Presentación. El software libre
| Autor | David Martínez |
| Cargo | Miembro del Consejo de Redacción de IDP. Profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC |
| Páginas | 2-3 |
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Nadie puede cuestionar el profundo impacto que el uso de la informática, y más concretamente del software, ha provocado en los más diversos ámbitos de nuestra sociedad. En unas pocas décadas, los ordenadores se han convertido en elementos indispensables en la práctica totalidad de los sectores económicos, científicos, educativos, artísticos, administrativos, políticos, jurídicos y muchos otros, a veces comportando cambios radicales, en el modo de desarrollo de una actividad, o dando lugar a nuevas posibilidades que poco antes eran inimaginables. Hoy día, para poner sólo un ejemplo, el acceso y la transmisión de la información que supone Internet se ha convertido en un pilar central en la aparición de nuevas funcionalidades, recursos y formas de interacción que han provocado cambios radicales en tradiciones y maneras de hacer que tenían un recorrido de siglos y que parecían no tener alternativa posible; pensemos por ejemplo en la Administración electrónica, que ha revolucionado el modelo histórico de interacción entre el ciudadano y la Administración pública, basado en la presencialidad, los horarios y el papel.
El software es sin duda un elemento de capital importancia en esta revolución. El software es aquello que hace posible que un mismo ordenador pueda ser utilizado para cosas tan diversas como escribir un mensaje a un amigo, crear una pieza musical, calcular la órbita de un satélite artificial, jugar en un videojuego o presentar telemáticamente la declaración del IRPF. La mayor parte, sin embargo, de este software (o, cuando menos, una parte muy importante del software más ampliamente difundido por el mundo), es del tipo llamado software propietario. Eso supone que las aplicaciones y sistemas operativos son propiedad de una persona o empresa que, habitualmente, conserva oculto el código fuente y no permite a sus usuarios acceder a él para saber con exactitud qué hace, o para modificarlo o introducir mejoras o adaptaciones a las necesidades más específicas del usuario. Además, habitualmente se trata de un software de pago y que no se puede distribuir a terceros sin autorización del titular de los derechos. Por estas razones, desde los años ochenta se fue generando un movimiento en defensa del llamado software libre, que mantiene como algunos de sus elementos centrales la posibilidad de acceso al código fuente y la de introducir modificaciones en el mismo, aparte de la posibilidad de distribución sin restricciones. En los últimos años, el software libre ha ido ganando impulso y se presenta ya como una alternativa real para el usuario medio, aparte de constituir una opción especialmente atractiva y recomendable por el sector público, ya que satisface mejor algunos criterios como la seguridad, la estabilidad, la transparencia, la neutralidad tecnológica, la interoperabilidad o el menor coste económico.
Un primer paso para comprender la relevancia del software libre desde el punto de vista jurídico es una adecuada comprensión de lo que es y de lo que supone. Éste es el objetivo del artículo de David Jacovkis, «El software libre: producción colectiva de conocimiento». Aquí se presenta de una manera muy clarificadora, a la vez que rigurosa, qué es el software libre, cuáles son sus elementos centrales, su evolución histórica y su situación actual.
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En sentido estricto, la diferencia entre el software propietario y el software libre es una diferencia de cariz jurídico, pues se basa en su diferente configuración desde el punto de vista de la propiedad intelectual (y más concretamente, de los derechos de autor). Por eso, en un acercamiento al software libre es indispensable analizar el tema desde esta perspectiva. Eso es llevado a cabo en el artículo de Malcolm Bain, «Comentarios breves sobre la GNU, general public license v3». El artículo hace un repaso general a los aspectos legales del software libre y centra la atención en el principal tipo de licencia, la llamada GPL o GNU, General Public License, destacando los principales cambios y novedades de la última versión, la v3, creada en junio del 2007.
Durante los últimos años, ha habido muchas voces que coinciden en señalar que el software libre resulta especialmente adecuado o recomendable para su uso por parte de las administraciones públicas o del sector público en general. Esto es así porque las principales ventajas del software libre son especialmente relevantes en el ámbito propio de la actividad de las administraciones públicas. Así, por ejemplo, en el ámbito público es especialmente importante la seguridad y confidencialidad de los datos personales, la posibilidad de adaptabilidad de las aplicaciones a las necesidades específicas, la neutralidad e independencia tecnológica y la optimización del gasto, entre otros, y en estos aspectos parecen evidentes las ventajas del software libre. En este sentido, el artículo de Carlos González y de Oriol Ferran, «El software libre y las administraciones públicas. Una visión actualizada» se centra en mostrar, por una parte, cuáles de estas ventajas son especialmente importantes para las administraciones públicas, y de la otra, en hacer una relación de los proyectos y programas actuales de las diferentes administraciones que hacen una apuesta seria por la implantación y el uso del software libre en su seno.
Sin duda, como antes se ha apuntado, el camino hacia la Administración electrónica es uno de los cambios más profundos y de mayor alcance que estamos viviendo en la sociedad actual, dado que plantea una modificación radical en la percepción y en el funcionamiento de las relaciones entre la Administración y los administrados. El artículo de Francisco Huertas, «El software libre como elemento de desarrollo de la administración electrónica» muestra el encaje que, en este cambio tan significativo, tiene el software libre. Sus conclusiones son claras: el software libre es la mejor opción para el desarrollo e implantación de un modelo de Administración electrónica basada en los criterios de transparencia, seguridad, economía, y otros que son centrales en el modelo de e-Administración que se quiere impulsar.
