Presentación

Autor:Octavio Vázquez Aguado/Fernando Relinque Medina
Páginas:9-12
 
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El derecho a la vivienda aparece recogido en el artículo 47 de la Constitución Española dentro del título de derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, aunque en el capítulo III relativo a los principios rectores de la política social y económica. Pero es su función social la que dota de importancia singular a la posibilidad o no de gozar de una vivienda puesto que, su ausencia, constituye una importante limitación para la satisfacción de otros derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna (Abraci, 2008). Por tanto, la vivienda se erige como un elemento fundamental para el bienestar, la integridad y cohesión social de la población.

A lo largo del siglo XXI hemos asistido en España a una transformación radical del concepto de la vivienda, pasando de derecho a bien de inversión en un contexto de creciente especulación económica que ha derivado en la mayor crisis inmobiliaria de la historia española (Toset, 2012). Un sobredimensionamiento de la vivienda en propiedad frente a la vivienda de alquiler (Leal-Maldonado, 2010; Inurrieta, 2010), la demanda creciente de vivienda protegida a raíz de la crisis económica tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el aumento del stock de viviendas vacías en el territorio español contraviniendo la función social de la propiedad de la vivienda (Fundación 1º de Mayo, 2014) han sido las consecuencias de este modelo en torno a la vivienda.

Esta crisis, además, ha supuesto un agravamiento del acceso a la vivienda de una parte significativa de la población que ha visto dificultado su derecho a la misma por no poder atender las obligaciones de una hipoteca en un contexto de crisis económica, desempleo, pérdida de salario y recortes en políticas públicas motivados por la austeridad. Todo ello ha conllevado un cambio en las dinámicas de compra-venta y alquiler de inmuebles y ha supuesto un desafío para la política social en esta materia, que no es capaz de garantizar la consecución de este derecho fundamental y atender las necesidades sociales que de él se derivan (Aguerri, 2012). Añadamos a ello el acuciante deterioro tanto físico como social de las promociones de viviendas sociales que dificultan la integración y profundizan en la estigmatización social de la población más vulnerable (Cortés-Alcalá, 2005), la elevada morosidad en las viviendas públicas de alquiler y la repercusión de procedimientos monitorios de desahucio, evidencian la necesidad...

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