Recensión a la obra El delito urbanístico. artículo 319 del Código Penal español de María José Sánchez Robert, Dykinson, Madrid, 2014

Autor:Sara Muñoz González
Cargo:Becaria de Investigación de Derecho Penal. Universidad de Granada
Páginas:261-270
 
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La novedosa monografía que reseño tiene su importancia en la necesidad de realizar un análisis doctrinal sobre el delito urbanístico que, aunque ha sido objeto de importantes estudios doctrinales y jurisprudenciales, es una materia jurídica de gran actualidad que ha sufrido cambios relativamente recientes y que conlleva una problemática por resolver en relación a algunos elementos del tipo. El delito urbanístico, efectivamente, ha dado origen, desde su introducción en el Código penal, a un amplio debate que va desde la propia oportunidad, o mejor, necesidad de la tipificación de determinadas conductas como delictivas, hasta la aplicación de las consecuencias derivadas del delito, entre las que destaca la demolición, sobre cuyo hecho, aún sigue produciéndose una gran polémica jurisprudencial, presentando este tema una gran casuística.

Esta obra, de la Dra. María José SÁNCHEZ ROBERT, se centra en resolver las diversas cuestiones que se plantean tanto en los elementos del tipo penal del delito urbanístico como en la concreción conceptual de ciertos términos jurídicos, proponiendo mejoras y soluciones a problemas de interpretación, lagunas y contradicciones del ordenamiento jurídico español, y en especial del Código Penal. Tomando a colación los debates doctrinales más en boga, y la jurisprudencia de los diferentes Tribunales que resuelven estos casos, la obra se presenta como un atractivo estudio de investigación que abarca todos los contenidos necesarios para conocer el tratamiento de este tipo penal.

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La monografía se centra, en un primer momento, en el estudio del bien jurídico protegido, refiriéndose especialmente a la naturaleza de estos delitos. Su construcción sistemática, elaborada a través de un exhaustivo estudio de la estructura jurídica del delito urbanístico, trata por separado el tipo básico del 319.2 y el tipo agravado del 319.1, y examina, sucesivamente, y con detalle, el juicio de antijuridicidad y el juicio de culpabilidad, así como los posibles supuestos de error, además de analizar el dolo tanto como referencia típica como elemento autónomo en la culpabilidad.

La obra, que contiene importantes reflexiones sobre el estudio de las especiales formas de aparición de estos delitos, examina los temas relativos a la consumación del delito, así como la posibilidad de tentativa en el mismo, la autoría y participación, y deteniéndose en la consideración o no del delito continuado en esta materia y las posibles relaciones concursales, presentando con ello, toda la problemática posible que puede generar semejante infracción en la práctica de los tribunales.

El estudio monográfico contempla asimismo, las consecuencias jurídicas del delito, donde se abordan las diferentes penas correspondientes a personas físicas y jurídicas, especial diferenciación que supone una singular aportación al campo jurídico del Derecho penal.

La obra se estructura en cinco capítulos. El primero se refiere, fundamentalmente, a la evolución legislativa de la protección penal de la ordenación del territorio y el urbanismo. Partiendo del hecho de dicha protección penal, no se llevó a cabo la efectiva incorporación en el Código Penal hasta 1995, modificado, entre otros, en relación a estos delitos, a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por lo que nos encontramos ante un delito de relativa novedad en ámbito penal, poniendo de manifiesto la absoluta necesidad de que determinadas infracciones urbanísticas, reguladas hasta entonces como simples infracciones administrativas, pasasen, en determinados supuestos, a ser consideradas, por su gravedad, ilícitos penales.

El segundo se centra en el estudio del bien jurídico protegido, con una alusión especial a la naturaleza de estos delitos, si bien analiza previamente la fundamentación constitucional y, de forma muy especial, las relaciones entre el Derecho Administrativo y el Derecho Penal, respecto a la protección del territorio y el urbanismo. En este capítulo la profesora SÁNCHEZ ROBERT se centra en el bien jurídico protegido, advirtiendo importantes discrepancias en la doctrina, corroboradas por la jurisprudencia, que se agrupan fundamentalmente en las tesis formalista y material. Desde el punto de vista formal, se trataría de proteger la normativa

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administrativa en esta materia -en este sentido, se han manifestado, entre muchos otros, LÓPEZ RAMÓN, VERCHER NOGUERA o MUÑOZ CONDE-. Esta normativa, sin embargo, como propone la autora, no reúne condiciones materiales para constituir, por sí misma, un bien jurídico protegido tutelado penalmente. Así, y desde la perspectiva material, la ordenación del territorio y el urbanismo, debe entenderse conectada con la calidad de vida, constituyendo la ratio legis del artículo 319 del Código Penal. Por lo que aboga por que el delito urbanístico haya de ser considerado como delito material, dotando de contenido material al tipo penal del artículo 319, en el sentido expresado, entre otros, por los profesores MORILLAS CUEVA y ACALE SÁNCHEZ, quienes destacan la necesidad de promoción del contenido social del derecho a la propiedad, reconocido en la Constitución. Y ello, en el sentido de que se debe superar la concepción formal que se había otorgado al delito urbanístico como tipo de desobediencia y refuerzo de la regulación jurídica administrativa, teniendo en cuenta que la lesividad del valor material se concreta en la infracción contenida en el artículo 319, por la referencia a los valores afectados: la calidad de vida del entorno humano y del...

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