Previsiones legales sobre trabajo autónomo y discapacidad a nivel autonómico
| Autor | Guillermo L. Barrios Baudor |
| Cargo del Autor | Catedrático acreditado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social URJC |
| Páginas | 89-128 |
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Una vez examinado con detalle el modo en el que el emprendimiento y las personas con discapacidad convergen y se relacionan dentro de las disposiciones de origen estatal, el siguiente paso natural a dar en este estudio tiene que ver con la manera en que aquellos dos factores interactúan a nivel autonómico.
Dentro de sus pertinentes marcos competenciales y territoriales, las Comunidades Autónomas quedan facultadas para desarrollar una genuina labor normativa, en virtud de la cual verán la luz regulaciones particulares sobre cuestiones diversas. Una de ellas, precisamente, el tratamiento otorgado a la discapacidad en el amplio contexto del fomento al espíritu emprendedor.
A tal in, este apartado quedará estructurado en tres bloques secuenciales que abordarán, respectivamente, los planes programáticos de carácter general, la recepción del emprendimiento en la legislación autonómica y, por último, los lazos que estrechamente ligan a este fenómeno con la Economía Social.
El propósito, ofrecer al lector una radiografía lo más ilustrativa posible acerca de si los Poderes Públicos autonómicos muestran o no una especial y necesaria sensibilidad hacia las personas con discapacidad al proyectar e implantar sus medidas.
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Como acontece con relativa frecuencia, los grandes asuntos de política legislativa en el ámbito autonómico no difieren en exceso de los temas centrales que son objeto de atención en el marco estatal.
Por tal motivo, y dentro de lo que no deja de ser un escenario compartido donde el acento ha de ponerse por fuerza en la imperante –o acuciante– necesidad de intensificar los niveles de ocupación y de actividad económica, bálsamo gracias al cual mitigar las alarmantes cifras de desempleo de las que se han hecho eco incluso más allá de nuestras fronteras, las instituciones autonómicas también se han preocupado por esbozar unas líneas maestras de acción, recogidas en unos planes o programas globales donde, de manera programática, perfilan los objetivos a alcanzar y las estrategias diseñadas al efecto.
En definitiva, corresponde hablar de genuinas hojas de ruta para quien ostenta la potestad normativa. En ellas no constan unas medidas concretas de aplicación inmediata –verán la luz a posteriori, fruto de la ulterior labor legislativa–, sino unas pautas, unas directrices, unos criterios... llamados a orientar la actuación de los Poderes Públicos.
Con otras palabras, se trata de proyectos, más o menos ambiciosos, caracterizados por su indeterminación y generalidad, por acoger en su seno un cúmulo de ideas y planteamientos de amplio espectro escasamente definidos, donde, por lo común y salvo contadas excepciones, la atención no recae de un modo directo en un grupo particular –como podría ser, por ejemplo, el de las personas con discapacidad–, sino en la colectividad en su conjunto.
Esta condición de germen o simiente anima a reparar en su contenido, pues, como al final cabrá apreciar, constituyen algo más que meras declaraciones de intenciones; antes al contrario, representan la primera piedra en el camino, un compendio de compromisos adquiridos, aun cuando, qué duda cabe, a veces tarden en cristalizar más de lo previsto o deseado.
En la actualidad, uno de los grandes caballos de batalla para las instituciones autonómicas implicadas es el de procurar una mayor empleabilidad para quienes, contra sus deseos y por motivos diversos, carecen de una ocupación1.
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Para conseguirlo, y siempre y cuando las circunstancias lo permitan, comienzan por perseguir unas metas de un acentuado cariz económico; señaladamente, reanimar los principales indicadores de actividad, recuperar la senda del progreso y fortalecer el desarrollo y el crecimiento.
Y a pesar de que las múltiples recetas enunciadas hacen gala de una notable heterogeneidad, cada vez con una mayor intensidad el fomento del autoempleo y del emprendimiento cuentan con un privilegiado espacio reservado.
Esta circunstancia revela por sí misma la indudable trascendencia de las anteriores alternativas, máxime de reparar en los devastadores efectos de la prolongada y profunda crisis financiera experimentada recientemente, responsable casi exclusiva de los formidables y acelerados niveles de destrucción de puestos de trabajo que hasta no hace mucho tiempo golpeaban de manera inmisericorde el mercado de los recursos humanos.
A la postre, este fenómeno ha relegado a la situación de inactividad a un buen número de ciudadanos, abocados sin remedio a engrosar las listas de parados de las oficinas públicas de empleo. Para ellos, iniciar una labor profesional por cuenta propia o dar el pistoletazo de salida a un negocio se han convertido en opciones reales y atractivas en orden a lograr una pronta reincorporación al mundo laboral.
Describir minuciosa y pormenorizadamente los programas elaborados dista en gran medida de lo pretendido con este apartado del presente estudio, sobre todo de atender a esa condición de mera línea directriz inherente a los mismos. En consecuencia, solo se va a dejar constancia de un modo esquemático de las conclusiones más relevantes –y reveladoras– alcanzadas, fundamentales para comenzar a reflexionar acerca de por qué son unas y no otras las decisiones en último extremo adoptadas por los legisladores respectivos.
De inicio, y sin entrar todavía en su contenido, corresponde apuntar:
– Son planes generalistas, que evitan quedar circunscritos a colectivos singulares, si bien, en paralelo, acostumbran a albergar previsiones puntuales ligadas a grupos merecedores de una especial atención.
– La variedad de medidas y enfoques es una de sus señas de identidad más representativas.
– El marco temporal de las propuestas tiende a ir referido al medio o largo plazo.
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– En ellos se aboga resueltamente por la reactivación económica y la competitividad, presentando al autoempleo y al emprendimiento como dos de los pilares sobre los que se construirá la nueva etapa de progreso social y económico.
Y aunque la potenciación y la consolidación de la actividad empresarial suponen dos de las políticas clave para cualquier Administración Pública, este no conllevará pasar por alto otras líneas prioritarias, como la lucha contra el paro juvenil, el apoyo a la financiación y a las inversiones generadoras de ocupaciones, la apuesta por el conocimiento y la innovación...
– Todo ello aderezado por el convencimiento de que la cooperación institucional y la colaboración público-privada deviene indispensable.
Situando ahora el punto de mira sobre los postulados relacionados de un modo expreso con el emprendimiento, merece la pena destacar:
– Indudablemente, resulta beneficioso disponer de una estrategia determinada y bien definida, gracias a la cual situar las bases para un marco regulador propio, traducido en una ley de apoyo a los emprendedores moderna y eficaz.
– Existe la convicción de que sería imperdonable dejar pasar la ocasión de acometer una reforma de mayor calado, capaz de ofrecer un entorno económico favorable para la creación de empresas y negocios.
– A pesar de los diferentes instrumentos ideados, las ayudas, las subvenciones y los incentivos económicos directos continúan siendo los más socorridos.
Pero no son los únicos. De hecho, al representar una de las principales barreras a sortear, suele abogarse igualmente por mejorar el acceso a la financiación pública y, sobre todo, privada, redondeando el conjunto con unos mecanismos alternativos y complementarios a los tradicionales (business angels, microcréditos, avales para las solicitudes de préstamos o créditos…).
Cuanto precede sin desmerecer otras actuaciones adicionales de incontrovertible trascendencia, como la facilitación y simplificación administrativa (reducción de cargas y trámites); el asesoramiento, información, tutela y acompañamiento durante los primeros pasos de un proyecto empresarial; etcétera.
– La imagen y el espíritu del emprendedor, así como su función social de creador de empleo y de riqueza para toda la ciudadanía merece ser resaltada y difundida, lo que quizás sirva de cara a extender la vocación empresarial entre la población.
– La certeza de que las entidades de Economía Social (cooperativas de trabajo asociado, sociedades laborales) suponen una oportunidad de peso para la rápida reintegración al mercado laboral de las personas desempleadas.
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– Se insiste en la obligación de mostrar especial interés hacia los sectores emergentes y con potencial en la generación de puestos de trabajo, protagonistas principales en un nuevo modelo productivo donde la innovación, los avances tecnológicos y la sostenibilidad medioambiental también tendrán un papel relevante.
– La consolidación del autoempleo recibe asimismo atención. A tal fin, se contemplan ayudas...
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