Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
| Autor | Dra. Eva Blasco Hedo |
| Cargo | Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) |
| Páginas | 113-115 |
Recopilación mensual – n. 109, febrero 2021
113
Nacional
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 10 de febrero de 2021
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del
Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 341, de 31 de diciembre de 2019
Palabras clave: Administración Pública. Financiación. Proyectos. Simplificación
administrativa. Subvenciones. Evaluación ambiental. Energías renovables. Eficiencia
energética. Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Prevención y control integrados de la
contaminación. Emisiones industriales
Resumen:
El drástico impacto económico y social provocado por la COVID-19 en todos los países de
la UE precisa del impulso de una pronta recuperación económica, sentando las bases para el
crecimiento de las próximas décadas.
Consciente de esta realidad, el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, acordó un paquete
de medidas de gran alcance, que incluyen el futuro marco financiero plurianual (MFP) para
2021-2027 y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next
Generation EU») por valor de 750 000 millones de euros. Este Instrumento Europeo de
Recuperación implicará para España unos 140 000 millones de euros en forma de
transferencias y préstamos para el periodo 2021-2026.
Al efecto, se pondrán en marcha inversiones, transformaciones y reformas estructurales
dirigidas a la transición hacia una economía y sociedad climáticamente neutras, sostenibles,
circulares, respetuosas con los límites impuestos por el medio natural, y eficientes en el uso
de recursos. Asimismo, se desplegará la agenda España Digital 2025 con el fin de impulsar
la conectividad y la ciberseguridad, así como la digitalización de la Administración.
Para hacer frente a estos retos y a su posterior desarrollo se requiere el concurso de las
instituciones y Administraciones Públicas, así como un modelo de gobernanza para la
selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos proyectos y programas de
inversión, y reformas normativas de carácter horizontal que permitan una mejora de la
agilidad en la puesta en marcha de los proyectos y una simplificación de los procedimientos
manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario.
Con independencia de las soluciones necesarias en materia de medios y organización para
que la gestión del Plan sea abordada por una Administración capaz de ejecutar los fondos
salvaguardando el interés general contemplado en el presente Decreto-ley, nos ceñiremos a
los extremos más relevantes que directa o indirectamente puedan relacionarse con la materia
jurídico-ambiental, reflejando en el último apartado las modificaciones más sobresalientes
que se han introducido en la normativa.
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