Presentación

AutorInstituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Páginas13-14

Page 13

El 10 de diciembre de 2015 se aprobó en España la Ley de Transparencia y Buen Gobierno tras diez legislaturas de gobiernos democráticos.

Una ley que viene a llenar un espacio existente en el derecho administrativo español. La Unión Europea, como la mayoría de los Estados europeos, contaba ya con legislaciones específicas que regulan la transparencia y el derecho a la información pública, mientras España presentaba un derecho insuficiente y fragmentado que no conformaba un estándar homologable respecto a determinadas instituciones del entorno circundante.

La exposición de motivos de la Ley 19/2013 así lo reconoce al mencionar expresamente que la aparición de la ley «se verá acompañado en el futuro con el impulso y adhesión por parte del Estado tanto a iniciativas multilaterales en este ámbito, como con la firma de los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia».

Desde que Suecia en 1766 aprobara la primera ley que recogía el derecho de los ciudadanos a acceder a la información en manos de los organismos públicos, han sido muchos los países y las organizaciones internacionales, como la Unión Europea o el Consejo de Europa, que han adoptado normas en materia de transparencia.

Nuestra ley es una ley valiente, que mira de frente con el resto de las normas de nuestros vecinos, es una ley moderna, que incorpora muchas de las experiencias existentes en los países que llevan la delantera en este ámbito de participación ciudadana, es una ley básica que obliga a todo el territorio nacional, una ley, que lejos de ser una moda o un eslogan, ha venido a quedarse y a crecer a la vez que crecerá el sentimiento ciudadano de vivir una democracia más participativa.

El ejercicio de...

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