La dimensión social de la Unión Europea: balance de la presidencia alemana del Consejo (enero a junio de 2007) en los ámbitos del empleo y la política social, la juventud y las migraciones

En su parte primera, la Comunicación contiene la evaluación general de los resultados de la aplicación de los Programas Nacionales de Reforma (PNR) teniendo en cuenta los compromisos derivados de las Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2006 para la aplicación de la estrategia a favor del crecimiento y del empleo. Pone de manifiesto que se están produciendo resultados en todos los ámbitos señalados como prioritarios (políticas de investigación e innovación, eficiencia energética y de los recursos disponibles, desarrollo de las PYME, espíritu empresarial y educación, inversión en capital humano y Page 276modernización de los mercados de trabajo junto con el aseguramiento de la financiación para conseguir altos niveles de protección social, a partir del reconocimiento de la necesidad de considerar al tiempo la adecuación y la sostenibilidad financiera para la modernización de la protección y de la inclusión social), lo que ofrece perspectivas de potenciales beneficios en términos de empleo y crecimiento, al tiempo que constata el impacto positivo de la asociación para el crecimiento y el empleo en la estructura de una gobernanza efectiva para la gestión de las reformas económicas en Europa.

Así pues, la Comisión constata que la ejecución de la Estrategia de crecimiento y empleo, en el plano comunitario, ha sido satisfactoria, ya que se han ejecutado más del 75% de las actuaciones previstas, si bien todavía están pendientes de concluir un importante número de proyectos normativos, entre ellos el relativo a la portabilidad de las pensiones complementarias, que en caso de adoptarse supondrían un impulso significativo para el crecimiento y el empleo en Europa.

Estas actuaciones, junto a las nuevas propuestas de reforma económica para completar y reforzar las de los Estados miembros, entre las que se cita la adopción del Fondo Europeo para la Adaptación a la Globalización, y la aplicación de la agenda europea para la simplificación y la mejora de la legislación comunitaria, completan el balance desde la óptica de la dimensión comunitaria.

En el plano nacional, en cuanto a la aplicación de los PNR, se pone de manifiesto que los Estados miembros están realizando un esfuerzo real de reforma, con la implicación de sus parlamentos y los interesados, con un balance globalmente positivo, tanto en la dimensión macroeconómica (crecimiento económico elevado y sostenido; control de la inflación y moderación salarial; consolidación de los presupuestos; reformas en los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria; mayor interdependencia económica y financiera en los Estados que participan de la moneda única), como en la dimensión microeconómica (objetivos de inversión en Investigación y Desarrollo a nivel nacional que harán posible el crecimiento del PIB de la UE; desarrollo del potencial de la actividad empresarial, especialmente de las PYME; ayudas de estado dirigidas a objetivos horizontales, con incremento de las dirigidas al medioambiente y a la eficiencia energética; mejora del proceso legislativo, reduciendo la carga administrativa e introduciendo medidas de simplificación; promoción de las tecnologías del medio ambiente y de la sinergia entre éstas y el crecimiento), y en la dimensión del empleo (crecimiento de las tasas de empleo y reducción de las de desempleo, que ponen de manifiesto mejoras estructurales en el funcionamiento de los mercados de trabajo así como la flexibilización de las restricciones sobre libre circulación de trabajadores; adopción solamente por algunos pocos Estados miembros, de un enfoque integrado de ciclo de vida, lo que hace necesario mayores esfuerzos para ofrecer el acceso a medidas de política de empleo activas a los jóvenes que hayan concluido sus estudios dentro de los seis meses de estar en situación de desempleo; más compromisos en relación con el Pacto de género, con la conciliación del trabajo y la vida privada, con la mejora de la participación de los trabajadores mayores y la reducción de la pobreza infantil; la aplicación de algunos de los elementos de la flexiguridad referidos a la reducción de la carga fiscal del trabajo y al aumento de la demanda de trabajo; los progresos son limitados en cuestiones tales como la modernización de la protección social; las estrategias de aprendizaje durante toda la vida, la modernización de la legislación sobre protección del empleo, y la superación del mercado de trabajo dual, de manera que junto a la mayor seguridad y empleabilidad para quienes están al margen de éste exista mayor flexibilidad para quienes disponen de contratos permanentes).

A partir de estas consideraciones y de la evaluación realizada, la Comisión propone Page 277orientaciones a los Estados miembros en forma de recomendaciones específicas para cada uno de ellos, con especial atención a la respuesta de éstos a las formuladas con ocasión del Consejo Europeo de primavera 2006, resaltando aquellas cuestiones en las que debe seguir haciéndose hincapié en las cuatro áreas prioritarias fijadas en el Consejo Europeo de primavera 2005 (más inversión en conocimiento e innovación; desarrollo del potencial empresarial, especialmente de las PYME; mayor adaptabilidad de los mercados de trabajo, basada en la flexiguridad; y energía y cambio climático) durante 2007, partiendo, en cuanto a la inversión en crecimiento y empleo, como prioridad máxima, de los nuevos programas de cohesión, en el marco de la normativa reguladora de los Fondos Estructurales para el periodo 2007-2013, y de la previsión de dedicar 200 billones de euros a este fin, y anuncia su intención de continuar colaborando con los Estados miembros para asegurar que la mayoría de los 360 nuevos programas puedan estar acordados a mitad de 2007, de modo que las inversiones, en particular las relacionadas con la innovación y la economía del conocimiento, así como con el desarrollo rural, puedan realizarse lo más pronto posible, y constata la más estrecha cooperación existente entre los responsables de la aplicación de los PNR y quienes se ocupan de preparar los programas operativos de los Fondos Estructurales, con participación de autoridades regionales y locales.

La prevista aplicación antes del final de 2007 de las medidas específicas para dar respuesta a las directrices y recomendaciones adoptadas en el Consejo Europeo de primavera 2005, en relación con las cuatro áreas prioritarias, lleva a la Comisión a concluir que muchos Estados miembros necesitan aumentar sus esfuerzos para formalizar las actuaciones programadas, para lo que propone, tanto a la UE como a los Estados miembros, el desarrollo de actividades para conseguir determinados objetivos, que en relación con la mejora de la adaptabilidad de los mercados de trabajo basada en la flexiguridad, se con- cretan en:

* La presentación por la Comisión de una Comunicación sobre flexiguridad, en verano de 2007, tras las consultas con los agentes sociales, que contenga la relación de los principios comunes, así como una serie de vías políticas para lograr establecer mayor flexiguridad en función de la situación institucional, económica y de recursos financieros disponibles.

* La actuación de los Estados miembros antes de que termine 2007 para: asegurar que se ofrece una medida de inserción (empleo, aprendizaje, formación complementaria, o cualquier otra) dentro de los seis meses de estar en situación de desempleo, a los jóvenes que terminan el ciclo educativo; aumentar la disponibilidad y accesibilidad a los servicios de calidad de atención a los niños; y establecer incentivos para la prolongación de la vida activa y aumentar la participación en actividades formativas de los mayores de 45 años.

En términos más generales, la Comisión propone los próximos pasos a dar en relación con:

- las prioridades clave para la reforma económica a nivel comunitario en 2007, ligadas a la puesta al día del programa de Lisboa y su inconclusa agenda legislativa;

- el impulso de los mecanismos para la aplicación de la Estrategia renovada por parte de los Estados miembros para la preparación de la fase que comienza en 2008, de modo que los que no lo hubieran hecho todavía designen los coordinadores políticos, sin perjuicio de continuar reforzando el papel de éstos en donde ya existan, de modo que la Estrategia para el crecimiento y el Page 278empleo se enraíce en la sociedad civil, dando mayor protagonismo a los Parlamentos nacionales y al resto de partes interesadas y reforzando los vínculos entre los PNR y los presupuestos nacionales;

- la continuidad del intercambio de experiencias entre los coordinadores nacionales de la Estrategia de Lisboa renovada y el establecimiento de redes formadas por regiones y ciudades con el mismo objetivo en relación con las innovaciones, de acuerdo con la iniciativa de las regiones a favor del cambio económico;

- la expansión de la asociación, invitando a los nuevos Estados miembros, Bulgaria y Rumania, a presentar sus PNR; y

- la concentración en las realizaciones, invitando al Consejo Europeo a que apoye el contenido de su informe y especial- mente las orientaciones políticas relativas al progreso de las reformas y la propuesta de conclusiones junto a las recomendaciones en relación con las cuatro áreas de actuación prioritarias, y a llevar a cabo antes del final de 2007 las actuaciones prioritarias acordadas durante el Consejo Europeo de prima- vera de 2006, al tiempo que se insta al Consejo y al Parlamento Europeo para que concedan prioridad a la conclusión de los procesos legislativos del Programa de Lisboa, ya iniciados.

La Comunicación, en su parte segunda, incluye la evaluación pormenorizada de los programas nacionales de reforma de los Estados miembros y en la zona del euro.

En la evaluación de la aplicación del Programa Nacional de Reforma (PNR) de España, se constata: el crecimiento del PIB durante la última década, hasta llegar en 2006 al 99% del promedio de la UE, el mantenimiento de la inflación en un punto porcentual por encima de la media del área del euro; la fuerte creación de empleo, que se ha traducido en el aumento significativo de la tasa de empleo, esperando alcanzar el 66% al final de 2007, y en el descenso del desempleo, por debajo del 8,5%, cerca de la media europea; el mantenimiento de la tendencia de crecimiento fuerte y equilibrada, al tiempo que se impulsa la productividad, lo que no es incompatible con la persistencia en la segmentación del mercado de trabajo y del diferencial de la inflación, como marco de referencia antes de formular sus consideraciones generales.

Entre las observaciones generales que se formulan, la Comisión pone de manifiesto que se debe prestar más atención a la segmentación del mercado de trabajo y a la existencia de una importante cifra de contratos por tiempo determinado, y al aumento del empleo femenino; constata la continuidad en las actividades de refuerzo de los aspectos macroeconómicos y de la estabilidad presupuestaria; llama la atención sobre el hecho de que la reforma de las pensiones proyectada no equilibra el incremento de gasto que se prevé a causa del envejecimiento, y sobre la necesidad de adoptar medidas en el ámbito de la microeconomía para coadyuvar al crecimiento de la productividad, para reducir la presión inflacionista, promoviendo acuerdos con los agentes sociales para hacer frente a los retos del mercado de trabajo, donde se han obtenido solo progresos parciales en el campo del empleo. En ésta, sugiere que habrá que ocuparse especialmente de la aplicación de la nueva ley de educación, para luchar contra el abandono escolar y para conseguir la elevación del nivel general de las cualificaciones, y abordar la segmentación del mercado de trabajo e intensificar el progreso en la existencia y disponibilidad de servicios de atención a los niños. Concluye con la mejora en la gober- Page 279nanza, respecto de la que se señala que, como la implicación de las partes interesadas continua siendo limitada fuera del ámbito del empleo, se necesita continuar trabajando para desarrollar un sistema que permita evaluar el impacto de las medidas sobre los objetivos del crecimiento y del empleo, y la vinculación existente entre los objetivos del PNR y las prioridades del Marco de referencia estratégico nacional para la inversión de los fondos estructurales, alineados con las directrices estratégicas de la política de cohesión 2007-2013.

En cuanto a la evaluación de las medidas adoptadas en las áreas políticas del PNR, en relación con las políticas de empleo, la Comisión coincide con el análisis del Programa al identificar los dos retos clave del empleo, el mejor funcionamiento del mercado de trabajo y la mejora de la educación y del capital humano, para lo que considera necesaria una respuesta más contundente que aborde la segmentación del mercado de trabajo y el aumento del empleo femenino; destaca el resultado del Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo alcanzado en el marco del diálogo social de 2006 y las expectativas hasta final de 2007, en relación con la transformación de los contratos temporales en contratos por tiempo indefinido, con la excepción del sector público, en el que los contratos por tiempo determinado han crecido, así como respecto de la garantía de acceso a medidas de activación para facilitar el empleo durante los seis primeros meses de desempleo, que sin embargo no aparecen recogidas en el informe de aplicación , la modernización de los servicios públicos de empleo, que no obstante reducen su participación en la gestión de contratos, y la legislación de los inmigrantes en situación irregular, lo que no impide que se presenten nuevos retos que habrá que abordar, en cuanto a la regulación de los flujos y a la integración de los inmigrantes.

Otros aspectos positivos que destaca la Comisión se refieren a: la legislación, en proceso de adopción, sobre la igualdad de género y sus objetivos de reducir el diferencial existente en las retribuciones y aumentar la presencia de mujeres en los puestos altos de decisión, aunque deben seguir intensificándose las actuaciones relacionadas con los servicios de asistencia a los niños; la nueva legislación sobre atención a las personas en situación de dependencia; el enfoque a largo plazo para equilibrar los elementos de flexibilidad y seguridad y combatir así la segmentación estructural del mercado de trabajo, con contratos permanentes, dotados de un elevado nivel de protección y contratos temporales, con apenas restricciones para su formalización y conclusión; y a la inversión en capital humano, a pesar de la cual y de la nueva legislación para elevar la calidad y la igualdad, y a la importancia crucial de la aplicación efectiva de las reformas, especialmente a nivel regional, entre ellas las referidas a la integración de la formación ocupacional y profesional para responder mejor a las necesidades del mercado de trabajo, el progreso en la reducción del fracaso y el abandono escolar son escasos.

No obstante las medidas adoptadas o programadas, que están bien orientadas, subsisten dificultades derivadas del crecimiento de la productividad del trabajo y del nivel de las cualificaciones, por debajo de la media de la UE, por lo que se hace necesario desplegar mayores esfuerzos en relación con la aplicación de la flexiguridad, la lucha contra la segmentación del mercado de trabajo, la promoción del empleo de las mujeres y la conciliación entre trabajo y vida privada, la integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo, la reducción del abandono escolar y la aplicación de la ley de educación, especial- mente a nivel regional.

En cuando a la evaluación general de los PNR de los Estados miembros de la zona del euro, se pone de manifiesto, que se ha producido una mejora estructural en el funcionamiento de los mercados laborales y que, en conjunto, los PNR de los Estados miembros se ocupan de muchos de los principales ámbitosPage 280de reforma requeridos para aumentar el índice de crecimiento y de empleo, a pesar de que las medidas en el sector de las oportunidades de empleo para las categorías prioritarias han sido menos generalizadas.

Dentro ya de la evaluación por ámbitos estratégicos, en el de las políticas de empleo, se constata que:

* los resultados del mercado laboral de muchos países de esta zona han sido decepcionantes en términos de bajos índices de empleo y de altos y persistentes niveles de desempleo, por lo que es necesario seguir con la gama completa de políticas de empleo, incluidas en la Estrategia de crecimiento y empleo, y realizar reformas en el mercado laboral, que hagan el trabajo más atractivo, mejoren la flexibilidad y la seguridad e incrementen la movilidad laboral;

* si bien varios países han adoptado nuevas medidas para aumentar la oferta de mano de obra en relación con colectivos concretos, esto rara vez constituye un planteamiento integrado del trabajo basado en el ciclo de vida. Estas y otras medidas llevan a considerar que la política para atraer y mantener a más personas en el mercado de trabajo supone un desafío para aprovechar la oferta potencial de mano de obra y reducir las discordancias del mercado laboral;

* la mejor asignación del empleo exigirá una mayor capacidad de adaptación de la demanda laboral a la evolución de las estructuras, por lo que, para dar mayor seguridad a los trabajadores, las políticas deberán ir dirigidas a una mayor inversión en capital humano, reequilibrio de la protección laboral de los contratos permanentes y temporales, y el estímulo de la organización del trabajo más flexible, lo que ayudará a adaptarse a la mano de obra a las nuevas necesidades de las empresas, y entre las políticas activas debe desarrollarse especialmente la dirigida a una formación eficiente;

* la mayoría de los Estados miembros han avanzado en la ejecución de programas dirigidos a estimular la formación de capital humano, especialmente de los jóvenes y, en menor medida, de los adultos;

* deberá fomentarse la movilidad laboral entre regiones y países para favorecer las oportunidades de trabajo, ya que no se ha observado ningún progreso en lo relativo a la transferibilidad de derechos de pensión y al reconocimiento de las cualificaciones profesionales;

* la evaluación positiva de la reforma del mercado laboral para aumentar la oferta de mano de obra y hacer que el trabajo sea más remunerador, aunque no son suficientes los incentivos para que los trabajadores de más edad prolonguen su actividad laboral, y en relación con la inversión en capital humano deben establecerse prioridades claras y que los recursos financieros, especialmente con cargo a los Fondos Estructurales, se gasten con eficiencia.

Como resumen de estas valoraciones y a modo de conclusión, la Comisión propone la adopción, por parte del Consejo, de recomendaciones a los Estados miembros.

Este informe, elaborado a partir de los informes de los Estados miembros, además de confirmar el crecimiento del empleo y la reducción del desempleo, constata que, de las tres prioridades de la Estrategia Europea de Empleo, la que presenta un mayor grado de aplicación es la relativa a la atracción y la Page 281permanencia de más personas en el mercado de trabajo, seguida del aumento de la inversión en capital humano a través de la mejora de la educación y de las competencias, situán- dose en último lugar las medidas dirigidas a mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas.

Así pues, respecto de la atracción y la permanencia de más personas en el mercado de trabajo, se pone de manifiesto que se han intensificado los esfuerzos para llegar a los grupos y a las personas excluidas del mercado de trabajo y de la sociedad, por medio de las reformas en los mercados de trabajo con impacto sobre la pobreza y la exclusión y con el fin de prolongar la vida activa, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos, combinando medidas personalizadas de mercado de trabajo con servicios sociales de alta calidad y niveles adecuados de ingresos mínimos, a partir de un enfoque integrado de ciclo de vida, sin perjuicio de lo cual se adoptan políticas específicas que tienen como destinatarios a: los jóvenes, con el fin de mejorar su empleabilidad y facilitar su contratación; las mujeres, en base al Pacto Europeo para la Igualdad de Género, aunque la promoción del empleo femenino y el enfoque sistemático de género en las políticas no se haya subrayado excesivamente, al contrario que los servicios de atención a los niños para facilitar el trabajo de los padres y la conciliación de la vida familiar y profesional, reduciendo, al tiempo, los altos niveles de pobreza infantil; los inmigrantes y las minorías; y los trabajadores mayores, para prolongar su vida activa, por medio de la creación de oportunidades reales de empleo y de reforma de las pensiones, así como de la mejora de la salud y el acceso a servicios de prevención y asistencia sanitaria como elementos de una estrategia para incrementar la oferta de trabajo de forma sostenible.

A propósito del aumento de la inversión en capital humano, se constata que muchos Estados miembros han desarrollado políticas para aumentar la inversión en educación y cualificaciones , especialmente destinadas a las personas con bajas cualificaciones, y para prevenir el abandono escolar y compensar las deficiencias con el aprendizaje de los adultos, a fin de que completen el ciclo de educación secundaria, aunque solo algunos pocos Estados han establecido una estrategia compren- siva basada en el ciclo de vida, de modo que la situación de la participación de los adultos en la formación permanente puede calificarse de preocupante en la mayoría de los Estados miembros, y especialmente en los países el sur, y se han centrado en aspectos estructurales de la reforma de la educación y su vinculación con el mercado de trabajo.

En cuanto a la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas, los informes de aplicación ponen de manifiesto que los Estados miembros principalmente se han ocupado de facilitar la diversidad de tipos contractuales, sin reformar la legislación de los contratos existentes, y de asegurar la transición entre ellos y las oportunidades de progreso, por lo que subsisten los problemas relacionados con la segmentación del trabajo y el trabajo no declarado, lo que exigirá un enfoque más integrado que combine flexibilidad y seguridad, cambiando la perspectiva de la seguridad tradicional en el empleo por la de la seguridad en el mercado de trabajo, actuando a través de medidas de política activa del mercado de trabajo y de niveles adecuados de protección social para los periodos intermedios entre empleos, sin perder de vista el papel de la flexiguridad respecto del objetivo de la elevación de la productividad y la calidad de los empleos, y de la incidencia sobre ella de la modernización de la protección social, así como que las medidas que deben adoptarse para alcanzar un mayor grado de flexiguridad (relativas a las formas de contratación, políticas activas de mercado de trabajo, aprendizaje permanente, y a los sistemas de seguridad social para promover la movilidad y un nivel de ingresos adecuado) deben ayudar a crear un clima de confianza entre todos los actores que deben implicarse en su adopción.

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Además de estas conclusiones, el Informe conjunto presenta, de forma más detallada, el progreso realizado en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europea de empleo y la aplicación de las prioridades para la acción establecidas en las Directrices para las políticas de empleo de los Estados

La consecución de los objetivos de la Estrategia Europea de Empleo (pleno empleo, calidad y productividad del trabajo, y cohesión social y territorial), ha progresado, global- mente considerada, con los matices que se indican en el balance de resultados siguiente:

En relación con el pleno empleo, la tasa de empleo se ha situado en el 63,8%, aumentando tanto entre el colectivo de hombres como de mujeres, con la consiguiente disminución del diferencial entre los sexos en quince puntos porcentuales, aunque continua siendo demasiado grande. Las tasas de desempleo globales, para hombres y mujeres, y las de desempleo de larga duración, han disminuido en el último año. También se han producido aumentos en las tasas de empleo de los trabajadores mayores, al contrario que en el caso de los jóvenes, que siguen teniendo una tasa dos veces mayor que la tasa global de desempleo. No obstante estos progresos, la tasa de empleo global, la tasa de empleo de los mayores y la del empleo femenino, está en 6,7% o en 20 millones de empleos, en 8,5% y en 3,7%, por debajo del objetivo establecido para 2010.

Respecto de la calidad y la productividad en el trabajo, la situación es la que se señala a continuación.

En cuanto a la mejora de la calidad del trabajo, se pone de manifiesto que los resultados han sido limitados, en especial en lo relativo a la transición entre el empleo temporal y el permanente y entre la situación de exclusión del mercado de trabajo y el acceso al mismo en empleos de baja remuneración, y en la reducción de la segmentación del mercado de trabajo, observándose también la caída en la participación de los adultos en las medidas de formación permanente.

La evolución de la productividad del trabajo continua siendo decreciente desde la década de los 80, por lo que abordar este problema se considera un reto clave para hacer posible la mejora del crecimiento y del empleo, de modo que un alto nivel de productividad sea una condición necesaria para el crecimiento sostenible del empleo.

A propósito de la cohesión social y territorial, de los informes nacionales sobre la aplicación de la Estrategia se concluye lo siguiente:

En relación con la cohesión social, ponen de manifiesto la convergencia de los Estados miembros en sus esfuerzos por reducir la pobreza infantil y reforzar la inclusión activa de los colectivos más desfavorecidos. La reforma de la protección social es necesaria para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la de las pensiones debe contribuir a la modernización de las políticas sociales y a dedicar recursos para atender las nuevas necesidades, asegurando que el crecimiento y la creación de empleo se traduzcan en una mayor cohesión social.

En cuanto a la cohesión territorial, a pesar de que se han reducido algo las disparidades regionales en relación con el empleo, todavía subsisten con tasas muy elevadas de desempleo en algunas regiones, coincidiendo aquellas que tienen bajos niveles de empleo con las de bajos niveles de productividad, aun cuando el crecimiento de ésta no supone necesariamente el correspondiente aumento del empleo.

Respecto de la puesta en marcha de medidas de aplicación en torno a las tres áreas de actuación prioritarias establecidas por las Directrices de Empleo, el Informe Conjunto plantea las líneas de actividad a desarrollar:

* Para atraer y mantener más personas en el empleo, aumentar la oferta de trabajo y modernizar los sistemas de protección social.

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Dentro de la promoción de un enfoque de ciclo de vida para el trabajo, que el cambio demográfico requiere más horas de trabajo, mayor duración de la vida activa y retraso en la edad de jubilación, para lo que se han puesto en marcha y deberán continuar aplicándose reformas que: permitan a los trabajadores mayores permanecer más tiempo en activo, facilitar su regreso al mercado de trabajo cuando se encuentren desempleados y luchar contra la discriminación por razón de edad, a través de incentivos fiscales para los trabajadores mayores de 65 años y la creación de oportunidades reales de empleo, evitando las diferencias por razón de género; explotar plenamente la contribución de las mujeres a la elevación de la tasa general de empleo, por medio de políticas de promoción de servicios de cuidado de niños y mayores y de conciliación de vida familiar y profesional, de modo que continúe aumentando la posición de la mujer en el mercado de trabajo; y, habida cuenta de la consideración de los jóvenes como un grupo de atención prioritaria en base a lo acordado en el Pacto Europeo por la Juventud y en los compromisos del Consejo Europeo de primavera 2006, que se extiendan las medidas para aumentar la empleabilidad y los incentivos para que los empresarios contraten a jóvenes, dentro de la puesta a disposición durante los primeros seis meses de situación de desempleo de medidas de activación (de formación y educación, estableciendo la vuelta obligatoria a las instituciones de formación de quienes las hubieran abandonado debido al fracaso escolar; de supresión de barreras derivadas de la segmentación del mercado de trabajo).

Para asegurar mercados de trabajo integradores, impulsar el trabajo atractivo y remunerado satisfactoriamente para quienes buscan un empleo, incluyendo las personas desfavorecidas y las inactivas, que las políticas para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de quienes se encuentran fuera de él necesitan explotar el potencial de la oferta, combinando para ello, respecto de los más desfavorecidos, un enfoque equilibrado que incluya medidas individuales de apoyo al mercado de trabajo, elevada calidad de los servicios sociales, y un nivel adecuado de salario mínimo, lo que contrasta con la situación real según la cual solo unos pocos Estados miembros han previsto medidas de activación para una cuarta parte de los desempleados de larga duración y no se tiene constancia de las medidas de activación previstas durante los doce primeros meses de desempleo; en relación con las personas con discapacidad o en situación de invalidez, la mayor parte de los Estados miembros han adoptado medidas de rehabilitación, activación e incentivos para el empleo con vistas a su reincorporación al mercado de trabajo; y respecto de los inmigrantes y las minorías étnicas, medidas para reducir el diferencial existente en el desempleo comparado con el de los ciudadanos de la UE, que va en aumento; en tanto que los incentivos financieros, en forma de reducción de las contribuciones a la seguridad social y de la fiscalidad, de beneficios ligados al trabajo y de elevación del salario mínimo, se destinan fundamentalmente a los trabajadores con ingresos bajos y medios y a colectivos específicos, reforzando las obligaciones y los requisitos para acceder a las prestaciones por desempleo.

Para mejorar la respuesta a las necesidades del mercado de trabajo, que la reforma por parte de muchos Estados miembros de los servicios públicos de empleo, centrada en la prevención del desempleo y la gestión individualizada y personalizada, contrasta con la escasa atención que se presta al aumento de la movilidad geográfica y ocupacional como instrumentos para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, y con la ausencia de referencia a la incorporación de trabajadores inmigrantes y a su gestión.

* Respecto del aumento de la inversión en capital humano a través de la mejora de la educación y de las competencias, aunque se observa un buen nivel de aplicación de las medidas anunciadas en los Page 284PNR 2005-2008 (nueva legislación marco en materia de educación, sistemas de formación o formación permanente, mejora de la eficiencia y de la equidad de los sistemas de educación y de formación profesional, reduciendo los costes indirectos, y asegurando que todos los ciudadanos, especialmente los desfavorecidos, los migrantes y las minorías étnicas puedan participar plenamente en la sociedad y en la economía), existe todavía mucho camino por recorrer.

En relación con la expansión y la mejora de la inversión en capital humano, a partir de la mejora en los niveles de educación como elemento clave para aumentar las oportunidades de empleo de las categorías prioritarias, fijada en el Consejo Europeo de primavera 2006 como objetivo, se observa un escaso progreso en la consecución de los objetivos cuantitativos fijados para 2010, en relación con el abandono escolar, con la tasa de conclusión de los estudios de nivel de educación secundaria superior, y con la tasa de participación de los adultos, especialmente de los trabajadores mayores, en las actividades de formación permanente, y se pone de manifiesto la necesidad del refuerzo de la formación profesional, de la asociación con las empresas y de la mayor atención para asegurar el acceso a la educación secundaria superior de los jóvenes inmigrantes y pertenecientes a minorías, y del desarrollo de la formación permanente para los mayores de 40 años, con el consiguiente aumento de la inversión pública y privada, y del FSE (2007-2013), habida cuenta de que muy pocos Estados miembros han incrementado sus presupuestos con este fin.

En cuanto a la adaptación de los sistemas de educación y de formación profesional en respuesta a las nuevas exigencias de competencias de los mercados de trabajo, se plantea la necesidad de mejorar del atractivo de los sistemas de formación, con la participación de los empresarios, prestando atención al creciente desempleo que se produce entre los universitarios y a la reducción de la discriminación por razón de género en determinados tipos de estudio, de ingeniería y ciencias.

* Con el fin de mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas.

A propósito de la promoción de la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y la reducción de la segmentación del mercado de trabajo, teniendo en cuenta el papel de los interlocutores sociales, comprobada la escasa importancia atribuida a esta prioridad hasta 2006, a partir del Acuerdo del Consejo Europeo de primavera de este año, si bien el compromiso de los Estados miembros de poner en marcha una estrategia global para mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas con especial atención a la flexiguridad, ha tenido un efecto positivo en el debate político y se ha traducido en las revisiones realizadas de las codificaciones de trabajo, con el fin de flexibilizar la regulación de las relaciones laborales, combatir el trabajo no declarado, mejorar la capacidad para antici- parse y gestionar las reestructuraciones económicas y prever las necesidades futuras del mercado de trabajo y facilitar la transición en el empleo entre unos puestos de trabajo y otros, las políticas aplicadas o diseñadas hasta ahora no han sido suficientes para hacer frente al reto de la flexiguridad, que supone la combinación de políticas, integrada por legislación laboral, medidas activas de mercado de trabajo, aprendizaje permanente y reforma de la seguridad social.

Respecto del aseguramiento del desarrollo de los costes laborales y de los mecanismos de fijación de los salarios compatibles con el empleo, generalmente alineados con la estabilidad macroeconómica y el desarrollo de la productividad, las elevadas tasas de desempleados de larga duración y las diferencias regionales ponen de manifiesto la falta de la necesaria diferenciación salarial, que se produce sin embargo de forma grave por razón de género, sin que se observe una reacción gene- ralizada en contra de esta situación, a diferencia de las actuaciones para reducir los cos-Page 285 tes no salariales de grupos específicos, tales como desempleados de larga duración, trabajadores con bajos salarios, jóvenes y mayores.

El informe finaliza con un llamamiento a favor de los resultados, en los términos siguientes:

* El crecimiento del empleo y la productividad requiere un mejor funcionamiento de los mercados de trabajo y la calidad del trabajo, lo que exige políticas integrales que animen a los inactivos a acceder al mercado de trabajo y aumente el número de horas trabajadas en la economía, que compense el trabajo en el marco de los modernos sistemas de seguridad social y que facilite la reestructuración y mejore la adaptabilidad y el desarrollo de las competencias de los trabajadores.

* La flexiguridad debería facilitar la transición entre las diferentes etapas de la vida activa. Sus componentes internos y externos deberían reforzarse mutuamente, al tiempo que la modernización del Derecho del trabajo, la inversión en formación y los mercados de trabajo activos, y la provisión de una protección social adecuada y de ingresos seguros pueda producirse en un contexto de organización moderna del trabajo. La flexiguridad debería llevar también a abordar la precariedad, reducir la segmentación del mercado de trabajo y luchar contra el trabajo no declarado. Los agentes sociales tienen un importante papel que desempeñar en este proceso, en el que la Comunicación de la Comisión debería ser un instrumento para preparar una serie de vías de flexiguridad para encontrar el conjunto correcto de políticas adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo.

* El refuerzo del enfoque del ciclo de la vida al trabajo debería mejorar el acceso al mercado de trabajo y promover la prolongación de la vida activa y la movilidad profesional durante todo él, lo que exigiría la mejora urgente de la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo en el contexto de la aplicación del Pacto Europeo por la Juventud, más incentivos para el envejecimiento activo y la prolongación de la vida activa, la aplicación del Pacto Europeo por la Igualdad de Género, a fin de incrementar la participación de la mejora en el mercado de trabajo, y mayores esfuerzos para conciliar vida familiar y vida laboral tanto para hombres como para mujeres.

* Debería prestarse atención a las personas excluidas del mercado de trabajo. Para hacer el trabajo más atractivo, deberían desarrollarse incentivos apropiados para garantizar la remuneración de ésta y la de los periodos de transición, junto con un enfoque equilibrado a partir de las medidas adaptadas a los individuos, salario mínimo adecuado y condiciones ambientales concretas para la provisión de trabajos de buena calidad, y de mayores esfuerzos para ofrecer oportunidades a las personas con escasa cualificación, a través de un mercado de servicios personales.

* La inversión efectiva y eficiente en capital humano es indispensable para alcanzar el objetivo de más y mejores empleos y requiere la implantación del aprendizaje permanente, que servirá también para alcanzar todos los beneficios posibles derivados de la innovación, y habrá que contar igualmente con el reconocimiento de la formación no formal e informal.

* La migración económica es una cues- tión emergente en el ámbito del mercado de trabajo y puede ser importante para reducir los efectos de la escasez de trabajo.

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Esta Recomendación se adopta a partir del texto incluido como parte tercera de la Comunicación de la Comisión sobre "la ejecución de la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo: un año de resultados".

A partir del primer informe sobre la aplicación de los Programas Nacionales de Reforma (PNR), presentado en octubre de 2006 por los Estados miembros, la Comisión ha elaborado el Informe Anual de Progreso que contiene la evaluación detallada de los progresos realizados y tiene en cuenta el trabajo llevado a cabo por el Consejo sobre una serie de temas seleccionados, destacando que, a partir del prometedor comienzo, el reto al que hay que hacer frente consiste en mantener el impulso y proseguir con la aplicación de las medidas previstas en un contexto económico más favorable.

De esta forma, la Comisión ha decidido proponer directrices a los Estados miembros bajo la fórmula de recomendaciones específicas por país, para su adopción por el Consejo, en base a lo previsto en los artículos 99.2 y 128.4 del TCE, en un instrumento único que refleje la estructura integrada de los PNR y de sus informes de aplicación, con lo que entiende que ayudará a reforzar la asociación de los Estados miembros con la Comisión, las otras instituciones y los Estados miembros que forman la base de la Estrategia de Lisboa renovada.

En las recomendaciones, que el Consejo adoptará finalmente el 27 de marzo de 2007, se ponen de manifiesto las cuestiones clave en las que debe hacerse un seguimiento durante 2007. En las relativas a España: * constata el progreso adecuado que se observa en la aplicación del PNR y en los compromisos derivados de las Conclusiones del Consejo Europeo de primavera de 2006, considerando, al tiempo, esencial avanzar en la aplicación de nuevas leyes y medidas en las siete áreas seleccionadas para aumentar el empleo y la productividad y avanzar hacia la plena convergencia del PIB per cápita de la UE-25;

* destaca como puntos fuertes para la aplicación y el refuerzo del PNR: la reducción de la deuda pública más rápida de lo previsto; los avances satisfactorios en la aplicación del Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación; la inclusión del espíritu empresarial en los planes de estudios en todos los niveles educativos; y el progreso en el diálogo social, según el acuerdo tripartito de mayo de 2006, y avances satisfactorios hacia objetivos cuantitativos, en especial respecto del empleo femenino;

* establece las áreas del PNR en las que los retos han de ser abordados con la máxima prioridad, entre ellos la reducción de la segmentación del mercado de trabajo y la mejora en la educación y la formación, para lo que recomienda concretamente, en relación con el ámbito social:

- modernizar la protección del empleo, a partir de las medidas recientemente adoptadas, incluyendo la legislación para estimular la flexibilidad y la seguridad en el mercado laboral, combatir la segmentación, y aumentar el atractivo del trabajo a tiempo parcial; y

- continuar con los esfuerzos para aplicar el nuevo modelo de formación, integrador de la formación ocupacional y de la profesional reglada para responder mejor a las necesida- Page 287 des del mercado de trabajo, y garantizar la aplicación efectiva de la reforma educativa a nivel regional, para reducir el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro;

* además, durante todo el periodo de aplicación del PNR, éste debe centrarse en: elevar los niveles de competencia y productividad e integrar a los inmigrantes en el mercado de trabajo; aumentar el acceso a servicios de atención a la infancia; reformar los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria, entre otros.

Concluye la Recomendación del Consejo con las que formula a los Estados miembros de la zona euro, entre las que merece destacarse:

* la valoración positiva de las reformas prometedoras que se están aplicando o están previstas, dirigidas a incrementar la utilización de la mano de obra; a fomentar la investigación y el desarrollo; a desarrollar el capital humano y la innovación; y a establecer un ambiente empresarial más atractivo, a través de una mejor reglamentación;

* la necesidad de acciones urgentes donde los puntos débiles se manifiestan especialmente, como es el caso de los sistemas de pensiones y de atención sanitaria, que deben continuar reformándose para reducir los déficits presupuestarios, para abordar el impacto presupuestario del envejecimiento de la población; y la revisión del funcionamiento de la fijación de los salarios y de las medidas para incrementar la movilidad, a propósito de lo cual se recomienda:

- que hagan uso del ciclo económico favorable para la consolidación presupuestaria que permita lograr el equilibrio presupuestario e incluso un excedente,

- la mejora de la flexibilidad y la seguridad de los mercados laborales, mediante la mejora de la correlación entre la evolución de los salarios y la productividad, a fin de lograr un equilibrio entre la protección del empleo y la seguridad del mercado y la adopción de medidas para promover la movilidad laboral a través de las fronteras y entre las ocupaciones.

En la sesión del Consejo de 30 de mayo, se alcanzó el acuerdo político preceptivo para la adopción de las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2007, que se materializará por Decisión del Consejo de 12 de julio de 2007.

El texto de la Decisión, que tiene su origen en la reforma de la Estrategia de Lisboa, recentrándola en el crecimiento y el empleo, contenida en las Conclusiones del Consejo Europeo de Primavera 2005 y en el paquete integrado de Orientaciones Generales de Política Económica y de Directrices para el empleo de la Estrategia Europea para el Empleo, que prevén su revisión cada tres años, limitándose en los años intermedios, hasta 2008, a su actualización para asegurar el grado de estabilidad necesario para su aplicación efectiva, en el examen de los Programas nacionales de Reforma realizado en el Informe de la Comisión y en el Informe conjunto de Empleo, y que pone de manifiesto la necesidad de que los Estados miembros continúen trabajando en las áreas prioritarias fijadas (atraer y mantener al mayor número de personas en el mercado de trabajo, aumentando la oferta de trabajo y modernizando los sistemas de protección social; mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas; y aumentar la inversión en capital Page 288humano por medio de la educación y de la competencia profesional), confirma las conclusiones del Consejo Europeo de 23 y 24 de marzo de 2006 sobre el papel central de las políticas de empleo en el marco de la Agenda de Lisboa y la necesidad de aumentar las oportunidades de empleo para las categorías prioritarias, a través de un enfoque basado en el ciclo de la vida, con especial mención al Pacto Europeo a favor de la Igualdad de Género y al realce del perfil del enfoque horizontal de esta perspectiva para mejorar las perspectivas y las oportunidades de empleo de las mujeres, la remoción de los obstáculos para la movilidad de los trabajadores, en el sentido de que se debe actuar sobre la aplicación efectiva y en el tiempo previsto de las directrices citadas, y del logro de los objetivos cuantitativos acordados, contando para ello con el recurso del Fondo Social Europeo, establece que las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros durante 2007 serán las mismas que figuran en la Decisión del Consejo 2005/600/CE, de 12 de julio de 2005.

Teniendo en cuenta la petición del Parlamento Europeo de su necesidad de disponer del tiempo necesario, y en cualquier caso, de no menos de cinco meses para llevar a cabo su consulta, a tenor de lo previsto en el art. 128.2 del TCE, ante la revisión completa de las Directrices de empleo que deberá realizarse en 2008, el Consejo incorpora una declaración en Actas, en la que toma nota de esta solicitud y se compromete a tenerla en cuenta, en función de la fecha en la que la Comisión formule su propuesta, en el marco de una cooperación constructiva con el Parlamento a fin de asegurar que las Directrices de Empleo revisadas se adopten a tiempo.

Este Informe recoge los principales mensajes extraídos de los informes integrados sobre la estrategia de la inclusión social, los sistemas de pensiones, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, de los Estados miembros, como respuesta a los compromisos asumidos a partir de las conclusiones del Consejo Europeo de primavera 2006.

* Respecto de la reducción de la pobreza infantil, las acciones puestas en marcha para garantizar el acceso a una educación y formación de calidad para todos, con especial atención a la educación preescolar y a la lucha contra el abandono escolar, y a la situación de los inmigrantes y las minorías étnicas.

* En relación con la promoción de la inserción social y la integración en el mercado de trabajo de las personas más desfavorecidas, además de un enfoque equilibrado que combina ayuda personalizada para el mercado laboral y servicios sociales accesibles y de gran calidad, se debe prestar más atención a garantizar niveles adecuados de ingresos mínimos.

* En cuanto a los planes de atención sanitaria y cuidados de larga duración, se establecen prioridades: garantizar la igualdad de acceso para todos; reducir las desigualdades en los resultados en el área de la salud; garantizar una asistencia segura y de calidad; gestionar la incorporación de las nuevas tecnologías al servicio de la salud y la autonomía personal; utilización más racional de los recursos para la sostenibilidad y la calidad de los sistemas sanitarios; mejorar la coordinación, la promoción de estilos de vida saludables y la prevención, para mejorar la salud y reducir el aumento de gastos. En algunos países, no obstante, se deben aumentar los recursos financieros y humanos para atender adecuadamente a la totalidad de la población.

* A propósito del desarrollo de los cuida- Page 289dos de larga duración y de su financiación, la coordinación más estrecha de los servicios sanitarios y los servicios sociales y la utilización de las nuevas tecnologías para ayudar a las personas a permanecer el máximo tiempo posible en su domicilio.

* En lo relativo a las pensiones, para su adaptación a la progresión de la esperanza de vida, se crea una correlación entre contribuciones y prestaciones a fin de disponer de sistemas modernos, adecuados y sostenibles, basados en el aumento del empleo, la reducción de la deuda pública y la reforma de los sistemas de protección social.

* La consideración de las relaciones entre las políticas económicas, sociales y de empleo, a nivel nacional mediante reformas de las pensiones y medidas de incentivo para aumentar la tasa de empleo de los trabajadores mayores.

* A propósito del refuerzo de la gobernanza, aunque cada vez participan más las personas directamente afectadas en la elaboración de las reformas sociales, debería mejorarse la calidad de esta participación, extendiéndola a la aplicación y al seguimiento.

A partir de la aplicación del método abierto de coordinación integrado, el Informe pone de manifiesto, en relación con las cuestiones globales relativas a las políticas de protección e inclusión social: la realización de reformas en todos los Estados miembros para que los sistemas para hacer posible la mayor cohesión social sean más sostenibles fiscal y socialmente y responder así mejor a las necesidades de los individuos, incorporando las cuestiones de género en el conjunto de las políticas; la interacción con el empleo y el crecimiento, dado que las políticas activas de inclusión favorecen el aumento de la oferta de mano de obra y refuerzan la cohesión, y las reformas de las pensiones y la actuación en el ámbito de la asistencia sanitaria inciden en la sostenibilidad financiera, al tiempo que expresan su compromiso con los más desfavorecidos, combatiendo la segmentación del mercado de trabajo y su precariedad, y ayudando a los hogares en situación de pobreza a beneficiarse del crecimiento del empleo; que aunque la sociedad civil y los interlocutores sociales participan cada vez más en la elaboración de las estrategias nacionales y en la modernización de la protección social, quedan todavía progresos por hacer para mejorar su calidad y también la visibilidad de la coordinación, en la aplicación a todos los niveles, de las políticas de inclusión social y de asistencia sanitaria y con el Fondo Social Europeo.

Por lo que se refiere a los retos fundamentales de los distintos capítulos de las actividades relativas al método abierto de coordinación, el informe señala:

* En relación con la lucha contra la pobreza y la exclusión, como respuesta a la petición del Consejo Europeo de marzo de 2006 de que los Estados miembros tomaran medidas para reducir rápida y significativamente la pobreza infantil, la gran mayoría de éstos fijó como prioridades elaborar un enfoque integrado a largo plazo de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión de los niños, con el objeto de evitar la transmisión de la pobreza entre generaciones, actuando fundamentalmente a través de la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación, combatiendo el abandono escolar, por medio de medidas preventivas (educación preescolar, orientación y asesoramiento, refuerzo de las cualificaciones de los jóvenes) y compensatorias (educación de adultos) y del fomento de la participación de los padres en el mercado laboral, mediante la conciliación del trabajo y la vida privada, facilitando el acceso a servicios de calidad de cuidados de niños y fórmulas flexibles de trabajo; y el fomento de la Page 290inclusión activa para reforzar la integración social, condicionando las prestaciones sociales a una voluntad activa e trabajar, a veces en detrimento de la necesidad de garantizar ingresos mínimos adecuados, partiendo el convencimiento de que el crecimiento económico y del empleo no permitirán por sí solos integrar a las personas excluidas del mercado de trabajo, por lo que algunos Estados han establecido políticas de apoyo en el lugar de trabajo para el acceso, la conservación y la progresión en el empleo (formación en el puesto de trabajo y aumento del salario mínimo, lucha contra la discriminación, fomento del espíritu de empresa y de la adaptabilidad), dedicando especial atención a las personas con discapacidad, los migrantes y las minorías étnicas, para lo que cuentan también con el apoyo financiero procedentes del FSE, que incluye entre sus prioridades para el periodo 2007-2013 la inclusión social de las personas desfavorecidas, para su integración sostenible en el mercado de empleo, y del FEDER, en relación con las infraestructuras relacionadas con la inclusión social, sin olvidar la atención a los problemas derivados de la exclusión en materia de vivienda y el fenómeno de las personas sin hogar.

* En cuanto a la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, tras constatar las diferencias existentes entre los Estados miembros, éstos tratan de reducirlas mejorando: la situación de desigualdad en el acceso a las prestaciones, fruto de desequilibrios regionales, contando para ello con la colaboración de los Fondos Estructurales, y desarrollando sistemas de cuidados de larga duración para satisfacer la demanda creciente en este ámbito, priorizando los servicios de cuidados a domicilio y la introducción de las nuevas tecnologías, así como las medidas dirigidas a facilitar la rehabilitación de las personas dependientes, y disponiendo la creación de una base de financiación sólida; y la calidad de los servicios, mediante normas de calidad estándar que incluyen el acceso a directrices clínicas basadas en las mejores pruebas disponibles y el desarrollo de un modelo de cuidados más orientado a los pacientes, pasando por la mejora de la coordinación de la atención sanitaria en todos sus niveles.

También tratan de conseguir la sostenibilidad financiera a largo plazo, controlando los costes, que aumentan más deprisa que el PIB, y fomentando la utilización más racional de los recursos disponibles (mediante la fijación de límites máximos de gastos, el copago, la utilización de medicamentos genéricos, el fomento de la competencia entre los prestadores de servicios sanitarios), la reestructuración de la asistencia sanitaria, y el refuerzo del mantenimiento y la oferta de personal médico a largo plazo, dadas las expectativas de crecimiento del empleo en este sector, a través de la búsqueda de una estrategia beneficiosa para todos, que pasa por el fomento de estilos de vida sana y activa, la salud y la seguridad en el trabajo, el aumento de la prevención, y la consideración de los problemas sanitarios en el conjunto de las políticas.

* Finalmente, a propósito de las pensiones sostenibles y adecuadas, en la mayoría de los países se han realizado reformas estructurales generales desde hace una década que continúan, basadas en un enfoque de ciclo de vida, reforzando la relación entre cotizaciones y prestaciones, y en estrategias de envejecimiento activo, de modo que un mayor número de personas trabajen y prolonguen su vida activa, lo que haría posible, junto con el aumento del ahorro, planes de pensiones complementarias, abordar el reto de la sostenibilidad y la Page 291adecuación de las pensiones, y superar así el riesgo de pobreza más elevado de las mujeres mayores, y los problemas de las pensiones mínimas vinculados a las ayudas sociales.

Adoptado por la Comisión el 7 de febrero de 2007, se trata del cuarto informe realizado a tenor de la invitación formulada por el Consejo Europeo de primavera de 2003. Presenta el balance de las realizaciones y progresos realizados durante 2006 en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y las orientaciones para incluir la perspectiva de género en las distintas políticas.

En él, se pasa revista a los principales avances y a los retos y orientaciones estratégicas antes de adoptar, como conclusiones, la invitación del Consejo a los Estados miembros para actuar en determinados ámbitos para hacer frente a los retos señalados.

En el apartado de los principales avances realizados, dentro del capítulo de las políticas y la legislación, incluye: la adopción por parte de la Comisión del Plan de Trabajo para la igualdad entre hombres y mujeres de 1 de marzo de 2006, que definió las prioridades y el marco de acción para la promoción de la igualdad hasta 2010; el Pacto Europeo para la Igualdad de Género, por el Consejo Europeo de marzo de 2006, que refleja el compromiso de los Estados miembros para aplicar las políticas destinadas a promover el empleo de las mujeres y a garantizar un mayor equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, como respuesta a los retos demográficos; la Comunicación, por la Comisión, sobre el futuro demográfico de Europa, de 12 de octubre 2006, que destaca el papel de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres para responder al desafío que plantea; la Directiva 2006/54/CE, sobre la refundición de directivas preexistentes en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo; la creación del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, para apoyar técnicamente el desarrollo de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres; la nueva reglamentación de los Fondos Estructurales (2007- 2013), las Directrices Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión, el Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Rural y el programa comunitario PROGRESS, que contienen referencias concretas en forma de principios, y actuaciones referidas a la consideración de la igualdad entre hombres y mujeres, que aparece también en el nuevo marco para el proceso de protección social e inclusión social, adoptado por el Consejo Europeo de marzo de 2006, en la Comunicación de la Comisión, de agosto de 2006, sobre un plan de acción para evaluar la delincuencia y la justicia penal, con referencia a la violencia y a la trata de seres humanos, y en las actuaciones de la política de cooperación al desarrollo.

También dentro del apartado de los principales avances realizados, el Informe resume el contenido del Anexo estadístico, que refleja el estado de situación de las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres, clara- mente desfavorable para éstas, a pesar del progreso de los últimos años, en relación con el empleo y el desempleo; las dificultades para conciliar la vida profesional y la vida privada, debido al desequilibrio en el reparto de las tareas domésticas y familiares; la evolución de los índices de segregación ocupacional y sectorial y en la educación; el desequilibrio en la ocupación de puestos de toma de decisiones, tanto políticas como económicas; la persistencia de la diferencia salarial, como pone de manifiesto el hecho de que, por término medio, las mujeres ganan un 15% menos por hora trabajada que los hombres; y el mayor riesgo de exclusión y de pobreza de las mujeres, sobre todo las de edad avanzada y las de familias monoparentales.

En cuanto a los retos y orientaciones estratégicas, partiendo de la conclusión del Consejo Europeo de primavera 2006 que Page 292subrayó el papel de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres como instrumentos esenciales para el crecimiento económico, la prosperidad y la competitividad, de modo que deba promoverse la participación y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral, contando para ello con el apoyo de la política de cohesión y la aplicación efectiva de la legislación de igualdad de trato, la Comisión, de acuerdo con las prioridades del Plan de Trabajo para la Igualdad, se compromete a apoyar la acción de los Estados miembros en relación con:

* la eliminación de las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral, a través del combate activo de las causas de segregación; la eliminación de trabas al acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisión; la reducción de la diferencia de remuneración; la elaboración, la aplicación y el seguimiento de las políticas de flexiguridad, teniendo en cuenta la diferente repercusión de las mismas en los hombres y las mujeres; el aumento del empleo de grupos particulares, respecto de los que se deberían considerar las situaciones y obstáculos específicos que afectan a los hombres y a las mujeres de cada uno de ellos;

* el favorecer un mayor equilibrio entre los hombres y las mujeres en el reparto de las responsabilidades privadas y familiares, por medio de: la concesión de los permisos parentales a hombres y mujeres, no transferibles, atractivos y de una duración que no suponga inconvenientes para regresar al trabajo; el desarrollo de servicios de asistencia accesibles y asequibles para las personas dependientes; la promoción de los permisos de paternidad; la lucha contra los estereotipos, centrada, sobre todo, en los hombres y en las empresas; la preservación de le empleabilidad durante el periodo de disfrute de los permisos parentales, garantizando el mantenimiento de competencias y el acceso a actividades de formación; el apoyo a las empresas, especialmente las PYME, para el establecimiento de medidas de conciliación de la vida profesional, privada y familiar;

* la garantía del apoyo total de las políticas de cohesión y desarrollo rural a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, mediante: la inclusión en la aplicación de los Fondos de la garantía de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y de la perspectiva de género; la consideración del enfoque dual de la política de igualdad en la programación y la gestión de los Fondos y de cómo puede afectar a los hombres y las mujeres; la contribución de los Fondos al acceso al empleo, la participación y la progresión de las mujeres en el trabajo, al desarrollo del espíritu empresarial femenino, y a la realización de estructuras de asistencia y cuidado de niños; y la promoción de acciones de difusión e intercambio de buenas prácticas y de campañas de sensibilización;

* la garantía de la aplicación efectiva del marco legislativo comunitario vigente, a través de: el fortalecimiento de las capacidades de los agentes del sistema judicial en materia de igualdad entre hombres y mujeres; la participación y el apoyo tanto de los Estados miembros como de los agentes sociales; y el papel activo de los organismos de promoción de la igualdad en el seno de la sociedad civil.

Finalmente, la Comisión invita al Consejo a instar a los Estados miembros a hacer frente a los retos enunciados, y especialmente a: actuar para eliminar la diferencia salarial entre los hombres y las mujeres; reforzar la inclusión de una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres al aplicar las políticas de empleo; continuar los esfuerzos dirigidos a permitir a los hombres y las mujeres conciliar la vida profesional, privada y fami- Page 293liar y apoyar a los agentes sociales para que establezcan medidas en este mismo sentido; incorporar al tratamiento de las cuestiones relacionadas con los cambios demográficos el enfoque de la igualdad entre los hombres y las mujeres; aprovechar, mediante programas cofinanciados por los Fondos Estructurales, el máximo potencial de las políticas de cohesión y de desarrollo rural a favor de la igualdad entre hombres y mujeres; y a transponer la Directiva 2006/54/CE sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres (refundición) y la Directiva 2004/113/CE sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso y suministro de bienes y servicios.

En el proceso de preparación del Consejo Europeo de primavera 2007 hay que contar además con el resultado de la reunión informal de Ministros de Empleo y de Asuntos Sociales, celebrada en Berlín del 18 al 20 de enero, en torno al tema central de la calidad del trabajo, reflejado en las conclusiones elaboradas por la Presidencia en cooperación con las futuras presidencias, portuguesa y eslovena, según las cuales:

* Europa debe intensificar los esfuerzos comunes para promover el trabajo de calidad, que debe tener entre sus componentes los derechos de los trabajadores y la participación, los salarios adecuados, la seguridad y la salud en el trabajo y una organización del trabajo comparable con la vida familiar, habida cuenta de que condiciones de trabajo buenas y justas y una protección social adecuada son absolutamente indispensables para la aceptación de la Unión Europea por sus ciudadanas y ciudadanas;

* una creciente flexibilidad del mercado de trabajo debe ser acompañada de derechos adecuados para los trabajadores, especialmente los relativos al ejercicio de sus derechos de participación y defensa de sus intereses por medio de la representación colectiva, subrayando el papel de los Estados miembros y de los interlocutores sociales para evitar que una flexibilidad creciente del mercado de trabajo arrastre a una reducción de la protección social de los trabajadores;

* los salarios justos son un índice importante de un trabajo de calidad, animando a los Estados miembros y a los inter- locutores sociales a actuar a favor de su adopción, preservando las particularidades de los sistemas nacionales de fijación de los salarios;

* las condiciones de trabajo que favorezcan un aprendizaje durante toda la vida y ofrezcan posibilidades de formación profesional continua, una dirección y una organización del trabajo modernas y centradas en el personal así como la promoción y la preservación de la salud y de la cualificación son elementos clave para la competitividad de las empresas y para la empleabilidad, especialmente de los trabajadores mayores, de manera que la prevención y la readaptación en las empresas deben establecerse como medidas estandarizadas;

* las relaciones laborales de conformidad con la legislación son indispensables y constituyen un factor de seguridad, al tiempo que refuerzan de forma duradera la competitividad, animando a los Estados miembros a reforzar la forma normal del contrato de trabajo conforme a sus costumbres nacionales y a limitar el recurso de las formas de trabajo atípicas;

* las nuevas formas de empleo pueden facilitar la reincorporación al mercado Page 294de trabajo, si bien no deben dar lugar a prácticas abusivas que priven a los trabajadores del ejercicio de sus derechos ni llevar a situaciones de discriminación y exclusión;

* las condiciones de trabajo favorables a la vida familiar implican posibilidades de mejora de la igualdad de oportunidades, de la competitividad, de la protección de la salud, de la garantía de ingresos y de la gestión de la evolución demográfica, por lo que se hace preciso desarrollarlas de manera sistemática;

* los jóvenes precisan de seguridad para su desarrollo profesional y de perspectivas para su futuro y para fundar una familia, y para lograr con éxito su incorporación a la vida activa, de un entorno claramente definido;

* las indemnizaciones salariales compensatorias y los ingresos mínimos garantizados a los demandantes de empleo forman parte de la Europa social, que ha hecho de la lucha contra la pobreza y la exclusión social la prioridad esencial de su actuación, de modo que bajo el principio de ayudar y exigir debe disponerse de un sistema de ayudas equilibrado, especialmente dirigido a las personas amenazadas de desempleo y a los desempleados recientes.

Otra aportación determinante para la preparación del Consejo EPSCO, de 22 de febrero, y del Consejo Europeo de primavera 2007 procede del resultado de la Conferencia dedicada al modelo social europeo, bajo el título de "Unir nuestras fuerzas a favor de una Europa social", que tuvo lugar en Nüremberg el 8 y 9 de febrero, en forma de mensajes, a propósito del modelo social europeo mismo y de la vía social de Europa.

Respecto del modelo social europeo, los mensajes se refieren: a la definición a partir de un conjunto de valores comunes a los Estados miembros y de elementos comunes en materia institucional, que se resume por las tres nociones claves siguientes: Estado social, mercado social, asociaciones sociales; al proyecto del tratado constitucional, que ha consagrado valores fundamentales comunes atribuyendo a la Unión Europea la obligación de luchar contra la exclusión social y la discriminación y de promover la justicia social y la protección social, la igualdad entre las mujeres y los hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos de la infancia, con lo que actúa a favor del desarrollo sostenible de Europa y trabaja sobre la base de un crecimiento económico equilibrado y de la estabilidad de los precios, a favor de la economía social de mercado altamente competitiva y de un elevado nivel de protección del medio ambiente y de la mejora de su calidad; a la concreción del contenido del conjunto común de valores citados en la dimensión social de Europa, que los Estados miembros desarrollan permanentemente bajo la fórmula del modelo social europeo, adoptando normas mínimas comunes y poniendo en práctica los objetivos comunes en el marco de la coordinación en los ámbitos del empleo, la inserción social, las pensiones de jubilación y la asistencia sanitaria y de larga duración, además de facilitar a todos el acceso a una educación y a una formación innovadoras, como una de las prioridades; la implicación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en los procesos de decisión y en la asunción de responsabilidades en la realización de los objetivos.

En cuanto a la vía social de Europa, partiendo de la consideración de que los objetivos de la Estrategia de Lisboa (crecimiento económico duradero, mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y mayor cohesión social) no podrán alcanzarse de aquí a 2010 e incluso después más que si la Unión Europea y los Estados miembros logran proseguir, con la misma prioridad y de forma concertada, los objetivos de las políticas económica, social, ecológica y de empleo, de acuerdo con las con- Page 295clusiones del Consejo Europeo de 23 y 24 de marzo de 2006, la presidencia alemana, en cooperación con las dos presidencias sucesivas, propone los mensajes para hacer posible la mejor concertación de las medidas en los ámbitos de la protección social y de la inserción social con la asociación para el crecimiento y el empleo a nivel europeo, en los términos siguientes:

* la voluntad política de dar forma a la dimensión social del mercado único debe ser más visible para posibilitar el reencuentro de la ciudadanía con el proyecto europeo, de modo que sienta que Europa merece la pena y que les aporta mejoras en su vida diaria y se convenza de que existen medidas eficaces que actúan contra la pobreza y la exclusión social, como la única forma de realizar una economía social de mercado competitiva;

* las directrices y orientaciones comunes de los Estados miembros en materia de política social en el marco de la Estrategia de Lisboa deben tener más importancia. Para ello, deben ser más visibles en la nueva versión de las líneas directrices integradas para el crecimiento y el empleo de 2008, elaboradas a partir de los informes comunes del Consejo y de la Comisión sobre la protección social y la inserción social, y sobre el empleo, teniendo en cuenta también los resultados empíricos del informe de etapa de la Comisión sobre las realidades sociales en Europa, y de los objetivos comunes establecidos en el marco del método abierto de coordinación y en el conjunto del proceso, que siguen siendo válidos;

* la coordinación estrecha entre las políticas económicas, sociales y de empleo europeas y nacionales es necesaria para lograr al tiempo preservar la competitividad, asegurar un trabajo de calidad y luchar contra la pobreza y la exclusión social. Para lograr estos objetivos debe producirse una cooperación más estrecha entre el Comité de Protección Social, el Comité de Empleo y el Comité de Política Económica, y hacer progresar, como principal apuesta durante los próximos meses, las estrategias de aumento de la tasa de empleo de los trabajadores mayores y los principios comunes sobre flexiguridad, para lo que habrá que contar con la asociación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil a los procesos de toma de decisiones;

* las experiencias de los Estados miembros ponen de manifiesto que los objetivos fijados en la Estrategia de Lisboa son realizables; que las experiencias derivadas de la modernización de los sistemas de protección social y del ajuste de las políticas de empleo en función de los cambios en la sociedad pueden ser utilizadas de forma todavía más eficaz; al tiempo que los Estados miembros deben dar prueba de un mayor compromiso con el proceso del método abierto de coordinación, especialmente a la hora de definir objetivos nacionales vinculantes, de establecer informes exhaustivos sobre su aplicación, y de reflexionar sobre los problemas comunes a nivel europeo de forma más eficaz, y es preciso evaluar y ajustar los instrumentos del método abierto de coordinación en la óptica de un proceso de aprendizaje sistemático y de un refuerzo de la participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil.

El Consejo EPSCO, tras el debate político público pertinente, en su sesión de 22 de febrero de 2007, adoptó y decidió trasladar al Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo, como Page 296aportación a las Conclusiones de la Presidencia de éste en relación con la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, el texto de los mensajes clave, elaborados por el Comité de Empleo, tras su reunión del 1 y 2 de febrero, y por el Comité de Protección Social, en su reunión de 25 de enero, a partir de la Comunicación de la Comisión sobre la ejecución de la Estrategia de Lisboa renovada, para el crecimiento y el empleo, y del resto de documentos reseñados, que a modo de conclusiones generales establecen que:

* el enfoque dual de la asociación y de la reforma política que supone la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, pone de manifiesto su impacto positivo sobre los resultados del mercado de trabajo, y que los objetivos de refuerzo de la competitividad, aumento del empleo y mejora de la cohesión social, tienen la misma importancia y se interrelacionan y apoyan mutuamente;

* es urgente avanzar más para hacer frente a los retos de la globalización y del envejecimiento demográfico y para conseguir un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza en 2010, contando para ello con el favorable panorama económico existente, que permitirá profundizar en la reforma y continuar progresando en el proceso de modernización del modelo social europeo para asegurar la adecuación y sostenibilidad de la protección social, con atención a la dimensión de género, y con la participación de los agentes sociales y de la sociedad civil;

* es necesario reforzar el apoyo mutuo entre las políticas para lograr los objetivos de Lisboa y la inversión pública y privada en investigación y desarrollo, en capital físico y humano, para subsanar las deficiencias en los resultados en materia social y de empleo, y la coordinación a nivel nacional y europeo, en particular entre los Comités implicados en asuntos tales como la flexiguridad, la inclusión activa, la demografía, el envejecimiento activo y la migración.

Más concretamente, los mensajes clave se centran en torno a la mayor adaptabilidad de los mercados de trabajo y al refuerzo de la cohesión social y la modernización de la protección social.

Respecto de la mayor adaptabilidad de los mercados de trabajo, se propone que:

* la UE y los Estados miembros promuevan el mejor funcionamiento de los mercados de trabajo por medio de políticas que incluyan la incorporación de las personas inactivas, que hagan atractivo el trabajo en el marco de los sistemas modernos de seguridad social, y que faciliten la reestructuración y la mejora de la adaptabilidad y el desarrollo de las competencias de los trabajadores;

* para que la flexiguridad facilite la transición entre las diferentes etapas de la vida laboral, sus elementos internos y externos deberán reforzarse, de modo que se produzca la modernización del Derecho del Trabajo, la inversión en formación, la activación de los mercados de trabajo, la promoción de una protección social adecuada y la seguridad de los ingresos en un contexto de organización flexible del trabajo, al tiempo que por medio de ella se haga frente a la precariedad, se reduzca la segmentación del mercado de trabajo y se luche contra el trabajo no declarado; la futura Comunicación de la Comisión debería servir para apoyar a los Estados miembros para encontrar las políticas adecuadas a las necesidades de sus mercados de trabajo;

* el enfoque reforzado del ciclo de vida debería mejorar el acceso al mercado de trabajo, una vida laboral más larga y la movilidad profesional, y más concreta- Page 297 mente: la mejora urgente de la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo en el contexto de la aplicación del Pacto Europeo por la Juventud; más incentivos para el envejecimiento activo y la prolongación de la vida laboral; y la aplicación del Pacto Europeo para la Igualdad de Género;

* se preste la atención debida a las personas excluidas del mercado de trabajo, por medio de incentivos financieros para trabajar y para facilitar las transiciones entre trabajos durante la vida activa; la disponibilidad de medidas individualizadas y servicios flexibles, salarios mínimos adecuados, la reducción en la fiscalidad de los salarios y la existencia de empleos de buena calidad, con mayor dedicación a los trabajadores con retribuciones bajas, para los que han de crearse oportunidades;

* se dedique especial atención a los inmigrantes, debido al papel tan importante que desempeñan, al asegurar la disponibilidad de una fuerza de trabajo competente;

* se actúe para disponer de inversiones efectivas y eficientes en capital humano y para el aprendizaje permanente, a fin de alcanzar el objetivo de más y mejores empleos, reconociendo la importancia de la formación formal e informal.

En relación con el refuerzo de la cohesión social y la modernización de protección social, se destaca:

* a partir del contenido del informe conjunto sobre protección social e inclusión social, en base a la aplicación del método abierto de coordinación, que tanto los Estados miembros como la Comisión deberían explorar vías para impulsar más la integración y la visibilidad del proceso, su gobernanza y el aprendizaje mutuo;

* el reconocimiento por parte de los Estados miembros de la lucha contra la pobreza infantil y la igualdad de oportunidades de los niños como prioridad, para lo que deberán ponerse en marcha estrategias que aborden los distintos aspectos del problema (calidad de la educación, bajos ingresos familiares y situación de empleo de los padres, acceso inadecuado a servicios de calidad, vivienda decente, insuficiente reconocimiento de los derechos del niño);

* la necesidad de mayores esfuerzos para la conciliación de la vida laboral y familiar, de modo que las medidas políticas estén inspiradas por consideraciones de género, subrayando la importancia de impulsar los intercambios sobre políticas de familia de la UE, a partir de la iniciativa de la presidencia alemana a favor de una Alianza Europea en favor de las familias;

* la consideración de las nuevas formas de trabajo y las interrupciones en la carrera profesional en la modernización de las pensiones, a fin de proteger a los ciudadanos mayores, especialmente las mujeres, de la pobreza, establecer un nivel de vida adecuado, evitar la presión sobre las finanzas públicas y mantener la confianza de los ciudadanos; y que los sistemas profesionales y privados de pensiones aseguren una cobertura amplia y eviten crear obstáculos a la movilidad;

* la combinación de ayudas personalizadas en el mercado de trabajo, desarrollo y accesibilidad de las competencias, y servicios sociales de calidad, como instrumentos de inclusión activa para la promoción social y la integración en el mercado de trabajo, debiéndose prestar más atención a fin de asegurar un nivel adecuado de recursos mínimos para todos, equilibrado con hacer el trabajo rentable, para evitar expulsar del mer- Page 298cado de trabajo a las personas con capacidad para trabajar;

* la necesidad de abordar las desventajas educativas, desarrollar las competencias lingüísticas, luchar contra la discriminación y promover la igualdad de oportunidades, a fin de facilitar la integración de los inmigrantes y la inclusión de las minorías étnicas;

* que para superar las desigualdades existentes en el acceso universal a servicios sanitarios y de larga duración de calidad y para hacer sostenibles los sistemas de asistencia sanitaria, es esencial el uso más efectivo y eficiente de los recursos disponibles, la consiguiente reforma de aquellos para responder al envejecimiento de la población, y la puesta en marcha de estrategias que incluyan la mejora de la coordinación entre servicios de salud y servicios sociales, la prevención y la promoción de estilos de vida sana, y el apoyo a los cuidados informales y la explotación de las nuevas tecnologías para ayudar a las personas a permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios.

Como conclusión del debate, el Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros en el Consejo, adoptaron una Resolución sobre las oportunidades y los retos del cambio demográfico en Europa, centrada en la contribución de las personas mayores al desarrollo económico y social, a partir de: la Comunicación de la Comisión sobre "El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad"; las Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2006 en relación con la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo; el Plan de Acción internacional sobre el envejecimiento, acordado en la Segunda Asamblea Mundial sobre en Envejecimiento, celebrada en Madrid, en abril de 2002; la Declaración ministerial de Berlín, de 11 de septiembre de 2002, sobre "Una sociedad para todas las edades en Europa", de la Comisión Económica para Europa del ECOSOC, de Naciones Unidas; y de la opinión del Comité de Protección Social para el Consejo EPSCO, de 1 de diciembre de 2006, respecto de la Comunicación de la Comisión, que destaca el impacto del cambio demográfico sobre todos los aspectos del modelo social europeo, recordando que puede tener consecuencias estructurales y regionales muy diferentes, su consideración como una cuestión clave durante los próximos años a tenor del programa de las presidencias alemana, portuguesa y eslovena, en Page 300el que se destaca que la contribución de las personas mayores al desarrollo económico y social deberá ser uno de los puntos centrales de la estrategia a desarrollar en los próximos años como respuesta al cambio demográfico.

En la Resolución, que constata el crecimiento más rápido, tanto en cifras absolutas como relativas del grupo de personas mayores de 50 años, en el total de la población, se subraya:

- el papel de las personas mayores como participantes activos en la vida social, con recursos y potencialidades que pueden beneficiar a la sociedad y que no deben ser desaprovechados por ésta; y su contribución al refuerzo de la cohesión intergeneracional, a la que aportan su compromiso social, cultural y familiar con diversidad de capacidad y necesidades;

- que el envejecimiento de la población no solo representa un reto sino que también ofrece oportunidades: para mejorar la competitividad y las competencias innovadoras de la economía europea y para promover el crecimiento y el empleo; económicas, para impulsar el crecimiento y la creación de nuevos empleos, en cuanto al suministro de bienes y servicios para mejorar la calidad de vida de las personas mayores; para la mejora de los resultados y de la productividad de la economía nacional, derivada de la participación de los trabajadores mayores en la actividad laboral, de la aportación de sus conocimientos y experiencia, para lo que se debe fomentar su permanencia en el trabajo, mejorando los incentivos existentes y eliminando los obstáculos, tanto en materia fiscal como en el ámbito de la seguridad social, a través de la actuación de los gobiernos y de los agentes sociales para promover el empleo de las personas mayores, y de la prevención de las enfermedades y de la promoción de estilos de vida sana y del aprendizaje permanente, de modo que haga posible que mantengan su autonomía personal;

- la necesidad de impulsar la participación activa de las personas mayores en el mercado de trabajo, y tomar conciencia de su potencial económico como consumidores de bienes y de servicios, en relación con los objetivos cuantitativos de la Estrategia de Lisboa a favor del crecimiento y del empleo.

En consecuencia, se invita a la Comisión a: continuar observando y analizando los procesos de cambio demográfico e informar del ajuste de las estructuras económicas y sociales a las necesidades de las personas mayores en 2008; continuar trabajando para que las posibles contribuciones de todas las áreas políticas puedan ser tenidas en cuenta al actuar; considerar el primer Foro sobre el Futuro Demográfico de Europa, celebrado en Bruselas el 30/31 de octubre de 2006, como el punto de partida de un diálogo estructurado y sostenible a todos los niveles para promover intercambios de experiencias con consecuencias en el cambio demográfico; que el grupo de expertos de alto nivel previsto comience sus trabajos y adopte su programa de trabajo; apoyar a los Comités de Protección Social y de Empleo, y la colaboración constructiva entre ellos y con el grupo de expertos de alto nivel; tener en cuenta el aumento y la diversificación de la demanda de bienes y servicios para las personas mayores en relación con el séptimo Programa de Investigación; garantizar el apoyo financiero de los Fondos Estructurales a las iniciativas para la adaptación al cambio demográfico, a todos los niveles; y desarrollar sugerencias para el intercambio de buenas prácticas, sobre todo en relación con el voluntariado de las personas mayores.

También se invita a los Estados miembros a: responder a las necesidades del envejecimiento de la sociedad y a la creación del marco para la apertura de nuevos mercados relacionados con los bienes y servicios que Page 301demandan las personas mayores a fin de explotar las oportunidades de crecimiento económico; desarrollar mejor e incrementar el potencial de las personas mayores para contribuir al bienestar general de la sociedad e impulsar sus posibilidades de participación activa, evitando los estereotipos y promoviendo una imagen positiva, que valore a los mayores como socios con muchos años de experiencia, considerable fortaleza económica y cualificaciones profesionales valiosas, para lo que habrá que actuar conjuntamente con los agentes sociales y las demás partes interesadas; facilitar el acceso al conocimiento y a la experiencia conseguida, combatiendo las consecuencias del cambio demográfico, y el intercambio de experiencias a nivel europeo, para lo que los Estados miembros podrían recurrir a la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo; establecer asociaciones con los empresarios, los sindicatos, las cámaras de comercio y las asociaciones de personas mayores para fomentar el desarrollo de la economía de bienes y servicios relacionada con las necesidades de estas personas; apoyar las iniciativas a todos los niveles, para pro- mover la solidaridad intergeneracional fomentando la participación activa de los mayores en la sociedad, el establecimiento de redes y el intercambio de experiencias para impulsar su difusión y efectividad; e iniciar, fomentar y apoyar un proceso de discusión general en foros orientados hacia la acción sobre el desarrollo demográfico a todos los niveles, para promover un diálogo constructivo entre representantes de la política, la economía, la ciencia y las personas mayores, de modo que sus resultados puedan ser considerados en futuros foros demográficos a nivel europeo.

Junto a la Resolución, la Comisión incluye una Declaración en la que acoge favorablemente la cooperación constructiva entre las diferentes estructuras que trabajan en temas relativos a las oportunidades y los retos del cambio demográfico, especialmente de los Comités de Protección Social y de Empleo y del grupo de expertos de alto nivel y se compromete a evitar la duplicidad del trabajo entre estas estructuras.

Para dar continuidad al impulso político que supone la Resolución, la Comisión y la Presidencia convocaron la celebración, el 17 y 18 de abril en Berlín, de un Congreso europeo bajo el título de "El cambio demográfico como oportunidad: el potencial económico de las personas mayores", a fin de llamar la atención sobre las competencias y potencialidades de las personas mayores que necesitan nuestras sociedades para un mejor entendimiento entre las generaciones, para el crecimiento económico, y para los progresos en el mercado de trabajo, teniendo en cuenta el alto poder adquisitivo de estas personas que demandan nuevos productos y servicios de calidad, lo que sin duda supondrá un impacto para el mercado de trabajo y exigirá la adecuación de la economía, la industria y los servicios para dar una respuesta a las nuevas demandas que genera la denominada "economía de plata", debido al envejecimiento, contribuyendo a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

Del resultado de este Congreso se concluyó que, a nivel europeo y en cooperación con la Comisión, habría que: buscar los caminos para aclarar, de cara al futuro, las oportunidades que ofrece el poder económico de las personas mayores para mejorar su calidad de vida, de una parte, y para el crecimiento y el empleo en Europa, de otra; poner de manifiesto las posibilidades de apoyar a los gobiernos de los Estados miembros en sus opciones para actuar y diseñar la aplicación del fomento y la innovación y los elementos del mercado de trabajo de la economía de plata; tantear las oportunidades para tener en cuenta la economía de plata en los diferentes programas estructurales y de financiación de la Unión Europea, con el fin de promover las PYME en particular respecto de los nuevos mercados; y preparar propuestas para el intercambio de las mejores prácticas en las Page 302áreas políticas relativas a las personas mayores, particularmente en el ámbito de la implicación voluntaria de las personas mayores.

Como continuación del trabajo realizado por el Consejo EPSCO durante el primer trimestre del año, culminado en la sesión del Consejo de 22 de febrero con la Resolución sobre las oportunidades y los retos del cambio demográfico en Europa, centrada en la contribución de las personas mayores al desarrollo económico y social, en la sesión del Consejo de 30 de mayo los Ministros de Trabajo y Política Social procedieron al refrendo y la asunción de la opinión conjunta del Comité de Empleo y del Comité de Protección Social respecto del Informe de 27 de abril sobre el envejecimiento activo, elaborado por el grupo de trabajo ad hoc constituido en el seno del Comité de Empleo con la participación también del Comité de Protección Social.

El Informe en su parte introductoria, tras indicar que el envejecimiento es uno de los retos más complejos de la Unión Europea, ante el que ya se ha empezado a actuar a partir de la mitad de la década de los noventa y especialmente desde la Estrategia de Lisboa y de las Conclusiones de los Consejos Europe- os de Estocolmo (2001), que fijó el objetivo de alcanzar en 2010 la tasa de empleo de los mayores de 55 años del 50%, y de Barcelona (2002), que propuso elevar la edad media de jubilación en cinco años, también en 2010, completadas con las del Consejo Europeo de primavera de 2006, en el que se subrayó la importancia del envejecimiento activo y las estrategias del aprendizaje durante toda la vida, adoptándose al tiempo instrumentos normativos tales como la Directiva relativa a la no discriminación en el empleo basada en motivos de edad y la nueva estrategia en materia de salud y seguridad en el trabajo, expresamente señala que su objetivo es el de identificar y evaluar las experiencias y las buenas prácticas de los Estados miembros, sin ánimo de exhaustividad, en materia de envejecimiento activo.

En la segunda parte presenta de forma sintética el reto del cambio demográfico y las consecuencias previstas del mismo, con una disminución en 20 millones del número de personas en edad de trabajar, en 2030, y la fijación del ratio activo/pasivo en 2/1 en la misma fecha, lo que habrá de exigir de las empresas actividades innovadoras, productivas y competitivas contando con una mano de obra sustancialmente mayor que la que hoy está incorporada a ellas, actuando para eliminar barreras y establecer medidas y prácticas que incentiven a continuar trabajando, mejorando la empleabilidad de los trabajadores mayores y ofreciéndoles condiciones que faciliten su adaptación al cambio, con el consiguiente cambio de actitud tanto por parte de las empresas como de los propios trabajadores, sin olvidar las actuaciones desde el campo de la política y del de los agentes sociales para mejorar las oportunidades de los trabajadores mayores y prolongar la vida activa.

La parte central del Informe se ocupa de las estrategias puestas en práctica para impulsar el envejecimiento activo en cuatro áreas de actuación política interrelacionadas, vinculadas a los elementos de flexiguridad de las políticas activas del mercado de trabajo, del aprendizaje durante toda la vida y de la protección social.

En cuanto a la superación de las barreras del empleo para el envejecimiento activo, habida cuenta del riesgo de los trabajadores mayores de perder el trabajo en los casos de reestructuración y de reducción de plantillas y de las dificultades para encontrar un nuevo empleo, ante la resistencia de los empresarios a contratar a trabajadores mayores de 50 años, se recogen las experiencias en relación con la promoción del empleo a través de incentivos para el trabajo, mediante servicios y atención personalizada por parte de los ser- Page 303vicios de empleo, incentivos financieros para las empresas que contraten a trabajadores mayores desempleados, prioridad a los trabajadores mayores para participar en medidas de actuación para incorporarse al mercado de trabajo; con el cambio de actitudes y de prácticas en cuanto al empleo de los mayores y la lucha contra la discriminación por razón de la edad; y el papel principal que deben desempeñar los agentes sociales, implicándose en el desarrollo de nuevos programas y en la búsqueda de soluciones flexibles que permitan conciliar las necesidades económicas y sociales de los actores del mercado de trabajo en beneficio tanto de las empresas como de los trabajadores.

Entre las buenas prácticas que se relacionan expresamente en este apartado, se incluyen la experiencia de Bélgica de la gestión activa de las reestructuraciones, a partir de 2006; la iniciativa 50 plus, de Alemania, a través de la legislación para mejorar las oportunidades de empleo de las personas mayores; las medidas de apoyo al cambio de trabajo de los trabajadores mayores con problemas de salud o trabajos con riesgo para ésta, desarrolladas en sectores específicos a través de proyectos piloto, puestas en práctica en Países Bajos; el programa "más de 50", de Polo- nia; el programa de intervención para trabajadores activos mayores de 55 años, de Portugal, con más de 15.000 personas incorporadas al mercado de trabajo en 2006; y el programa del Reino Unido dirigido a los mayores de 50 años preceptores de prestaciones de incapacidad para facilitarles su reincorporación al mercado de trabajo.

En cuanto a la supresión de las barreras en el aprendizaje y la formación para el envejecimiento activo, se presentan los incentivos financieros para los empresarios a fin de pro- mover la formación durante toda la vida de los trabajadores mayores, la participación de los agentes sociales en las estrategias, programas y campañas nacionales, la orientación profesional, y las medidas de formación y aprendizaje, adaptadas a través de métodos y formas adaptados a los trabajadores mayores.

Entre las buenas prácticas se citan las desarrolladas en Dinamarca, a través de la negociación tripartita en 2006 para el refuerzo de la formación continua y de adultos, dotada con una financiación de 134 millones de euros; en Portugal, mediante la iniciativa dedicada a las nuevas oportunidades; en Suecia, mediante el programa de Educación y Formación Profesional Avanzada que incide en la formación en el lugar de trabajo; y en el Reino Unido, con su programa Formación para Ganar, que ofrece a los empresarios asesoramiento y acceso a formación de calidad dando respuesta a sus necesidades con la adecuada formación.

Respecto a las barreras del entorno laboral inadecuado para el envejecimiento activo, el Informe incluye estrategias referidas a la salud y la seguridad y el medio ambiente laboral, en particular desde la perspectiva de la prevención de riesgos relacionados con la edad; el diseño y la planificación de los lugares y puestos de trabajo y del entorno de los mismos con el fin de compensar las consecuencias de la reducción de las capacidades y aptitudes físicas derivadas del envejecimiento; el cambio de actividades en las organizaciones y las iniciativas y actividades de sensibilización entre los responsables de recursos humanos y gestores de servicios de empleo, selección y reclutamiento de trabajadores respecto de las ventajas del empleo de trabajadores mayores; las actuaciones de los agentes sociales; la legislación laboral sobre flexibilización del tiempo de trabajo y sobre remuneración por antigüedad; la práctica del trabajo flexible respecto de la jubilación gradual, de la edad de la jubilación, incluyendo la posibilidad de retrasarla más allá de la edad ordinaria, y de la realización del trabajo a tiempo parcial.

En el capítulo de las buenas prácticas se señalan las de Francia, con el Plan de Acción Nacional para el empleo de los trabajadores mayores (2006-2010), Alemania y su iniciati- Page 304va conjunta del gobierno federal, los estados federados, las instituciones de seguridad social, los agentes sociales, las fundaciones Bertelsmann y Hans-Bückler y la industria privada para promover la calidad del trabajo combinando las expectativas de salud de los trabajadores y la necesidad de alcanzar la competitividad que exige la economía, y España con el contrato de relevo para la contratación de trabajadores desempleados o por tiempo determinado, para cubrir el tiempo correspondiente a la reducción de la jornada del trabajador que accede voluntariamente a la jubilación parcial.

En relación con la supresión de las barreras existentes en los sistemas de protección social sostenibles para el envejecimiento activo, las medidas adoptadas en los Estados miembros se refieren a la elevación de la edad de jubilación para tener derecho a percibir pensión y la exigencia de mayores periodos de cotización junto a la reducción de los regímenes de jubilación anticipada; al establecimiento de incentivos para continuar trabajando más allá de la edad en la que se adquiere el derecho a la pensión de jubilación, admitiendo también la posibilidad de jubilación parcial compatible con el trabajo igualmente a tiempo parcial, y la reducción del periodo de duración máxima de la percepción de las prestaciones por desempleo; y los incentivos destinados a los empresarios que contraten o mantengan en el trabajo a trabajadores mayores, normalmente en forma de exenciones en las contribuciones a la financiación del sistema de seguridad social.

Entre los ejemplos de buenas prácticas que se enumeran, se incluyen los de Austria, por medio de la reducción de los costes no salariales de los trabajadores mayores a través de un programa que cancela las contribuciones al seguro de desempleo para las mujeres a partir de los 56 años y para los hombres a partir de los 58 años, completada a partir de los 60 años con la cancelación de las contribuciones del seguro de accidentes de trabajo y el establecimiento de un sistema de incentivos y desincentivos en relación con el seguro de desempleo al contratar o despedir a trabajadores mayores de 50 años; Finlandia, con un conjunto de medidas de flexibilización para los trabajadores y los empresarios; Luxemburgo, a través del reembolso de las cotizaciones de los trabajadores mayores de 45 años en situación de desempleo durante al menos un mes cuando son contratados hasta que pueden beneficiarse del derecho a pensión; y España, con las medidas incentivadoras tanto para empresarios como para trabajadores para que éstos continúen trabajando más allá de la edad legal de jubilación.

La cuarta parte del informe se ocupa de un enfoque general y de la necesidad de establecer una estrategia integral, con participación de los agentes sociales, en relación con las prácticas de cambio de trabajo y la creación de mejores oportunidades de empleo de los trabajadores mayores, el cambio de actividades y la promoción de cultura que valore las competencias y el conocimiento que pueden ofrecer los trabajadores mayores, y con la promoción de buenas prácticas en la gestión de la edad, especialmente respecto de la formación en el lugar de trabajo, y a partir de un enfoque relacionado con la sensibilización y la lucha contra los prejuicios respecto de los trabajadores mayores.

En la última parte, el Informe señala que la mejora de los enfoques del envejecimiento activo plantea una serie de cuestiones:

* Las barreras a la empleabilidad de los trabajadores mayores pueden superarse por medio del aumento de la formación, estableciendo programas de trabajo más flexibles, adaptables a las necesidades de los trabajadores y a mejores condiciones de trabajo.

* Debe prestarse atención especial a las personas mayores desempleadas que se enfrentan a dificultades particulares para reincorporarse al mercado de trabajo.

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* Las cualificaciones y las competencias requeridas para trabajo retribuido tienen que ser mejoradas durante todo el ciclo de vida, de modo que los trabajadores mayores sean animados a participar en proyectos de educación y formación por parte de sus empresarios.

* Dado que las tasas de participación femenina son menores que la masculina entre los trabajadores mayores, debe tenerse en cuenta esta circunstancia al establecer la estrategia para movilizar la oferta de trabajo de las personas mayores.

* En el marco de las reformas de las pensiones es importante encontrar el equilibrio correcto entre fomentar el retraso de la jubilación, suprimiendo vías para la jubilación anticipada y aumentando la flexibilidad en las opciones de la jubilación.

* La perspectiva del ciclo de la vida es esencial, por lo que la preparación para el envejecimiento activo debe iniciarse antes de alcanzar la edad de jubilación.

* No cabe solo utilizar parámetros únicos, ya que las buenas prácticas ponen de manifiesto la procedencia de acciones integrales en diferentes direcciones políticas.

* Los agentes sociales tienen un papel esencial a desempeñar a la hora de abordar y promover el envejecimiento activo.

* La sensibilización del cambio demográfico y su impacto son esenciales para conseguir el cambio de actitudes y explicar las medidas políticas para el envejecimiento activo.

* Las medidas de seguimiento y de evaluación son importantes para las políticas de aplicación.

* Se necesita un mayor intercambio de buenas prácticas sobre el envejecimiento activo.

* Las buenas prácticas ponen de manifiesto el progreso de los Estados miembros respecto de los objetivos de Lisboa, Estocolmo y Barcelona, y se subraya el hecho de que éstos y los agentes sociales deberían intensificar sus esfuerzos a través de medidas concretas para trabajar en relación con estos objetivos.

A partir del informe sobre el envejecimiento activo, el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social, han elaborado una opinión conjunta sobre el envejecimiento activo que han propuesto al Consejo para su respaldo por éste, con el objetivo de ayudar a los Estados miembros a aumentar los esfuerzos para eliminar las barreras que subsisten en áreas políticas por medio de mensajes políticos operativos establecidos sobre la base de intercambios de experiencias y de buenas prácticas, centrándose fundamentalmente en la relación del envejecimiento activo en el empleo, de modo que sea el resultado de un enfoque comprensivo y sea apoyado por políticas relacionadas con el mercado de trabajo, el aprendizaje durante toda la vida, el entorno laboral, la salud y la seguridad en el trabajo y la reforma de la protección social, además de la aplicación de la perspectiva de género.

Este objetivo se apoya en una serie de constataciones, entre ellas, la de la consideración del aumento de la esperanza de vida en Europa como un logro social extraordinario que, sin embargo, plantea una serie de retos a las sociedades europeas en el ámbito del empleo y la protección social, por lo que la reforma de las políticas en ellos debe situarse en el centro mismo de las actuaciones para la promoción del envejecimiento activo, dirigidas a aumentar las tasas de empleo, la productividad, la natalidad y la migración, junto a unas finanzas públicas saneadas que puedan contrarrestar las consecuencias negati- Page 306vas del envejecimiento, cuantificadas en la reducción de la fuerza de trabajo disponible en 2030 en más de veinte millones de personas y del crecimiento económico a la mitad en las próximas décadas; y la del papel de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, de aumentar la tasa de empleo de los trabajadores mayores de 55 años al 50% en 2010 y retrasar la edad media de jubilación efectiva en cinco años, como factores de sensibilización de la necesidad de promover el envejecimiento activo, que a pesar de los progresos logrados hacen necesarios mayores esfuerzos y mejoras para elevar al 42,5% la tasa de empleo de los trabajadores mayores y la edad de salida el mercado de trabajo por encima de la cifra de 60,9, alcanzados en 2005.

Los mensajes operativos de la opinión se refieren a:

* la consideración de la conciencia del cambio demográfico y de su impacto como precondición para provocar cambios de actitud y llevar adelante reformas políticas para el envejecimiento activo, que pasan por un enfoque político integral que incluya políticas de flexiguridad, de modo que mientras la dimensión de flexibilidad puede estimular el envejecimiento activo la de seguridad durante las transiciones puede apoyar la aceptación del cambio y la adaptación a una vida laboral más prolongada;

* las barreras a la empleabilidad deberían ser eliminadas. La correcta aplicación de la lucha contra la discriminación debe completarse con medidas para promover activamente los beneficios de una fuerza de trabajo diversificada por razón de la edad y suprimir los impedimentos relacionados con la edad para el reclutamiento y la permanencia en el empleo, la provisión de servicios personalizados para mantener y reincorporar a los trabajadores mayores al empleo, la puesta a disposición de programas de incentivos financieros para las empresas o de ingresos garantizados para los trabajadores, a fin de fomentar la participación en el empleo, la prevención de la salida del mercado de trabajo por razones de salud disponiendo de tareas adaptadas a las capacidades de las personas por medio de la movilidad intersectorial, y prevenir y remediar la inactividad, facilitando el retorno al trabajo, y asegurar apoyos, especialmente en casos de reestructuración;

* las barreras al aprendizaje y la formación deberían ser suprimidas para adaptarse al cambio tecnológico y organizativo mediante programas especiales para actualizar las competencias de los trabajadores mayores, al objeto de aumentar la baja tasa de participación de éstos, a través de mecanismos financieros, para que los empresarios asuman más responsabilidades para capacitar y motivar a sus trabajadores, y de la rotación en el trabajo, que hace posible el aprendizaje en el trabajo, medidas que junto a la formación durante toda la vida son las que más pueden beneficiar a los trabajadores en situación de mayor riesgo;

* la existencia de lugares de trabajo saludables y la buena gestión de la salud ocupacional son factores críticos en la reducción de los obstáculos para el envejecimiento activo, por lo que un enfoque a partir del ciclo de vida total de las políticas de recursos humanos para la gestión del envejecimiento activo, que incluya adaptaciones en la organización del trabajo, la inversión en los lugares de trabajo, y el diseño de tareas, debería convertirse en algo común y tener en cuenta las dificultades de adaptación producidas por las reglas sobre protección del empleo;

* los sistemas de protección social necesitan adaptarse en respuesta al envejeci- Page 307 miento y al desarrollo en los mercados de trabajo, por lo que los Estados miembros deberían continuar reforzando los incentivos para prolongar la vida activa, desarrollando los sistemas de atención a los mayores, haciendo el trabajo económicamente más atractivo, reduciendo el acceso a las jubilaciones anticipadas y flexibilizando el momento de la jubilación, combinándolo con incentivos para trabajar y la organización adecuada del trabajo, teniendo en cuenta los objetivos de adecuación y sostenibilidad, la relación entre contribuciones y prestaciones y la mejora de la gestión económica y financiera de los sistemas de protección social.

Concluye la opinión refiriéndose al reparto de competencias entre los gobiernos y los agentes sociales, de modo que mientras aquellos asuman la aplicación de las condiciones marco para abordar las consecuencias del envejecimiento demográfico, éstos se ocupen de las soluciones flexibles y del establecimiento de medidas concretas para conciliar las necesidades económicas y sociales de los actores del mercado de trabajo, de manera que las políticas sean constantemente seguidas y evaluadas para suprimir efectivamente las barreras que todavía existen para el envejecimiento activo.

En la órbita de las cuestiones relacionadas con el futuro del cambio demográfico se inscribe la adopción por parte del Consejo EPSCO, en la sesión del 30 de mayo de 2007, de las Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en Consejo sobre la importancia de las políticas favorables a la familia en Europa y el establecimiento de una Alianza para las Familias, tras el intercambio de puntos de vista sobre la iniciativa de la Presidencia por la que se establece una Alianza para las Familias, en torno a las áreas relacionadas con la familia, respecto de las que los Estados miembros contribuirán al inter- cambio de opiniones y de información, y al conocimiento, experiencias y hechos que los Estados miembros necesitarán tener a su disposición para enmarcar las políticas nacionales de apoyo a las familias, al papel de los instrumentos existentes o nuevos, tal como el Grupo de Alto Nivel sobre la demografía, y las formas de cooperación, entre ellas, las actividades de investigación conjuntas, las actividades de revisión entre iguales, la implicación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil, a propósito de este tema.

A partir del acuerdo del Consejo Europeo de primavera de 2007 sobre el papel del establecimiento de una Alianza para las Familias como plataforma para el intercambio de opiniones y conocimiento de políticas favorables a la familia y de buenas prácticas entre los Estados miembros para hacer frente mejor al cambio demográfico; del papel de los Estados miembros para encontrar respuestas políticas a las bajas tasas de natalidad y al aumento de la participación en el trabajo mediante políticas favorables a la familia, reflejado en la Comunicación de la Comisión sobre el futuro demográfico de Europa; de la Resolución del Consejo, de 22 de febrero de 2007, en la que se subraya que para hacer frente al cambio demográfico han de aumentarse los esfuerzos para hacer posible que los hombres y mujeres que deseen trabajar y las familias que quieran tener más hijos puedan hacerlo sin tener que sacrificar sus carreras profesionales, promoviendo la igualdad de género, y facilitando la conciliación de vida familiar y privada y vida laboral, teniendo en cuenta la participación igualitaria de los padres en las tareas familiares; de la constatación de que los países que han alcanzado una mayor tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo y mayor progreso en la igualdad de Page 308género tienen mayores tasas de fertilidad; de la Decisión de la Comisión de crear un Grupo de Alto Nivel sobre demografía para asesorar a la Comisión en el proceso de seguimiento del cambio demográfico; de la Hoja de Ruta de la Comisión para la igualdad entre hombres y mujeres y del Pacto sobre la Igualdad de Género, adoptado por el Consejo Europeo de marzo de 2006, que establece como priori- tarias las políticas de conciliación del trabajo con la vida privada y familiar para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, y del Informe sobre igualdad entre mujeres y hombres 2007, en el que se destaca que las respuestas políticas al cambio demográfico deberán tener en cuenta el principio de igualdad de trato; del Pacto Europeo por la Juventud, adoptado por el Consejo Europeo de marzo de 2005, que hace hincapié en la necesidad de conciliar mejor trabajo y vida privada y familiar para facilitar la creación de una familia a los jóvenes al tiempo que participan plenamente en actividades de formación y educación y para acceder al mercado de trabajo; de la opinión del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de marzo de 2007, en la que se declara que las familias son una fuente de prosperidad económica, cuando los dos cónyuges trabajan, y que los Estados miembros deberían incorporar la dimensión de la familia a sus políticas económica y social y que la UE debería difundir las mejores prácticas para promover una política familiar sostenible; de la valoración máxima de las herramientas y objetivos de la UE en el marco de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo para la mayor conciliación de la vida familiar, privada y de trabajo y el desarrollo de respuestas políticas al cambio demográfico (aumento de la tasa de empleo femenino por encima del 60% en 2010; desarrollo de indicadores sobre servicios de atención a niños y personas dependientes; y compromiso de disponer de servicios de acogida para, al menos, el 90% de los niños entre 3 y 6 años, y el 33% de los niños de menos de 3 años en 2010); y del anuncio de la Comisión de que en 2008 presentará una comunicación sobre la evaluación del progreso de los Estados miembros en relación con los objetivos indicados en cuanto a la atención a los niños, el Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros destacan en las conclusiones que:

* deberá recurrirse a estrategias coherentes y a largo plazo para hacer frente a los retos derivados de las consecuencias para la estructura de la vida social y para la economía de los cambios en la composición de la población debidos al cambio demográfico;

* la baja tasa de natalidad en muchos países europeos es consecuencia del desequilibrio social derivado del hecho de la escasa puesta en práctica de la igualdad de oportunidades, de género y de condiciones adecuadas para conciliar vida laboral, familiar y privada y de la sobrecarga que sufren las familias, y en particular las mujeres, a consecuencia de la atención a los hijos y a las personas dependientes ante la falta de servicios suficientes y de calidad, lo que impide planificar y organizar su vida;

* prestar apoyo a las familias en toda su diversidad e impulsar el bienestar de los niños no es fundamental sólo para mejorar la calidad de vida sino también para el desarrollo económico de Europa; para ello, las medidas a adoptar deberían fomentar la igualdad de oportunidades de los niños en materia de educación, formación y acceso a la actividad laboral y permitir la conciliación del trabajo, la familia y la vida privada tanto a las mujeres como a los hombres;

* las políticas familiares sostenibles tienen un papel que desempeñar en la mejora de la cohesión social y en el desarrollo económico sano, para lo que las medidas nacionales deben coordinar: la mejora de la infraestructura social a fin de permitir el acceso y la per- Page 309manencia en la vida activa de las personas con responsabilidades respecto de la atención a niños y dependientes; los objetivos de apoyo a las familias, para compensar mejor los costes de la crianza de los niños, y con consideración especial de las necesidades de las familias monoparentales y de las que tienen un gran número de hijos; las mejores condiciones que permitan organizar el tiempo de trabajo y mantener el mejor equilibrio posible entre la seguridad en el empleo y la flexibilidad durante todo el ciclo vital en beneficio de la vida familiar, entre ellas los acuerdos sobre permisos parentales y para atención a personas dependientes y niños en beneficio de las mujeres y los hombres;

* la Unión Europea debe recordar la aplicación del principio de subsidiariedad en la formulación de las políticas sostenibles a favor de la familia y la contribución de los intercambios de experiencias para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa renovada respecto del crecimiento y el empleo y de la cohesión social;

* la Alianza para las Familias constituye una plataforma para el intercambio de puntos de vista y de conocimientos y representa un compromiso sostenible de la Unión Europea y los Estados miembros para priorizar, en el marco del cambio demográfico, las cuestiones relativas a las políticas favorables a la familia, apoyarse mutuamente en la búsqueda de respuestas políticas para el futuro y adquirir conocimientos y experiencias disponibles para todos los actores; a nivel europeo los instrumentos, recursos y organismos existentes deben ser utilizados para este fin de forma coherente y efectiva.

De esta forma, propone conjuntamente a los Estados miembros y a la Comisión que:

* tengan en cuenta los objetivos nacionales, los proyectos y los logros alcanzados frente a los retos demográficos en los informes sobre la aplicación de la Estrategia de Lisboa renovada, describiéndolos aquellos en los PNR y la Comisión describiendo el estado de preparación de los Estados miembros ante los cambios demográficos al elaborar su informe de progreso bianual;

* el Comité de Protección Social y el

Comité de Empleo tengan en cuenta las necesidades de las familias, especialmente respecto a las responsabilidades de atención a niños y personas dependientes, al examinar las medidas de apoyo más efectivas para asegurar los estándar de vida adecuados, conciliar vida laboral y familiar y prevenir la pobreza, y al formular propuestas de acción política para promover la participación de los padres en el mercado de trabajo, condiciones de trabajo favorables a la familia, la disponibilidad de servicios y de beneficios para las personas con responsabilidades familiares que deseen participar en la vida activa; y el Grupo de Alto Nivel sobre Demo- grafía, organismo consultivo de la Comisión, contribuya a la evaluación global de cómo abordar los desafíos de la demografía, estimulando el intercambio de buenas prácticas y políticas favorables a la familia, actuando unos y otro de forma complementaria;

* incorporen y difundan en el portal público de Internet la información suministrada por los Estados miembros, los agentes sociales y las ONG sobre las medidas adoptadas y el progreso alcanzado en el contexto de la Alianza para las Familias.

En exclusiva le solicita a la Comisión que:

* establezca una plataforma en la que todas las partes interesadas (Estados Page 310miembros, agentes sociales, organizaciones de la sociedad civil) puedan aprender unos de las experiencias de otros y aplicarlas para mejorar las condiciones para las familias, para lo que invita a la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo a establecer un observatorio que, junto con los Estados miembros y los agentes sociales, se ocupe de recopilar información, procesarla y tenerla disponible sobre iniciativas locales, regionales y de empresas para aumentar el impacto favorable sobre la familia, especialmente en lo relativo a la mejor conciliación de trabajo, familia y vida privada; dirija y promueva, en el marco del séptimo programa marco de investigación, y con la participación del Instituto Europeo para la Igualdad de Género y de la OCDE, investigaciones sobre la situación de las familias y sobre las políticas favorables a ellas para conocer su eficacia y cómo interactúan con otras políticas; promueva el papel del Grupo de Alto Nivel sobre Demografía como plataforma para el intercambio de opiniones con los agentes sociales y la sociedad civil, implicándoles en el establecimiento de la Alianza para las Familias; tenga en cuenta de forma apropiada las cuestiones de la familia en los futuros informes y foros sobre demografía; y asegure que los actores locales y regionales que quieran organizar foros y establecer asociaciones entre ciudades y a nivel regional, puedan beneficiarse de intercambios internacionales; y

* evalúe los progresos logrados por la

Alianza de las Familias y presente sus resultados durante el Foro Europeo de la Demografía 2010.

Finalmente, solicita a los Estados miembros que:

* aprovechen intensivamente las oportunidades para realizar los intercambios de experiencias y de opiniones que ofrece la Alianza para las Familias y contribuyan al trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre Demografía;

* establezcan una estrecha colaboración con los agentes sociales, las empresas y las ONG cuando organicen foros a todos los niveles sobre temas relacionados con la demografía y la familia;

* utilicen las posibilidades que ofrecen los

Fondos Estructurales y otros instrumentos financieros europeos para asegurar el soporte financiero apropiado para las iniciativas favorables a la familia, tales como organización de foros y asociaciones para promover el empleo a través de la conciliación de trabajo, familia y vida privada, facilitando el acceso a servicios de atención a niños y personas dependientes y adaptando la organización del trabajo a las necesidades de las familias;

* adopten las medidas adecuadas para promover el reparto igual de responsabilidades en materia de atención a niños y dependientes entre mujeres y hombres;

* usen la información disponible referente a las diversas políticas nacionales de familia, intensificando los intercambios a nivel europeo, para identificar posibles mejoras a introducir en los marcos propios de apoyo a las familias.

La Comisión ha presentado durante la sesión del Consejo EPSCO de 30 de mayo una Comunicación referida a la promoción de la solidaridad entre las generaciones adoptada el 10 de mayo, en el marco de las actuaciones y debates centrados en el tema del futuro de la demografía de Europa y sobre el envejeci-Page 311miento demográfico al que añade la perspectiva de la mejora de las condiciones de la vida familiar, mediante el equilibrio y la conciliación de la vida profesional, la vida privada y la vida familiar, y la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades, consideradas condiciones clave para el establecimiento de una nueva relación de solidaridad intergeneracional, en la que acoge favorablemente la iniciativa de una Alianza Europea a favor de la Familia, describe las políticas de los Estados miembros de apoyo a la vida familiar (compensación de los costes directos e indirectos por medio de prestaciones o ayudas fiscales a los responsables de niños o personas dependientes; servicios de apoyo a los padres para la educación y la atención de los niños y servicios para las personas dependientes en una sociedad envejecida; y la organización de las condiciones de trabajo y de empleo) en proceso de adaptación, a partir de la conciliación de las políticas de familia en el conjunto de otras políticas (educación, inclusión social y profesional de los jóvenes, empleo, vivienda, transporte, salud, etc), de la descentralización de actividades, individualización de derechos y prestaciones y de la orientación de los gastos a la participación del trabajo y asegurar la salida de las situaciones de pobreza, y en la toma en consideración de los cambios en los respectivos papeles de hombres y mujeres en la sociedad; destaca la importancia de promover el empleo y la igualdad de oportunidades, fomentando la natalidad, promoviendo el bienestar de los ciudadanos a través de la igualdad de oportunidades para todos, luchando contra la pobreza entre ciertas familias, o creando marcos que favorezcan la vida familiar con el fin de atraer o retener a los trabajadores cualificados; señala el papel de las políticas de empleo y de igualdad de oportunidades de la UE en la calidad de vida familiar y su impacto sobre las políticas nacionales de los Estados miembros y las realizaciones de la Estrategia de Lisboa y sus directrices y orientaciones como instrumento para lograr el equilibrio entre la vida profesional, familiar y privada y el desarrollo de las futuras iniciativas a desarrollar en 2007 y 2008, en forma de consulta con los interlocutores sociales sobre el contenido de posibles nuevas propuestas legislativas y no legislativas, medidas concretas para luchar contra la pobreza infantil según el mandato del Consejo Europeo en el ámbito del desarrollo y la modernización de infraestructuras y servicios de calidad para las personas mayores dependientes, y la continuidad de la consulta para conocer la realidad social en Europa, a fin de disponer de información nueva y actualizada para poder encontrar las respuestas políticas alcanzadas en términos de igualdad de oportunidades y de acceso a servicios para todas las generaciones.

La Alianza Europea a favor de las Familias, plataforma para el intercambio y conocimiento de las políticas a favor de las familias y las mejores prácticas existentes en los Estados miembros para hacer frente a los retos del cambio demográfico, impulsada por el Consejo Europeo de primavera 2007, será el pretexto para que la Comisión desarrolle y ponga en marcha herramientas y mecanismos (grupo de alto nivel de expertos gubernamentales en temas demográficos; organización de redes y de foros a nivel europeo, nacional, regional y local para hacer balance de la situación demográfica y de la aplicación de las directrices establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre el futuro demográfico de Europa; el establecimiento de un observatorio sobre las mejores prácticas de política familiar, cuyas informaciones sirvan para el trabajo de los foros europeos y descentralizados, en la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, y el apoyo, a través del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, de investigaciones relacionadas con la demo- grafía y la familia, y la cooperación de la Comisión, con las bases de datos de la OCDE sobre la familia) para lograr el objetivo que se pretende con el lanzamiento de la Alianza y establecer el mejor nivel de equilibrio entre la Page 312vida profesional, familiar y privada, por medio de la cooperación y la asociación de todas las partes interesadas y contando con los recursos de los Fondos Estructurales.

Como conclusión, la Comisión señala que las políticas de la familia nacionales fortalecerán la solidaridad entre las generaciones a través de la mejora de la respuesta a las necesidades de las familias en cuanto la atención a los hijos y a las personas dependientes y la distribución más equilibrada de responsabilidades familiares y domésticas, de modo que contribuyan al crecimiento y el empleo al facilitar la participación de las mujeres en el mundo del trabajo y que, a su vez, la Estrategia de Lisboa y la relevancia que en ella se da a la igualdad entre mujeres y hombres y a la igualdad de oportunidades constituye el marco de apoyo adecuado para el desarrollo de aquéllas.

En el apartado de las condiciones de trabajo, y más específicamente a propósito del trabajo de calidad, el Consejo EPSCO, en su sesión de 30 de mayo de 2007, ha adoptado una Resolución sobre la nueva Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo, vigente durante el periodo 2007-2012, que trae su antecedente de la Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 2007, titulada "Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: Estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)".

En esta Comunicación, la Comisión, en la línea iniciada por la nueva estrategia comunitaria para el periodo 2002-2006, basada en un enfoque global de bienestar en el trabajo, que tuviera en cuenta la evolución del mundo laboral y la aparición de nuevos riesgos, en particular psicosociales, y a la vista de sus resultados, que según las conclusiones del informe de evaluación ponen de manifiesto que esta estrategia ha reactivado las políticas de prevención a escala nacional, ha aportado Page 314argumentos a favor de una cooperación para alcanzar objetivos comunes, ha instado a las partes interesadas en la prevención a reflexionar estratégicamente sobre la forma de alcanzar estos objetivos, ha sensibilizado a la opinión pública sobre la importancia de la salud y la seguridad en el entorno laboral, y ha determinado el reconocimiento por parte de los Estados miembros del enorme coste económico de los problemas de la salud y la seguridad en el trabajo, que afectan negativamente al crecimiento económico, a la productividad y a la competitividad de las empresas en la Unión Europea, y teniendo en cuenta los objetivos de los Consejos Europeos de Estocolmo y de Barcelona, en relación con el empleo y la permanencia en el mercado de trabajo de los trabajadores de más edad, de modo que tanto las políticas nacionales como las de la UE, deben contribuir a crear entornos laborales y servicios de salud en el trabajo que permitan a los trabajadores participar plenamente en la vida profesional hasta la vejez, así como la disminución importante de la cifra de accidentes de trabajo, tanto en la tasa de accidentes mortales como en la de los que supusieron una baja en el trabajo superior a tres días, la Comisión, en esta nueva Estrategia 2007-2012, se propone una serie de objetivos cuantitativos y cualitativos.

Como objetivo cuantitativo pretende reducir la tasa global de accidentes de trabajo en un 25% durante todo el periodo, y como objetivos específicos cualitativos: garantizar la aplicación correcta de la legislación de la UE; apoyar a las PYME en este menester; adaptar y simplificar el marco jurídico a la evolución del mercado de trabajo, teniendo en cuenta especialmente a las PYME; fomentar el desarrollo y la puesta en práctica de las estrategias nacionales; fomentar cambios en los comportamientos de los trabajadores y animar a los empresarios para que adopten medidas y enfoques que favorezcan la salud; elaborar métodos para la identificación y evaluación de nuevos riesgos; impulsar el seguimiento de los progresos logrados; y pro- mover la salud y la seguridad a escala internacional.

Al establecer estos objetivos la Comisión trata de responder a los retos que subsisten y a los nuevos en materia de salud y seguridad en el trabajo, que afectan a algunas categorías de trabajadores (jóvenes, con empleo precario, de más edad, y migrantes), a algunas categorías de empresas más vulnerables, en particular las PYME, y a algunos sectores de actividad más peligrosos (construcción/ obras públicas; agricultura; pesca; transporte; salud y servicios sociales), derivados de la evolución demográfica y del envejecimiento de la población activa, de las nuevas tendencias del empleo y la organización del trabajo (trabajo por cuenta propia, subcontratación, empleo en PYMES), de los flujos migratorios crecientes, de la mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, del aumento de algunos tipos de enfermedades profesionales, y de los cambios en la naturaleza de los riesgos profesionales por las innovaciones, la aparición de nuevos factores de riesgo (violencia, acoso sexual y moral) y la transformación del trabajo.

En consecuencia, este nuevo programa de acción en materia de salud y seguridad en el trabajo pasa por:

* Crear un marco legislativo moderno y eficaz, y para ello propone: reforzar la aplicación de la legislación comunitaria, de modo que las estrategias nacionales prioricen la aplicación de los instrumentos disponibles para garantizar un nivel elevado de cumplimiento de aquella, en particular en las PYME y en los sectores de alto riesgo, al tiempo que la Comisión, a través del Programa PROGRESS, siga elaborando guías prácticas para la aplicación correcta de las Directivas relativas a las obras de construcción temporales y móviles, los campos electromagnéticos y las radiaciones ópticas, contando con los dictámenes científicos del Comité científico Page 315sobre los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados; examinar las modalidades de cooperación entre empresarios cuando en un mismo lugar de trabajo coexistan varios niveles de subcontratación, y la posibilidad de adoptar una recomendación para que los Estados miembros faciliten el acceso a servicios de prevención de calidad de las empresas, en especial en las PYME, y con el papel de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, centrado en la sensibilización, promoción y difusión de buenas prácticas en los sectores de alto riesgo y en las PYME; incrementar la cooperación en el control de la aplicación de la legislación, a través de los trabajos del Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, y la simplificación del marco legislativo existente y la adaptación a los cambios, para lo que continuará sus trabajos sobre posibles iniciativas destinadas a reforzar la prevención de riesgos (osteomusculares, de los agentes cancerígenos y de infección por pinchazo con agujas), adoptará una tercera lista de valores indicativos para los agentes químicos, informará de la evaluación de las directivas sobre las obras de construcción temporales o móviles, señalización de seguridad y/o de salud en el trabajo, industrias extractivas por sondeos y a cielo abierto o subterráneas, asistencia médica a bordo de buques y buques de pesca, y evaluará las medidas adoptadas en las Recomendaciones relativas a los trabajadores autónomos y a la lista europea de enfermedades profesionales; continuar los trabajos de codificación de las directivas sobre salud y seguridad para su simplificación, reduciendo la carga administrativa que suponen sin afectar al logro de los objetivos que persiguen; modificar y mejorar la composición y funcionamiento del Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo; y promover la elaboración de una metodología común de evaluación de las directivas en mate- ria de salud y seguridad en el trabajo, simplificando y racionalizando los informes sobre su aplicación práctica.

* Fomentar el desarrollo y la puesta en práctica de las estrategias nacionales, contando para ello con el Comité Consultivo de Salud y Seguridad en el Trabajo, de modo que se elaboren de forma coherente y ofrezcan niveles de protección equivalentes en toda la Unión Europea, mediante: el incremento de la eficacia preventiva de la vigilancia de la salud, por medio de procedimientos sistemáticos de recogida y análisis de los datos facilitados a través de la vigilancia médica de los trabajadores, potenciando el papel más activo de los sistemas sanitarios nacionales; la actuación a favor de la rehabilitación y la reintegración de los trabajadores excluidos del mundo laboral durante un largo periodo de tiempo debido a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o situaciones de discapacidad; el afrontar los cambios sociales y demográficos, contando para ello con el papel de la Agencia Europea y su Observatorio de riesgos y su análisis de los retos que plantea en materia de salud y seguridad la mayor integración de las mujeres, los migrantes, los jóvenes y las personas de más edad en el mercado de trabajo; y el refuerzo de la coherencia de las políticas de salud y seguridad en el trabajo con las de salud pública, desarrollo regional y cohesión social, contratos públicos, y empleo y reestructuraciones, examinando las posibilidades de los programas y fondos comunitarios para contribuir a la promoción de mejores niveles de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

* Promover los cambios de comportamiento, integrando la salud y la seguridad en los programas de educación y de

Page 316formación, a fin de desarrollar una cultura de prevención de riesgos, para lo que, a partir del estudio que realice la Agencia Europea, la Comisión considerará la conveniencia de presentar una propuesta de recomendación, además de pedir a los Estados miembros que utilicen el potencial del FSE y de otros fondos comunitarios para desarrollar proyectos de formación de empresarios y trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo; propiciará la existencia de lugares de trabajo más sanos y seguros, a través del incremento del capital salud y del fomento de la sensibilización dentro de las empresas, de modo que éstas, en particular las PYME, tengan acceso a asistencia técnica y asesoramiento técnico en cuanto a la promoción de la salud de los trabajadores y la Agencia Europea y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo apoyen y analicen los efectos de las campañas de promoción de la salud en el trabajo, en sinergia con la estrategia y los programas comunitarios de salud pública; y al tiempo los interlocutores sociales adopten iniciativas en el marco del diálogo social sectorial velando por el refuerzo del papel de coordinación de los representantes de los trabajadores en el contexto de la gestión sistemática de los riesgos profesionales.

* Hacer frente a nuevos riesgos cada vez más importantes, a través de su identificación, para lo que se pide a la Agencia Europea, que promueva entre los institutos nacionales de investigación en materia de salud y seguridad el establecimiento de prioridades comunes, el intercambio de resultados y la inclusión de las necesidades en materia de salud y seguridad en el trabajo en los programas de investigación, y al Observatorio de riesgos, que mejore la anticipación a ellos, incluidos los ligados a las nuevas tecnologías, a los riesgos biológicos y al impacto de la evolución demográfica, y se anima a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a que promuevan la aplicación práctica de los resultados de la investigación y se pongan a disposición de las empresas, sobre todo de las PYME, instrumentos de prevención sencillos; y de la promoción de la salud mental en el trabajo, a través de la integración en las estrategias nacionales de iniciativas específicas para mejorar la prevención de problemas mentales y promover la salud mental, y de la incorporación a las negociaciones entre los interlocutores sociales de la prevención de la violencia y del acoso en el trabajo, así como de las conclusiones de la evaluación del acuerdo marco europeo sobre el estrés en el trabajo.

* Evaluar los progresos alcanzados, para lo que será necesario elaborar nuevos instrumentos a fin de consolidar las metodologías de las estadísticas europe- as de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales y reforzar la recogida de datos estadísticos sobre la salud y la seguridad en el trabajo, al tiempo que la Comisión desarrolle un sistema común para recoger e intercambiar información sobre el contenido de las estrategias nacionales, evaluar la consecución de los objetivos fijados, y promueva el desarrollo de indicadores cualitativos en las estadísticas europe- as y en las encuestas de opinión en materia de salud y seguridad en el trabajo.

* Promover la seguridad y la salud a escala internacional, mediante los principios de prevención que ha definido en su política de seguridad y salud en el trabajo, incrementando su cooperación con la OIT, la OMS y otras organizaciones internacionales y con las economías desarrolladas (EE.UU., Canadá, Australia y Japón) y emergentes (China, Page 317India), colaborando con otros países para promover la puesta en práctica de la Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo, adoptada por la OIT en 2003, y el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo de 2006, y animando a los Estados miembros a que ratifiquen los Convenios de la OIT, entre otras actuaciones.

En el capítulo de las conclusiones, la Comunicación establece que, tanto por razones económicas como humanas, la salud y la seguridad en el trabajo merecen ocupar un lugar destacado en la agenda política comunitaria, ya que es fundamental para incrementar la competitividad y la productividad de las empresas y para contribuir a la viabilidad de los sistemas de protección social, debido a la carga que representa para estos sistemas el coste de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, por lo que se hace necesaria una respuesta integrada, coordinada y estratégica y la colaboración de las partes interesadas en la elaboración de políticas comunitarias y nacionales, animando a todas ellas a actuar conjuntamente pare reducir el precio que suponen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y lograr que el bienestar en el trabajo sea realidad para los ciudadanos europeos, en aplicación de la Agenda para los Ciudadanos de 10 de mayo de 2005.

La Resolución del Consejo sobre la nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo, adoptada en la sesión del Consejo de 30 de mayo de 2007, y publicada el 25 de junio de 2007, viene a refrendar y dar carta de naturaleza al programa de trabajo de la Comisión, contenido en su Comunicación, haciéndolo suyo, y toma nota de la opinión de ésta de que los agentes implicados deben perseguir una serie de objetivos (aplicación y respeto de la legislación comunitaria, en particular en los sectores y empresas de riesgo y respecto de las categorías de trabajadores más vulnerables; adaptación y simplificación del marco jurídico, especialmente para las PYME, sin afectar ni reducir el nivel de protección; fomento del desarrollo y puesta en práctica de estrategias nacionales; creación de una cultura de prevención sanitaria y de riesgos entre los empresarios y los trabajadores; finalización de los métodos para detectar y evaluar nuevos riesgos; evaluar la aplicación de la estrategia; y promover la seguridad y la salud a escala internacional) para lograr la reducción de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Para conseguir estos objetivos, el Consejo establece que debe desarrollarse un enfoque global en los siguientes ámbitos de actuación:

* las estrategias nacionales deberían dar prioridad a la aplicación de una serie de instrumentos y medidas (difusión de buenas prácticas a nivel local, formación y educación, desarrollo de instrumentos y directrices sencillas, mejor acceso a servicios de prevención de alta calidad, recursos financieros y de personal adecuados para las inspecciones de trabajo, utilización de incentivos económicos) que garanticen un nivel elevado de cumplimiento de la legislación, abordando las cuestiones de la evolución demográfica, la eficacia preventiva de la vigilancia de la salud, la aplicación eficaz, la rehabilitación y la reinserción de los trabajadores, y el refuerzo de la coherencia de las políticas.

* igualmente deberían establecer objetivos cuantitativos para reducir la incidencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en deter- minadas categorías de trabajadores, tipos de empresas y/o sectores;

* la mejora del marco regulador administrativo e institucional deberá continuar siendo una prioridad a escala nacional y comunitaria, en la que la evaluación deberá desempeñar un papel importante;

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* el refuerzo de la coherencia de las políticas de salud pública y de empleo, con las de salud y seguridad de los trabajadores;

* el aumento de la investigación de los nuevos riesgos y de los ya existentes (psicosociales, trastornos osteomuscu- lares, sustancias peligrosas, para la reproducción, la gestión de la salud y la seguridad, derivados de las nuevas formas de organización del trabajo y de las nuevas tecnologías), teniendo en cuenta el aspecto de género;

* el diseño de los lugares de trabajo para asegurar la empleabilidad de los trabajadores durante su vida laboral y la adaptación a las necesidades de los trabajadores mayores y con discapacidad;

* el fomento, en todos los niveles de la educación, del cambio de los modelos de comportamiento respecto de la seguridad y la salud en el trabajo;

* la elaboración de nuevos instrumentos de evaluación del grado de aplicación y de los resultados de la estrategia a nivel nacional y europeo a través de indicadores; y

* la intensificación de la cooperación internacional y la colaboración con la OIT, la OMS y otras organizaciones internacionales.

El Consejo acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión que supone un marco valioso para la aplicación efectiva del art. 137 del TCE a nivel comunitario y comparte también la opinión de la Comisión de que la salud y la seguridad de los trabajadores, además de preservar la vida y la salud de éstos, incrementa la competitividad y la productividad de las empresas y contribuye a la viabilidad y sostenibilidad de los sistemas de protección social; subraya que las medidas de protección colectivas y la lucha contra los riesgos en su origen son principios de prevención fundamentales; considera que la política comunitaria de salud y seguridad basada en un enfoque global de bienestar en el trabajo debería tener como objetivo la reducción sostenible y consistente de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; apoya a la Comisión en su pretensión de reducir en un 25% la tasa de siniestralidad en la Unión Europea; y hace hincapié en: la promoción de la calidad del trabajo (derechos y participación de los trabajadores, salarios justos, protección de la seguridad y la salud en el trabajo, compatibilidad de la organización del trabajo con la vida familiar); el establecimiento de un marco normativo moderno y eficaz que garantice la aplicación correcta de la legislación de la Unión Europea, la simplifique y la adapte a la evolución del mundo laboral; insta a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo a que facilite información de alta calidad sobre los retos específicos y a que desempeñe un papel protagonista en el análisis y difusión de información e inter- cambio de buenas prácticas, atendiendo a las influencias socioeconómicas; la sensibilización sobre la necesidad de rehabilitación y reinserción de los trabajadores afectados por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o discapacidad; y el despliegue de esfuerzos adicionales para hacer posible una gestión más participativa e integrada de la salud y la seguridad en las empresas.

En relación con los Estados miembros, el Consejo les propone que: desarrollen y apliquen estrategias nacionales coherentes, fijando objetivos medibles de reducción de accidentes laborales y enfermedades profesionales, sobre todo en los sectores con índices superiores a la media, con la consulta y participación de los interlocutores sociales; asignen a los sistemas de seguridad social y atención sanitaria, un papel más activo en materia de salud y seguridad en el trabajo; consideren las posibilidades del programa PROGRESS, del FSE y de otros fondos comunitarios para la promoción de las Estrategia 2007-2012; alienten a los centros de investi-Page 319gación a coordinar sus programas, centrarse en la solución de problemas y en la transferencia de sus resultados a las empresas, en especial a las PYME; aumenten la sensibilización de los trabajadores, mejorando la información, la formación y la participación, por medio de la orientación especialmente en las pequeñas empresas, analizando y difundiendo ejemplos de buenas prácticas, a través de la creación de redes entre las partes; promuevan iniciativas de calidad en el trabajo y propicien el planteamiento sistemático del bienestar en el trabajo; doten a los servicios de inspección de trabajo de los medios y recursos adecuados; prosigan la aplicación de la Estrategia global en materia de salud y seguridad en el trabajo de la OIT (2003), y presten especial atención a las nuevas tendencias del empleo, al trabajo por cuenta propia, la subcontratación, los trabajadores migrantes y los trabajadores destacados.

En cuanto a la Comisión, el Consejo le insta a que: promueva la salud y seguridad laboral y tome las medidas adecuadas respecto a los cambios en el mundo del trabajo; garantice la cooperación más adecuada entre las organizaciones y comisiones existentes (Comité Consultivo para la seguridad y la salud en el trabajo, Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo); continúe supervisando la aplicación de la legislación en los Estados miembros; elabore guías explicativas sobre la forma de aplicar las directivas vigentes, especialmente para las PYME; mejore la coordinación con otras políticas comunitarias, tales como salud pública y fabricación y comercialización de equipos y sustancias y preparados químicos para uso en el trabajo, educación y política antidiscriminatoria; incorpore a los debates sobre salud y seguridad en el trabajo al Comité Consultivo para la seguridad y la salud en el trabajo y al Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo; promueva cambios de impresiones y de información sobre las estrategias nacionales en el marco del Comité Consultivo; con el apoyo de éste, mejore la aplicación de la Directiva marco 89/391/CEE en relación con la calidad, la cobertura y la accesibilidad de los servicios de prevención; establezca un método común de evaluación de las directivas sobre seguridad y salud en el trabajo para mejorar el marco administrativo y regulador y reducir las cargas administrativas sin merma del nivel de protección existente; colabore con el Comité Consultivo en relación con la forma de cooperar entre sí los empresarios cuando concurren en el mismo lugar de trabajo debido a la existencia de varios niveles de subcontratación ; y coopere con las autoridades legislativas para establecer un sistema de estadísticas europeas sobre seguridad y salud en el trabajo, que tenga en cuenta los diferentes sistemas nacionales y evite la imposición de cargas administrativas adicionales.

Finalmente, el Consejo insta a los interlocutores sociales para que: elaboren iniciativas en el contexto del diálogo social sectorial y velen para que se den mayores funciones de coordinación en la gestión de los riesgos laborales a los representantes de los trabajadores; desempeñen un papel activo en la difusión de la nueva estrategia en todos los niveles; cooperen con las autoridades nacionales en la elaboración y aplicación de las estrategias nacionales; promuevan y den a conocer en el lugar de trabajo la aplicación correcta de los principios de prevención de riesgos laborales; continúen las negociaciones relativas a la prevención de la violencia y del acoso en el lugar de trabajo y tengan en cuenta la evaluación de la aplicación del Acuerdo Marco Europeo sobre el estrés; y mejoren la asistencia y formación técnicas a los representantes de los trabajadores con competencias en materia de seguridad y salud y a los empresarios, en particular en las PYME.

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En el marco del desarrollo y aplicación de la nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2002-2006), precedente de la que acaba de adoptarse para el periodo 2007-2012, ya se preveía la elaboración de una propuesta legislativa con el fin de racionalizar y simplificar los informes de aplicación de las Directivas existentes en materia de la seguridad y la salud en el trabajo, especialmente, la Directiva marco 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo y las 19 directrices específicas de desarrollo de ésta, que establecen un importante cúmulo de obligaciones de seguimiento e informe para los Estados miembros, iniciativa que se inscribe entre las acciones del Acuerdo interinstitucional sobre "Legislar mejor" y, más concretamente, en la Comunicación de la Comisión relativa a la "Aplicación del programa comunitario sobre la Estrategia de Lisboa: una estrategia para la simplificación del marco regulador", el Consejo EPSCO, en su sesión de mayo, ha adoptado la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 89/391/CEE del Consejo, sus directivas específicas y las Directivas 83/447/CEE, 91/883/CEE, 92/29/ CEE y 94/33/CE del Consejo, a fin de simplificar y racionalizar los informes sobre su aplicación práctica.

En ella, a partir de la idea de unificar en un solo informe por país, todo el seguimiento de las directivas citadas, se establece: la adición a la Directiva marco 89/391/CEE de un nuevo artículo, 17 bis, que contiene la obligación de los Estados miembros de presentar, cada cinco años, un único informe sobre la aplicación, tanto de la Directiva marco, como de las diferentes Directivas específicas que la desarrollan y las otras cuatro Directivas que no derivan de ésta, que se integrarán como un capítulo específico dentro del informe único, y las disposiciones sobre el contenido y el procedimiento de elaboración de los informes, en los que deberá quedar constancia de los puntos de vista de los interlocutores sociales. Finalmente, se menciona la evaluación global de la aplicación que debe llevar a cabo la Comisión sobre la base de dichos informes.

Prosiguiendo los trabajos iniciados en 2002 para actualizar, modernizar y simplificar la legislación comunitaria referida a la coordinación de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros con el objetivo de facilitar la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión, durante los seis meses de ejercicio de la presidencia del Consejo por parte de Alemania se ha venido trabajando, para dar continuidad a lo realizado durante las presidencias austriaca y finlandesa.

Respecto a la puesta al día del Reglamento nº 883/2004, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, el Consejo, en la sesión de 30 de mayo, ha llegado a un acuerdo sobre una orientación general parcial para incorporar una nueva definición, la de prestaciones en especie, al artículo 1, y modificar los artículos 18 y 28, para contemplar la situación de los miembros de la familia de los trabajadores fronterizos, en el primero de ellos, y para incluir a los trabajadores fronterizos titulares de pensiones de vejez y de invalidez y a los miembros de su Page 321 familia, en el segundo, en relación con las prestaciones de enfermedad, de maternidad y de paternidad asimiladas, además de enumerar las prestaciones a las que no se aplica la prorrata en la medida en que la pensión nacional es siempre igual o superior, respecto de las pensiones de vejez y supervivencia, y las disposiciones particulares de aplicación de las legislaciones de ciertos Estados miembros.

En cuanto al Reglamento de aplicación del Reglamento nº 883/2004, llamado a sustituir en su momento al todavía vigente Reglamento nº 574/72, se ha abordado la redacción de los capítulos dedicados a las prestaciones de enfermedad, de maternidad y de paternidad, y a las disposiciones financieras, alcanzado también en la sesión del Consejo de 30 de mayo un acuerdo del mismo tipo que el anterior.

Finalmente, el Consejo, en la misma fecha, ha llegado a un acuerdo sobre una orientación general a propósito de la modificación del Reglamento 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, a consecuencia de los cambios producidos durante 2006 en la legislación interna de los Estados miembros, previamente estudiados y aceptados por la Comisión Administrativa para la Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes.

El Consejo EPSCO ha continuado trabajando durante el semestre sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la mejora de la portabilidad de los derechos de pensión complementaria, a caballo entre las actuaciones relacionadas con la política de empleo y la de protección social, como continuación de la Directiva 98/49/CE, relativa a la protección de los derechos de los trabajadores que se desplazan y para potenciar la libre circulación de éstos a nivel transnacional y nacional, con el fin de alcanzar un compromiso, asumible por todas las delegaciones, durante la sesión de 30 de mayo de 2007.

Con este fin, la Presidencia presentó al Consejo una propuesta de compromiso, en la línea de las orientaciones extraídas del debate celebrado durante la sesión del Consejo EPSCO de 1 de diciembre de 2006, según las cuales la mayoría de las delegaciones consideraron que la Directiva debería ocuparse de las condiciones para la adquisición del derecho de pensión y del mantenimiento de éste mediante un tratamiento adecuado de los derechos de pensión latentes, abandonando la regulación de su transferibilidad, sin perjuicio de tomar en consideración otros mecanismos o procedimientos para mejorar esta cuestión, desde la perspectiva de la voluntariedad, además de incluir el establecimiento de un periodo transitorio suficientemente largo a fin de permitir la adaptación de las normativas nacionales sobre planes de pensiones a las exigencias derivadas de la Directiva, asumiendo la restricción del ámbito material de aplicación a las pensiones de jubilación y excluyendo del mismo, además de los regímenes incluidos en el Reglamento (CEE) 1408/71, los regímenes complementarios de pensiones que estén cerrados y continúen cerrados a la admisión de nuevos miembros en el momento de entrada en vigor de la Directiva, los afectados por medidas de intervención decretadas por autoridades administrativas o judiciales para preservar o garantizar su situación financiera, los de garantía de insolvencia y de compensación, y los fondos nacionales de reserva, y reconociendo expresamente la posibilidad de que los agentes sociales, a través de la negociación colectiva, puedan establecer condiciones diferentes a las establecidas en la Directiva, siempre que éstas dispensen a los trabajadores afectados una protección equivalente a la prevista enPage 322ésta; en cuanto al ámbito personal de aplicación de la Directiva, la mayoría de los Estados miembros se manifestaron a favor de excluir a los trabajadores autónomos.

Las persistentes dificultades de la mayoría de los Estados miembros, que aconsejaron a la Presidencia aceptar, frente a las protestas de una minoría y de la propia Comisión, la inclusión en su propuesta de compromiso de la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación material otros regímenes de pensión complementaria, cuyas normas reguladoras se verían modificadas sustanciadamente o verían peligrar su viabilidad por el contenido de la Directiva, referidos a determinados colectivos, y establecer, en base a la eliminación de la transferibilidad y de la ampliación de las exclusiones del campo de aplicación material, un periodo de transposición de cinco años, sin periodo transitorio, de modo que se consiga el equilibrio en el texto íntegro de la Directiva en relación con el objetivo que persigue de facilitar la libre circulación de los trabajadores, tanto a nivel nacional como transnacional, así como las condiciones previstas para acceder a las garantías de la conservación de los derechos, en cuanto a la duración de los periodos de carencia y al umbral de edad para beneficiarse de ellas, se mantuvieron durante el debate celebrado en la sesión de 30 de mayo.

No obstante, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia y de la flexibilidad de algunas delegaciones, no se logró superar, en particular la posición cerrada de un Estado miembro, contraria a la adopción de la orientación general pretendida respecto de la propuesta de compromiso, al cuestionar la posibilidad de alcanzar con ella el objetivo de la Directiva, debido a la multitud de exclusiones que, de hecho, vendrían a determinar su inaplicación en algunos Estados miembros y, en todo caso, produciría la desigual aplicación en todos ellos, junto a la falta de valoración del impacto en aquellos a los que les fuera de aplicación, y a la consiguiente aparición de situaciones de inseguridad jurídica por las dudas no aclaradas sobre la legalidad de algunos de los supuestos incluidos en las exclusiones del ámbito de aplicación.

En consecuencia, la Presidencia acordó esperar a conocer la opinión del Parlamento Europeo respecto de la propuesta del texto original de la Comisión, de 20 de octubre de 2005, y la propuesta modificada de ésta, para proseguir su debate, bajo Presidencia portuguesa.

En las Conclusiones del Consejo respecto de la educación y la formación de las mujeres, en el marco de las actividades de seguimiento de la aplicación de la Plataforma de Beijing, el Consejo EPSCO, en la sesión de 30 de mayo de 2007, además de reconocer la igualdad de género como un principio fundamental de la Unión Europea, consagrado por el Tratado de la Comunidad Europea; el papel de las políticas de igualdad de género como instrumentos esenciales para el crecimiento económico, la prosperidad y la competitividad, y para la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo; la contribución de la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, al aumento de la innovación, la calidad y la competitividad de la investigación científica e industrial; que el acceso a la educación superior de mujeres y hombres se ha equilibrado y que aquellas alcanzan un nivel superior al de éstos, pese a lo cual no están suficientemente representadas en los niveles más altos de la vida académica y profesional; la continuidad de la actividad del Consejo EJC en relación con indicadores e índices de referencia para la realización de los objetivos de Lisboa en educación y formación; y de considerar el compromiso de hacer un examen anual de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en los Estados miembros, que incluya indicadores cuantitativos y cualitativos e índices de referencia desarrollados a partir de 1999 por las sucesivas presidencias en algunas de las doce áreas previstas en la Plataforma de Acción de Beijing (las mujeres en el poder y la toma de decisiones; las mujeres en la economía, y la conciliación de vida laboral y familiar; la mujer en la economía, la igualdad de retribución; la violencia contra las mujeres; las mujeres y los hombres en la toma de decisiones económicas; el acoso sexual en el lugar de trabajo; las mujeres y la salud; y los mecanismos institucionales), que se concretará en el informe que la Comisión y los Estados miembros presentarán a partir de 2003 dirigido al Consejo Europeo de primavera, compromiso reiterado en el marco del examen decenal de la Plataforma de Acción de Beijing en 2005, cuando se acuerda reforzar los mecanismos institucionales para promover la igualdad de género y para evaluar la aplicación de ésta, en la que se declara que la inversión en la educación y la capacitación formal y no formal de las niñas y las mujeres es uno de los mejores medios para lograr un desarrollo sostenible y un crecimiento económico sostenido y sostenible, declaración completada por los Estados miembros según la cual la educación es un derecho humano, comprometiéndose a establecer una educación no discriminatoria y garantizar la igualdad de acceso a la educación, se incluyen los indicadores relativos a la educación y la formación de las mujeres, concentrados en áreas que requieren atención especial en lo que se refiere a la igualdad de género, referidos a:

* la proporción de mujeres y hombres graduados de todos los graduados en matemáticas y disciplinas científicas y técnicas, en la educación superior, a tenor del índice de referencia del Consejo de Educación, Juventud y Cultura de 2003 para conseguir en 2010 el aumento, al menos, en un 15% del número total de licenciados en matemáticas, ciencias y tecnología en la Unión Europea, al tiempo que debería disminuir el nivel de desequilibrio en la representación entre mujeres y hombres;

* la tasa de empleo de mujeres y hombres, con edades comprendidas entre 25 y 64 Page 324años, por nivel más elevado de educación obtenido, investigando la repercusión de la educación obtenida en el empleo de mujeres y hombres, para evaluar los progresos hacia la consecución del objetivo de empleo del 60% de las mujeres en 2010;

* la proporción de mujeres y hombres graduados de alto nivel de todos los graduados y la proporción de mujeres y hombres doctores de todos los doctores por ámbito general de estudios y total, teniendo en cuenta que la igualdad de género en la investigación avanzada es uno de los requisitos previos para un entorno de I+D innovador y competitivo en la Unión Europea; y la proporción de personal académico femenino y masculino diferenciado por nivel de antigüedad y en total, ya que la distribución equilibrada de mujeres y hombres a todos los niveles es esencial para la promoción de la igualdad de género en la investigación y el desarrollo, en la toma de decisiones en academias y en la investigación.

En las Conclusiones el Consejo también recuerda el compromiso de los Estados miembros de aumentar la tasa de empleo de la mujer en un 60% para 2010 y de corregir el desequilibrio de género en el ámbito de la educación y formación, y de producir datos e informaciones desglosados por sexo; la adopción del Pacto Europeo por la Igualdad de Género en 2006 y en él del impulso de acciones para combatir los estereotipos de género y la previsión de la eliminación de éstos en la educación, la formación y la cultura y la promoción de la participación de mujeres y hombres por igual en la ciencia y la tecnología, contenida en el Plan de Trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006- 2010; el indicador de referencia relativo al aumento de un 15% en 2010 del número total de licenciados en matemáticas, ciencias y tecnología, compromiso del Consejo EJC (2003); y el objetivo de aumentar la proporción de mujeres en puestos de dirección del sector público al 25%, establecido en el Consejo de Competitividad (2005); al tiempo que se acogen favorablemente los esfuerzos y progresos de los Estados miembros en la promoción de la igualdad de género y la integración de esta perspectiva en la educación y la formación, poniendo de relieve que, no obstante, los estereotipos de género en la educación y la formación persisten con las consiguientes repercusiones negativas en las posibilidades de empleo y sueldo para las mujeres, y que las mujeres siguen sin estar suficientemente representadas en el proceso de decisión del sistema educativo, en la investigación y en el mundo académico.

Se insta a los Estados miembros a promover la igualdad de género y adherirse al principio de integración de la perspectiva de género en sus políticas de educación y formación; a que luchen contra los estereotipos a partir de una edad temprana, fomentando la concienciación entre padres, profesores y alumnos para reducir la segregación horizontal en el tercer nivel educativo y en el mercado de trabajo, asegurando la aplicación del principio de integración de la perspectiva de género en la política europea de investigación, incluido el séptimo programa marco; a que tomen medidas para evitar la reproducción de los estereotipos de género en la programación y aplicación de actividades financiadas por el Fondo Social Europeo y otros programas comunitarios (PROGRESS, DAPHNE, programas europeos a favor de la juventud, cultura y formación durante toda la vida, y Europa por los ciudadanos), y a que adopten políticas apropiadas para conciliar trabajo con vida familiar y educación y formación y acelerar la consecución de los objetivos del Consejo Europeo de Barcelona en materia de servicios de atención a los niños y que estas responsabilidades sean compartidas entre mujeres y hombres, animando a los hombres a acogerse a las iniciativas de todo tipo que se adopten, entre ellas a los permisos de paternidad.

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Finalmente, anima a los Estados miembros a que apliquen el principio de integración de la perspectiva de género en la formulación y evaluación de políticas para la promoción de las posibilidades de aprendizaje permanente para hombres y mujeres, y para la integración de mujeres y hombres migrantes en el sistema educativo; acoge con satisfacción la creación del Instituto Europeo de la Igualdad de Género; considera la posibilidad de revisar la aplicación por los Estados miembros de la Plataforma de Acción de Beijing en relación con la mujer y la pobreza y las niñas; e insta a los Estados miembros y a la Comisión a tener en cuenta en otros procesos comunitarios los temas abordados en el marco del seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, y a que procedan a la revisión periódica de los avances que vayan realizándose en estos temas.

Las actividades de la Presidencia alemana del Consejo en relación con la igualdad entre mujeres y hombres, se han completado con la celebración de la Conferencia sobre la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en el trabajo y la vida familiar para el fortalecimiento de la familia; y la participación en la 51 Sesión de la Comisión sobre la situación de la Mujer en Naciones Unidas.

También durante este periodo se ha producido la adopción en el marco del diálogo social del Acuerdo marco sobre el acoso y la violencia en el trabajo.

En la reunión informal de Ministros de Igualdad de Género y Familia, celebrada el 15 y 16 de mayo, dedicada a "la igualdad de oportunidades de mujeres y de hombres en el trabajo y la vida familiar como vía para el fortalecimiento de la familia", se abordaron cuatro aspectos relacionados con:

* los nuevos retos para los hombres, derivados del cambio del modelo de los roles atribuidos a éstos, confirmando que los modelos que atribuyen roles específicos por razón de género tienen un impacto crucial sobre las oportunidades de las mujeres y los hombres al organizar su vida, de modo que la política debe centrarse en la apertura de los modelos de roles para ambos géneros a fin de hacer posible la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la vida profesional y familiar, y en general, y destacando la importancia de que en las decisiones políticas se tenga en cuenta el cambio de valores y de deseos de las mujeres y los hombres, por lo que se hace preciso estructurar un marco general de manera que hombres y mujeres puedan planificar sus vidas en pie de igualdad;

* la potencial alianza con la economía para promover la igualdad de oportunidades en la vida profesional y familiar, y contribuir significativamente al éxito de la aplicación de la Estrategia de Lisboa y reforzar la aplicación del Programa de acción para la igualdad entre mujeres y hombres 2006-2010, poniendo de manifiesto el éxito en aquellas áreas en las que la transferencia es un principio de la cultura corporativa para impulsar la igualdad de oportunidades y favorecer a la familia, y sugiriendo el establecimiento de incentivos para inducir a las empresas a promover activamente la igualdad entre mujeres y hombres, así como la extensión y la mejora de estándares respecto de la organización del trabajo, y de las medidas a favor de los padres y las madres en cuanto a la atención de los hijos y la promoción de sus carreras profesionales;

* la promoción de la mujer y las obligaciones de los padres en el trabajo, de modo que los hijos no supongan un inconve- Page 326niente para la carrera profesional de éstos, destacando el trabajo que queda por hacer en este tema, tanto a nivel de empresa como de política, recomendando a los responsables de aquéllas la promoción de la cultura corporativa que contribuya a la conciliación de la vida profesional y de familia, que no debe ser vista como un problema, y una gestión de los recursos humanos más profesional, con condiciones de trabajo más flexibles, desarrollando una cultura de gestión y una evaluación de resultados que tenga en cuenta esta conciliación, y adopte medidas de apoyo a ella, y a los políticos que contribuyan a erradicar los estereotipos, a proveer servicios de calidad para la atención de los niños, incentivos para las familias y medidas como el permiso de paternidad, después del nacimiento de un hijo; y

* la situación entre las mujeres y los hombres inmigrantes, tras la constatación de que mientras entre las mujeres inmigrantes de segunda y tercera generación se produce una asimilación de los modelos de roles existentes en la sociedad de acogida en cuanto a las aspiraciones para conseguir una educación profesional cualificada y a la conciliación entre trabajo y familia, los hombres permanecen anclados en los modelos tradicionales, de sus países de origen, proponiendo estrechar la cooperación con estos países a fin de superar las barreras que impiden la integración, según las conclusiones de la Conferencia Ministerial Europea sobre Igualdad de Género, de diciembre de 2006, y destacando la importancia de la presencia de estas mujeres en las instituciones políticas, gobierno y parlamento, después de la introducción realizada por una declaración del trío de presidencias sobre la puesta en marcha de una iniciativa común destinada a promover la aplicación de la Hoja de Ruta de la

Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres (2006-2010), centrada en la eliminación de los estereotipos de género, la promoción de la igualdad de oportunidades en el trabajo a todos los niveles, incluyendo la igualdad de retribución, y la promoción de las mujeres inmigrantes, a partir de un estudio realizado en Alemania sobre las diferencias en las actividades respecto de la igualdad de género, del que se concluye la amplia aceptación de las medidas de política familiar por su impacto en las políticas de igualdad de género, la esperanza en los medios que abanderan la igualdad de género de que las políticas habiliten marcos generales para que las personas puedan organizar sus vidas en términos de igualdad según la comprensión de sus papeles, y la menor valoración de la igualdad de género en los medios con menor nivel de educación.

En el marco del diálogo social, en relación con la igualdad entre mujeres y hombres, cabe citar, por su trascendencia, el Acuerdo marco sobre el acoso y la violencia en el trabajo, de 26 de abril de 2007, alcanzado por los interlocutores sociales, en base a la previsión contenida en el artículo 139 del Tratado de la Comunidad Europea, con el fin de prevenir y, en su caso, gestionar problemas de acoso, acoso sexual y violencia en el lugar de trabajo, con la obligación para las empresas de proteger a los trabajadores y de establecer políticas de tolerancia cero respecto de tales conductas y procedimientos para los casos en que se produzcan situaciones de acoso y violencia, respetando los principios de dignidad, confidencialidad, imparcialidad y trato equitativo, y medidas apropiadas contra los perpetradores, incluyendo medidas disciplinarias, que Page 327 pueden llegar hasta el despido, y de apoyo a las víctimas para su reintegración, subrayando el papel de los representantes de los trabajadores en el establecimiento, la revisión y el seguimiento de estos procedimientos.

Con ocasión de la participación en la 51 Sesión de la Comisión sobre la situación de la Mujer de Naciones Unidas, que tuvo lugar en Nueva York del 26 de febrero al 9 de marzo de 2007, y que se ocupó de forma prioritaria de la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las niñas, la Presidencia alemana presentó una declaración en nombre de la Unión Europea, destacando la necesidad de enfoques específicos y de esfuerzos crecientes para aumentar la sensibilización sobre este asunto y centrar la atención en las niñas, incluyendo la adopción de estrategias armonizadas para luchar contra la violencia contra ellas, y en la importancia de la educación. En relación con otro de los temas tratados, referido al papel de los hombres y de los niños en el logro de la igualdad de género, presentó los progresos en cuestiones relacionadas con la educación, y con los permisos de paternidad retribuidos. Final- mente, informó de los proyectos de los Estados miembros en relación con los cambios en el papel de los hombres, también en las comunidades de inmigrantes.

Debido a la puesta en marcha del nuevo método de trabajo en la Comisión, en relación con el seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, que hace posible el examen detallado de la aplicación de las conclusiones y acuerdos en los Estados, se subraya la vinculación creciente entre las políticas de igualdad de género internacionales y nacionales.