Validez de algunas cuestiones en cuanto a la Metodología de la Evaluación de la Burocracia
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Lo que se describe a continuación es un artículo académico preparado por el profesor Nils henrik Moerch von der fehr sobre la validez de la metodología de la Evaluación de la Burocracia. En él se examinan los costes administrativos y los métodos de medición, incluyendo las fortalezas y las debilidades. En particular, se examina el grado en que la parcialidad sistemática de la muestra de la metodología empleada por el Modelo de Costes Estándar afecta a su interpretación cuando se traslada a un sector industrial y a las maneras en que esto puede ser mejorado.
Este informe ha sido elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como parte del proyecto de la Evaluación de la Burocracia (RTA) para medir y comparar las cargas administrativas en todos los países.
he participado en trabajos similares en diferentes conexiones en los últimos 10-15 años. Yo era un miembro del Gobierno de Noruega del Comité de Derecho de Empresas de 1997 a 2001. En 1998, preparé un estudio sobre las cargas administrativas de la Confederación Noruega de Comercio e Industria (NhO). En 2006, realicé un estudio sobre la medición de los gastos administrativos para el Ministerio noruego de Comercio e Industria. Tales compromisos han proporcionado útiles elementos de entendimiento sobre las cuestiones pertinentes, pero, por supuesto, no han influido en las conclusiones del presente informe.
Durante la preparación del mismo mi contacto en la OCDE fue Lydia Jørgensen. El trabajo se debatió con los miembros del personal de la OCDE y otros participantes en el proyecto en dos reuniones celebradas en París. Si bien estoy
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agradecido por todos los comentarios recibidos, y he tratado de tenerlos en cuenta, las opiniones expresadas en el presente informe son mías y no reflejan necesariamente las de la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está llevando a cabo el proyecto de la Evaluación de la Burocracia (RTA) para medir y comparar las cargas administrativas entre los países con una versión ligeramente adaptada del Modelo de Costes Estándar, en lo sucesivo denominado método de la RTA (OCDE, 2005a)2. Se preparó un manual para orientar a los países a realizar las mediciones de la RTA (OCDE, 2005b). Trece países se han ofrecido para participar en el estudio piloto, y diez de ellos han completado las mediciones nacionales (en agosto de 2006). Un informe provisional con los resultados iniciales se presentó al Grupo de Trabajo sobre la Gestión y la Reforma Regulatoria en septiembre de 2006 (OCDE, 2005c) y más tarde se envió un estudio preliminar completo para ser sometido a consulta en marzo de 2007 (OCDE, 2007). Uno de los objetivos del estudio piloto es el de seguir desarrollando el método de medición. A raíz de mediciones anteriores realizadas por varios países hasta la fecha se han planteado diferentes cuestiones metodológicas, las cuales podrían beneficiarse del debate y de elaboraciones adicionales, a fin de consolidar y facilitar las futuras mediciones y análisis.
El objetivo de este estudio es hacer frente a algunos problemas que surgen del método de la RTA, especialmente los relativos a su validez. La validez se refiere a la capacidad de un método para capturar con precisión lo que se pretende medir, en este caso se trata de las cargas administrativas asociadas de las obligaciones de información derivadas de la regulación gubernamental. La experiencia demuestra que la validez de un método del tipo de la RTA depende fundamentalmente de la realización de entrevistas y de la normalización de los datos. Es, por tanto, importante poner énfasis en estas cuestiones, con el objetivo de evaluar y mejorar el enfoque actual.
A los participantes se les pidió que entregaran información sobre las mediciones y el método de la RTA después de la publicación del informe provisional. Con respecto a las entrevistas y la normalización de los datos, algunos de los principales problemas que surgieron se han resumido en los siguientes puntos:
- existía una dificultad a la hora de conseguir empresas que estuvieran dispuestas a participar;
- a las empresas les resulta difícil proporcionar información detallada;
- resulta difícil estandarizar los datos debido a las grandes diferencias encontradas en las respuestas;
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- las respuestas que se aportan son subjetivas;
- el número de entrevistas no es estadísticamente válido y representativo;
- hay demasiadas actividades las cuales no son pertinentes o no son transparentes;
- la segmentación es difícil;
- una empresa normalmente eficiente puede variar de acuerdo a las actividades estándares, lo cual puede ser problemático a la hora de realizar el resumen a un nivel empresarial, y
- los datos son sólo una estimación, que pueden o no representar el coste real.
Con base a esta información, surgen una serie de cuestiones relativas a posibles modificaciones del método que pueden ser abordadas a continuación:
- ¿Podría ampliarse el número de entrevistas
- ¿Es posible realizar la comparación sin la estandarización
- ¿Deberían ser más explícitos y estrictos los procesos de reclutamiento, para llevar a cabo las entrevistas y para evaluarlas con el objetivo de mejorar la calidad de los datos
Para responder a estas, así como a algunas otras cuestiones pertinentes, el informe es organizado de la siguiente manera: El siguiente apartado contiene una breve reseña de los principios fundamentales, incluidas algunas de las características esenciales y los problemas que plantea este tipo de metodología, así como algunas de las lecciones aprendidas de anteriores estudios. Sobre la base de la revisión de los principios fundamentales y las lecciones generales, el apartado siguiente contiene una discusión más detallada de las cuestiones concretas planteadas por los participantes de la RTA y, en el último apartado, encontramos las principales conclusiones y recomendaciones.
Este apartado proporciona una breve reseña de los principios fundamentales relacionados con la definición y medición de los costes administrativos. Es importante ser claro acerca de qué es exactamente lo que uno pretende medir, así como las dificultades que nos podemos encontrar cuando se desarrolla un método de medición. Por consiguiente, comenzar con una breve revisión del concepto de costes administrativos antes de pasar a la discusión de las cuestiones metodológicas sería lo apropiado. En este apartado también se resumen algunas de las lecciones aprendidas en anteriores estudios que se han basado en la misma metodología. El debate en este apartado se limita a los principios fundamentales; el siguiente apartado está dedicado a las cuestiones más específicas planteadas en el proyecto de la RTA.
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Los costes administrativos son generalmente definidos como los costes asociados con la búsqueda, la documentación, el almacenamiento, hacer que la información se encuentre disponible y la presentación de información que re-sultan ser de obligado cumplimiento por las regulaciones gubernamentales.
Esta definición implica la delimitación entre las obligaciones de información, por un lado, y los contenidos de las obligaciones por el otro. Los contenidos de esas obligaciones se refieren a las acciones o procedimientos que las empresas tienen que llevar a cabo de acuerdo siempre a las normas establecidas, mientras que las obligaciones de información afectan a los requisitos a la hora de proporcionar y/o suministrar información sobre estas acciones o procedimientos (como se detalla más adelante, la línea que separa estos dos conjuntos de obligaciones no siempre es del todo clara). Por ejemplo, si el contenido de una obligación es que una empresa de transporte debería llevar a cabo controles de los vehículos en intervalos regulares, se trata de una obligación de información donde dichos controles deben estar documentados y presentados a la autoridad gubernamental pertinente. Aunque el contenido y las obligaciones de información implican costes, sólo los costes derivados de aquéllas entran en la definición de los gastos o costes administrativos.
La definición de los costes administrativos también excluye a otros tipos de costes asociados con las obligaciones derivadas de leyes y estatutos, tales como las transferencias de dinero al gobierno o otros partidos (en forma de tasas, impuestos, primas, etc.) Estos costes no son resultado de la necesidad de información y, por lo tanto, no son considerados como costes administrativos.
Las obligaciones de información pueden estar relacionadas con un párrafo de una ley o reglamento que exige que la empresa produzca o proporcione información. A menudo, tales obligaciones se refieren a información que debe facilitarse a una autoridad gubernamental. Ejemplos de tales obligaciones de información son las leyes contables y los informes anuales, las solicitudes de licencias y el suministro de información acerca de los accidentes a la policía. Las obligaciones de información podrán referirse igualmente a la información que tiene que ser puesta a disposición de terceros, como la fijación de precios de los productos, la información sobre el contenido de los mismos y las instrucciones de seguridad para los empleados. Si una obligación de información da lugar a un coste administrativo entonces se determina si esa obligación va a ser regulada por la administración, y si no, la información requerida se debe proporcionar a la administración o a algún tercero.
Para ser considerado como un coste...
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