Jurisprudencia Derecho Privado
| Páginas | 257-276 |
Page 257
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID (SECC. 9.a) DE 2 DE FEBRERO DE 2001. PONENTE: SR. ROMA ÁLVAREZ
La(*) empresa constructora en cuestión pretendía desplazar los gastos del contrato de préstamo hipotecario a los compradores de las viviendas mediante una cláusula contractual.
Primero. No se aceptan los contenidos en la sentencia recurrida.
Segundo. Puede afirmarse que no existe unanimidad ni en la doctrina ni en la jurisprudencia acerca del problema que se plantea en la presente causa, frecuentemente centro de atención de tratadistas y objeto de litigios que no siempre han obtenido idéntica resolución, pero quizás la disparidad se deba a que los hechos no son siempre iguales entre sí aunque también es cierto que el problema aparece derivado de contratos de adhesión con unas condiciones generales que es preciso que estén redactadas de forma legible y aceptadas inequívocamente, facilitando la equivalencia de las prestaciones entre las partes contratantes, como en términos generales se establece en la L 26/1984, de 19 julio. A cuyo amparo ha sido promovida la presente demanda y más en concreto aún en virtud de ello que ésta dispone en su art. 10 así como también en el RD 515/1989, de 21 abril. Sobre Protección de los consumidores en cuanto a la información de suministros en la compraventa y arrendamiento de viviendas.
Tercero. la sentencia recurrida rechazó los pedimentos de la demanda porque se trataba de un préstamo mixto y los diversos adquirentes de las viviendas, en sus respectivos contratos, aceptaron la cláusula 5.a, relativa a que los gastos e impuestos derivados del préstamo hipotecario «al que opta el comprador como forma de pago de la vivienda serán de cuenta de este último, aunque los adelante la sociedad vendedora» por lo quePage 258 llegaba a la conclusión de no aplicable el ap. 11, del art. 10.1 c) de la citada L 26/1984; ese mismo criterio aparece recogido, por ejemplo, en una sentencia de la AP Cáceres de 18 dic. 1995 por la fuerza obligatoria de los contratos y la forma de pago pactada, que difiere del que sigue esta Audiencia y más en concreto esta Sección en todas sus resoluciones, alguna de las cuales citó la parte demandada y apelada, por entender que esa cláusula es abusiva e impuesta unilateralmente al adquirente de la vivienda dado lo que dispone la letra C) del art. 10 de la tantas veces citada Ley de Protección de los consumidores con carácter imperativo, lo cual hace inoperante el principio d la autonomía de la voluntad; y la lectura de la escritura de préstamo fechada el 24 feb. 1994 -folios 343 y ss.- no ofrece duda que se refiere a un crédito para la construcción que Caja Postal concedió en su día a Pryconsa, porque en dicho instrumento público se reconoce por esta entidad que el importe total de 879.900.000 ptas. ya lo había recibido con anterioridad de tal forma que para su devolución constituía 66 hipotecas, que servirían para la adquisición de cada uno de los pisos como forma y parte del pago, lo que permite llegar a una conclusión: Pryconsa recibe el dinero, construye el edificio y a medida que va vendiendo los pisos cada comprador se ocupa de devolver la parte correspondiente del préstamo, por lo que el verdadero beneficiario de ese préstamo garantizado con hipoteca siempre lo será la entidad vendedora y si lo repercute en los adquirentes dicha cláusula es nula por aplicación del ap. 11, letra c del art. 10 de la citada Ley; así lo sanciona también la más reciente jurisprudencia del TS, pudiendo citarse en apoyo de esta tesis la S 1 jun. 200, que para un supuesto análogo declaró: «La improcedencia de ese pago, con base en la estipulación 4.a, párr. 3 de los contratos de compraventa cuya nulidad expresamente se declara, es contundente en virtud escrupulosa a lo que al respecto de forma ad hoc determina el art. 10.1 c).1 1 de la Ley General para la Defensa de los Usuarios y consumidores, que prescribe: "... las cláusulas, condiciones o estipulaciones que, con carácter general, se apliquen a la oferta, promoción o venta de productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones Públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los siguientes requisitos: ... c) buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones, lo que, entre otras cosas, excluye: ... 11. En la primera venta de viviendas, la estipulación de que el comprador ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación, que por su naturaleza corresponda al vendedor (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y, cancelación)". Y su párr. 4 establece que "serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones o estipulaciones que incumplan los anteriores requisitos..." todo ello determina la desestimación del recurso con los demás efectos derivados».
Cuarto. De forma análoga, la S 7 jul. 1999 declaró que cabe declarar la nulidad de ciertas cláusulas del contrato pero manteniendo la vigencia de éste, exponiendo que «el sistema de economía de mercado n puede significar la falta de toda protección para los que en él operan como consumidores y usuarios» porque parte de la base de que el art. 10 de la L 26/1984 es aplicable a las cláusulas, condiciones y estipulaciones que reúnan las características que en él se consignan siendo nulas las que infringen el núm. 11 de su párr. C);Page 259 es por ello que resulta procedente la revocación de la sentencia recurrida para dar lugar a los pedimentos e la demanda con imposición a la demanda de las costas de primera instancia conforme al art. 523 de la anterior LEC y sin hacer especial condena en las de esta segunda a tenor del art. 710 de dicho cuerpo legal.
Con estimación del recurso e apelación interpuesto por el Procurador D. Luis José García y Barrenechea en nombre y representación de los demandantes que se exponen en el encabezamiento de esta resolución, contra la sentencia dictada por el JPI núm. 39 de Madrid, con fecha 30 abr. 1998, en los autos de que dimana este rollo, debemos revocar y revocamos dicha resolución; en su virtud, estimando la demanda promovida por dicha parte frente a Promociones y Construcciones, S.A. (Pryconsa) debemos declarar y declaramos la nulidad de las cláusulas en las que se recoge que el pago de los gastos de constitución del préstamo hipotecario será atribuido a los compradores condenando a dicha demandada a estar y pasar por la anterior declaración y a abonar a cada uno de ellos las siguientes sumas:
- A D. Juan Carlos T.T. y D.ª Ángeles G.V.: 212.180 ptas.
- A D. Enrique G.E. y D.ª Margarita A.I.: 228.502 ptas.
- A D. Jesús M. M. y D.ª Elena B. P.: 228.502 ptas.
- A D. Guillermo Rogio L.C. y D.ª M.ª del Carmen G.M.: 228.502 ptas.
- A D.ª Sofía G. P. y D. Manuel F. D.: 228.502 ptas.
- A D. José Ignacio V.F. y D.ª Marta Montserrat M.C.: 228.502 ptas.
- A.D. Francisco H. P. y D.ª Marta Begoña S.C.: 228.502 ptas.
- A D. Antonio M.B. y D.ª M.ª Ángeles R.A.: 228.502 ptas.
- A D. Jesús A.O. y D.ª M.ª Elena B.B.: 212.180 ptas.
- A D. Juan TS y D.ª Josefa R.V.: 212.180 ptas.
- A D. José Antonio H.T. y D.ª Rosa R.M.: 212.180 ptas.
- A D. José Ramón M.C. y D.ª Marta Ángeles A.R.: 212.180 ptas.
Page 260
- A D. Francisco Javier I.H. y D.ª Isabel P.M.: 212.180 ptas.
Todo ello con los intereses legales desde la interposición de la demanda, imponiendo a la demandada las costas de primera instancia y sin hacer especial condena en las del recurso.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA 1.a, DE 23 DE JULIO DE 2001. PONENTE: SR. GONZALEZ POVEDA
El demandante solicita una indemnización por el fallecimiento de su esposa en un accidente aéreo durante un viaje de turismo contratado con una agencia de viajes. La cuestión debatida gira sobre el contenido del paquete turístico, si estaba incluido o no el vuelo en la avioneta donde se produjo el accidente.
Primero. En la demanda inicial de los autos de que dimana este recurso de casación se solicita la condena de las agencias de viajes «Viajes Tívoli, S.A.», y «Juliá Tours, S.A.», al pago al actor, en forma conjunta y solidaria, de la entidad de 15.000.000 de ptas. como indemnización de daños y perjuicio por la muerte de su esposa producida durante un viaje de turismo concertado con «Viajes Tívoli, S.A.», como minorista y «Juliá Tours, S.A.», como mayorista. Se fundamente la demanda en la contratación por el actor de un viaje combinado para é y su esposa por la República Dominicana cuya duración iba del 29 sep. 1992 al 13 de octubre del mismo año, viaje organizado por «Juliá Tours, S.A.», y concertado con «Viajes Tívoli, S.A.»; en un trayecto en avioneta de la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba