Presentación
| Autor | Consuelo Rumí |
| Cargo | Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración |
| Páginas | 7-9 |
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El Gobierno nacido con la IX Legislatura democrática en la primavera del año 2008, comportó un cambio de estructura que dio especial visibilidad al reformado Ministerio de Trabajo e Inmigración. Con esta nueva denominación, de algún modo se vino a revalidar el cambio competencial en materia de coordinación de la política migratoria del año 2004 que, a su vez, plasmó una nueva estrategia integral en cuanto al tratamiento público de las migraciones en España.
La complejidad de un fenómeno tan versátil y complejo como el migratorio, que ha acompañado a la historia de la humanidad pero que, a la vez, adquiere una nueva impronta en el escenario actual de la globalización, requiere para su gobernabilidad de actuaciones concertadas en distintas áreas. Las soluciones unilaterales ya no sirven, están caducas, se precisa de estrategias públicas equilibradas que, al menos, combinen la lucha contra los flujos clandestinos, la ordenación de las llegadas de acuerdo a la capacidad de acogida laboral y la promoción de la integración social en las sociedades de destino.
Con el desarrollo de estos tres ejes -a los que debe añadirse un despliegue cada vez más pronunciado de los programas de cooperación al desarrollo- el Gobierno español ha afrontado la gestión de uno de los retos más difíciles del tiempo histórico que estamos viviendo. Y, de algún modo, más allá de las lógicas limitaciones, el paso del tiempo ha puesto de relieve el acierto de esta política migratoria que en el ámbito de la Unión Europea goza de respeto y ha ganado importantes aliados.
A partir de finales de 2005, especialmente del Consejo Europeo informal de Hampton Court, el tratamiento de la inmigración ha dejado de ser abordado tan sólo en el punto de varios de las agendas europeas para convertirse en uno capítulo importante de las reuniones, con la puesta en marcha de iniciativas de distinto signo -desde los operativos conjuntos desplegados en las costas africanas hasta otras en el terreno de la ordenación legal de las migraciones o de la cooperación con los países de origen y transito- que han venido a demostrar, pese a sus todavía importantes carencias, el cada vez mayor grado de consenso en la Unión en torno a la necesidad de abordar las migraciones desde espacios de carácter multilateral. En este sentido, el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, patrocinado por España, Francia y Alemania, y aprobado por el Consejo Europeo en el otoño del 2008, expresa la voluntad política de los veintisiete para conso-Page 8lidar unas estrategias públicas basadas en los mismos principios -aunque fuesen de mínimos- para un tratamiento de las migraciones que, como bien expresa el titulo de esta nueva serie de la Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, adquieren dimensiones internacionales.
En el ámbito nacional, se ha completado una legislatura (2004-2008) que de algún modo ha tenido un carácter constituyente en cuanto a la política de inmigración, pues se han sentado las bases de la política que, como se hace mención expresa en alguno de los trabajos de este numero, ha laboralizado la ordenación de las migraciones no ya solo en su gestión pública sino en la propia percepción de la ciudadanía. Al mismo tiempo, se ha creado una estructura política que soporta la política de integración, anclada a su vez en un esfuerzo inversor sin precedentes - 1000 millones de euros en cuatro años- y en un modelo intercultural asentado en la vocación de no incurrir en las palpables deficiencias, hasta fracasos, de las experiencias europeas de las últimas décadas.
Hemos dado un fundamental paso adelante en la construcción de una política acorde con la condición de un país como el nuestro que, desde los noventa, es receptor de los flujos de inmigrantes que han llegado atraídos por las oportunidades de empleo que genera un mercado laboral que ha experimentado una expansión histórica. En este sentido, la actual coyuntura de crisis económica internacional, sin duda dispondrá de una influencia directa sobre el comportamiento migratorio que reducirá en alguna medida el volumen de los flujos hacia nuestro país.
Sin embargo, quedan retos cruciales que seguir abordando e importantes tareas a desarrollar desde la responsabilidad de las políticas públicas.
Entre los primeros, la integración de las más jóvenes generaciones representa una cuestión crucial en el horizonte colectivo de nuestra sociedad. La integración constituye un proceso que necesariamente debe disponer de un carácter bidireccional y que fomenta el sentido de pertenencia a un mismo espacio desde los valores del respeto a la diversidad y a las reglas que conforman el Estado de Derecho. Es un proyecto colectivo de envergadura que expresa una sociedad en donde conviven personas procedentes de todos los rincones del mundo. En este terreno deberemos movilizar muchas energías y trabajar con tenacidad y también con imaginación pues este proceso de integración se produce en el contexto de una era de grandes cambios en todos los órdenes de la vida social.
Y entre las tareas más urgentes, ya se ha dado inicio al proceso de reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Un cambio normativo que, obligado por las sentencias de inconstitucionalidad del alto Tribunal sobre algunos artículos que negaron derechos fundamentales en la reforma del 2001 y por la transposición de distintas directivas europeas, el Gobierno ha ampliado para adaptar y modernizar el marco legal a la nueva realidad migratoria (que no puede confundirse con la coyuntura muy concreta de crisis económica) tras más de una década y media de recepción de los flujos.
La reforma nace desde la voluntad política del Gobierno de alcanzar un acuerdo político y social en torno a ella y la vocación de equilibrio con la que se ha emprendido -desechando tendencias ejemplarizantes del pasado- se hace patente en el su contenido. Ampliación de derechos, incorporación de ya históricas reivindicaciones sociales (como las referidas a la autorización de trabajo en las reagrupaciones), especial tratamiento de la cuestión de los menores, más efectividad en la lucha contra la inmigración clandestina, reforzamiento de la integración....son algunas de las expresiones de un texto que desmiente por si mismo cualquier tentación de polarizar su debate, como ocurrió en el pasado.
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Otros muchos objetivos y trabajos forman parte de esta legislatura en la que la inmigración se aborda con una política pública asentada e imponiéndose el valor de la normalidad, sin el ruido ni la dramatización que con tanta frecuencia acompañaron en el pasado a este territorio de la gestión política y de la vida de nuestra sociedad.
Sin embargo, ninguna tarea en un ámbito de este calado puede ser el resultado del trabajo llevado a cabo exclusivamente desde las administraciones o desde los parlamentos. Para que disponga de todo el alcance, para que se vea acompañada por su imprescindible legitimación social, requiere de la responsabilidad compartida entre el mayor numero posible de actores políticos sociales, sindicales y empresariales. De la suma de esfuerzos para adaptar las instituciones y las organizaciones, las leyes y la gestión pública y privada, en suma, todos los ámbitos de la vida de nuestro país a la nueva y pujante realidad que ha surgido en muy poco tiempo bajo el signo de la modernización que ha experimentado España a lo largo de las últimas décadas. Un desafio de todos.
