Panorama Jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
| Autor | Manuel Jaén Vallejo |
| Páginas | 285-302 |
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Las Sentencias publicadas en el B.O.E. en el tercer cuatrimestre de 2003, recaídas en asuntos de naturaleza penal, son las siguientes:
— Sentencia 156/2003, que deniega el amparo, relativa al derecho a la tutela judicial efectiva, resolviendo un caso sobre indemnización por accidente de circulación que aplica los bare-mos legales, sin impedir reparar las lesiones y daños acreditados en el proceso.
— Sentencia 157/2003, que otorga el amparo, relativa al derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal) y a la legitimación activa para la interposición de un recurso de amparo.
— Sentencia 158/2003, que otorga el amparo, relativa al derecho a la libertad de información, concretamente al requisito de la veracidad.
— Sentencia 161/2003, que otorga el amparo, relativa al derecho a la legalidad en el ordenamiento sancionador administrativo.
— Sentencia 167/2003, que deniega el amparo, relativa al derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a los recursos legal-mente establecidos), y al derecho a la libertad personal, resolviendo un caso en el que la denegación de permiso de salida de un recluso estaba razonada y no estaba desconectada de los fines de la institución (art. 25.2 C.E.).
— Sentencia 169/2003, que otorga el amparo, relativa al derecho al secreto de las comunicaciones, a propósito de un caso en que considera que la intervención generalizada de la correspondencia entre presos del mismo centro penitenciario vulneraba el derecho fundamental.
— Sentencia 170/2003, que otorga el amparo, relativa al
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derecho a un proceso con todas las garantías (soportes informáticos incorporados a la causa sin cuidar su recogida y custodia como piezas de convicción, vulnerando así el derecho fundamental, por falta de cumplimiento de las garantías procesales exigibles en la incorporación del material intervenido en el proceso).
— Sentencia 174/2003, que deniega el amparo, relativa al derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.; principio de contradicción), y al principio acusatorio (su relación con los derechos fundamentales del art. 24 C.E.; imposición por el órgano judicial de una pena principal —inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio: art. 364 C.P.—, no solicitada por el Ministerio Fiscal, pero forzosamente vinculada al tipo penal por el que éste formuló la acusación, impuesta en su grado mínimo).
— Sentencia 184/2003, que otorga (parcialmente) el amparo («Caso Ollero»), relativa al derecho al secreto de las comunicaciones, poniendo de manifiesto la insuficiente cobertura legal de las intervenciones telefónicas (intervención de un teléfono autorizada sin motivar los indicios que la justificaban), y al derecho a un proceso con todas las garantías (vulneración por valoración en el proceso de pruebas ilícitas, que no vulnera, auto-máticamente, en cambio, el derecho a la presunción de inocencia, al restar otras pruebas valoradas por el órgano judicial no alcanzadas por la ilicitud y capaces de sustentar la declaración de culpabilidad).
— Sentencia 185/2003, que otorga el amparo, referida a un caso de vulneración del derecho a la libertad sindical, en relación con los derechos de libre información y expresión (sanción penal a un delegado sindical por unas declaraciones a la prensa, criticando a la empresa de limpieza municipal, que vulnera el derecho fundamental, por tratarse de una reacción innecesaria y desproporcionada, con un efecto disuasorio o desalentador de la libertad sindical).
— Sentencia 186/2003, que otorga el amparo, con referencia al derecho a la tutela judicial efectiva, en particular a las decisiones en el ámbito penitenciario que vulneran aquel derecho fundamental, al haber acordado la pérdida del beneficio de redención de penas por el trabajo mientras se tramitan recur-sos contra sanciones disciplinarias penitenciarias, sin base legal e indirectamente ocasionante de un efecto de disuasión del derecho a los recursos por parte de los internos en un centro penitenciario.
— Sentencia 187/2003, que otorga el amparo, relativa al derecho a la presunción de inocencia (vulneración del derecho fundamental por una condena fundada en declaraciones testificales prestadas en el sumario sin contradicción, y leídas en el juicio oral debido al fallecimiento de los testigos; principio de contradicción).
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— Sentencia 189/2003, que otorga (parcialmente) el amparo, relativa al principio acusatorio (vinculación del órgano judicial a los términos de la acusación), y al derecho a un proceso con todas las garantías (condena en apelación sin haber celebrado vista pública que vulnera el derecho fundamental —STC 167/2002—).
— Sentencia 190/2003, que otorga el amparo, relativa al derecho a la presunción de inocencia (validez constitucional de las declaraciones sumariales; virtualidad probatoria de las declaraciones de los coimputados; vulneración del derecho fundamental por una condena sobre la base de declaraciones de un coimputado durante la instrucción, retractadas en el juicio oral con contradicción, pero no corroboradas).
— Sentencia 198/2003, que otorga el amparo, relativa al derecho a la tutela judicial efectiva (condicionamiento judicial del ejercicio del derecho de defensa a la comparecencia del reo — en busca y captura —, en un expediente de revocación de libertad condicional, que vulnera el derecho fundamental), y al derecho a la defensa y a la asistencia de letrado (su vigencia en la fase de ejecución; denegación judicial de personación mediante Procurador y Abogado de quien se encuentra huido de la justicia, en procedimiento de revocación de la libertad condicional, que vulnera estos derechos fundamentales).
— Sentencia 199/2003, que otorga el amparo, relativa al derecho de asistencia letrada (significado del derecho fundamental en los supuestos en que la intervención de Letrado no es legalmente preceptiva, como en el juicio de faltas; vulneración del derecho fundamental en la apelación de un juicio de faltas, fallada sin resolver el órgano judicial la petición del recurrente de que se le designara Abogado de oficio).
• Sentencia 1009/2003, de 8-7. Recurso de casación nº 1101/2002. Ponente: Magistrado D. Enrique Bacigalupo. Estima el recurso. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: racionalidad del juicio sobre la prueba; art. 741 LECrim.; «contraindicios; conocimientos extrajudiciales.
Esta Sentencia representa una prueba más de la doctrina que viene aplicando reiteradamente la Sala Segunda, al menos desde la S.T.S. de 19 de enero de 1988, que le permite, por la vía del mencionado derecho fundamental, entrar a conocer de cuestiones de hecho, luego que tiene ver con la fijación de los hechos en la Sen-287
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tencia. Dicho en otros términos: la Sala Segunda, al contrario de lo que viene sosteniendo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, acaso por cierto desconocimiento de lo que representa en el derecho continental el recurso de casación, sí permite una nueva evaluación o valoración de la prueba, aunque, como es evidente, en lo que es revisable, esto es, en todos aquellos aspectos que no dependan del principio de inmediación, porque en la casación no está prevista la repetición de la prueba, como tampoco lo está en la apelación actual.
Con razón, pues, afirma esta S.T.S., una vez más, que la observancia de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia en el marco del criterio racional «puede ser controlado en casación, pues dicho control se limita al razonamiento explícito o implícito de la sentencia y no depende de percepción visual y auditiva directa de la prueba testifical por los jueces».
En el caso resuelto por esta S.T.S. resulta que el Tribunal a quo había invocado como fundamento de la credibilidad de las declaraciones de los testigos, policías, las manifestaciones de otro testigo, que no creyó, entendiendo que éstas eran un «contraindicio» que le autorizaba a creer en las de aquéllos.
La S.T.S. aclara el sentido de la expresión «contraindicio», señalando que
«originariamente fue empleada para hacer referencia a las manifestaciones exculpatorias de un acusado que su Defensa no lograba probar en el juicio o que eran desmentidas por otras pruebas. Precisamente en este sentido en la STC 174/1985 el Tribunal Constitucional precisó que no permitía fundamentar la culpabilidad del acusado, pues «la versión de los hechos ofrecida por el inculpado constituye un dato que el juzgador debe tener en cuenta, pero que ni aquél debe demostrar su inocencia ni el hecho de que su versión de lo ocurrido no sea convincente o resulte contradicha por la prueba debe servir para considerarlo culpable»».
Añade la S.T.S. que si los llamados contraindicios son lo contrario de un indicio, ello no puede significar sino que aquéllos carecen de efecto indiciario. Por ello, afirmar que la no credibilidad de lo afirmado en una declaración constituye un indicio de la versión acusatoria, es precisamente lo que el T.C. ha excluido respecto de la declaración del acusado y que, en principio, se extiende también a la del testigo.
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pejar los interrogantes abiertos por el extraño comportamiento policial».
Según la S.T.S., la ponderación de la prueba es, en estas condiciones, contradictoria con las máximas de la experiencia y vulnera el principio de la presunción de inocencia. Las premisas del razonamiento de la sentencia contradicen las máximas de la experiencia, pues se apoyan en una generalización basada en circunstancias ajenas a los hechos que han sido objeto de discusión en el juicio, circunstancias que el Tribunal de instancia no las atribuye en la Sentencia ni a las pruebas practicadas en aquel acto ni a las declaraciones de las partes o de los testigos, concluyendo que las máximas de la experiencia...
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