Ante la Reforma de los Estatutos de Autonomía
| Autor | Juan Vicente Herrera Campo |
| Cargo | Presidente de la Junta de Castilla y León |
| Páginas | 5-8 |
presentación
ANTE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
Nuestra Constitución, a partir de los principios recogidos en su artículo 2, posibili-
tó la amplia autonomía política que hoy disfrutan los territorios de España y, a lo
largo de este último cuarto de siglo, el Estado Autonómico se ha configurado como un
marco de convivencia adecuado para todos los españoles. Ciertamente, ha habido difi-
cultades para construir unos poderes autonómicos casi sin modelos previos, pero es un
hecho indiscutible que, a lo largo de estos años, tales poderes han actuado de manera
enormemente positiva para los territorios y para los ciudadanos que en ellos habitan.
Como señala García de Enterría, puede decirse que en los pueblos y las aldeas, en los
lugares más lejanos de cada región, las necesidades reales de servicios y de cultura
de su población, por primera vez en nuestra historia, se han encontrado atendidas y
servidas con un grado de eficacia creciente y unos resultados perfectamente visibles.
Hoy podemos decir también que la descentralización política ha encontrado de ma-
nera definitiva justificación y arraigo en la sociedad española. Los niveles de vida de
los territorios han mejorado de manera visible como resultado de la actuación de los
nuevos poderes territoriales, algo que, sin duda, se ha convertido en el principal fun-
damento del sistema autonómico. No creo que lo sea, por el contrario, la recupera-
ción o creación de presuntas identidades nacionales diferenciadas. Estoy convencido,
en suma, de que nuestro régimen de comunidades autónomas ha ganado su legitimi-
dad desde la eficacia en el servicio a los ciudadanos, cuestión que no debemos olvi-
dar nunca a la hora de plantearnos su futuro.
Posiblemente, el tiempo transcurrido y las nuevas circunstancias políticas, sociales
y económicas aconsejan una revisión del modelo. En todo caso, como sabemos, el
Gobierno de la Nación, en uso de su indudable legitimidad a la hora de proponer es-
tas iniciativas, ha abierto una nueva agenda política de carácter general, en la que
cada autonomía va a replantear sus bases y sus sistemas de relación con el Estado.
Se trata de un proceso que, indudablemente, reviste un hondo calado, en el que
han aparecido propuestas —algunas, afortunadamente, ya desechadas; otras, toda-
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