Resolución de 5 de junio de 1999 (B.O.E. de 6 de julio de 1999)

Autor:F. Rodríguez Boix
Páginas:195-341
RESUMEN

Es inscribible e inatacable la enajenación forzosa derivada de la ejecución provisional de una sentencia no firme, recaída en juicio declarativo de menor cuantía, en la que se condenaba al ejecutado al pago de una cantidad líquida, aunque posteriormente se revoque la sentencia ejecutada.

 
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COMENTARIO

El Registrador suspende la inscripción de una enajenación forzosa derivada de la ejecución provisional de una sentencia, recaída en juicio declarativo de menor cuantía y pendiente de apelación, en la que se condenaba al demandado al pago de determinada cantidad líquida.

Básicamente, los argumentos del funcionario calificador son los siguientes:

-Conforme a los artículos 3 y 82 L.H. sólo son inscribibles las ejecutorias o resoluciones firmes.

-La doctrina de la Resolución de 12 de noviembre de 1990.

En el supuesto de hecho contemplado en dicha Resolución se pretendía la cancelación de una hipoteca, en base a la ejecución provisional de una sentencia, no firme, que había declarado la nulidad del préstamo hipotecario.

La Dirección confirma la nota de suspensión del Registrador (José Manuel García García) y considera que no cabe acceder a la cancelación solicitada ya que la ejecución provisional sólo puede comprender medidas de efectividad que no estén en contradicción con su provisionalidad y el asiento de cancelación es un asiento definitivo, sin perjuicio de que el demandante pueda obtener la anotación preventiva de su derecho, a fin de impedir que el derecho de hipoteca tenga efectos en contradicción con la ejecución provisional de la sentencia que lo niega.

-Inscrita la enajenación forzosa, caso de prosperar ulteriormente la apelación, el ejecutado quedaría privado del bien adjudicado, pudiendo aspirar, tan sólo, a la restitución del dinero percibido por el demandante.

El Presidente del TSJ revoca la nota del Registrador, en base a que la ejecución provisional es un auténtico proceso de ejecución, distinto y diferenciado, en el que la resolución recaída puede tener su propia firmeza.

La Dirección, después de ponderar y considerar la dificultad de la cuestión, termina por desestimar el recurso del Registrador y por confirmar el auto.

No obstante la dicción literal del art. 919 LEC («luego que sea firme una sentencia, se procederá a su ejecución»), nuestro derecho permite (con excepción de las sentencias recaídas en juicios de familia, capacidad, estado civil o derechos honoríficos) desde la reforma de la LEC llevada a cabo por Ley de 2 de agosto de 1984, la ejecución provisional de resoluciones, pendientes de recursos de apelación o de casación (arts. 385 y 1.722 LEC). Se intenta evitar así que el deudor condenado alargue el proceso utilizando recursos con la única finalidad de retrasar el cumplimiento de la condena. Para que...

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