de 30 de octubre, por la que se concede un crédito extraordinario de 1.141.585,80 euros como subvención a los partidos políticos para laPage 247 financiación de los gastos electorales de las elecciones al Parlamento de Navarra de 2003 (BON núm. 142, de 7 de noviembre).
Ley foral 33/2003, de 10 de diciembre, de redelimitación de la Reserva Natural de Larra y su zona periférica de protección (BON núm. 159, de 17 de diciembre).
Ley foral 34/2003, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de Navarra para el ejercicio del año 2004 (BON núm. 165, de 31 de diciembre).
Ley foral 35/2003, de 30 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON núm. 165, de 31 de diciembre).
Ley 1/2003, de 28 de enero, de derechos e información al paciente de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 4430, de 31 de enero).
Ley 2/2003, de 28 de enero, de consejos sociales de las universidades públicas valencianas (DOGV núm. 4430, de 31 de enero).
Ley 3/2003, de 6 de febrero, de ordenación sanitaria de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 4440, de 14 de febrero).
Ley 4/2003, de 26 de febrero, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos (DOGV núm. 4454, de 6 de marzo).
Ley 5/2003, de 28 de febrero, de modificación del art. 18 de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 4454, de 6 de marzo).
Ley 6/2003, de 4 de marzo, de ganadería de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 4455, de 7 de marzo).
Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 4468, de 27 de marzo).
Ley 8/2003, de 24 de marzo, de cooperativas de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 4468, de 27 de marzo).
Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalidad, para la igualdad entre mujeres y hombres (DOGV núm. 4474, de 4 de abril).
Ley 10/2003, de 3 de abril, de la Generalidad, de modificación del Texto refundido de la Ley sobre cajas de ahorros (DOGV núm. 4476, de 8 de abril).
Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalidad, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad (DOGV núm. 4479, de 11 de abril).
Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalidad, sobre perros de asistencia para personas con discapacidades (DOGV núm. 4479, de 11 de abril).
Ley 13/2003, de 10 de abril, de creación del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, por segregación del Colegio Oficial de Psicólogos de ámbito nacional (DOGV núm. 4479, de 11 de abril).
Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalidad Valenciana (DOGV núm. 4479, de 11 de abril). Ley 15/2003, de 24 de noviembre, dePage 248 creación del Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 4639, de 27 de noviembre).
Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalidad Valenciana (DOGV núm. 4654, de 19 de diciembre).
Ley 17/2003, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad Valenciana para el ejercicio 2004 (DOGV núm. 4661, de 31 de diciembre).
Decreto legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consejo de la Generalidad, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos (DOGV núm. 4473, de 3 de abril).
Ley 1/2003, de 28 de marzo, de modificación de la Ley de elecciones al Parlamento Vasco en relación con la designación de interventores y apoderados (BOPV núm. 72, de 10 de abril).
Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho (BOPV núm. 100, de 23 de mayo).
Ley 3/2003, de 7 de mayo, de modificación de la Ley de cajas de ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV núm. 90, de 10 de mayo).
Ley 4/2003, de 25 de junio, de modificación de la Ley contra la exclusión social (BOPV núm. 137, de 14 de julio).
Ley 5/2003, de 15 de diciembre, de la Autoridad del Transporte de Euskadi (BOPV núm. 251, de 24 de diciembre).
Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las personas consumidoras y usuarias (BOPV núm. 254, de 30 de diciembre).
Ley 7/2003, de 22 de diciembre, de creación del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco (BOPV núm. 254, de 30 de diciembre).
Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general (BOPV núm. 254, de 30 de diciembre).
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[1] La Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica fue la pionera en la materia. El modelo catalán sirvió de base para la elaboración de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. También sobre el modelo catalán varios parlamentos autonómicos han legislado sobre la cuestión; así: Ley 3/2001, de 28 de mayo, de sanidad, de Galicia; Ley 10/2001, de 28 de junio, de salud, de Extremadura; Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de sanidad, de la Asamblea de Madrid; Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud, de Aragón; Ley 2/2002, de 17 de abril, de salud, de La Rioja; Ley 11/2002, de 6 de mayo, de sanidad, de Navarra; Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de sanidad, de Cantabria; Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de voluntades anticipadas, del Parlamento vasco; Ley 1/2003, de 28 de enero, de asistencia sanitaria, de Valencia.
[2] Con relación a los orígenes del término testamento vital explica Betancor que «nació, literalmente, en 1967 de la mano de Luis Kutner, un abogado de Chicago, quien tuvo la idea de crear un documento que estuviera al alcance de todo el mundo y en el que cualquier persona pudiera indicar su deseo de que se le dejara de aplicar un tratamiento en caso de enfermedad terminal». En cuanto al origen histórico de este tipo de documentos, la misma autora lo sitúa en los juicios de Nüremberg y en la necesidad de garantizar la libertad y, en general, los derechos de los individuos sujetos a experimentación. Betancor, «El testamento vital», Eguzquilore, 9, 1995, 97-112, p. 98.
[3] Betancor, «El testamento vital», Eguzquilore, 9, 1995, 97-112, p. 105.
[4] La expresión de los valores personales es un elemento que puede contribuir a interpretar las instrucciones del otorgante del documento. Esta previsión se contempla también en el art. 2.2 de la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de voluntades anticipadas del Parlamento vasco.
[5] Según el art. 5.2 LDVA, si se nombra un representante, es preceptiva su aceptación como requisito de la declaración. El representante puede dejar sin efecto su designación revocando su aceptación ante el Registro, en cuyo caso este organismo ha de comunicar tal circunstancia al interesado para que, si lo desea, pueda nombrar a otro representante (art. 8.3 LDVA).
[6] La previsión en cuanto a la donación de órganos como posible contenido de la declaración se contiene también en el art. 11.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En cuanto a las leyes autonómicas, la referencia se encuentra también en el art. 9.1, 4 de la Ley foral 11/2002, de 6 de mayo, de sanidad, de Navarra, y en el art. 17.1, 2 de la Ley valenciana 1/2003, de 28 enero, de asistencia sanitaria.
[7] Es el caso de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, del Parlamento de Galicia, de sanidad (art. 5.1); la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de la Asamblea de Madrid, de sanidad (art. 28.1); la Ley 10/2001, de 28 de junio, de la Asamblea de Extremadura, de salud (art.11.5, 1.a); la Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud, de Aragón (art. 15.1); la Ley 2/2002, de 17 de abril, de salud, de La Rioja (art. 6.5.a); la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de sanidad, de Cantabria (art. 34.1).
[8] Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (art.11.1).
[9] Con ello, el legislador andaluz parece apartarse de lo establecido en la legislación general en materia de efectos de la incapacitación, materia civil para cuya regulación carece de competencia.
[10] Es el caso de la Ley de sanidad gallega 3/2001, de 28 mayo (art. 5.2); la Ley de salud de Extremadura 10/2001, de 28 de junio (art. 11.5.c); la Ley de salud de Aragón 6/2002, de 15 de abril (art. 15.2); la Ley navarra de sanidad 11/2002, de 6 de mayo (art. 9.2); la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de sanidad de Cantabria (art. 34.2). Estas modalidades de formalización se contemplan también en el art. 3.2 de la Ley vasca 7/2002, de 12 de diciembre, que incluye también la posibilidad de formalizar la declaración ante el funcionario o empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. En cuanto a la Ley valenciana de asistencia sanitaria 1/2003, de 28 de enero, además de recoger las modalidades de formalización referidas —ante notario o ante testigos—, en su art. 17.3.c deja abierta la posibilidad a cualquier otro procedimiento establecido legalmente.
