Reformas en el estado de bienestar mediterráneo: especial referecia al caso español en la época de crisis
| Autor | Mª Belén Martín Castro |
| Páginas | 174-201 |
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Debe señalarse, en principio, que para realizar un análisis completo de la aparición y evolución de los EB habrá de tenerse en cuenta tanto los factores de la oferta como los de la demanda, puesto que ambas vías constituyen posibles teorías explicativas al deber considerarse no sólo los elementos estructurales sino también los institucionales1. De ahí que lo más completo y asumido por buena parte de los expertos es una interpretación que aúne estos tipos de análisis2. Así mismo, la construcción del EB responde a ciertos procesos históricos propios de cada país, en los que intervienen un complejo conjunto de variables relativas a su desarrollo económico, estructura de clases, formas de representación y movilización política y social, entre otros, factores que derivan en peculiaridades específicas de cada uno y que marcan -en consecuencia- diferencias entre ellos.
Existen una serie de factores que en tanto que rasgos institucionales del Estado acaban incidiendo en un mayor o menor crecimiento de los programas y gastos sociales, siendo las principales variables de cada uno de ellos los siguientes: en el sistema político, la competencia electoral es condicionada por la participación política, el comportamiento y papel de los líderes políticos, el ciclo político electoral (proximidad entre elecciones), y los fallos en el mercado de intercambio político; en la transformación institucional del Estado repercuten la formación de las autonomías, el grado de corporativismo y de centralismo estatal, y la descentralización del gasto público; respecto a las burocracias influirán el papel y comportamiento auto interesado de los administradores, las elites políticas y burocráticas, los gastos administrativos, así como el número de empleados públicos; dentro de los factores de inercia de las políticas públicas afectan los cambios normativos, el efecto imitación o demostración, el intercambio entre diferentes programas de gasto público, la madurez o experiencia temporal del sistema de bienestar social, también los costes crecientes repercuten en la prestación de servicios públicos -mediante el llamado efecto de precio relativo-; y finalmente, en la estructura del sistema impositivo incidirán el grado de descentralización tributaria, la ilusión fiscal o impuestos indirectos y el déficit público.
Por último, en relación al factor económico, los condicionamientos esenciales versarían desde el nivel de modernización del país -en función del grado de desarrollo industrial, tecnológico y de urbanización-; el estado de la economía -según el nivel
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de crecimiento o recesión económica y de apertura comercial, de inflación, de renta per cápita-; la transformación del mercado laboral -conforme a las tasas de desempleo, asalarización, de participación de la mujer y de la fuerza laboral en la industria-; y el modo de producción, a estudiar en función de la concentración y acumulación de capital (Ochando, C: 1999, pp. 155-163). En suma, puede verse como las principales variables obedecerán a las de tipo histórico, político, social, cultural, demográfico y económico.
"Aunque casi todos los estudios y argumentos predicen una influencia de las características estatales, una segunda lectura de la literatura estatal puede sugerir un argumento interactivo. Puede que no sea posible determinar a priori las estructuras estatales que afectan al gasto. Por el contrario, la capacidad estatal puede incrementar la habilidad de las naciones para responder a las demandas ciudadanas más que determinar por sí mismo cuáles son estas demandas. Esto sugiere que las características estatales pueden facilitar la influencia de las demandas de grupos de clase y estatus. Por tanto, además de los efectos aditivos, los efectos interactivos de los factores de oferta o estatales deben ser considerados". (Pampel F.C. & Williamsn, JB: 1989, p 46).
En general, el clásico EB keynesiano ha sufrido grandes cambios tanto económicos como institucionales al tiempo que ha ido experimentando procesos de descentralización territorial interna y debilitamiento externo bajo diversas presiones internacionales de organismos políticos y económicos.
En nuestro país, comenzando por el trascendental cambio del régimen político -desde uno autoritario a una monarquía parlamentaria- así como la sustantiva transformación institucional del Estado español -desde un acentuado centralismo a una organización de autonomías-, se hace evidente la importancia de los factores políticos e históricos al analizar los sistemas de protección social. Los grandes acuerdos sociales de tipo corporatista que han tenido lugar desde la transición política -comenzando por los Pactos de la Moncloa de 1977- no han sido continuos, si bien han tenido una enorme importancia a pesar de la escasa experiencia española que se arrastraba tras la anterior etapa autárquica y de sindicalismo de régimen vertical (Navarro, V: 2006). Progresivamente el proceso democratizador coadyuvó, a su vez, al mayor protagonismo del elemento social, pues fue legitimándose la expansión de los gastos y las medidas redistributivas para alcanzar un mayor nivel de servicios públicos, dando cabida a las demandas de los grupos sociales -en especial al
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movimiento obrero y al poder sindical-3. Evidentemente a todo ello contribuiría el grado de afinidad ideológica entre aquéllos con el partido gobernante y el nivel de corporativización social4.
En efecto, el contexto social e histórico-político inicial en que tuvo lugar el proceso industrializador y la dinámica modernizadora capitalista vino a determinar las peculiaridades de nuestro modelo de EB. Al mismo tiempo, las estructuras económicas de las que se partió se caracterizaban por adolecer internamente de considerables desequilibrios, siendo en demasiada medida dependientes o careciendo de suficiente autonomía, desarrollándose el EB español tardíamente respecto al resto de países occidentales.
A partir de estos comienzos, que cabe situar incipientemente en los años sesenta y de manera clara a partir de constitucionalizarse este tipo de Estado como Social y Democrático de Derecho (art. 1º de CE, 1978), nuestro EB se ha ido extendiendo durante prácticamente los últimos treinta años. Dicho desarrollo en España ha estado marcado por la descentralización administrativa autonómica en un entorno general de crisis bajo presiones internacionales, con una progresiva transformación del papel familiar, con una irregular extensión y desarrollo de la sociedad civil, y con mayor recensión en ciertos momentos de los 80, también de los 90 y ahora en el grave momento actual. La peculiaridad de su evolución cronológica estriba en que cuando en el resto de nuestro entorno comenzaba en los años 70 la crisis del modelo, aquí vino a casi coincidir en el tiempo con el inicio de su fundamento y consolidación, y después su posterior expansión en los ochenta con la reestructuración casi simultánea del mismo (Rodríguez Cabrero, G: 1989, pp. 79-87).
Debe recordarse, en concreto, que nuestro sistema de la Seguridad Social basado tradicionalmente en el mutualismo obrero también ha experimentado importantes cambios, diluyéndose su fuerte esencia corporatista, en especial con ocasión de las reconversiones industriales derivadas de la crisis de mediados de los ochenta5 y, a medida que se ha ido fragmentando el espectro profesional, han surgido elementos novedosos de hecho en las relaciones de clase. En concreto, han aparecido nuevas desigualdades y hasta exclusiones en una etapa tan dinámica como la actual predominantemente tecnológica e informacional. Sin embargo, curiosamente los trabajadores de tales sectores junto a los autónomos y numerosos directivos son quienes vienen re-corporativizando el sistema a través de negociaciones sectoriales de sus particulares condiciones laborales, invistiéndole al sistema de nuevo de tal
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naturaleza. Efectivamente tales conciertos de carácter selectivo no vienen sino a reflejar la realidad socio-laboral segmentada de manera progresiva. En cualquier caso, se trata de un modelo donde en el mercado laboral -aunque con nivel de sindicalización muy escaso- se ha gozado de elevada protección merced a la negociación colectiva, especialmente en períodos de tensión político-democrática.
En general, el tipo de EB latino -al que responde nuestro país, entre otros6-no fue incluido en los estudios comparados de los especialistas durante bastante tiempo, puesto que lo cierto es que el sur europeo -por sus singularidades socio-políticas antes de experimentar las transiciones a la democracia- estuvo fuera de tales análisis. Después, estos países meridionales han ido reflejando unas condiciones de diversa índole7 que los hicieron susceptibles de catalogarse dentro del régimen continental neo-corporativista conforme a un modelo democristiano, pero diferenciados a su vez de éste por unas peculiaridades y relaciones que los caracterizan como pertenecientes a un específico régimen mediterráneo de EB8. A su vez, el pluralismo del bienestar y las vinculaciones entre género, familia y trabajo son complementarios en la práctica de la protección social de tales países, que con no poca frecuencia se caracterizan por mecanismos institucionales particularistas junto a una no siempre adecuada eficiencia en la provisión de servicios. En definitiva, las características propias del tipo de bienestar meridional responden esencialmente a la solidaridad intra-familiar, las diferentes necesidades y estilos de vida, y la coexistencia del universalismo y la...
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