Justicia administrativa en Brasil: ¿una jurisdicción administrativa judicial, extrajudicial o híbrida?
| Autor | Ricardo Perlingeiro |
| Cargo | Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal Fluminense (UFF) |
| Páginas | 429-440 |
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El Poder Judicial en Brasil está sobrecargado. En el año 2009 se alcanzó la cantidad de 83,4 millones de procesos, superados por los 92,2 millones alcanzaos en 2012. Cada magistrado dictó sentencia sobre una media de 1.450 procesos en este mismo año. No se tiene la manera de cuantificar con exactitud el porcentaje de las causas que involucran como parte alguna autoridades públicas, sin embargo se estima que es la mayo-ría, por encima del 50%.
En respuesta, el Poder Judicial invierte en la contratación de nuevos jueces y funcionarios públicos, en programas de formación y, en la ampliación de instalaciones físicas y, recientemente, en la implementación de sistemas electrónicos, virtualizando los actos procesales2. A su vez, al legislador se le solicita frecuentemente ajustar las reglas procesales a la naturaleza del derecho público de los conflictos. En fin, se parte de la premisa de que el problema es del sistema judicial vigente, en lo que corresponde a su organización judicial y a las leyes procesales correspondientes.
Los esfuerzos han sido en vano.
En líneas generales, aún con el aumento en la estructura de las Cortes en términos de financiamiento con recursos humanos y materiales, no se consigue solucionar las causas en la misma proporción a los niveles de gastos.
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En los últimos años, la legislación procesal instituyó procedimientos judiciales inspirados en el legal precedent de la teoría del stare decisis para los precedentes vinculantes (Súmulas Vinculantes) y en el Musterverfahren alemán para los Recursos con efecto repetitivo y los Recursos con efecto general.3
Sin embargo, y como se puede apreciar, no se revierte el cuadro creciente de conflictos judiciales. El contenido de los debates en el Congreso, es el mismo desde hace diez años, cuando se dio la reforma judicial que resultó en la Enmienda Constitucional 45.
En efecto, si tuviéramos en cuenta el origen de los conflictos, se entiende que muchos de ellos tal vez se pudieron solucionar antes de ser llevados a los tribunales. Tomemos dos ejemplos: (i) las ejecuciones fiscales judiciales promovidas por autoridades contra particulares y (ii) las pretensiones judiciales individuales contra autoridades, fundamentadas básicamente en la aplicación de normas (administrativas, legales, constitucionales y convencionales).
En Brasil, la ejecución de decisiones administrativas sobre derecho tributario ha sido considerada una atribución exclusiva del Poder Judicial (reserva judicial). No se admite que la autoridad administrativa ejecute sus decisiones tributarias, a pesar de la flagrante contradicción con la característica de ejecutividad de los actos administrativos. Resultado: en 2012, se encontraban pendientes 25 millones de ejecuciones fiscales en las cortes brasileñas, lo que corresponde a 39,9% de todos los procesos judiciales en trámite.
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Respecto al segundo ejemplo, en cuanto a las pretensiones individuales basadas en la aplicación o interpretación de normas (administrativas, legales y constitucionales), es común a los interesados oír de las autoridades administrativas que sus pretensiones son legítimas y que, seguramente, serán victoriosos en los procesos judiciales. Sin embargo, no recibirán nada, directamente, de esta mesma autoridad. Excluidas las ejecuciones fiscales, son estas las demandas que representan la mayor parte de las pretensiones judiciales repetitivas sobre derecho público.
A la luz de las disparidades mencionadas, parece, de hecho, oportuno que la búsqueda de soluciones frente al exceso en la judicialización deje de tener como foco el sistema judicial y se vuelva hacia la estructura de las autoridades administrativas, de manera que tengan legitimidad y autoridad para asegurar la protección de derechos fundamentales.
Este es el propósito del presente escrito.
Por lo tanto, se discurrirá sobre el diseño institucional y procesal del sistema que equivaldría, en Brasil, a una jurisdicción administrativa, tanto en la fase preparatoria de las decisiones...
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