El alquiler residencial estable como forma prioritaria de acceso a la vivienda en el contexto postcrisis

Autor:Beatriz Corredor Sierra
Cargo:Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, premio AlumniUAM 2017. Registradora de la propiedad. Exministra de Vivienda. Secretaria federal de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del Partido Socialista Obrero Español.
Páginas:9-17
 
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Beatriz Corredor Sierra*

El derecho a la vivienda como derecho constitucional está vinculado a la inexcusable cobertura de una necesidad básica del ser humano, como es poder disfrutar vida digna, segura y libre, en la que pueda desarrollarse en los ámbitos personal, familiar y social. Su vulneración pone en peligro, además, otros bienes y derechos protegidos, como la integridad física y mental, la vida privada y familiar, la educación, la salud e incluso la inviolabilidad del domicilio y el derecho de propiedad. La Constitución española lo proclama en su artículo 47, ubicado en el Título I, De los derechos y deberes fundamentales, Capítulo III, De los principios rectores de la política social y económica; este encuadre sistemático tiene como consecuencia jurídica que el derecho a la vivienda sea, en su naturaleza, un derecho de carácterprestacional, un principio inspirador de la política legislativa: obliga a los poderes públicos al desarrollo de prestaciones administrativas que proporcionen al ciudadano las condiciones necesarias para poder acceder a una vivienda, pero no obliga al Estado a proporcionar un alojamiento gratuito a aquellos que carezcan de ella.

La emergencia social derivada de la falta de vivienda asequible para amplias capas de la población y, muy especialmente, para los jóvenes, es una de las principales secuelas que ha dejado en España la crisis económica y financiera. Los principales retos a los que se enfrenta hoy nuestro país en política de vivienda son:

• Los miles de adultos jóvenes, de 18 a 35 años, que aún viven con sus padres, o que se ven obligados a compartir alojamiento, o que son expulsados del centro de las ciudades hacia las áreas periféricas, por las crecientes dificultades para acceder a

* Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, premio AlumniUAM 2017. Registradora de la propiedad. Exministra de Vivienda. Secretaria federal de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del Partido Socialista Obrero Español.

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una vivienda asequible, en propiedad o en alquiler. El acceso a la vivienda supone un capitulo indispensable para el tránsito a una vida adulta autónoma; si desde el año 2000 se venía adelantando la edad media de emancipación en nuestro país, con la crisis hemos sufrido un importante retroceso, situándose hoy en más de 29 años, es decir, por encima de la media de países europeos de nuestro entorno.

• Un alto porcentaje de familias deben dedicar más de la mitad de sus ingresos, o casi la totalidad de los subsidios por desempleo o de las prestaciones sociales, contributivas o no, a pagar los costes de su vivienda, incluyendo la renta o hipoteca, mantenimiento, calefacción y electricidad, lo que contribuye al incremento de la desigualdad y de la pobreza y a la probabilidad de la pérdida de sus viviendas por impagos.

• Aunque la tasa de desempleo bajó desde el 26,1% de 2013 hasta el 15,6% en el cuarto trimestre de 2017, dicha tasa resulta bastante más elevada para los hogares jóvenes, situándose en torno al 36,6% de promedio para los menores de 30 años.

• El parque de vivienda pública disponible no alcanza a cubrir la demanda social de alojamiento, por la falta de apoyo presupuestario y el impacto de la privatización y venta de buena parte de los patrimonios municipales de vivienda pública existentes. En España, el parque público de vivienda social en alquiler no llega al 2%, mientras que en otros países europeos es muy superior; así, Holanda tiene el 32%, Austria un 23%, Dinamarca un 19%, Reino Unido y Suecia un 18%.

Tras la crisis económica financiera, las posibilidades de acceso a la vivienda de la población española en edad de emanciparse, y el necesario reequilibrio del mercado inmobiliario, descansan en buena medida en el fomento del alquiler. El último dato disponible es el de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, según la cual, casi el 23% de la población vivía en 2015 en régimen de arrendamiento, incluyendo en dicho porcentaje el 12,7% que alquila sus viviendas a precio de mercado y el 9,1% que lo hace en régimen de arrendamiento protegido o alojamiento gratuito. España, también en este indicador, se sitúa aún a gran distancia de otros países de nuestro entorno, como Alemania, con el 47,5%, Austria, con un 44,3% de inquilinos, Dinamarca, con el 37,3%, o Reino Unido, con el 36,5%. Somos, además, uno de los estados con el porcentaje de propietarios más elevado de la Unión Europea, el 78,2%, solo por detrás de los antiguos países del Este.

Este incremento de la opción por el alquiler ha discurrido en paralelo a las dificultades económicas aún persistentes, especialmente la destrucción de empleo, la precariedad de las nuevas contrataciones y la restricción del crédito. De la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2013 se dedujo que en España viven de alquiler los hogares más jóvenes y con menores niveles de ingresos, así como los de un solo miembro y los inmigrantes. Dichos datos revelan que el alquiler en España resulta ser una forma trascendente de acceso a la vivienda para las personas y familias con niveles de ingresos reducidos, a la que acuden sobre todo los hogares con nuevos empleos.

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Los precios de la vivienda y las rentas de los alquileres han subido de forma significativa en la fase de recuperación de la economía y del mercado de vivienda, entre los años 2014 y 2017 (un 18-20%), mientras que los salarios apenas han aumentado en este periodo. El salario medio por persona ocupada creció a un ritmo medio anual del 0,4%; eso significa que el esfuerzo medio de acceso a una vivienda de alquiler se sitúa en el 38,5% en 2017, es decir, por encima del límite recomendado del 30% de la renta familiar disponible.

Y en el caso de los salarios más reducidos, entre el 20 y el 30% por debajo del salario medio, (unos 1.100 euros/mes), el esfuerzo de acceso a la vivienda en alquiler ha crecido desde el 56,3% de los ingresos en 2013 hasta el 65,6% en 2017. Por tanto, alrededor del 40% de los asalariados, en especial los que perciben los sueldos más reducidos, no solo no...

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