Resoluciones destacadas de derecho concursal

Autor:María del Mar Hernández Rodríguez
Cargo:Magistrado especialista mercantil por el CGPJ. Audiencia Provincial de Cantabria
Páginas:1-19
 
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Sentencia del Tribunal Supremo 207/2018, de 11 de abril

S ociedades. responsabilidad de administradores. accion por deudas. conocimiento de la situacion de crisis por el acreedor

Ponente: I gnacio Sancho Gargallo

Entiende la Sala que el mero conocimiento por parte del acreedor de la situación de crisis económica o insolvencia de la sociedad en el momento de contratar el crédito, no impide considerarlo legitimado para el ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas del antiguo 265.2 LSA, actual 367 LSC ya que ello no supone un acto contrario a las exigencias de la buena fe. Para que se considere que concurre mala fe en el ejercicio de la acción es preciso que concurran circunstancias adicionales que evidencien que asumía el riesgo de impago, como sería que el acreedor fuese un socio dominante o relevante de la sociedad deudora controlase la sociedad deudora. Con ello mantien el criterio sostenido en las últimas resoluciones que restringen la apreciación de una actuación contraria a la buena fe en el ejercicio de una accion frente a los administradores de la sociedad deudora.

“La Audiencia, en el contexto de esta jurisprudencia, entiende que la sociedad demandante contrató con conocimiento claro de un evidente riesgo de impago derivado de la situación de insolvencia del deudor, y lo asumió. Y añade que no contrató «a expensas de una cobertura subsidiaria de los administradores sociales».

El punto de diferencia de esta interpretación de la Audiencia con la jurisprudencia de la sala es que esta conclusión se extrae exclusivamente de haber contratado con pleno conocimiento de la situación de insolvencia del deudor, y por lo tanto asumiendo el consiguiente riesgo.

Y la jurisprudencia al respecto no es esta. La sala, en esa sentencia 733/2013, de 4 de diciembre , dejó abierta la posibilidad de que el acreedor que ejercita la acción lo hiciera contraviniendo las exigencias de la buena fe cuando, además del conocimiento de la mala situación económica o insolvencia del deudor, concurrieran otro tipo de circunstanciales adicionales, como las que se reseñan que no concurrían en aquel caso (inciso final del fundamento jurídico 8):

«Los acreedores demandantes no estaban, al prestar sus créditos a la sociedad, en unas condiciones de conocimiento y control de dicha entidad que pusieran en evidencia que asumían el riesgo de insolvencia de la sociedad deudora, de tal forma que ejercitar después la acción de responsabilidad contra los administradores ex art. 262.5 TRLSA vulneraría las exigencias de la buena fe».

Esas circunstancias van ligadas a que el acreedor demandante al conceder crédito a la sociedad gozaba no sólo de una situación de conocimiento, sino sobre todo, de control de la sociedad deudora que ponía en evidencia el riesgo que asumía de la insolvencia de esta. Lo que concurre, por ejemplo, cuando el acreedor es un socio dominante o relevante de la sociedad deudora. El mero conocimiento de la insolvencia del deudor, que es lo que ocurre en este caso, a tenor de los hechos acreditados en la instancia, no es suficiente”.

Sentencia del Tribunal Supremo 221/2018, de 16 de abril

S ociedades. accion social de responsabilidad. prescripcion. pendencia de una causa penal

Ponente: F rancisco Javier Orduña Moreno

Considera que concurren los requisitos para la estimación de la acción social de responsabilidad por haber llevado a cabo la administradora demandada en su calidad de administradora, actos de apropiación de fondos que infringen la ley y han causado un daño patrimonial a la sociedad.

En cuanto a los efectos de un procedimiento penal respecto a la prescripción, reitera que es suficiente que los hechos objeto de investigación puedan tener una influencia determinante en el juicio civil para que conlleve la interrupción del plazo de prescripción.

Las conductas de la Sra. Salome fueron realizadas en su calidad de administradora solidaria de la sociedad. Dichas conductas, apropiación de fondos de la sociedad sin justificación alguna, merecen la calificación de antijurídicas por infringir la ley y, además, han producido, con relación de causalidad, un indudable daño patrimonial a la sociedad, concretado en 62.408 euros.

Conforme a la doctrina de esta sala contenida, entre otras, en la STS 657/2010, de 3 de noviembre , es suficiente con que el hecho objeto de investigación en el juicio penal pueda tener una influencia terminante en el juicio civil para que se produzca la interrupción del cómputo de la prescripción. No es necesaria la identidad de objetos entre ambos procesos (penal y civil), sino la conexión entre los hechos denunciados en la jurisdicción penal y el objeto del proceso civil.

En los procesos penales se denunció la intervención de la administradora en la apropiación indebida de fondos de la sociedad, hecho que constituye, en esencia, el objeto de la acción social de responsabilidad que se plantea en el procedimiento civil. Por lo que debe considerarse que el plazo de prescripción de dicha acción quedó interrumpido por la pendencia de las causas penales. En el presente caso, la notificación de la desestimación del recurso de apelación se realizó con fecha 14 de abril de 2008, por lo que aún no habían transcurrido los 4 años del plazo de prescripción de la acción en el momento de la interposición de la demanda”.

Sentencia del Tribunal Supremo 14/2018, de 12 de enero

S ociedades. Acción social de responsabilidad. Prescripción de acciones.

Ponente: Rafael Sarazá Jimena

Reitera la doctrina jurisprudencial anterior a la reforma de la LSC operada por la Ley 31/2014, relativa a que el plazo de prescripción de 4 años previsto en el art. 949 CCo se aplica a todas las acciones de responsabilidad de los administradores.

El dies a quo del cómputo viene dado por la fecha del cese en el cargo pero se retrasa al momento de su constancia en el Registro Mercantil respecto a los terceros de buena fe.

Cuando el tercero actúa de mala fe o conoce el cese, el dies a quo viene dado por la fecha del cese. Cuando ejercita la acción la sociedad, el cómputo del plazo comienza desde el cese.

Cuando se ejercita la acción frente a varios administradores, el cómputo no comienza cuando hubiera cesado el último.

1.- La Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 no establecía plazo de prescripción de la acción de exigencia de responsabilidad de administrador social. Tampoco lo hacía el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989.

Es jurisprudencia unánime y pacífica ( sentencia 732/2013, de 19 de noviembre , y las en ella citadas), relativa a la situación legal anterior a la ley 31/2014, de 3 de diciembre, que introdujo el art. 241.bis en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital , la que aplica el régimen de prescripción previsto en el art. 949 del Código de Comercio a todas las acciones de responsabilidad de los administradores basadas «en su actividad orgánica». Dichoartículo 949 del Código de Comercio comporta una especialidad respecto al dies a quo del cómputo del referido plazo de cuatro años, que queda fijado en el momento del cese en el ejercicio de la administración por cualquier motivo válido para producirlo, si bien se retrasa la determinación deldies a quo a la constancia del cese en el Registro Mercantil cuando se trata de terceros de buena fe ( artículos 21.1 y 22 del Código de Comercio y 9 del Reglamento del Registro Mercantil ), con fundamento en que solo a partir de la inscripción registral puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del cese, dado que el legitimado para ejercitar la acción no puede a partir de ese momento negar su desconocimiento.

Este criterio extensivo no resulta aplicable cuando se acredita la mala fe del tercero o que el afectado tuvo conocimiento anterior del cese efectivo. Tal es el caso del ejercicio de la acción social por parte de la sociedad, pues en el caso del ejercicio de la acción por parte de la sociedad, esta ha tenido conocimiento del momento en que se ha producido el cese del administrador, sin necesidad de que conste inscrito en el Registro Mercantil.

2.- Por tanto, en cuanto al dies a quo , la regla prevista en elart. 949 del Código de Comercio había de ser aplicada con preferencia a la del art. 1969 del Código Civil .

La tesis de la Audiencia Provincial de que solo comenzaba a correr el plazo de prescripción de la acción cuando los administradores contra los que se dirigió la acción, que habían sido los únicos accionistas, dejaron de ostentar la mayoría del capital social y entró en el accionariado un nuevo socio mayoritario, porque solo en ese momento fue posible ejercitar la acción social, es incorrecta.

3.- Tampoco es aceptable la tesis de que solo comienza a correr el plazo de cuatro años del art. 949 del Código de Comercio respecto de todos los administradores demandados, desde el cese del último de ellos. No existe ningún obstáculo para que se ejercite la acción de responsabilidad contra un administrador cesado pese a que persistan en sus cargos el resto de administradores contra los que se vaya a ejercitar la acción social de responsabilidad.

De aceptar la tesis contraria, la acción de exigencia de responsabilidad contra el administrador cesado en su cargo podría pervivir indefinidamente mientras no cesaran el resto de administradores susceptibles de ser demandados”.

Sentencia del Tribunal Supremo 218/2018, de 12 de abril

S ociedades. Suscripción y adquisición de acciones. Nulidad. Legitimación ad causam.

Ponente: Francisco Javier Orduña Moreno

Se considera que la actora, como socia de la sociedad codemandada, ostenta legitimación ad causam para atacar por su carácter simulado el negocio jurídico de suscripción y adquisición de acciones nuevas celebrado entre dicha sociedad y una tercera, también demandada, puesto que lo atacado no es el acuerdo social de ampliación de capital sino el negocio que ejecuta dicho acuerdo.

En síntesis, la demandante y aquí parte recurrente, D.ª Belinda, socia mayoritaria de la mercantil Iranzo Servicios Inmobiliarios, S.L. interpuso demanda contra dicha entidad y contra Bergantín Real Estate, S.L., aquí parte recurrida, por la que solicitaba la nulidad radical del negocio de suscripción y adquisición de nuevas acciones llevado a cabo entre las citadas entidades. La demandante justificaba la nulidad solicitada por el carácter simulado de la operación realizada, pues la entidad Iranzo Servicios Inmobiliarios, S.L. para llevar a cabo dicha adquisición había realizado una aportación patrimonial 465 veces superior al valor nominal de las acciones suscritas. En este sentido, por una parte, Bergantín Real Estate, S.L. había acordado una ampliación de capital social en la suma de 1.444,80 euros, correspondientes a 240 participaciones sociales de 6,02 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 2.797,15 euros por participación social. Por la otra parte, Iranzo Servicios Inmobiliarios, S.L. procedía a su suscripción aportando para ello bienes inmuebles por valor de 672.760, 80 euros, esto es, una aportación patrimonial 465 veces superior al valor nominal de las acciones suscritas.

En el presente caso, la demandante tiene legitimación activa ( ad causam) para ejercitar la acción de nulidad del negocio jurídico que comporta la restitución de las prestaciones realizadas, pues dicha acción no se dirige contra la validez del acuerdo de ampliación o aumento de capital de 22 de marzo de 2010, sino contra el negocio «instrumental» que lo ejecuta, esto es, el negocio de suscripción y adquisición de las nuevas acciones. Negocio que es susceptible, de un modo directo, de ser objeto de una acción de nulidad por un tercero que resulte perjudicado”.

Sentencia del Tribunal Supremo 98/2018, de 26 de febrero

S ociedades. Retribución de los administradores. Consejeros delegados y ejecutivos de no cotizadas

Ponente: R afael Saraza Jimena

Establece que la reserva estatutaria establecida por la Ley 31/2014 según la cual es preciso que conste en los estatutos el carácter retribuido del cargo de administrador se aplica a todos ellos, incluidos los consejeros delegados y ejecutivos de y no cotizadas. Entiende que el régimen de los art. 217 y 249 LSC no es alternativo sino acumulativo.

La reserva estatutaria ha de interpretarse con flexibilidad.

No es ajustada a derecho una cláusula estatutaria según la cual “el cargo de administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde éste la remuneración que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por el ejercicio de las funciones ejecutivas que se les encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de previsión estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o conceptos remuneratorios”.

3.- Como primer argumento, no consideramos que el art. 217 TRLSC regule exclusivamente la remuneración de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos, y que la remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos esté regulada exclusivamente por el art. 249.3 y 4 TRLSC, de modo que la exigencia de previsión estatutaria no afecte a la remuneración de estos últimos ni se precise acuerdo alguno de la junta general en los términos previstos en el art. 217 TRLSC.

El art. 217 TRLSC sigue regulando, como indica su título, la «remuneración de los administradores», y su apartado primero exige que los estatutos sociales establezcan, si no se quiere que el cargo sea gratuito, el carácter remunerado del mismo y determinen el sistema de remuneración del «cargo de administrador». El precepto no distingue entre distintas categorías de administradores o formas del órgano de administración. En concreto, cuando se trata de un consejo de administración, no distingue entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos.

Por tanto, este precepto exige la constancia estatutaria del carácter retribuido del cargo de administrador y del sistema de remuneración, cuestión objeto de este recurso, para todo cargo de administrador, y no exclusivamente para una categoría de ellos.

6.- Por tanto, con la expresión «administradores en su condición de tales» se está haciendo referencia al administrador en el ejercicio de su cargo, esto es, al cargo de administrador que se menciona en el primer apartado del art. 217 TRLSC, y se contrapone a la utilización del término «administradores» por preceptos como el art. 220 TRLSC, referido a las sociedades de responsabilidad limitada, que hace referencia no al cargo, sino a la persona que lo desempeña, pero en facetas ajenas a las propias del ejercicio del cargo de administrador. Mientras que las remuneraciones por el primer concepto han de responder a la exigencia de reserva o determinación estatutaria y a las demás exigencias que establecen el art. 217 TRLSC y los preceptos que lo desarrollan, las remuneraciones (en su sentido más amplio) que el administrador perciba de la sociedad, pero no «en su condición de tal», han de ajustarse al art. 220 TRLSC en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y a las normas reguladoras del conflicto de intereses, con carácter general (en especial, arts. 229.1.a y. 230.2 TRLSC), pero no exigen previsión estatutaria.

Consecuencia de lo expuesto es que «el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por [...] los miembros del órgano de administración, cualquiera que sea su causa» que prevé el art. 260.11 TRLSC como una de las menciones de la memoria, incluye las remuneraciones recibidas por los administradores «en su calidad de tales», esto es, en el desempeño del cargo de administrador, y por «cualquier clase de relaciones de prestación de servicios o de obra entre la sociedad y uno o varios de sus administradores» (como es el caso de las que son objeto del art. 220 TRLSC), siendo en este segundo caso una remuneración por la realización de actividades ajenas a las que son inherentes a «los administradores en su condición de tales».

Si algunos miembros del consejo de administración ejercen funciones ejecutivas lo hacen en su condición de administradores, porque solo en calidad de tales pueden recibir la delegación del consejo.

Consideramos que la lógica del sistema determina que los términos del contrato del art. 249.3 y 4 TRLSC constituyen el desarrollo del acuerdo de distribución de la retribución entre los distintos administradores adoptado por el consejo de administración con base en el art. 217.3 TRLSC. Han de enmarcarse en las previsiones estatutarias sobre retribuciones y dentro del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores aprobado por la junta general.

16.- Como consecuencia de lo expuesto, el sistema diseñado en la TRSLC, tras la reforma operada por la Ley 31/2014, queda estructurado en tres niveles.

El primero está constituido por los estatutos sociales, que conforme a lo previsto en el art. 217.1 y 2 y 23.e TRLSC han de establecer el carácter gratuito (bien expresamente, bien por no tener previsión alguna al respecto) o retribuido del cargo y, en este último caso, han de fijar el sistema de retribución, que determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los previstos con carácter ejemplificativo en el art. 217.2 TRLSC.

17.- El segundo nivel está constituido por los acuerdos de la junta general, a la que corresponde establecer el importe máximo de remuneración anual de los administradores en las sociedades no cotizadas (art. 217.3 TRLSC, primer inciso), sin perjuicio de que la junta pueda adoptar un acuerdo de contenido más amplio, que establezca una política de remuneraciones, como resulta de los arts. 249.4,II y 249.bis.i TRLSC, que contemplan este acuerdo con carácter eventual («en su caso») en las sociedades no cotizadas, puesto que en el caso de las sociedades cotizadas el acuerdo que establezca la política de remuneraciones es preceptivo (art. 529 novodecies TRLSC). Este límite máximo fijado por la junta «permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación» (art. 217.3 TRLSC, primer inciso).

Asimismo, salvo disposición contraria en los estatutos, la junta general podrá impartir instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos en materia de retribución de consejeros, y en concreto, de consejeros delegados o ejecutivos (art. 161 TRLSC).

Además de estos acuerdos de contenido más general, los arts. 218.1 y 219 TRSLC prevén también la intervención de la junta. En el primer caso, solo cuando la previsión estatutaria de la participación en los beneficios como concepto retributivo contenga una previsión de porcentaje máximo, en cuyo caso la junta general determinará el porcentaje aplicable dentro del máximo establecido en los estatutos sociales.

En el caso del art. 219 TRSLC, cuando exista una previsión estatutaria que establezca como sistema de remuneración de los administradores (solo o junto con otros conceptos retributivos) la entrega de acciones o de opciones sobre acciones, o retribuciones referenciadas al valor de las acciones, su aplicación requerirá un acuerdo de la junta general de accionistas que deberá incluir el número máximo de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de duración del plan.

18.- El tercer nivel del sistema está determinado por las decisiones de los propios administradores. Salvo que la junta general determine otra cosa, a ellos corresponde, conforme al art. 217.3 TRLSC, la distribución de la retribución entre los distintos administradores, que se establecerá por acuerdo de estos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

(….)

21.- Por tanto, en las sociedades no cotizadas, la relación entre el art. 217 TRLSC (y su desarrollo por los arts. 218 y 219) y el art. 249 TRLSC no es de alternatividad, como sostiene la sentencia recurrida y la DGRN, en el sentido de que la retribución de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos se rige por el primer grupo de preceptos, y la de los consejeros delegados o ejecutivos se rige exclusivamente por el art. 249 TRSLC, de modo que a estos últimos no les afecta la reserva estatutaria del art. 217, la intervención de la junta de los arts. 217.3, 218 y 219, los criterios generales de determinación de la remuneración del art. 217.4 y los requisitos específicos para el caso de participación en beneficios o remuneración vinculada a acciones de los arts. 218 y 219.

La relación entre unos y otros preceptos (217 a 219, de una parte, y 249 TRLSC, de otra) es de carácter cumulativo, como sostiene el recurrente. El régimen general se contiene en los arts. 217 a 219 TRLSC, preceptos que son aplicables a todos los administradores, incluidos los consejeros delegados o ejecutivos. De hecho, algunas de sus previsiones (retribuciones previstas en los apartados «c» a «g» del art. 217.2 y el desarrollo que de algunas de ellas se contienen en los arts. 218 y 219) son aplicables de forma típica a los consejeros delegados o ejecutivos.

El art. 249 TRLSC contiene las especialidades aplicables específicamente a los consejeros delegados o ejecutivos, que deberán firmar un contrato con la sociedad, que sea aprobado por el consejo de administración con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros y con la abstención del consejero afectado tanto en la deliberación como en la votación, pero cuyo contenido ha de ajustarse al «marco estatutario» y al importe máximo anual de las retribuciones de los administradores, en el desempeño de su cargo, fijado por acuerdo de la junta general, en cuyo ámbito ejercita el consejo de administración su competencia para decidir la distribución de las remuneraciones correspondientes a los administradores. Asimismo, esta retribución del consejero delegado o ejecutivo recogida en el contrato debe ajustarse a los criterios generales establecidos en el art. 217.4 TRLSC y cumplir los requisitos específicos previstos en los arts. 218 y 219 TRLSC cuando se establezcan como conceptos retributivos los previstos en tales preceptos legales.

22.- Aunque alguna de las consideraciones que se han realizado en los fundamentos anteriores sobre la interpretación de determinadas normas del TRLSC pudiera ser discutible aisladamente considerada, la interpretación conjunta del régimen diseñado para regir las remuneraciones de los administradores sociales y, especialmente, la interpretación sistemática de los arts. 217, 218, 219 y 249 TRLSC, con los demás preceptos citados, teniendo en cuenta las finalidades expresadas en el preámbulo de la ley de reforma, conduce a las conclusiones expuestas.

23.- Ahora bien, la consideración conjunta del nuevo sistema que regula las retribuciones de los miembros del órgano de administración en las sociedades no cotizadas nos lleva también a la conclusión de que la atribución al consejo de administración de la competencia para acordar la distribución de la retribución entre los distintos administradores, mediante una decisión que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, y la atribución de la competencia para, en el caso de designar consejeros delegados o ejecutivos, aprobar con carácter preceptivo un contrato con los consejeros delegados o ejecutivos en el que se detallen todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, ha de tener como consecuencia que la reserva estatutaria sea interpretada de un modo menos rígido y sin las exigencias de precisión tan rigurosas que en alguna ocasión se había establecido en sentencias de varias de las salas de este Tribunal Supremo y por la propia DGRN, sin perjuicio de que las sentencias más recientes de esta sala, aun referidas a la anterior normativa societaria, ya han apuntado hacia esa mayor flexibilidad de la exigencia de reserva estatutaria (en este sentido, sentencias de esta sala 180/2015, de 9 de abril , y 505/2017, de 19 de septiembre ).

La atribución al consejo de administración de esta competencia supone el reconocimiento de un ámbito de autonomía «dentro del marco estatutario» a que hace mención el art. 249.bis.i TRSLC, que es el regulado con carácter principal en el art. 217 TRLSC, y dentro del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores que haya aprobado la junta general conforme prevé el art. 217.3 TRLSC.

Este ámbito de autonomía, dentro de un marco estatutario entendido de una forma más flexible, debe permitir adecuar las retribuciones de los consejeros delegados o ejecutivos a las cambiantes exigencias de las propias sociedades y del tráfico económico en general, compaginándolo con las debidas garantías para los socios, que no deben verse sorprendidos por remuneraciones desproporcionadas, no previstas en los estatutos y por encima del importe máximo anual que la junta haya acordado para el conjunto de los administradores sociales.

(….)

Una cláusula estatutaria como la controvertida, que prevé que «el cargo de administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde éste la remuneración que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por el ejercicio de las funciones ejecutivas que se les encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de previsión estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o conceptos remuneratorios», no es conforme al régimen legal de retribución de los administradores y, en concreto, de los consejeros ejecutivos, tal como ha quedado diseñado en nuestro Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, tal como ha resultado interpretado en esta sentencia, puesto que la posibilidad de fijar una retribución para los consejeros delegados es contradictoria con el carácter gratuito del cargo de administrador que se expresa en la cláusula, no se establece sistema de remuneración alguno para los consejeros ejecutivos, es más, se declara que no es necesaria previsión estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o conceptos remuneratorios, y se excluye expresamente el acuerdo de la junta que fije el importe máximo anual de la remuneración del conjunto de los administradores por el ejercicio de su cargo.

Sentencia del Tribunal Supremo 214/2018, de 11 de abril

C oncurso de acreedores. Acción rescidoria. Sacrificio patrimonial injustificado. Perjudicio para la masa.

Ponente: Pedro Jose Vela Torres

Reitera la jurisprudencia que entiende que el perjuicio para la masa activa supone un sacrificio patrimonial injustificado desde las legitimas expectativas de cobro de los acreedores, lo que no puede ser equiparado a la par condicio creditorum, sino una aminoración del valor del activo sobre el que más tarde, una vez declarado el concurso, se constituirá la masa activa, carente de justificación.

Daciones en pago de unas plazas de garaje con valor inferior a mitad del crédito realizadas después de la comunicación del art. 5 bis y antes de la declaración de concurso necesario, ofrecido a la generalidad de los acreedores y sin la concurrencia de otras circunstancias.

3.- Los actos de disposición objeto de rescisión concursal son daciones en pago: OCASA cedió los derechos de uso exclusivo de veinticuatro plazas de aparcamiento a Hormigones, en pago de una deuda que tenía con esta, que estaba vencida y era exigible. El valor de los derechos cedidos era inferior a la mitad del crédito de Hormigones, que se extinguía con la cesión.

La dación en pago fue acordada después de que OCASA realizara la comunicación del art. 5 bis LC y pocos días antes de su declaración de concurso a instancia de algunos de sus acreedores.

En las sentencias 175/2014, de 9 de abril , y 715/2014, de 16 de diciembre , hemos entendido que «(l)a dación en pago supone un concierto de voluntades entre deudor y acreedor por el que éste consiente recibir, con carácter solutorio, un aliud pro alio (una cosa por otra), con el efecto de extinguir la obligación originaria».

Se trata de un negocio complejo, pues participa de las características del pago o cumplimiento de una obligación, de la compraventa y de la novación por cambio de objeto que, con efectos solutorios, extingue la primitiva obligación.

De tal forma que lo que puede ser objeto de rescisión concursal es el acuerdo de dación en pago contenido en la escritura pública, materializado en la entrega de los derechos sobre las plazas de parking y la satisfacción convenida de los créditos del cesionario. Y la procedencia de la rescisión viene determinada por la acreditación de que este acuerdo era perjudicial para el patrimonio del deudor concursado, en la medida en que conllevaba un significativo detrimento patrimonial injustificado.

4.- Si nos ajustamos a la relación entre el valor de los derechos sobre las plazas de parking cedidos por OCASA y el importe de la deuda que esta tenía con Hormigones, tal y como ha quedado acreditado en la instancia por la sentencia recurrida, no habría perjuicio, en cuanto que el valor de los derechos cedidos era inferior a la mitad del importe de los créditos extinguidos. Desde el punto de vista del acuerdo de transmisión de bienes o derechos que supone la dación en pago, el importe por el que se transmitían era el doble de su valor, razón por la cual no habría propiamente sacrificio patrimonial.

Es únicamente desde el punto de vista de la satisfacción de los créditos que se extinguían con la dación, en que podría existir alguna duda sobre el perjuicio, en atención al momento y las circunstancias en que se realizaron, de acuerdo con la jurisprudencia contenida en las Sentencias 629/2012, de 26 de octubre , y 487/2013, de 10 de julio :

en principio, un pago debido realizado en el periodo sospechoso de los dos años previos a la declaración de concurso, siempre que esté vencido y sea exigible, por regla general goza de justificación y no constituye un perjuicio para la masa activa. Sin embargo, ello no excluye que en alguna ocasión puedan concurrir circunstancias excepcionales (como es la situación de insolvencia al momento de hacerse efectivo el pago y la proximidad con la solicitud y declaración de concurso, así como la naturaleza del crédito y la condición de su acreedor), que pueden privar de justificación a algunos pagos en la medida que suponen una vulneración de la par condicio creditorum

 .

5.- Las daciones en pago se realizaron para pagar unos créditos varios meses después de que la cedente, OCASA, hubiera realizado la comunicación del art. 5 bis LC , que conlleva la suspensión de las ejecuciones singulares, y unos días antes de que se hubiera declarado su concurso de acreedores. Ligado al hecho de que estas cesiones no se realizaron de forma aislada, sino que en un periodo corto de tiempo OCASA cedió plazas garaje ubicadas en Getafe en pago de deudas contraídas con distintos acreedores por un importe global de 4.428.600 euros, y en todas ellas, según declara probado la Audiencia, el valor de las plazas era inferior al importe de los créditos.

Estas circunstancias temporales hubieran podido ser muy relevantes si el importe de los créditos fuera equivalente o inferior al valor de los derechos cedidos, y si hubieran concurrido circunstancias excepcionales respecto de la naturaleza del crédito o la condición de su acreedor que hubieran determinado la naturaleza injustificada de la diferencia de trato, como fue el caso objeto de la sentencia 487/2013, de 10 de julio .

Pero la regla general fue que la cesión suponía que el acreedor cesionario recibía en pago de sus créditos unos derechos que valían menos de la mitad del importe de esos créditos. Tampoco se aprecian circunstancias excepcionales respecto de la naturaleza de los créditos o la condición del acreedor. Es más, consta que hubo un ofrecimiento por parte de la deudora a una generalidad de acreedores para realizar la dación en pago en estas condiciones, de modo que no se trató de una operación aislada sino que estuvo acompañada de otras realizadas con otros acreedores y en similares condiciones, con las que se extinguieron deudas por importe de 4.428.600 euros.

Bajo estas condiciones, es difícil apreciar la concurrencia del sacrificio patrimonial injustificado, que como ya apuntábamos no puede quedar reducido a que unos créditos fueron pagados en detrimento de aquellos otros que no se beneficiaron de la cesión de pagos.

6.- Aunque la concurrencia del perjuicio debe juzgarse de acuerdo con las circunstancias existentes al tiempo de ser realizados los actos de disposición objeto de rescisión (las daciones de pago), en este caso en que el perjuicio se funda en la alteración de la par condicio creditorum , es muy ilustrativo advertir que los créditos sujetos al concurso sufrieron una quita del 50%, cuyo pago se fraccionó y demoró entre uno y cinco años. Los acreedores que recibieron las cesiones recibieron en pago unos derechos de difícil comercialización cuyo valor era inferior a la mitad de sus créditos; y los acreedores que se sometieron al concurso vieron reducidos sus créditos a un 50%, aunque fuera demorado su cobro cinco años. Estas circunstancias ponen en evidencia que cuando se realizaron las daciones en pago, pese a la proximidad de la declaración de concurso, por las condiciones en que se hicieron, no conllevaban un perjuicio en cuanto que el sacrificio patrimonial que suponían no era injustificado, fundamentalmente porque se extinguieron pasivos por el doble del valor de los derechos cedidos, con lo cual no existió un detrimento de la masa activa; y porque la novación sufrida por los créditos concursales afectados por el concurso les permitió cobrar sus créditos, más tarde, pero en similar proporción y en dinero y no se aprecian circunstancias excepcionales en la naturaleza de los créditos o la condición del acreedor que permita afirmar el carácter injustificado de la diferencia de trato entre los acreedores que vieron satisfecho parcialmente su crédito. Todo ello aparte de que, además, la cesión de unos derechos de difícil explotación en esos momentos, ahorró a la concursada los gastos de mantenimiento”.

En el mismo sentido las Sentencias 211/2018, de 11 de abril, 214/2011, 213/2018, de 11 de abril, 212/2018, de 11 de abril, 125/2018, 7 de marzo o, 126/2018, 7 de marzo, 127/2018, 7 de marzo, 117/2018, 6 de marzo, 115/2018, 6 de marzo.

Sentencia del Tribunal Supremo 191/2018, de 5 de abril

C oncurso . C alificación culpable. Incongruencia

Ponente: Rafael Saraza Jimena

Recurrida en apelación la sentencia que había calificado el concurso como culpable por simulación de una situación patrimonial ficticia e irregularidades contables relevantes y rechazado el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso, la Audiencia Provincial apreció que concurría la causa relativa al incumplimiento del deber de solicitar el concurso a pesar de que nadie había recurrido en dicho punto la sentencia de primera instancia, sin trasladarlo al fallo. El Tribunal Supremo estimó el recurso extraordinario de infracción procesal por incongruencia de la sentencia y vulneración del principio que prohíbe la reformatio in peius.

En cuanto a la calificación culpable por la simulación de una situación patrimonial ficticia e irregularidades contables relevantes.

Reitera el criterio de la sentencia 772/2014, de 12 de enero de 2015 , de pleno en relación a la condena a cubrir el déficit concursal.

2.- El fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial afirma no haber modificado ningún pronunciamiento de la sentencia del Juzgado Mercantil en un sentido perjudicial para las personas afectadas por la calificación del concurso como culpable, puesto que solamente rebajó una de las condenas a la cobertura parcial del déficit concursal.

Sin embargo, en la fundamentación jurídica, la sentencia de la Audiencia Provincial consideró que concurría una tercera causa de calificación del concurso como culpable, la de la generación o agravamiento de la insolvencia mediando dolo o culpa grave del deudor ( art. 164.1 de la Ley Concursal ), que el Juzgado Mercantil había descartado, sin que la administración concursal ni el Ministerio Fiscal hubieran apelado.

Además, al razonar la concurrencia de esta causa de culpabilidad, la Audiencia Provincial fijó las bases para el cálculo de la condena a la cobertura parcial del déficit concursal e incluyó en las mismas determinada partida que, en principio, correspondía a deudas que otra sociedad mantenía con la Hacienda pública, y otra partida cuya procedencia no se explica. A falta de una motivación clara, parece que se está agravando la condena a la cobertura parcial del déficit concursal establecida en la sentencia de primera instancia, pese a que ni la administración concursal ni el Ministerio Fiscal han recurrido la sentencia.

3.- Aunque esas declaraciones no fueron llevadas expresamente al fallo, la declaración de concurrencia de una nueva causa de culpabilidad ha de considerarse como parte de los pronunciamientos de la sentencia, en virtud de lo previsto en el art. 172.1 de la Ley Concursal , que exige que cuando la sentencia declare el concurso culpable se exprese la causa o causas en que se fundamente la calificación.

Asimismo, la fijación de una base ampliada para calcular el déficit concursal, que los condenados deben cubrir parcialmente (así parece deducirse de la sentencia, aunque su falta de claridad impide hacerse una idea cabal al respecto), aunque tampoco se ha llevado al fallo de la sentencia, también ha de considerarse un pronunciamiento por cuanto que se trata de una declaración que está destinada a ser ejecutada en cumplimiento de la sentencia.

(...)

5.- Ni la administración concursal ni el Ministerio Fiscal habían recurrido la sentencia del Juzgado Mercantil. Por tal razón, los pronunciamientos condenatorios de la sentencia de primera instancia no podían resultar agravados en la sentencia de la Audiencia Provincial. Al haberlo hecho, la sentencia de la Audiencia Provincial ha incurrido en incongruencia, pues ha abordado cuestiones no planteadas en el recurso ni en los escritos de oposición, y ha vulnerado la prohibición de reformatio in peius (art. 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

(…)

2.- Que la plantilla de la concursada trabajara para otra empresa no excluye la existencia de simulación de una situación patrimonial ficticia afirmada en la instancia, que consistía fundamentalmente en realizar la facturación sin soporte (emisión de facturas y abonos sin respaldo en operaciones reales) y con el fin de retrasar el pago del IVA, generando las anulaciones de facturas en fechas que permitirán minorar el importe del IVA y retrasar su pago, con lo que se generó una situación patrimonial que no respondía a la realidad al distorsionar los ingresos de la concursada y el resultado de sus actividades

(...)

1.- La cesión de trabajadores a otra empresa no excluye que la realización de asientos contables ficticios constituya el supuesto de hecho de la causa de culpabilidad del art. 164.2.1º de la Ley Concursal .

2.- La afirmación de que las irregularidades se realizaron dentro de cada uno de los ejercicios fiscales parte de una base fáctica no fijada en la instancia. Además, de ser cierta, no excluiría la ilicitud de las irregularidades y la concurrencia del supuesto de hecho de la causa de culpabilidad.

3.- La afirmación de que no existe irregularidad contable constitutiva de causa de culpabilidad porque la única perjudicada habría sido la Hacienda Pública, que no habría cobrado los recargos e intereses de demora que le corresponderían por el retraso en el pago del IVA, resulta sorprendente.

Su manifiesta falta de fundamento excluye la necesidad de razonamientos adicionales para desestimarla.

(...)

4.- La consecuencia de lo anterior es que la sentencia de la Audiencia Provincial, al no establecer la relación de causalidad entre los hechos determinantes de la calificación del concurso como culpable y la generación o agravación de la insolvencia para justificar la condena a la cobertura parcial del déficit concursal, no vulnera el art. 172.bis de la Ley Concursal , en la redacción anterior al Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, tal como ha sido interpretado por este tribunal.

Auto del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2018 (recurso 4039/2017)

C oncurso de acreedores. Falta de consignacion de las rentas debidas. Arrendamiento. Interesado.

Quien resultó adquirente de la unidad productiva que incluye el inmueble arrendado objeto del procedimiento de desahucio en el procedimiento concursal, comparece en el desahucio no como demandado sino como interesado. No resulta exigible que cumpla con el requisito de pago o consignación de las rentas adeudadas por la concursada previas a la adquisición.

SEGUNDO. - A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta que nos encontramos en el ámbito de un recurso de revisión contra un decreto y por ello sin perjuicio de lo que resulte posteriormente en fase de admisión donde se podrá realizar un estudio más pormenorizado y en profundidad del asunto, el recurso de revisión debe ser estimado pues, en principio y de los datos obrantes en el rollo de casación, no resulta incumplido el artículo 449 de la LEC ya que:

El recurrente no es el concursado pues comparece como interesado al amparo del artículo 13 LEC como adquirente de la unidad productiva

El recurrente no es deudor de las rentas impagadas porque lo era el concursado y son anteriores a la venta de la unidad productiva

El recurrente no tiene capacidad ni posibilidad de pagar aquellas rentas, pues solo puede hacerlo la administración concursal, de la que se acredita, además, su disposición a pagarlas.

Y porque el recurrente está al corriente de pago de las rentas desde que adquirió la unidad productiva, y tiene que hacerlo a través de la consignación judicial, porque la propiedad no quiere aceptarlas”.

Sentencia del Tribunal Supremo 15/2018, de 12 de enero

C oncurso de acreedores. Honorarios del letrado de la concursada. Naturaleza crédito concursal/contra la masa

Ponente: Pedro Jose Vela Torres

Para que los honorarios del letrado de la concursada sean considerados créditos contra la masa es necesario que se produzcan en interés del concurso y que sean necesarios. No considera como tales las actuaciones del letrado de la concursada por su carácter innecesario, ir en contra del interés del concurso (planteamiento de declinatoria) o presentación de una propuesta de convenio inadmitida por no reunir los requisitos legales.

“En particular, sobre los honorarios del letrado del deudor concursado, dijimos en la sentencia 393/2014, de 18 de julio , que la mencionada Ley 38/2011 había modificado la redacción del art. 84.2.2º LC para apostillar, respecto de los créditos por costas y gastos judiciales ocasionados para la solicitud y la declaración de concurso, que deben ser «necesarios»; y respecto de los créditos por la asistencia y representación del concursado durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, estableció que sólo podrán tener la consideración de créditos contra la masa «cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa». Y aclaramos que:

Al margen de que la retribución de los servicios prestados por el letrado de la concursada para la solicitud y declaración de concurso voluntario, así como de la posterior asistencia al concursado durante todo el procedimiento concursal, puedan merecer la consideración genérica de créditos contra masa, es posible aquilatar su cuantía, esto es, determinar hasta qué montante pueden ser abonados con cargo a la masa

.

3.- Bajo estas premisas, de las distintas partidas de honorarios cuya consideración como créditos contra la masa reclama el recurrente, en principio, únicamente cabría considerar que reúne los requisitos del art. 84.2.2º LC (necesidad y obligatoriedad o realización en interés de la masa) la presentación de una propuesta de convenio, puesto que al margen de que la misma fuera o no admitida, lo cierto es que, como regla general, el convenio es la solución legalmente preferida para el concurso y debe presumirse que la presentación de propuestas se realiza en interés de la masa.

Respecto del resto de actuaciones, no cabe confundir obligatoriedad de la intervención del letrado ( art. 184.2 LC ), con necesidad o interés de la masa. Es más, algunas de las actuaciones ni siquiera era obligatorio que se practicaran, como las alegaciones a las peticiones de la seguridad social; o directamente iban contra el interés de la masa, como las declinatorias, la recusación de la administración concursal o la oposición a la solicitud de concurso.

4.- Ahora bien, la propuesta de convenio fue inadmitida por auto de 4 de febrero de 2014, porque, pese a ir acompañada de un plan de viabilidad basado en una inversión de diez millones de euros, no se identificó al posible inversor, incluso tras requerimiento al efecto del juzgado, para lo que se adujo la existencia de un acuerdo de confidencialidad. Es decir, el presumible interés para la masa de dicha actuación profesional se evaporó desde el mismo momento en que ni siquiera se admitió a trámite la propuesta de convenio, al no reunir requisitos mínimos de contenido que eran imprescindibles para que los acreedores pudieran votar en la junta con un mínimo conocimiento de causa”.

Sentencia del Tribunal Supremo 10/2018, de 11 de enero

C oncurso de acreedores. Prohibicion de compensación

Ponente: Ignacio Sancho Gargallo

Reitera la interpretación que debe darse a la prohibición de compensación del art. 58 LC en el sentido de que un crédito concursal no puede compensarse con un crédito a favor de la masa, en concreto, que un crédito concursal de la AEAT por facturas rectificativas de IVA por hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso no puede compensarse con un crédito a favor de la masa por IVA a devolver, esto es, con el IVA a devolver de ejercicios posteriores a la declaración de concurso.

“Como hemos hecho en otra ocasión, es necesario iniciar el análisis de la cuestión controvertida partiendo de la jurisprudencia de la sala a la que se refieren las partes, compendiada fundamentalmente en la sentencia 486/2013, de 22 de julio :

En principio, el primer apartado del art. 99 LIVA prevé que, " en las declaraciones-liquidaciones correspondientes a cada uno de los períodos de liquidación ", el sujeto pasivo puede " deducir globalmente el montante total de las cuotas deducibles soportadas en dicho período del importe total de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas durante el mismo período de liquidación" . Esta facultad, a tenor del apartado 3 del art. 99 LIVA , en la redacción vigente al tiempo de llevarse a cabo las declaraciones-liquidaciones controvertidas, esto es, antes de la modificación operada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, podía " ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al periodo de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho ".

No cabe duda que bajo esta normativa, constituía un derecho del sujeto pasivo que podía ejercitar no sólo y de manera necesaria en la declaración-liquidación relativa al periodo de liquidación en que su titular hubiera soportado las cuotas deducibles, sino también, de forma opcional, " en las de los sucesivos" , pero con el límite de que se realice dentro de los cuatro años contados desde el nacimiento de este derecho.

»Este precepto, que en la redacción aplicable al caso, anterior a la reforma introducida por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no preveía la eventualidad del concurso de acreedores del sujeto pasivo, no establecía ninguna excepción para el caso de concurso de acreedores del deudor sujeto pasivo».

Para resolver esta cuestión, en aquella sentencia de referencia partimos de la ratio de las resoluciones que hasta entonces habíamos dictado, que habían resuelto sobre la consideración de créditos contra la masa o créditos concursales del IVA devengado en el trimestre en que se produjo la declaración de concurso, según el devengo fuera anterior o posterior a tal declaración:

En concreto, la Sentencia 590/2009, de 1 de septiembre , fijó "como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales". Para justificarlo, entre otras razones, argumentábamos que "(e)l nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT "; sin perjuicio de que "la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo". Y añadíamos que "(l)a legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del concursado".

Esta doctrina fue aplicada más tarde a los créditos por IVA transmitidos a la AEAT como consecuencia del mecanismo de la rectificación de facturas, al afirmar que aquellos que se refieran a hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso merecen la consideración de créditos concursales y no contra la masa ( Sentencias 140/2011, de 3 de marzo ; 701/2011, de 3 de octubre ; y 968/2011, de 10 de enero de 2012 )».

Luego explicamos, tal y como ya habíamos declarado en la sentencia 46/2013, de 18 de febrero , que:

las liquidaciones de IVA giradas por la AEAT a la entidad concursada, en las que reduce el IVA soportado por la entidad concursada en el importe del IVA repercutido por los acreedores en las facturas no pagadas y, por ello, rectificadas, constituyen una modificación de la base imponible del impuesto en tales períodos, autorizada para supuestos en que la entidad concursada no ha abonado las contraprestaciones debidas a sus acreedores ( art. 80.3 LIVA y el art. 24 RD 1624/1992, de 29 de diciembre ), razón por la cual tales deducciones están fuera de la prohibición de compensación prevista en elart. 58 LC 

.

Para aclarar más la cuestión, explicamos cómo se determina la cuota tributaria del IVA:

la cuota tributaria, conforme al art. 92 Ley 37/1992, de 28 de diciembre (LIVA ), se determina por la diferencia entre IVA soportado e IVA repercutido por el sujeto pasivo, calculados ambos sobre el importe total de las contraprestaciones que constituyen la base imponible de este impuesto. De tal forma que la deducción del IVA soportado del IVA repercutido por el sujeto pasivo es el mecanismo legalmente establecido para la determinación de la cuota tributaria de este impuesto

.

Y con estos antecedentes concluimos:

En puridad, y así se desprende del apartado 1 del art. 99 LIVA , la deducción global del montante total de las cuotas deducibles soportadas en un determinado periodo debería realizarse sobre las cuotas del IVA devengadas durante el mismo periodo de liquidación. La regla del apartado 3 del art. 99 LIVA , que permite al sujeto pasivo aplicar la deducción del IVA soportado en las liquidaciones posteriores, y siempre dentro de un plazo máximo de cuatro años, sin que sea necesario retrotraer los efectos de la deducción al periodo en que se soportó el IVA que se pretende deducir, no deja de ser una solución práctica que facilita las liquidaciones sin necesidad de realizar continuas rectificaciones de las anteriores.

Pero cuando se da una situación de concurso del sujeto pasivo, el momento en que se lleva a cabo la deducción del IVA soportado con anterioridad a la declaración de concurso, o incluso en el mismo trimestre de la declaración, tiene gran relevancia, pues puede determinar que se aplique a créditos concursales o contra la masa. Por eso, en atención a la naturaleza del IVA y, en concreto, a que la deducción del IVA soportado del IVA repercutido por el sujeto pasivo es el mecanismo legalmente establecido para la determinación de la cuota tributaria de este impuesto, nos parece que participa de la misma lógica de la jurisprudencia antes invocada, concluir que, al margen del momento en que se haga valer la deducción del IVA soportado, en cualquier caso, el que surgió con anterioridad a la declaración de concurso debe deducirse con cargo al IVA devengado en aquel mismo periodo de liquidación, sin perjuicio de que si sobrara, pueda aplicarse a la deducción del IVA devengado en los siguientes periodos de liquidación».

Como argumento de refuerzo, advertimos que esa interpretación jurisprudencial de la normativa aplicable al caso, al tiempo en que se realizó la liquidación, que es la misma que resulta de aplicación al presente caso, era «conforme con la modificación introducida en el apartado tercero del art. 99 LIVA , por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que en el segundo párrafo añade: "(s)in embargo, en caso de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas con anterioridad a la misma, que estuvieran pendientes de deducir, deberá ejercitarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo de liquidación en el que se hubieran soportado". Y el párrafo tercero regula la eventualidad de que no se hubieran incluido las cuotas soportables deducibles en aquella declaración-liquidación, y se pretendiera hacer con posterioridad, dentro de los cuatro años, en ese caso "la administración concursal podrá deducirlas mediante la rectificación de la declaración-liquidación relativa al periodo en que fueron soportadas"».

3. Ahora bien, como ocurrió en supuesto resuelto por la sentencia 214/2017, de 31 de marzo , en el presente caso en la liquidación practicada, como consecuencia de las facturas rectificativas que los acreedores concursales emitieron a la vista de la declaración de concurso, afloró un IVA a ingresar. Este crédito a favor de la AEAT, de acuerdo con la doctrina expuesta, es concursal. Y las facturas rectificativas emitidas tras la declaración de concurso correspondían a hechos imponibles anteriores al concurso de acreedores.

Bajo la doctrina expuesta, este IVA a ingresar, que constituía un crédito concursal, se hubiera podido compensar con el IVA a devolver de ejercicios anteriores a la declaración de concurso, pero no con el IVA a devolver de ejercicios posteriores al concurso, en este caso el de los meses de marzo, abril y mayo de 2011.

Por esta razón, la compensación practicada por la AEAT no está justificada conforme a la citada jurisprudencia y contradice la prohibición de compensación del art. 58 LC “.

Auto del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2018 (recurso 45/2018)

P ropiedad intelectual y competencia desleal. Acumulación de acciones. Competencia territoral

Ponente: Maria de los Angeles Parra Lucan

Considera competente al Juzgado ante el que se presentó la demanda al considerar que al haberse acumulado acciones de propiedad intelectual y de competencia desleal y poder ser competentes los tribunal de más de un lugar, puede el demandante presentar la demanda ante cualquiera de ellos que será el que resulte competente.

“De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, la competencia debe declararse a favor del Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Madrid, por cuanto en la demanda se ejercitan acumuladamente dos acciones (una con fundamento en los arts. 1 y 3 de la Ley de Propiedad Intelectual y otra en los arts. 3 , 19 y 20 de la Ley de Competencia Desleal) independientes y acumulables objetivamente, entre las que no existe ninguna de las relaciones previstas por el art. 53.1 LEC . El art. 52.1 LEC prevé en sus apartados 11º y 12º, respectivamente, normas de atribución de la competencia territorial para el ejercicio de cada una de las acciones acumuladas en el presente proceso, normas que podrían determinar un criterio de atribución de la competencia distinto para cada una de las acciones o incluso de las partes demandadas.

En consecuencia, se aprecia que concurre el supuesto previsto por el apartado segundo del art. 53 LEC , que expresamente establece que cuando hubiere varios demandados y conforme a las reglas establecidas en el propio artículo y en los anteriores pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante. Habiendo expresado dicho demandante haber elegido al Juzgado de lo Mercantil de Madrid”.

Auto del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2018 (recurso 43/2018)

J uicio cambiario. Competencia territorial

Ponente: Pedro Jose Vela Torres

Reitera que el fuero que se establece en el art. 820 LEC es imperativo, que debe ser apreciado de oficio e impide la sumisión expresa o tácita. El cambio del domicilio a lo largo del procedimiento no conlleva el cambio del órgano competente por el principio perpetuatio iurisdictionis.

Cuando se conoce el domicilio tras la admisión a trámite de la demanda, es preciso que se acredite que ese era el domicilio en el momento de su presentación para aprecia la falta de competencia territorial.

SEGUNDO.- El artículo 820 LEC establece para el juicio cambiario una regla de competencia territorial de carácter imperativo, en la que se determina que será competente para su conocimiento el Juez de Primera Instancia del domicilio del demandado, y si fueran varios el del cualquiera de ellos a elección del demandante, fuero imperativo que debe ser apreciado de oficio, y que excluye, por consiguiente, la sumisión expresa y tácita.

Además, como regla general, hemos de tener en cuenta que en estos casos, en que las reglas de competencia tienen carácter imperativo, la declaración de oficio de falta de competencia territorial ha de hacerse en el momento de la admisión a trámite de la demanda ( art. 58 LEC , aunque esta Sala haya precisado que el momento preclusivo de esta declaración en los juicios ordinario y verbal sea concretamente el acto de la audiencia previa o de la vista respectivamente, - ATS 9 de septiembre de 2015, conflicto n.º 87/2015 -), y que si durante la tramitación del procedimiento se produce un cambio de domicilio del deudor, en cualquier tipo de procedimiento, resulta aplicable el principio de perpetuatio iurisdictionis ( art. 411 LEC ), conforme al cual «[...] las alteraciones que una vez iniciado el proceso se produzcan en cuanto al domicilio de las partes (...) no modificarán la jurisdicción y la competencia que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia[...]».

En relación con las dudas respecto del domicilio del deudor surgidas a raíz del resultado negativo del requerimiento y sus consecuencias sobre la competencia, esta Sala tiene declarado, entre otros muchos, en los Autos de 13 de diciembre de 2011 (conflicto de competencia n.º 175/2011 ), 8 de mayo 2012 (conflicto de competencia n.º 62/2012 ), 8 de enero de 2013 (conflicto de competencia n.º 237/2012 ) y 11 de noviembre de 2014 (conflicto de competencia n.º 139/2014 ), que «[...]para que resulte competente un Juzgado diferente a aquel que conoció de la petición inicial es necesario acreditar que el domicilio actual conocido por hechos sobrevenidos ya era el real en el momento en que se presentó la petición, no siéndolo por esta razón el que fue facilitado por la parte actora; en consecuencia el carácter imperativo de las normas de competencia territorial ex artículo 820 y 48 de la LEC supondrían la no aplicación del principio de perpetuación de jurisdicción (artículo 411). Por el contrario, si no se acredita tal circunstancia, o si resulta probado que la alteración se produjo a posteriori, el Juzgado que conoció inicialmente, perpetua su jurisdicción por aplicación del artículo 411, aunque el requerimiento de pago deba practicarse en el nuevo domicilio acudiendo al auxilio judicial[...]».

Según esta doctrina, para que pueda deferirse la competencia al segundo juzgado es preciso acreditar que en el momento de la presentación de la demanda el domicilio del demandado ya estaba en su partido judicial”.

Auto del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2018 (recurso 23/2018)

C onflicto negativo de competencia entre juzgado de lo mercantil y Juzgado de Primera Instancia. Transporte. Acción de responsabiliad extracontractual. Daños causados por transporte de mercancía ilícita.

Ponente: Francisco Javier Arroyo Fiestas

Considera competente al Juzgado de Primera Instancia para conocer de la acción de reclamacion de cantidad por responsabilidad extracontractual, por la que solicita la condena al resarcimiento de los daños causados por el transporte de una mercancía ilícita que fue retenida, almacenada y destruida por ello.

“A la vista de lo expuesto, y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede declarar que la competencia objetiva para conocer del presente procedimiento le corresponde al Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Valencia. Y ello es así porque examinada la demanda resulta que su objeto es una reclamación de responsabilidad extracontractual sustentada en el artículo 1902 del Código Civil , que tiene conexión con el transporte de mercancía...

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