Jurisprudencia constitucional en materia de protección de medio ambiente (segundo semestre 2018)

Autor:Jordi Jaria Manzano
Pàgines:1-16
 
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REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. IX Núm. 2 (2018): 1 16
-Crònica-
[DOI: http://dx.doi.org/10.17345/rcda.2485] 1
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN M ATERIA DE PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
(SEGUNDO SEMESTRE 2018 )
JOR DI JA RI A -MAN ZA NO
Profesor agregado Serra Húnter de Derecho constitucional y ambiental
Universitat Rovira i Virgili
J. Jaria i Manzano RCDA Vol. IX Núm. 2 (2018)
2
Sumario: 1. El control sustantivo d e constitucionalidad de las políticas ambientales. 2. Los l ímites de las
facultades ejecutivas del Estado en relación con la protección del medio ambiente. 3. Un nuevo
pronunciamiento sobre la fractura hidráulica: la Ley de Castilla-La Mancha.
1. EL CONTROL SUSTANTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS POLÍTICAS
AMBIENTALES
Cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso
de los Diputados plantearon en su día un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 4 y las
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la
modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. De acuerdo con los recurrentes, la modificación
legislativa constituía una vulneración del mandato constitucional de protección del medio ambiente.
Se producía, gracias a la acción de los diputados y diputadas de ese grupo parlamentario, que ya habían
impugnado en su momento la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 2/2017, de 24 de marz o,
de segunda modificación d e la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de m ontes y
ordenación forestal lo que di o lugar a la STC 132/2017, de 14 de noviembre de 2017, comentada en la
crónica anterior, una nueva oportunidad para el Tribunal Constitucional de establecer los límites
constitucionales sustantivos al legislador en relación con la pr otección del medio ambiente, cuestión que,
como es sabido, ha recibido poca atención históricamente en la jurisprudencia del Juez de la
Constitucionalidad. La cuestión ha venido finalmente resuelta en la Sentencia 42/2018, de 26 de abril de
2018 (BOE núm. 130, de 29 de mayo de 2018).
La Ley controvertida partía de una proposición de ley presentada por el cabildo
insular de La Palma, que constataba la necesidad de promover la actividad
turística en tiempos de crisis, atendiendo a la dependencia del sector que tiene
el archipiélago para su desarrollo económico. De este modo, la Ley 2/2016
introducía una nueva regulación relación con el uso del suelo, destinada a
promover el despliegue de la actividad turística, particularmente a través de los
llamados instrumentos de planificación singular turística”, cuyo régimen
excepcional tiene como consecuencia, a criterio de los recurrentes, la
desactivación de las garantías de tutela ambiental contenidas en la legislación
urbanística. En definitiva, se plantea la tradicional tensión entre desarrollo
económico y protección del medio ambiente, desde un punto de vista sustantivo,
que está en el origen de la mayor parte de conflictos de dimensión constitucional
que se suscitan en materia ambiental, aunque se acaben formulando
generalmente desde un punto de vista competencial.
Atendiendo a la generalidad de los motivos planteados por los recurrentes en
relación con alguna de las disposiciones discutidas, lo que, de acuerdo con el

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