Artículo 425

Autor:Antonio R. Navarro y José Antonio C. Gómez
Cargo del Autor:Catedráticos de Derecho Civil
 
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ARTICULO 425

En todo lo que no esté expresamente prevenido por las disposiciones de este capítulo se estará a lo mandado por la Ley especial de aguas (a)

Escaso comentario exige este artículo de remisión. Es verdad, como se ha puesto de manifiesto (1), que la citada remisión a la Ley especial de aguas de 13 junio 1879 ha producido una «dualidad de textos legales», toda vez que los artículos del Código son reproducción literal o sustancial de los preceptos de la L. de a., y cualquier variante de redacción o sentido que ofrezcan constituya una mutilación parcial-de aquella Ley que el mismo Código declara subsistente, aun cuando sea con la salvedad de que «en todo lo que no esté expresamente prevenido por las disposiciones de este capítulo». Ello obliga a un constante trabajo de comparación de textos y considerar derogados los de la L. de a. por sus reproductores más o menos fieles del Código, al ser Ley posterior. Pero el problema no lo es tanto de forma como de fondo, pues en cumplimiento de la Base 10.a de la Ley de 11 mayo 1888 debería haberse incluido en el Código, con respecto de las leyes particulares vigentes entonces, «las bases en que descansan los conceptos especiales de determinadas propiedades y deducir de cada una de las disposiciones lo que pueda estimarse como fundamento orgánico de derechos civiles y sustantivos». No obstante tal mandato, el Código civil, artículos 407 a 425, se limita a ser mera y, en algunos casos, deficiente reproducción de algunos preceptos de la Ley especial. La posición adoptada por nuestro Código no está exenta de justificada crítica.

Con base en este artículo, el orden de prelación de fuentes legales en materia de aguas es:

  1. Las disposiciones especiales dictadas por el Código civil sobre aguas (arts. 407 a 425, que comprende el capítulo I, Título IV, del Libro II).

  2. La Ley especial de aguas de 13 junio 1879, en todo lo que no esté prevenido en el capítulo I antes citado.

  3. Las disposiciones sobre la propiedad en general contenidas en el Código civil, como fuente subsidiaria de la L. de a. (art. 4, ap. 3.°, C. c).

Existe gran número de disposiciones de carácter administrativo que declaran tenerse en cuenta en la regulación de derechos privados sobre aguas (2).

La L. de a. es de aplicación a toda España, pudiendo únicamente aplicarse disposiciones o costumbres locales o regionales en cuanto no se opongan a sus preceptos, siendo posible la aplicación de los pactos que sin contrariar los preceptos legales libremente celebren los propietarios de las aguas (S. T. S. de 30 junio 1961).

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(a) Igual al artículo 430 del Proyecto de Código civil de 1882.

(1) Sánchez Román, pág. 397.

(2) Complementaria de la materia de aguas deben verse igualmente sobre aguas marítimas, Ley de Puertos de 19 enero 1928 y su Reglamento de igual fecha; sobre pesca fluvial, 20 febrero 1942, y su Reglamento de 6 abril 1943 y 26 enero 1946 y modificaciones posteriores, entre los que destaca la de 10 febrero 1966; sobre dominio de las aguas y sus cauces, Real Decreto-Ley de 7 enero 1927; sobre Registro de aprovechamientos de aguas públicas, el Decreto de 12 abril 1901 y disposiciones posteriores, como la Orden de 29 abril 1967, que tiende a concordar los asientos con la realidad extrarregistral; sobre policía de aguas y sus cauces, Decreto de 14 noviembre 1958, modificado por Decreto de 25 mayo 1972.

También pueden ser consultadas, entre las más importantes disposiciones: Orden de 5 septiembre 1881: Servidumbres para los predios ribereños de interés general. Real Decreto de 14 junio 1883: Instrucción para tramitación de expedientes de concesión (modificada por Decretos de 5 septiembre 1918 y 5 febrero 1954). Orden de 9 junio 1886: Deslinde de cauces públicos. Real Decreto de 16 noviembre 1900: Reglamento sobre enturbamiento de aguas públicas. Real Orden de 12 abril 1900: Creación de Registros de aprovechamientos de aguas públicas. Real Decreto de 5 septiembre 1918: Concesión de aguas y declaración de su utilidad pública y de los terrenos necesarios. Expedientes. Real Orden de 12 marzo 1902: Inscripciones definitivas. Real Decreto-Ley de 7 enero 1927: Concesiones. Decreto de 1 diciembre 1933: Normas especiales para Canarias. Decreto de 19 enero 1934: Tramitación de los expedientes de imposición de servidumbre forzosa de acueducto sobre terrenos de propiedad particular. Decreto de 22 junio 1936: Flotación fluvial. Real Orden de 10 diciembre 1941: Constitución de Comunidades de regantes. Orden de 3 diciembre 1954 (aclaratoria del Real Decreto-Ley de 7 enero 1927): Plazos para otorgamiento de concesiones de aprovechamientos de aguas públicas. Ley de 27 diciembre 1956: Heredamientos en Canarias. Orden de 18 febrero 1961: Demolición de obras abusivas en cauces públicos. Orden de 23 febrero 1961: Concesión de autorizaciones en la navegación fluvial. Decreto de 8 septiembre 1962: Simplifica trámites de aprovechamientos de las públicas para pequeños regadíos. Ley de 24 diciembre 1962: Aprovechamientos y auxilios en Canarias. Orden de 24 julio 1963: Normas de funcionamiento de los Registros de Aprovechamiento de Aguas Públicas (deroga la Orden de 13 septiembre 1941; véase Orden de 29 abril 1967). Decreto de 10 septiembre 1963: Asignación de caudales de aguas públicas para planes agrarios. Orden de 11 enero 1964: Competencia para autorizar la extracción de áridos. Decreto de 14 enero 1965: Reglamento de aprovechamientos de aguas y auxilios en Canarias. Decreto de 10 septiembre 1966: Ordenación de embalses. Orden de 31 abril 1967: Instrucción y explotación de grandes presas. Orden de 29 abril 1967: Revisión de aprovechamientos inscritos. Orden de 19 junio 1967: Normas para navegación en embalses. Orden de 13 julio 1968: Normas sobre constitución de Comunidades de Regantes y formación de Ordenanzas y Reglamentos y algunos de ámbito más concreto, como la Ley de 1 junio...

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