La reforma de la administración del Estado y los debates sobre el estado de la Nación
| Autor | Luis Fernando Crespo Montes |
| Páginas | 277-293 |
Page 277
En 1983 se introduce en nuestro ámbito parlamentario la novedad de los Debates sobre el estado de la Nación, a imagen y semejanza de otros propios del parlamentarismo comparado, como es el Discurso del Presidente de los Estados Unidos sobre el estado de la Unión, que se celebra anualmente.
El profesor González Seara ha explicado recientemente las contradicciones que teóricamente, pero también en la práctica, puede suponer nuestra propia versión de un debate anual sobre el estado de la Nación:
La poca experiencia de una política democrática en España, y una tendencia mimética a copiar algunas formas de la política norteamericana, llevaron a Felipe González a proponer la implantación de una parodia del Debate sobre el estado de la Unión que tiene lugar en Norteamérica. Pero allí se trata de un régimen presidencialista, con auténtica separación de poderes, con un presidente elegido con total independencia del Parlamento, que no forma parte del mismo, y que dirige por ello ese tipo de mensajes a los representantes del poder Legislativo para darles cuenta del estado de la Unión, es decir, de la marcha del país. Pero ese uso democrático, que en el régimen presidencialista tiene sentido, es inútil e incluso disfuncional en un régimen parlamentario, donde el presidente del Poder Ejecutivo emana del Legislativo, que vota y decide su investidura o su censura; donde el Gobierno está presente y sometido al control parlamentario, y donde el presidente del Gobierno puede disolver las Cámaras cuando lo estime oportuno
.
Page 278
Sea como fuere, nuestro Debate sobre el estado de la Nación implica que el Gobierno mediante una comunicación previa de contenido, como es lógico, más bien breve y genérico, expone su opinión sobre los principales temas que considera prioritarios para la buena marcha del Estado social y democrático de Derecho, y comenta las medidas que se están adoptando para resolver los problemas más relevantes que tiene planteados la sociedad. A su vez, la oposición formula sus críticas a los aspectos de la política gubernamental que no comparte, y ofrece otras posibles alternativas y soluciones para las demandas sociales más significativas.
Evidentemente, en un debate de esta naturaleza se abordan recurrentemente temas generales, tales como la política exterior, el fortalecimiento de las principales instituciones políticas, el crecimiento económico, el empleo y el paro, el bienestar social y las prestaciones sociales, el terrorismo, el déficit público, la financiación autonómica, la modernización de las Fuerzas Armadas, la marcha de la integración en la Unión Europea, las reformas estructurales, la mujer, la salud, el I+D... pero también cuestiones puntuales y concretas como puedan ser la reforma del Senado, la Exposición Universal de Sevilla, los fondos reservados, la misión de paz a la antigua Yugoslavia, los GAL, la encefalopatía espongiforme, o la presidencia española de la Unión Europea.
En el debate político de estas y otras cuestiones siempre sale a relucir de una manera u otra la Administración, su organización y funcionamiento, sobre todo en el contexto casi inagotable de la construcción del Estado de las Autonomías.
Pero ahora no se trata de eso. De lo que se trata es de averiguar, a través de los catorce Debates celebrados, la relevancia que se ha dado a la Administración del Estado en sí misma considerada, como un objetivo específico de la política gubernamental. Es decir, desde la perspectiva de su mejora y perfeccionamiento en términos generales, prescindiendo de aspectos coyunturales o que se refieran a sectores concretos de la actividad administrativa.
Estos Debates son también un buen indicador de la preocupación política real, aunque sea formal, por su reforma, mejora o perfeccionamiento. Pues bien, como no podía ser menos, la preocupación no sólo gubernamental sino del resto de las formaciones políticas con representación parlamentaria, ha ido evolucionando durante estos últimos años. Se podría llegar a la siguiente conclusión: conforme han ido transcurriendo los años, el tema ha perdido importancia o interés político. Lo que parece bastante congruente; después de los esfuerzos desarrollados durante los últimos casi veinte años, no sería normal que la reforma de la Administración fuese un problema político tan prioritario como al inicio de la transición, después de promulgada la Constitución o cuando llegó el PSOE al poder. Supondría una lamentable pérdida de tiempo y de esfuerzos.
Al margen de los posibles intereses corporativos o de grupos, la reforma de la Administración y de la Función Pública es una cuestión que no puede, no debe estar constantemente en el primer plano de las inquietudes del Gobierno, de cualquier Gobierno. Lo contrario sería reconocer el fracaso de todos los esfuerzos -y
Page 279
no han sido pocos- desarrollados durante estos últimos veinte años. Sería conveniente asumir que la mejora o perfeccionamiento de la Administración debe aparecer ya como una rutina más, por muy trascendente que sea. Pero que no debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política del Gobierno de la Nación. Máxime cuando estamos convencidos de que se trata de un proceso continuo, permanente por su propia naturaleza.
Este planteamiento que podrá resultar heterodoxo desde determinadas perspectivas inmediatamente interesadas, debería ser asumido con toda normalidad. Con la misma normalidad que después de una elecciones generales el Presidente del Gobierno modifica, mucho o poco, la organización ministerial. Gustará más o menos la decisión presidencial desde posiciones teóricas o particulares, pero es algo que está dentro de las atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico vigente. Y ya no sorprende a nadie.
En definitiva, no convendría olvidar que constitucionalmente la Administración tiene un valor inequívocamente instrumental respecto del programa político del Gobierno. Si durante más de cuarenta años se pudo tergiversar este papel adjetivo, de mediación entre aquél y la sociedad, otros veinte tendrían que haber servido para cambiar la mentalidad de los funcionarios públicos, al menos por el mero hecho de una inevitable renovación generacional. Pero la cuestión es más compleja de lo que a primera vista pudiera parecer, y más propia quizás de la Sociología o de la Psicología organizacional.
Por ello estos Debates pueden ser un buen barómetro -lo mismo que lo han sido los informes anuales del Defensor del Pueblo- del interés que ha podido despertar esta cuestión tanto para el Gobierno como para los Grupos de la oposición. Al menos en este interesante Debate sobre política general del que ya se han efectuado, como se ha dicho, catorce ediciones.
La comunicación enviada por el Gobierno al Congreso el 16 de septiembre de 1983, es decir, antes de que cumpliera su primer aniversario, contenía un apartado, el 7, dedicado expresa y exclusivamente a la reforma de la Administración:
La racionalización ha de empezar por la propia Administración y el Sector Público que deben ser el motor del proceso hacia la modernidad que el país reclama.
El Gobierno está introduciendo criterios de racionalidad, de responsabilidad, de profesionalidad, de productividad para lograr una Función Pública más eficaz y más transparente.
Todos estos cambios además de ser necesarios, son imprescindibles en el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas en el que estamos empeñados.
Page 280
Una Administración más cercana, más transparente, más rigurosa, es un objetivo ineludible y alcanzable porque los servidores del Estado desean ser ciudadanos útiles a la sociedad y, como consecuencia, tener el prestigio y la consideración que merece su importante misión
.
Consecuentemente con el interés que había mostrado el Gobierno en relación con esta cuestión, se aprobaron dos resoluciones que incidían en la misma.
Una, harto genérica, por la que se instaba al Gobierno
para que adopte las medidas legislativas y administrativas conducentes a la reforma de la Administración Pública, con el fin de incrementar su eficacia
.
Otra, en la misma línea que la anterior,
para que acometa con urgencia y profundidad la reforma de las Administraciones Públicas, mediante la revisión -antes del 30 de junio de 1984- de los anteproyectos reguladores de la Función Pública y derechos sindicales de los funcionarios
.
Pero en el debate poco se trató de esta cuestión. Fraga ironizó a costa de la «famosa transparencia», para advertir que
No hace falta una Administración de cristal, sino hecha de materiales más sólidos. Lo malo que aquí lo que es de vidrio es el tejado, porque ahora se está politizando y echando marcha atrás al Estatuto de Funcionarios de Maura en muchos aspectos
.
Por su parte, el diputado nacionalista catalán Roca i Junyent consideró la reforma de la Administración como un lugar común de todos los Gobiernos, y que había ocupado un puesto relevante en todos sus programas, pero «que todavía nadie se ha atrevido a hincarle el diente». Aludió al retraso en las medidas urgentes sobre la Función Pública y al desarrollo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, para concluir:
Creo que es un retraso importante porque la reforma de la Administración está no solamente ligada con la modernización del Estado sino -diríamos- con que funcionen las cosas que decía el señor Presidente -me acuerdo- en su investidura
.
En el siguiente Debate, celebrado a fines de octubre de 1984, es decir, habiéndose aprobado ya la Ley de medidas de reforma de la Función Pública y siendo inminente la de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el Presidente del Gobierno se refirió, una vez más, en su intervención a la estrategia normativa de «primero atender al saneamiento y después a...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba